Justícia i Bellesa

La meitat del poder

2011-11-30T16:29:00.003+01:00

Aquí us deixo l'article que avui ha sortit publicat a el Periodico i que signem 49 dones socialistes:

En aquests moments tan decisius per al socialisme català, a les portes del XIIè Congrés del PSC, declarem que som feministes perquè som socialistes, i perquè no volem ni podem viure d’esquenes a aquesta màxima que és tan nostra com de totes aquelles persones, dones i homes, que han lluitat per la igualtat de gènere al llarg de la història. El seu llegat és tan valuós que no pot caure en l’oblit, és un pilar ideològic de primer ordre al qual ens devem, tant en la reivindicació com en l’acció.

La nostra és una contribució a la igualtat entre tots els éssers humans, en tots els àmbits. Ho és ara i ho ha estat sempre. Noms imprescindibles per a la lluita pels drets de les dones però també per a l’emancipació de totes les persones com la Clara Zetkin o la Clara Campoamor en són un exemple, com també ho són els de les socialistes Mercè Sala, Marta Mata o Francesca Martin.

La batalla és discursiva, és argumentada, és dialogada, no busca vèncer però sí convèncer. La famosa afirmació de Kate Millet “allò que és personal és polític” dóna sentit a la nostra vocació política, i gràcies a aquesta tradició feminista hem plantejat en el passat qüestions de màxima importància com la vindicació del talent de les dones i de la seva capacitat de lideratge en els àmbits social, polític i econòmic; la necessitat de conciliació de la vida personal i laboral, tant la nostra com la d’ells, i la coresponsabilitat en l’àmbit privat; l’eliminació de la bretxa salarial; la defensa dels drets sexuals i reproductius; i l’eradicació total i definitiva de totes les manifestacions i formes de la violència masclista, entre d’altres. I és cert que hem cercat aliances i complicitats també amb els nostres companys. Per això, volem agrair l’empatia vers la causa que -insistim- ha de continuar essent comuna. Però el feminisme no és conformista, és valent. No volem escudar-nos en eufemismes. Ho diem clar: “La meitat del cel, la meitat de la terra, la meitat del poder”. Només així dones i homes podrem conviure en condicions de plena justícia social.

Ens erigim, doncs, en peu d’igualtat, per recordar que som la meitat i aspirem a una direcció plural, on la cúpula de la comissió executiva es conformi tenint en compte el principi d’equilibri de sexes, entre d’altres. És cert que les quotes ens han donat accés a l’assumpció de responsabilitats, però també s’ha demostrat que no són un instrument que garanteixi completament el repartiment paritari del poder. Per això, és necessari un acord polític que, en el marc del proper congrés, consolidi la democràcia paritària com un dels fonaments ideològics i estratègics del Partit dels Socialistes de Catalunya. Nosaltres jugarem aquest partit.

Signen:

Mònica Almiñana, Maria Badia, Montserrat Badia, Meritxell Batet, Maria Josep Beltran, Sara Berbel, Laia Bonet, Emilia Briones, Mertitxell Cabezón, Montserrat Capdevila, Magda Casamitjana, Rosa Mª Caselles, Cristina Cardenete, Carme Carmona, Carme Chacón, Aintzane Conesa, Tere Cunillera, Isabel Darder, Pilar Diaz, Esperança Esteve, Anna del Frago, Jordina Freixanet, Carme Garcia Lores, Marina Geli, Eva Granados, Mònica Lafuente, Isabel López, Raquel López, Manuela de Madre, Glòria Mans, Núria Marín, Eva Martínez, Rocío Martinez-Sempere, Caterina Mieras, Imma Moraleda, Lourdes Muñoz, Gisela Navarro, Teresa Padrós, Agnès Pardell, Núria Parlón, Josefa Peiró, Iolanda Pineda, Consol Prados, Esther Pujol, Lídia Santos, Núria Segú, Lucia Solis, Montserrat Tura i Núria Ventura.

El personal de la Administración Pública

2011-11-17T09:00:00.000+01:00

Para finalizar la serie de post en los que, al hilo del debate organizado por la Asociación de antiguos alumnos del INAP, hemos analizado diversos aspectos relacionados con la Administración Pública, vamos a terminar atendiendo a aspectos relacionados con la convivencia en la Administración de directivos, políticos y altos funcionarios. ¿Ha de articularse mejor esa convivencia? ¿Tiene un efecto positivo sobre la calidad del Gobierno la profesionalidad de la función pública directiva?

Desde luego sí considero que una profesionalización de los titulares de órganos directivos redundaría en una mayor calidad de gobierno.

El principio meritocrático, la idea de selección de los mejores, debe estar presente para los nombramientos en este sector. Asimismo, parece pertinente exigir una motivación, en el sentido de una justificación racional de la decisión de dicho nombramiento, acabando así con la libre designación.

Entre la esfera de la política –reforzado o ayudado por el personal eventual− y la esfera de la gestión pura desarrollada por profesionales seleccionados única y exclusivamente por mérito debe existir un tipo de personal capaz de realizar funciones directivas. Para la elaboración de las políticas públicas que un gobierno quiera llevar a cabo será fundamental la participación de altos funcionarios si queremos que se articule bien (que se adapte a la realidad administrativa) y que se aplique posteriormente bien. Lo normal, por tanto, será que la mayoría de este personal directivo acabe procediendo de la función pública, aunque esa no deba ser una característica establecida como obligatoria.

El EBEP diseña con carácter general y abstracto el régimen jurídico de los directivos públicos, aunque no establece un marco normativo exhaustivo, dadas las propias características de la función, que no son homogéneas en el conjunto de las administraciones ni en los diferentes sectores que la componen.

El EBEP sí enfatiza los dos elementos esenciales para caracterizar este colectivo de manera precisa y rigurosa:

1. no es necesario ser funcionario.
2. configurar la condición de profesionalidad (se rompe con el puesto de libre designación por razones de confianza, que durante tanto tiempo ha imperado en la administración)

Así, la designación queda abierta a personas ajenas a la administración. No se reserva exclusivamente a los funcionarios, pero debe atender a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad en relación con el puesto concreto –esto es, valoración de la experiencia previa y de las habilidades concretas−, debiéndose llevar a cabo por procedimientos de selección competitiva.

Otro de los rasgos esenciales del directivo, recogido en esta norma, es su sujeción a la evaluación de su actividad, con control de sus resultados y la exigencia de responsabilidad por su gestión.

¿Responde Administración Pública en España a las expectativas de los ciudadanos?

2011-11-15T09:00:00.001+01:00

Hablar en términos generales es muy complicado porque las encuestas de satisfacción son muy variables según servicios. Hay algunos servicios públicos que están muy bien valorados (p.e: sanidad). Sin embargo detecto dos fenómenos que cada vez se están mostrando más agudamente:

- Los ciudadanos ya no se ven a sí mismos como sujetos pasivos de la acción administrativa, reclaman cada vez con más fuerza una mayor participación en la toma de decisiones y exigen una mayor transparencia en la gestión y una verdadera rendición de cuentas. Cada vez con mayor intensidad son conscientes de su protagonismo como “contribuyentes” y a la vez clientes de los servicios públicos.
También reclaman las mínimas cargas administrativas, una mayor coordinación de las diferentes administraciones competentes que redunde en mayor claridad y facilidad de los trámites que tienen que realizar.

- Cierta deslegitimación de los políticos (y por extensión de los servidores públicos en general), a los que consideran lejanos, influidos por grupos de intereses o preocupados por sus problemas y, en cambio, no preocupados por las “auténticas” exigencias ciudadanas.

Intentar revertir esta tendencia debe ser uno de los objetivos principales de la acción pública en los próximos años

Los principales problemas a los que se enfrenta la Administración Pública en la actualidad (II)

2011-11-12T09:00:00.002+01:00

En los debates organizados por la Asociación de antiguos alumnos del INAP también se planteó si tras los sucesivos procesos de modernización abordados en los últimos años y en el actual contexto de crisis económica e institucional era necesaria una nueva reforma de la Administración Pública en España. En caso de que creyésemos esto necesario se nos interpeló sobre deberían ser los principales elementos a tener en cuenta.

No me parece positivo plantearse reformas de gran calado para un contexto económico concreto. Creo que habría que revitalizar las “reformas” cuyas bases legales se aprobaron en la VIII legislatura.

En primer lugar, creo necesario impulsar e implantar el modelo de agencia estatal (ralentizado en los últimos años). Este modelo ha sido el último intento de superar el modelo weberiano de “ejecución burocrática de la ley” e implantar un nuevo modelo de Administración Pública que, más allá de la descentralización funcional, responda a los siguientes criterios:

a) una diferenciación nítida entre la dirección estratégica –nivel político−, que formula los objetivos, y la gestión operativa (función directiva);
b) una financiación de dichas unidades vinculadas al cumplimiento de los objetivos marcados;
c) control dirigido fundamentalmente a la evaluación de sus actividades y al cumplimiento de objetivos.

Esto es, implantar el modelo de Agencia que se caracteriza por la gestión por objetivos, previamente determinados y cuantificados, responsabilización por resultados, mayor nivel de autonomía –con capacidad de decisión sobre los recursos asignados− y reforzamiento de los mecanismos de control.

Vemos pues que no es sólo una cuestión de cambio de nombre, no es una operación cosmética mediante la que se pretende crear un tipo más de organismo público para añadir a la ya rica tipología presente en el paisaje institucional español. La apuesta por las agencias pretende cambiar las bases sobre las que tradicionalmente se ha estructurado la relación entre la instancia de elaboración de políticas y la instancia operativa. Por ello su instrumentación se formula mediante el contrato de gestión.

En este contrato se determinan los compromisos que asume la Agencia y los medios necesarios para cumplirlos; refleja el equilibrio entre las dos notas características del modelo organizativo: autonomía y responsabilidad. El contrato de gestión ha de contener: i) los objetivos, y los resultados que se han de obtener; ii) planes para desarrollar los objetivos con marcos temporales, y los proyectos que se han de desarrollar: iii) indicadores para evaluar los resultados obtenidos; iv) los efectos asociados al cumplimiento de objetivos así como los mecanismos que permitan la exigencia de responsabilidad.

La autonomía de gestión se manifiesta fundamentalmente en la gestión del personal -selección y remuneraciones- en el régimen presupuestario –carácter limitativo de la cuantía total y estimativo en su distribución interna−, y en el sistema de control –modelo de auditoría y no de control previo−.

Además la implantación de este modelo potenciará la evaluación de las políticas públicas y de los servicios públicos y el sistema de rendición de cuentas.

En segundo lugar, el desarrollo de aquellos aspectos del EBEP que tienen como finalidad fundamental una “optimización” de los recursos humanos existentes, la motivación del personal, la mejora de los objetivos asignados a cada organización, o lo que en definitiva podemos denominar “el compromiso del servidor público con la res pública”.

Vaya por delante el reconocimiento que los aspectos más novedosos del EBEP no se han implantado, en parte por la falta de la legislación de desarrollo tanto estatal como autonómica.

Para ello considero necesario hacer hincapié en algunos de estos aspectos más novedosos:

o Mejorar los sistemas de acceso a la función pública, adecuando el contenido de las pruebas selectivas y de los cursos y periodos de prácticas a las funciones que se han de desempeñar.
o Generalizar la evaluación del desempeño que será el criterio determinante para la carrera administrativa, la provisión de puestos de trabajo y la promoción interna. Determinará asimismo una parte sustancial de las retribuciones variables y será un instrumento esencial para el mantenimiento del puesto de trabajo e incluso de la condición de funcionario público.
o Implantar con carácter general de la carrera administrativa, incidiendo en la carrera horizontal como sistema de incentivación del funcionario sin necesidad de hipertrofiar la estructura administrativa.
o Profesionalizar la “función directiva pública”.

En tercer lugar, una mayor coordinación y cooperación entre las administraciones públicas, incluida la europea. La cooperación interadministrativa es un clamor. Eso permitiría al mismo tiempo su simplificación y su modernización. Se han hecho cosas importantes como la ley de acceso electrónico o el plan de reducción de cargas, pero sin duda queda mucho por hacer. Conseguir la lealtad institucional y aparcar la desconfianza entre las AAPP será uno de los elementos que más avances pueden aportar en esta dirección.

En cuarto lugar, la mejora de la administración electrónica y dar el paso a la Administración y Gobierno abierto. Para ello es imprescindible aplicar en toda su extensión la ley de acceso electrónico por parte de todas las AAPP, así como las leyes que transponen la directiva de servicios, las que conocemos como ley paraguas y ley ómnibus. Hay que aprovechar que ello sirva para cambiar las organizaciones y los procedimientos, porque lo que hay detrás es un cambio de paradigma, un cambio en la concepción de la relación que debe establecerse entre las AAPP y los ciudadanos. Podría decir que incluso es una relación más democrática. Me explico. La administración se desprende del paternalismo y la desconfianza hacia el ciudadano, otorgándole mayor libertad mediante menor control previo, cosa que acarrea necesariamente la asunción de más responsabilidad por parte del ciudadano. La proximidad y la transparencia que puede facilitar un gobierno abierto facilita la acción política y administrativa y eso hay que saber aprovecharlo.

En quinto lugar, hacer mención expresa de la necesidad de una Ley de transparencia y acceso a la información pública, cuyos principios generales básicos querría mencionar:

- Máxima publicidad (transparencia activa)
- Régimen de excepciones (que debe limitarse a los constitucionalmente establecidos)
- Ausencia de un interés legítimo
- Dotarse de infraestructuras internas adecuadas para facilitar el acceso a la información
- Órgano de garantía del cumplimiento de este derecho al acceso a la información
- Gratuidad o precio de coste en la obtención de la información

Los principales problemas a los que se enfrenta la Administración Pública en la actualidad

2011-11-10T17:37:00.005+01:00

Otra de las cuestiones surgidas en el debate organizado por la Asociación de antiguos alumnos del INAP tiene que ver con los principales problemas a los que se enfrenta la Administración Pública en la actualidad.

Distinguiría entre los problemas de la Administración Pública derivados directamente de la actual crisis económica, y en concreto de la necesidad de reducción del déficit público, y aquellos otros de un carácter más estructural.

En todo caso hay uno que sobrevuela transversalmente y es la necesidad de revalorizar “lo público”. La desafección y el distanciamiento de la ciudadanía de los políticos pueden dar un salto adelante irreversible que es la desafección con la Política en sentido amplio. Para ello será fundamental que todos los que nos movemos en el sector público hagamos un esfuerzo de diálogo, de respeto y valoración mutua para sumar. No tiene sentido alimentar las reticencias o desconfianzas que puedan existir entre los empleados públicos y los políticos.

Adicionalmente creo que hay tres elementos que deberíamos enfatizar para mejorar esta relación con los ciudadanos:

Racionalidad: tratarlos de igual a igual, haciendo que la máxima kantiana de la lucha emancipadora para que los hombres alcancen una mayoría de edad crítica y autoconsciente sea interiorizada por el sector público. Huir del pim-pam-pum y la mercadotecnia.

Participación, como sinónimo de implicación y corresponsabilidad.

Desarrollo del vector republicano, de manera que el ciudadano se sienta implicado en la construcción de lo colectivo, más allá del desarrollo de los derechos individuales.

Entre los retos derivados de la actual crisis económica (o no) destaco los siguientes:

- Falta de recursos apropiados para llevar a cabo las políticas públicas que se quiere. (Cabría hablar en profundidad de: sistema fiscal, lucha contra el fraude y la corrupción).

- riesgo de privatización de la gestión de servicios públicos, fundamentalmente aquéllos que constituyen el núcleo duro del Estado de Bienestar, a partir del falso “dogma” de una mayor eficiencia de la gestión privada.

- pérdida de la consideración de la Administración como un elemento de cohesión social y consecuente falta de apoyo ciudadano.

- desmotivación de los empleados públicos causada tanto por unas menores perspectivas de progreso en su carrera profesional como por la reducción de sus retribuciones.

- desincentivación de posibles candidatos al acceso a la función pública como consecuencia de las exiguas ofertas de empleo público, lo que puede llevar también a un envejecimiento y descapitalización de la Administración si la situación de reducción de las ofertas de empleo público se mantiene largo tiempo.

En cuanto a los retos estructurales destaco:

- una falta de flexibilidad en la gestión administrativa, o lo que es lo mismo, la ausencia de criterios gerenciales.

- las deficiencias en cuanto a transparencia en la toma de decisiones y en la gestión,

- falta de rendición de cuentas de los administradores a los ciudadanos.

- determinadas descoordinaciones entre los cuatro niveles de administración pública (europea, española, autonómica y local)

- resolver bien la carrera funcionarial, potenciando la promoción horizontal como una vía de incentivación

- poner énfasis en la formación que permita adaptarse a los cambios de los nuevos tiempos. Se puede avanzar mucho legislativamente, pero después hay que pasar de lo jurídico a lo real y ese paso acostumbra a ser más difícil.

¿La Administración Pública española está sobredimensionada?

2011-11-07T10:45:00.002+01:00

En el marco de un debate organizado por la Asociación de antiguos alumnos del INAP se nos permitió reflexionar sobre cuestiones de fondo absolutamente necesarias para las Administraciones Públicas y el futuro del sector público en general en nuestro país. Voy a ir colgando algunas de las cuestiones principales que se suscitaron. Hoy publico la primera de ellas, sobre la "dimensión" que una administración debe tener.

Para determinar si la administración está sobredimensionada, teniendo en cuenta que este término tiene una connotación comparativa, me plantearía dos cuestiones adicionales: a) comparada con qué y; b) para hacer qué. Si somos capaces de responder a estas preguntas podremos llegar a una conclusión.

Respecto a la sobredimensión comparada con otros países. Si nos atenemos a los datos del Registro de Personal que no incluyen trabajadores de sociedades estatales (como ya señaló el profesor Villoria) y a indicadores cuantitativos como son los porcentajes de empleo público sobre población ocupada y sobre población en general, observamos que España, en cuanto al tamaño del empleo público, es un país intermedio entre los desarrollados, que se sitúa por debajo de la media de la OCDE. Dicho de otra manera, hay países de nuestro entorno con más empleados públicos porcentualmente, por ejemplo: Francia, Reino Unido, Italia o Suecia, entre otros.

Diferente es que pueda existir sobredimensión de estructuras administrativas o duplicidad de organismos públicos pertenecientes a la misma o distinta administración realizando las mismas funciones o prestando similares servicios públicos. También cabría hacer un análisis sobre la eficiencia y la eficacia en la prestación de los servicios. Obviamente ya no estaríamos hablando de reducción de la Administración, sino de racionalización y reordenación.

En cualquier caso, sí creo conveniente un análisis riguroso y amplio sobre las diferentes administraciones públicas en España –estatal, autonómica y local− que permitiera tener una “fotografía” del número de estructuras, sus funciones, empleados públicos adscritos a cada una de ellas, etc. Serviría como base para cualquier racionalización o reordenación de funciones incluida la solución de eventuales duplicidades, racionalización de funciones de la que se podría derivar la reestructuración organizativa. En este sentido, quiero recordar que la Agencia de Evaluación de Políticas y Servicios Públicos está realizando un estudio que, a mi juicio, servirá para adoptar decisiones tanto de organización como de funcionamiento en las Administraciones Públicas.

En segundo lugar, habría que plantearse para qué queremos la Administración Pública. La dimensión de cualquier administración es cuestión también de valoración política e ideológica, esto es, del papel que se quiera otorgar al sector público como proveedor de servicios; qué servicios se quieren prestar y de qué modo se quiere hacer, así como considerarla elemento de cohesión social y garante de los derechos y libertades de los ciudadanos.

No creo que tenga sentido decir: sobran profesores o abogados del estado o policías. Dependerá de la configuración que queramos hacer de estos servicios públicos.

Por poner un ejemplo: con la aplicación de las leyes que transpusieron la directiva de servicios donde la regla general de autorización previa desaparece sería conveniente, quizás, que el servicio de licencias pasara progresivamente a inspectores de trabajo o inspectores de cada servicio

La immersió lingüística a l’escola és la millor garantia per al bilingüisme real

2011-09-13T18:27:00.001+02:00

El Congrés dels Diputats avala avui el model català a l’escola

El Congrés aprova avui una iniciativa pactada pel PSC que avala el model d’immersió lingüística vigent en l’educació a Catalunya. La immersió és el model pel que va apostar Catalunya per unanimitat ja l’any 1983. És “curiós” que ara aquesta unanimitat es trenqui per part del PP o s’intenti ideologitzar un tema que no és ideològic. Els termes en els quals ens hem d’aproximar a aquesta qüestió són els pedagògics i els socials, els mateixos arguments que els socialistes que vam utilitzar des del primer moment per defensar aquest model.

El model d’immersió lingüística actual permet la cohesió social, no la segregació, i promou la igualtat d’oportunitats real, on no hi hagi diferència entre els que només parlen castellà i els que sí que han tingut accés a la llengua catalana i que per tant, són competents en ambdues llengües. És un model que garanteix el bilingüisme real: tots els nens i totes les nenes de Catalunya parlen, entenen, llegeixen i es poden relacionar tant en català com en castellà quan finalitzen els seus estudis. Aquest és el bilingüisme real, el que garanteix la llibertat de l’alumnat en el futur. El coneixement farà més lliures als ciutadans i ciutadanes de Catalunya del futur i aquest és el model educatiu que millor ho garanteix: això ho mostren els resultats i el reconeixement internacional obtinguts.

LA IMPORTANCIA DE PRESERVAR DERECHOS FUNDAMENTALES

2011-02-22T14:05:00.003+01:00

Tener un buen debate de fondo, casi de historia política y democrática son oportunidades que no se dan tanto en sede parlamentaria. Este, por ejemplo, es un buen debate para hablar de Libertad positiva y Libertad negativa de los ciudadanos, entendida, esta última como la disposición de espacios personales donde el Estado no puede acceder y los límites, por tanto, a los que también los poderes públicos están sometidos. No hace falta que destaquemos en esta cámara la importancia de ello, asociándolo al reconocimiento de un catálogo de derechos fundamentales con el máximo de garantías y protección.

Uno de esos derechos en nuestra Constitución es el derecho a la intimidad, reconocido en el artículo 18 y en cierto modo una excepción que contempla nuestro ordenamiento jurídico a este derecho es la existencia precisamente del Padrón municipal donde constan los datos de todos los vecinos de un municipio. Es un elemento que se ha mostrado absolutamente necesario para:

- Acreditar la residencia habitual.
- Conocer el número de vecinos de un municipio.
- Conocer la participación en los tributos de un ayuntamiento dado que está basada en el número de habitantes.
- Calcular el número de concejales a las elecciones locales o
- Establecer los Servicios mínimos a prestar por los Ayuntamientos y, por tanto, poder dimensionar correctamente los servicios públicos que deben ofrecer.

Por ello se contempla la obligatoriedad de inscripción en el Padrón, porque es fundamental para los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía. Ahora bien, con la conciencia de excepcionalidad y teniendo muy bien definidas cuales son sus funciones se concibe también con muchas limitaciones:

· Solo tiene acceso a él la Administración Municipal y las otras Administraciones Públicas cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o domicilio sean relevantes o para efectos estadísticos (como puede ser el censo electoral). Es decir, que el padrón no ha sido diseñado, en ningún caso, para que accedan particulares.
· En segundo lugar, se recoge la regla general de la necesidad de consentimiento previo del interesado y solo excepcionalmente se pueden ceder datos sin ese consentimiento.

Me permitirán una reflexión previa antes de entrar en el contenido de la proposición de ley. Seguramente fue en 1890 la primera vez que se escribía sobre este “nuevo” derecho a la intimidad “The right to be let alone”. Warren y Brandeis introdujeron la necesidad de la privacidad y a partir de entonces la lucha por ella ha sido clave en la evolución de las sociedades democráticas. Por otro lado, muy anteriores son los primeros censos que conocemos y que se dieron, por ejemplo en el Egipto de los faraones o en la China de la dinastía Han donde se contó ya, hace unos 4.000 años, el número de habitantes.

Más recientemente, en 1967 se constituyó en el seno del Consejo de Europa una Comisión Consultiva de la que surgió la Resolución 509 “Sobre los Derechos Humanos y los nuevos logros científicos y técnicos”. Creo que no es exagerado afirmar que esta Resolución fue el detonante de la legislación que desde entonces ha ido desarrollando Europa en materia de protección de datos.

En este sentido, nos podríamos detener en la jurisprudencia del TEDH en la que considera indisoluble el derecho a la intimidad con el derecho a la protección de datos. Asimismo, quiero destacar el artículo 8 del CEDH porque ya su propia redacción nos indica como principal objetivo garantizar este derecho frente a los poderes públicos (en tanto que tenedores de información privilegiada) dando por supuesto que, por inaccesible, la intimidad ante otros particulares está garantizada.

Con todo lo expuesto no quería otra cosa que mostrar a la cámara y a la ciudadanía que no estamos hablando de una reforma menor, ni de una cuestión colateral de nuestro ordenamiento jurídico, sino de la columna vertebral de la configuración de un estado democrático de derecho, del catálogo de derechos fundamentales que todas las sociedades abiertas han tenido y siguen teniendo reconocidos, donde lo que está en juego es la dignidad de las personas.

Quizás está muy bien que tengamos 24 horas de Gran Hermano en TV (ese, en todo caso, sería otro debate), pero sería intolerable para todos el Gran hermano de Orwell que las administraciones públicas −en lo que calificaríamos de abuso de poder− aprovechara información nuestra para usos fuera de los tasados legalmente. Pero mucho peor sería poner a disposición de un particular esos datos. Abrir esa puerta no es una decisión que debamos tomar a la ligera.

La Proposición de Ley que hoy tratamos tiene por objeto reconocer a los propietarios de inmuebles el acceso a los datos del Padrón Municipal y ello con el objetivo de poder conocer las personas empadronadas en el mismo y controlar así el cumplimiento de los contratos de arrendamiento que hayan celebrado.

La intención del grupo catalán parece estar orientada a aumentar la protección y la seguridad de los propietarios que hayan decidido alquilar una vivienda.

Creemos que el objetivo es loable pero desproporcionado, porque se violarían datos protegidos del arrendatario.

Estamos pues ante una proposición de ley que queriendo arreglar un problema, que no negamos, se plantea cambiar las reglas del juego respecto a la protección de un derecho fundamental: el grupo parlamentario socialista considera errar la vía en la búsqueda de una solución.

Además, como ya he dicho, nos parece desproporcionado que para velar por el cumplimiento de un contrato entre privados se conculque o se cercene un derecho fundamental. Sería tanto como decir que aquellos que tienen propiedad tienen derecho a la intimidad, mientras que cualquiera que tiene un piso de alquiler su derecho a la intimidad es menor. No parece que una graduación de este tipo cuando se trata de en un derecho fundamental se justifique.

Pero es que además, el voto del grupo socialista será negativo a la toma en consideración de esta proposición de ley no solo por estas cuestiones de fondo: técnico-jurídicas, de concepción profunda del estado democrático y del imperio de ley, sino porque además estamos convencidos de que no ofrece solución al problema que se pretende abordar.

Señorías, utilizar el padrón municipal para otros objetivos más allá de los determinados hasta el momento puede tener consecuencias imprevisibles. No voy a detenerme en futuribles ni en disquisiciones sobre cosas que desconocemos, pero permítanme apuntar simplemente una reflexión que todos ustedes comprenderán.

Cualquier persona que sepa que el padrón puede ser utilizado por un particular, aunque sea simplemente para denunciar un contrato de arrendamiento el efecto que provocará inmediatamente es que los empadronamientos bajarán, que no el problema de fondo que se pretende solucionar.

Por todo ello pensamos que el análisis de la problemática existente, no la podemos abordar a través de esta proposición de ley,

. porque no es un instrumento válido para atajar ese problema
. porque el derecho a la propiedad, que defendemos sin fisuras, no puede prevalecer sobre un derecho fundamental, que es lo que CiU nos propone en esta iniciativa
. y porque supone cuestionar un sistema de garantías consolidado y necesario para preservar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, de todos los ciudadanos por igual.

ESTATUTO AVANZADO MARRUECOS-UNIÓN EUROPEA. Fundació Campalans, 5 de noviembre de 2010.

2010-11-10T11:25:00.003+01:00

El Estatuto Avanzado que nace en octubre de 2008 es el embrión programático de un nuevo marco jurídico e institucional entre la UE y Marruecos, un instrumento para contribuir a la profundización de las relaciones entre ambos, sin convertirse en miembro propiamente de la UE.

El EA es un objetivo político a alcanzar, formulado como una declaración de voluntad, de intenciones de ambas partes de conseguir esos objetivos, pero carente de valor jurídico.

En esta dirección hay tres planos que quería destacara como introducción porque creo que nos interesan especialmente:

1. Papel de España como actor promotor de esta iniciativa en el seno de la UE:

España tiene el reto de consolidar ante la UE, pero muy especialmente ante Marruecos su papel de puente. Está claro que España tiene un interés especial por la cooperación en materia de seguridad y el control de flujos migratorios, debido, sobre todo, a la presión sobre las fronteras de Ceuta y Melilla. Aún así, los intereses comerciales y económicos en general también tienen un papel protagonista, así como el interés por el desarrollo de este país.

En este sentido, cabe destacar la Cumbre en Granada los días 6 y 7 de marzo de 2010 durante la presidencia española de la UE. Esta fue la primera cumbre con un país del sur del Mediterráneo y el primer país árabe que tiene una cumbre con la UE. Fue una magnífica ocasión para subrayar el compromiso de la UE a favor de la cooperación multilateral, encarnada hoy por la Unión por el Mediterráneo.

En esta cumbre se trataron muchos temas, (¿quizás demasiados?) principalmente enmarcados en los ejes de la democratización y el buen gobierno económico, la modernización y la cohesión social de Marruecos, así como el abordar los grandes desafíos globales, en los que inevitablemente, si queremos resultados, habrá que trabajar conjuntamente: el cambio climático, la crisis económica y financiera o las migraciones, por citar algunos aspectos.

Cabe destacar también que en paralelo se celebró la primera Cumbre Empresarial UE-Marruecos, auspiciada por el Ministerio de Exteriores, la Junta de Andalucía, Casa Árabe, al Confederación de empresarios de Andalucía y la Confederación General de empresarios de Marruecos.

Por tanto, España tiene que asumir la responsabilidad y el peso del impulso de este EA en el marco de la UE.

2. El estatuto avanzado supone un referente que puede ser interesante para otros países del sur y del este del Mediterráneo.

El éxito del estatuto avanzado sin duda provocará que otros estados vean con buenos ojos estrechar sus relaciones con la UE alcanzando una mayor integración y esa es una excelente oportunidad para que la UE consiga que estos estados lleven a cabo reformas institucionales y políticas más ambiciosas, donde la construcción de un Estado de Derecho y la protección de los DDHH deben estar en el frontispicio.

También es cierto que este trato diferenciado y “privilegiado” con Marruecos puede tener una lectura negativa por parte de los otros países del Magreb. ¿Cómo hay que trabajar para que surja una competición positiva entre ellos y no negativa, que acabe debilitando la Unión del Magreb Árabe?

3. Y en tercer lugar, lo más importante, es fundamental el Impacto interno que puede tener para la vida política y económica de Marruecos que puede también beneficiarse, al fin y al cabo, de la política de cohesión de la UE.

Ello ha de concretarse en acciones y avances determinados.

EL CAMINO HECHO

He hablado de la Cumbre celebrada en Granada el pasado mes de marzo, pero esta cumbre supone un paso más de un proceso de acercamiento entre Marruecos y la UE que viene de lejos. Por destacar los principales (no únicos) logros alcanzados:

1960 inicio de las relaciones diplomáticas entre CEE y Marruecos
1969 acuerdo comercial
1976 primer acuerdo de cooperación
1996 acuerdo de asociación, en vigor desde el 1 de marzo de 2000
2005-2010 Plan de acción de la política europea de vecindad que engarza y se refuerza con la Unión para el Mediterráneo. Este año justamente hay que renovar este Plan de Acción de Vecindad y es una oportunidad para establecer buenas bases en todos los sentidos para avanzar en la buena dirección.

CENTRARNOS EN EL FUTURO

Estamos en la mesa redonda que se va a ocupar de abordar las implicaciones económicas que para Marruecos tiene, ha tenido y sobre todo, puede tener el estatuto avanzado. Sin duda, esta dimensión económico-financiera y social es la de mayor calado.

En el capítulo económico financiero se establecen que las acciones conjuntas se centrarán en 4 ejes:

1. la adaptación de la legislación marroquí a las normas europeas (al acervo comunitario)
2.realizar un Acuerdo de libre cambio global y profundo, en el sentido que ya he apuntado
3.establecer una cooperación económica y social fluida
4.la Adhesión de Marruecos a las redes e infraestructuras transeuropeas de transporte y la cooperación sectorial en áreas como la energía, las tecnologías de la información y la comunicación, la agricultura, la pesca, las minas, el medio ambiente o el agua.

(1) Con la adaptación de la legislación marroquí a las normas europeas se pretende facilitar la integración de Marruecos en el mercado interior de la Unión. Además, se considera que contribuirá a estimular las reformas estructurales, el crecimiento económico y al mismo tiempo reducirá la pobreza y desarrollará la cohesión social y el empleo. Constituye pues un objetivo ambicioso que se desarrollará incorporando progresivamente el acervo comunitario a través de un mecanismo conjunto que sistematizará el encaje legislativo en todos los sectores.

(2) Un Acuerdo de Libre Comercio permitirá la libre circulación de mercancías, servicios y la presencia temporal de personas físicas con fines profesionales.

Las negociaciones actuales se centran en la liberalización del comercio de servicios y productos agrícolas, así como el derecho de establecimiento.

NOTA: tengamos en cuneta que los propios EEMM de la UE han tardado años en aprobar la directiva de servicios y a duras penas los 27 hemos realizado la transposición de esta directiva. En España se hizo principalmente a través de dos leyes conocidas como; la ley paraguas (donde se establecían los principios generales) y la ley ómnibus (de modificación de más de 40 leyes sectoriales)

En relación al futuro inmediato, las nuevas negociaciones se desarrollarán considerando las sensibilidades de los sectores económicos afectados e incluirán el intercambio de productos industriales, movimientos de capitales y patentes, medidas sanitarias y fitosanitarias, derechos de propiedad intelectual, protección del consumidor y aspectos medioambientales, entre otros.

(3) En el eje de la cooperación económica y social, se ha sugerido un grupo de trabajo compuesto por representantes de la patronal y emprendedores de la UE y Marruecos que ayude a detectar cualquier obstáculo. Se establece trabajar además en la normalización y reglamentación técnica y en la propiedad industrial. La intención de las medidas de este eje se orientan a facilitar las inversiones (para lo que la seguridad jurídica será primordial).

También se ha abierto un diálogo sobre empleo, trabajo y asuntos sociales que contempla la igualdad de géneros, adaptación de cualificaciones o el trabajo infantil.

(4) El último eje de actuación es la adhesión de Marruecos a las redes e infraestructuras transeuropeas de transporte y la cooperación sectorial en áreas como la energía, las tecnologías de la información y la comunicación, la agricultura, la pesca, las minas, el medio ambiente o el agua.

Como iniciativas más relevantes, se ha confirmado la voluntad de ambas partes de cooperar para mejorar las conexiones por todos los medios de transporte otorgando a Marruecos un estatus que les permita tomar parte en las decisiones y aproximando las reglamentaciones. Por ejemplo, el “Cielo Único”, las “Autopistas del Mar” o la posibilidad de construir una vía de alta velocidad sobre el estrecho de Gibraltar. También hay compromisos para reforzar la perspectiva medioambiental en las leyes marroquíes, la preservación de la calidad del agua, o la modernización de su agricultura en tanto que emplea a un 40% de la población activa.

Habiendo apuntado someramente las previsiones del EA en materia económica querría lanzar algunas preguntas para el debate.

ALGUNAS PREGUNTAS QUE TODAVÍA NO TIENEN RESPUESTA

¿Todos estos avances en materia económica serán sostenibles en el tiempo sin una auténtica democracia en Marruecos?

Lo digo porque el EA no incluye ningún tipo de condicionalidad democrática ni sobre la cuestión del Sáhara Occidental. De esta manera, se ha perdido la posibilidad de ejercer presión y exigir reformas a cambio de la concesión de un estatuto diferenciado en comparación con todo el Magreb y de recibir financiación. ¿Se trata realmente de una ocasión perdida o creen que el crecimiento y desarrollo de la sociedad y la economía alauí ejercerán por si solos de palanca de cambio hacia la democratización?

A pesar de los avances registrados en inversiones extranjeras, la inseguridad jurídica y la corrupción siguen siendo obstáculos importantes. Por ejemplo, Marruecos descendió 9 puestos en el índice de percepción de la Corrupción 2009 (puesto 89ª). ¿Los escollos de la inseguridad jurídica y de la corrupción pueden acabar debilitando este trayecto iniciado?

Más allá de los discursos es patente que la UE ha tratado los países del norte de África por separado y de manera diferenciada, nunca a nivel regional a través de la Unión del Magreb Árabe (UMA). ¿Creen que el modelo aplicado con Marruecos se convertirá en un modelo a imitar en el norte de África, es decir que generará una competencia beneficiosa entre países, o se tratará de una competición negativa contraria a la revitalización del UMA?

Una generalización de relaciones especiales ¿Desincentivará las reformas en regímenes inmovilistas? ¿Las políticas multilaterales continuarán teniendo sentido? ¿Cómo conjugaremos todas estas acciones que funcionan en paralelo?

SOLIDARIDAD Y COMPROMISO: ÁFRICA COMO PRIORIDAD

2010-09-28T10:58:00.002+02:00

Por razones históricas (y seguramente justificadas) la África subsahariana no había sido una prioridad en la política exterior española. Nuestra relación especial con Iberoamérica y con los países Mediterráneos de la ribera sur parecía que centraban la acción exterior y de cooperación.

Sin dejar de lado en absoluto estas regiones, los gobiernos socialistas han tenido la voluntad de conceder a África una atención preferente.

Un primer paso importante fue la creación de la Casa África, resultado del primer Plan África 2006-2008, que supuso poder gozar de un instrumento esencial en la nueva política exterior española hacia el continente vecino. Un espacio abierto y global, por el que las respectivas sociedades civiles de España y de los países africanos puedan mejorar su conocimiento recíproco. Es importante, en este sentido, que no tengamos la concepción exclusiva de aportar cosas, sino que tengamos la humildad suficiente de pensar que también podemos aprender mucho, porque así es.

El II Plan África, aprobado para el período 2009-2012, implica un compromiso cumplido e incide en tres grandes ámbitos:

. El respeto de los derechos humanos,
. La promoción de la igualdad de género y
. La sostenibilidad medioambiental.

A estos ámbitos se unen, evidentemente, los objetivos generales como son:

. el apoyo a los procesos de consolidación de la democracia
. la construcción de la paz y la seguridad en África,
. la contribución a la lucha contra la pobreza o
. la promoción de las relaciones comerciales entre España y África y el desarrollo económico africano.

Está bien tener objetivos y tener un horizonte ambicioso trazado, porque es la única manera de avanzar, pero seamos también honestos con nosotros mismos: hablar de África hoy sigue siendo hablar en primer lugar y como prioridad absoluta de la lucha contra la pobreza y del desarrollo humano y sostenible, en definitiva, de la necesidad de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por Naciones Unidas.

Querría destacar, en todo caso, algunos datos que muestran este vuelco de la política exterior de nuestro país hacia África en algunos ejes concretos:

Las cifras de la Ayuda Oficial al Desarrollo reflejan el incremento progresivo y constante de los recursos destinados a nuestros vecinos: por ejemplo, de una media anual de 150 millones de 2000 a 2004, pasamos en 2007 a 1190 millones de euros.

El incremento exponencial de acuerdos bilaterales de protección recíproca de inversiones, fomentando las misiones comerciales y la participación en reuniones y foros, impulsando iniciativas y planes desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, como el Plan África de Infraestructuras o el Plan de impulso a la actividad empresarial en África Subsahariana.

En tercer lugar, nuestra presencia institucional se ha visto incrementada sustancialmente con seis nuevas embajadas, cinco de ellas en África occidental y otra en Sudán. Del mismo modo, se han creado representaciones en Gambia y en Liberia, y un consulado general en Dakar. Paralelamente, se ha impulsado la creación de nuevas oficinas técnicas de cooperación, consejerías económicas y comerciales y agregadurías sectoriales de los ministerios de Interior, Defensa y Trabajo y Asuntos Sociales, con el objetivo de reforzar el despliegue ya existente.

El compromiso de España con la paz y la seguridad en el continente ha sido especialmente notable en el Cuerno de África, región en la que España se ha comprometido con la estabilización de Somalia. Cabe destacar la participación de la armada española en la operación de lucha contra la piratería en el Océano Índico, lo que conocemos como Operación ATALANTA.

Sin duda, la vecindad y sobre todo los futuros retos globales han marcado la determinación del gobierno de España de dejar de mirar por el rabillo del ojo y mirar de frente al continente africano.

Hay intereses y objetivos imposibles de alcanzar si no es con mayor trabajo conjunto, buscando la cooperación y la coordinación de todos los países desarrollados. Se ha dicho en esta cámara en distintos debates cómo ha cambiado la dimensión de los problemas. Estaremos todos de acuerdo en que la promoción y la protección de los intereses comunes han pasado a ser algo que debe abordarse de manera global, porque los Estados individualmente cada vez tenemos menos peso, conseguir:

. La paz y la seguridad
. El respeto a los derechos humanos
. La calidad ambiental
. Un crecimiento económico equitativo
. Una estabilidad económica y financiera
. La justicia internacional,
. Un control de los flujos migratorios o
. El derecho a la alimentación y a recursos básicos como el agua o la energía para todas las personas del planeta

No son cuestiones que podamos abordar por separado, ni siquiera países de la dimensión de EEUU, sino que apremia el trabajo conjunto, en unidad de acción, apremia, en definitiva, el trabajo multilateral.

La Presidencia de turno española, así como la belga y la húngara, en el marco del trío de presidencias, se han concebido como una oportunidad más para reforzar las relaciones mutuas y para profundizar en los desafíos de la UE en África. Para ello, España ha liderado el diálogo político Unión Europea-África en el marco del Acuerdo de Cotonou. El papel de nuestro país va a ser importante para la preparación de la III Cumbre Unión Europea-África que tendrá lugar a finales de 2010.

Este es el reto más inmediato que tenemos por delante.

Es necesario, para concluir, situar a África en los debates parlamentarios y en consecuencia, en un tema importante para los españoles, porque lo es bajo muchos puntos de vista. Esta iniciativa tenía, este objetivo.

2010-07-19T13:35:00.000+02:00

DEBAT SOBRE EL FUTUR DE LES ESQUERRES I LA DESAFECCIÓ POLÍTICA
Meritxell Batet, Barcelona, UPEC, 16 de juliol de 2010.

La institució de la política és una institució humana, com l’amistat, el matrimoni o la família... hi ha divorcis, baralles entre amics i separacions... però això no vol dir que haguem d’acabar amb la institució, de fet, cada dia es casa gent, cada dia fem amics, cada dia ens plantegem compartir la vida amb algú altre. Amb la política passa el mateix, no ens podem plantejar acabar amb la institució i ens equivoquem quan ens referim a ella com un ens abstracte aliè a nosaltres.

Ara parlem molt de desafecció, però honestament crec que no n’hi ha per tant. Vull dir que Catalunya està més o menys com tots els països del nostre entorn.

És important el fet que totes les enquestes també mostren una dada fonamental: el descrèdit i la crítica va dirigida, en tot cas, als polítics, en canvi, hi ha una mostra de confiança i suport a les institucions democràtiques. És clar que el perill, com apuntava Wolin, és acabar tenint una “democràcia sense ciutadans”, que funciona per inèrcia de les institucions existents... caldrà treballar, per tant, per evitar això.

Per tant, la primera conclusió que volia apuntar és que no hi ha tant cansament, és a dir, no hi ha tanta desafecció i, en tot cas, potser quelcom cíclic que canviï amb petits canvis circumstancials (com pot ser l’aparició d’un líder que entusiasmi o preses de decisions que motivin un vot massiu, etc).

Dues dades a tenir en compte

El respecte i la confiança en les institucions democràtiques no sempre és així
p.e: Iberoamèrica (veure llatinobaròmetre on apareix la preferència per un règim dictatorial si això comporta una millora directa de la meva vida)

També varia molt la confiança en les institucions democràtiques depenent de l’opció política (veure estadística del CIS): si 1 és molt d’esquerres i 10 és molt de dretes els percentatges tenen la següent distribució:

1-2 80%
3-4 88%
7- 8 72%
9-10 54%

En tot cas, el que no tenim (encara) i hem d’evitar és una crisi institucional: la desafecció, de moment, té a veure amb els actors i a més amb una ideologia. No deixa de ser una estratègia de les dretes, el parlar de desafecció. És a elles a qui més convé promoure el distanciament de la ciutadania amb allò públic.

Això vol dir que no ens hem de preocupar o que no hem d’abordar el tema? No. La mostra són debats com aquest. Són necessaris i útils per prendre consciència.

Forma part del nostre ideari, de l’ideari de l’esquerra, la millora de la qualitat democràtica i la participació ciutadana a la vida pública. Perquè sabem que res no és etern i malgrat pensar que som una democràcia consolidada (que ho som) no vol dir que no l’haguem de cuidar. Pensem en el llibre de Stefan Zweig El mundo de ayer quan ens explica com el seu món va desaparèixer pràcticament d’un dia per l’altre. Per això ho hem de cuidar i som precisament les formacions d’esquerres les que en tenim més consciència:

Perquè la democràcia i l’imperi de la llei és el més valuós que tenim i no podem prescindir d’ell en tant que és el que ens dóna la llibertat (Ciceró).
Per coherència amb el discurs de valors i principis que propugnem.
Per tenir més legitimitat front tercers.
Per evitar desafecció de la societat.

Permeteu-me que apunti que hi ha molts factors i molt complexes que ajuden als ciutadans a sentir-se més allunyats i és la confluència d’aquests diferents factors els que ho provoquen. Mai no és una resposta senzilla o simple (com per exemple el sistema electoral) i no és conjuntural, ni propi de Catalunya.

Però hi ha una combinació especialment nefasta perquè aquesta sensació de distanciament s’incrementi:

Manca de Transparència
Exemplaritat
Honestedat
Autenticitat
+
Partits polítics només preocupats pels vots
+
Mitjans de comunicació només preocupats pel compte de resultats

L’esquerra té una responsabilitat cívica per desenvolupar a les societats avançades del segle XXI. La seva, la Nostra principal tasca és la lluita contra la indiferència i la neutralització dels anhels de justícia i canvi social que pesen sobre el dia a dia de les nostres societats. Hem de ser capaços de traslladar l’èpica del treball per aquests valors.

És indubtable que la crisi econòmica és en aquests moments la principal preocupació de l’esquerra. Però cal tenir clar que aquesta prioritat, diguem-ne material, ha d’anar acompanyada d’una intensa tasca cívica. Davant les dificultats cal més i millor participació de les institucions públiques, precisament per impedir que la gravetat de la crisi provoqui:

1. una fractura social entre la política democràtica i els nous desafavorits per pèrdua de benestar.
2. que aquesta fractura no desemboqui en una escletxa abrupta degut a un patiment col·lectiu alineat amb un clima d’indiferència ciutadana que portem arrossegant a les espatlles les societats democràtiques des de fa molts anys, molt abans que es produís la crisi econòmica.

La suma d’aquests factors pot donar lloc a una equació política perillosa pel futur de la democràcia i el manteniment de l’estructura de justícia construït en les darreres dècades: la suma de la indiferència i la marginalitat econòmica i social pot donar lloc a la desafecció democràtica, o dit d’una altra manera, pot donar lloc a l’entrada als populismes. Aquest punt d’inflexió és el realment greu.

Ara bé, com deia, crec que sempre hi hagut desafecció o abstencionisme o desencís:

Quan els polítics han tingut millor opinió per part dels ciutadans?
Sempre hi hagut ciutadans sense interès en allò públic, en la res pública.

I també aquí hi ha diferències significatives en els posicionaments (hem vist l’enquesta del CIS sense anar més lluny).

Així,

Les esquerres: posem èmfasi en el compromís cívic, en l’assumpció de responsabilitat per part de les persones, en la qualitat de la ciutadania i la seva implicació en la societat més enllà dels individus.

Les dretes: no tenen aquesta preocupació o aquest objectiu com una de les polítiques a desenvolupar quan governen... el perill l’agreuja i per això potser ara en parlem més de desafecció, quan el fenomen sociològic passa a ser estratègia política, quan passa a ser un instrument en mans d’una opció política--> l’ultra o l’extrema dreta, que a més compta amb la complicitat de determinats mitjans de comunicació. La coneguda màxima neoliberal “l’Estat és el problema i el mercat la solució” té com objectiu exercir aquesta pluja fina de descrèdit d’allò públic: la idea neoliberal viu en una paradoxa: que sent una opció política és en realitat l’antipolítica i això és el populisme.

Podem fer una altra aproximació:

Vector liberal: que prima els drets civils dels individus i l’obligació de l’Estat de respectar-los i protegir-los. (Paradoxalment potenciat també per les esquerres, reconeixent nous drets civils com el matrimoni homosexual, o millorant la llei de l’avortament o accelerant el tràmit del divorci...)

Vector republicà: que posa l’accent en els drets polítics dels ciutadans, els quals, en l’exercici de la seva autonomia pública, estan cridats ha exercir aquests drets per així participar en el govern de la societat.

En el desenvolupament de les democràcies europees en general els individus s’han bolcat més en el desplegament i gaudi de la seva autonomia privada que en l’exercici compromès de la seva autonomia pública. Segurament des de les institucions públiques tampoc no s’ha potenciat el suficient el vector republicà.

A aquest desequilibri entre els components liberals i republicans de la democràcia se li afegeix el desprestigi alimentat d’allò públic i amb tot plegat ja tenim el caldo de cultiu de la desafecció política.

Els valors de racionalitat i participació vinculats a un discurs republicà d’afirmació virtuosa d’una idea de llibertat positiva, han de ser els elements de canvi i de transformació que reivindica l’esquerra en un context com el que he dibuixat.

Racionalitat, perquè la Il·lustració y la vella màxima kantiana de la lluita emancipadora per tal que els homes assolissin una majoria d’edat crítica y autoconscient ha de ser un instrument d’acció política irrenunciable.

Als homes els hem de seguir parlant en el segle XXI com a ciutadans i això significa invocar la raó (no les vísceres), apel·lar al millor d’ells mateixos (no als més baixos sentiments) i utilitzar una estructura narrativa racional en els relats que defensem políticament. No es tracta de dir o defensar el que la gent vol sentir, sinó allò que pensem que és millor per la defensa de l’interès general.

Els sentiments i la imatge no són un fi, sinó un instrument al servei d’un discurs racional amb finalitats racionals.

La indiferència i el populisme moltes vegades neixen del ressentiment amb el que la gent sent que és tractada, quan és objecte d’una espècie de pim-pam-pum emocional, que els manipula i utilitza com a objectes sensibles de consum i mercadotècnia política... quan es redueixen a ser clients o consumidors.

Participació, perquè relacionat amb el que he dit hem d’afegir que la democràcia es desenvolupa en el fòrum, en el debat públic, en la presència quotidiana en els afers que delimiten l’interès general. La democràcia és participació deliberativa (Habermas) i això significa llenguatge, intercanvi intel·ligent d’arguments i contrast dels mateixos mitjançant raonaments participats on la dignitat equiparable i igualitària dels participants és condició sine qua non del procés.

El respecte per l’altre; LA MESURA, que ens permet la convivència ha de ser present en els nostres debats. De fet, el Parlament és el temple de la llibertat d’expressió, de la paraula, del debat i, en canvi, determinades paraules poden ser tallades. És més, fins i tot poden desaparèixer del diari de sessions i ningú no pensa que això atempti a la llibertat d’expressió. Per què? Perquè sabem que la llibertat d’expressió no és il·limitada i hi ha altres valors, altres llibertats o altres drets que han de prevaldre.

És curiós quan intentem fer aquest exercici o aplicar aquests paràmetres a la majoria de tertúlies que es desenvolupen d’un temps cap a aquí a certs mitjans de comunicació: ni respecte, ni mesura, ni empatia, ni ànim d’acord: ser devastadors és l’objectiu.

Discurs republicà, això és, assumir que es governa per el poble i pel poble, sent aquest l’ens polític sobre el que es construeix la sobirania i al que es subordinen les institucions, que han de ser controlades pels ciutadans mitjançant una capacitat d’interlocució directa i transparent amb els governants. Tanmateix, aquests han de saber tractar al poble amb la dignitat que es mereix i, per això, res millor que ser exemplars en la defensa virtuosa de la seva pròpia representació: autoexigència, responsabilitat i racionalitat en l’ús dels arguments i en l’apel·lació a la ciutadania per tal que aquesta participi: que participi en llibertat i se senti tractada com una igual, com algú a qui s’escolta i atén.

Recuperació de la Utopia, les esquerres hauríem de recuperar la utopia entesa com l’exploració d’allò possible front l’acceptació del que ens és donat.

Davant les incerteses i les pors (de la crisi econòmica, els canvis constants, la heterogeneïtat de la societat...)

Davant la injustícia, la intolerància, la marginació, la violència, la fam...

Només hi ha un camí, un camí que tots els membres d’aquesta taula compartim: més política, més acció política d’esquerres.

DECISIONES DIFÍCILES TOMADAS CON RESPONSABILIDAD

2010-07-08T09:13:00.003+02:00

La honradez es la mejor política: y no hay nada más honrado en un gobierno que asumir la responsabilidad de sus decisiones. Así, el gobierno de España ha tomado, frente a esta coyuntura difícil, medidas desde la ética de la responsabilidad. La misma responsabilidad y la misma convicción que ha llevado a este gobierno a plantear y abordar grandes reformas que nuestro país tenía y tiene que acometer. Hoy podemos aseverar que nos ampara la credibilidad, porque la hoja de servicios de este gobierno es larga. Por apuntar tan solo algunos puntos relevantes destacaré:

- la aprobación en 2005 de varias leyes para el impulso de la productividad.
- La ley del suelo de 2007 que puso las bases para frenar la burbuja inmobiliaria alimentada por las políticas populares de crecimiento fácil, cuando decían que España iba bien.
- La reestructuración del sistema financiero, la única reforma estructural pactada con el PP, por cierto, a pesar de que las reclaman cada día
- La liberalización del sector servicios, con la transposición de la Directiva europea (con una posición por parte del partido que se autodenomina liberal que parecía dispuesto a aprobar planes quinquenales)
- Una ley de puertos,
- Una Reforma laboral aprobada la semana pasada,
- O la persecución de un Pacto sobre la Educación, conscientes de lo que ello significaría para el futuro de nuestro país, lo que significaría tener un marco estable y consensuado para formar a los ciudadanos del mañana. Así, el gobierno acaba de aprobar un Plan de Acción con objetivos bien definidos y con una financiación adecuada. También en esto se han quedado fuera señorías del grupo popular.

En el sector estrictamente de las AAPP también podemos poner en valor el trabajo bien hecho, con la aprobación de:

- una ley de Agencias, que implica mayor flexibilidad organizativa y que supone un cambio en la concepción de la Administración Pública, pensando más en una búsqueda de resultados
- una nueva ley de contratos del sector público
- Estatuto Básico del Empleado Público, reclamado durante todos estos años de democracia
- Y una Ley de acceso electrónico, buscando la modernización de la Adm. pero también su eficiencia y su eficacia en su labor de servicio público y reducir las cargas para los ciudadanos y empresas

Y vamos a seguir aprobando y trayendo a la cámara otras reformas estructurales que se deben llevar a cabo, esperamos con el consenso del principal partido de la oposición, como la

. Reforma de la legislación de las cajas de ahorro (LORCA) para mejorar la profesionalización de sus órganos de gobierno y aumentar sus recursos propios.
. Reforma del sistema de pensiones, para afrontar el reto demográfico y garantizar así su sostenibilidad en el futuro.
. O la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado.

Por tanto, hemos trabajado desde el primer día en la buena dirección y lo seguiremos haciendo, conscientes de que la ejecución de estas reformas será decisiva para las próximas décadas.

MEDIDAS DIFÍCILES EN TODOS LOS PAÍSES EUROPEOS

En ese contexto, en un contexto de trabajo de fondo llevado a cabo durante 6 años de gobierno, −de los cuales los últimos han sido arrollados por una crisis económica fortísima− y en un contexto Europeo de apuesta por reforzar la coordinación económica para combatir más eficazmente esta crisis e impulsar la recuperación, llegamos a las medidas para la reducción del déficit público que afectan a los funcionarios públicos como medidas de choque.

Todas estas medidas tomadas, todas ellas, son medidas no impuestas, sino compartidas con otros Estados miembros de la Unión Europea. Todos los países han puesto en marcha un plan de austeridad entre mayo y junio de este año.

No sé qué mecanismo de razonamiento opera en aquellos que defienden que las medidas tomadas por Cameron (como la subida de impuestos, por cierto) son una decisión del gobierno británico; o que las decisiones tomadas por la Canciller alemana, Angela Merkel y anunciadas el pasado 7 de junio de reducir en 10.000 los empleados públicos y bajarles a los que quedan el salario un 2,5% de media es un plan de ajuste muy Alemán y muy adecuadas en el tiempo, o que Italia congele los salarios de los funcionarios durante 3 años es una decisión valiente y atinada de Berlusconi.

Decía que no sé qué razonamiento se sigue para decir esto y al mismo tiempo reiterar que las decisiones tomadas por el gobierno de España, por el Presidente Rodríguez Zapatero son fruto de una imposición europea a la vez que improvisada y tardía. Solo desde el complejo se puede pensar y defender esto. Solo desde la voluntad de desacreditar a nuestro país se puede defender.

Si hubiéramos comenzado el ajuste presupuestario hace 2 años, en plena recesión, como dice que hubiera hecho el Partido Popular, habríamos sido el único país del G-20 en no tomar medidas de estímulo fiscal para amortiguar la caída de la actividad. Si les hubiésemos hecho caso lo que habría pasado es fácil de predecir: caída libre del crecimiento y más desempleo. Por eso ahora hemos sido de los primeros países en iniciar y acelerar el proceso de consolidación fiscal.

La verdad es que no hay vez que se hable de política exterior o de relaciones de España con terceros países que la derecha no saque a relucir la palabra ridículo. El PP se avergüenza, pero con una vergüenza que solo tiene que ver con su inseguridad. La inseguridad de cuando eres adolescente y todo lo que hacen tus padres y la gente cercana te parece ridículo. No porque este sentimiento tenga que ver con las condiciones objetivas de la actitud de tus padres, igual que en política exterior no tiene que ver con la actitud objetiva que tiene el gobierno, sino por simple inseguridad, la inseguridad que da la inmadurez de la adolescencia. El PP es la derecha adolescente de Europa, por eso también les cuesta tanto asumir responsabilidades.

En definitiva, todos los países europeos, TODOS, han tomado medidas que van en la misma dirección y las han tomado además al mismo tiempo que el nuestro. Todas estas reformas son una parte clave para aumentar la confianza y la credibilidad de nuestra economía.

¿Quizás es que todos estamos dando bandazos o cambios de rumbo? No, yo creo que se trata de otra cosa.

COHERENCIA IDEOLÓGICA: COHERENCIA POLÍTICA Y DE VALORES.
MEDIDAS POR OBLIGACIÓN, NO POR DEVOCIÓN

Estas son medidas excepcionales para unas circunstancias excepcionales, por lo que no se trata de cambiar de criterio o mover la posición de uno, es que imperativamente hay que hacerlo porque los hechos lo exigen, porque eso es lo que se espera de los políticos, de los gobernantes: que sean capaces de afrontar las situaciones con determinación gusten o no gusten, sean previsibles o imprevisibles y en este último caso que seamos capaces de reaccionar. Debemos ser capaces de identificar el interés general y defenderlo y nuestra responsabilidad (la de todos) es ser capaces de explicárselo a los ciudadanos.

Hemos gastado hasta donde hemos podido para reactivar la economía. Hemos primado el mantenimiento de todas las políticas que estaban en marcha hasta que la deuda ha llegado a una cantidad que ya no se podía incrementar más. Si nuestro objetivo, como es, es el mantenimiento de la cohesión social y el impulso de las políticas del bienestar sabemos que es necesario no endeudarnos más, para que en un futuro la inversión en estas políticas sociales no se vea mermada por el pago de deuda.

En todo caso, las líneas políticas del gobierno socialista no han cambiado: la búsqueda de la justicia social y el tener un sector público y unas AAPP fuertes, al servicio del ciudadano, que puedan garantizar la igualdad de oportunidades son lo que perseguimos.

Nosotros los recortes los hacemos por obligación, otros los harían por devoción.

Nosotros los hacemos para salvar el estado del bienestar, otros lo harían para debilitarlo, porque son devotos del Estado mínimo y del mercado máximo. Por eso, el Sr. Rajoy hablaba la semana pasada de la sobredimensión del sector público.

Con esta voluntad de afrontar decisiones difíciles ahora, para que mañana podamos mantener las políticas sociales, el gobierno ha presentado el Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

EL DECRETO LEY COMO CULMINACIÓN DE UN PROCESO

Este Decreto ley no viene además de manera aislada, sino que se enmarca en un contexto de austeridad en las AAPP, de racionalización de las estructuras administrativas y de una contención severa del gasto:

En 2009 se aplicó a los Presupuestos un acuerdo de no disponibilidad que afectaba a todos los ministerios de 2.500 millones de euros.

Este año hemos aprobado el Plan de Acción Inmediata 2010 que supuso un recorte de gasto de 5.000 millones de euros adicional al recogido ya en los Presupuestos Generales del Estado y
El Plan de Austeridad de la AGE 2011-2013, que plantea un recorte generalizado del gasto con un impacto equivalente al 2,6% del PIB hasta 2013.

Hemos aplicado por tanto:

1. la reducción de la oferta del empleo público al 10%
2. la reducción de altos cargos en 33 y la congelación de sus sueldos durante 2 años consecutivos
3. la reducción de 29 empresas públicas
4. la racionalización de las fundaciones y las empresas públicas estatales y
5. en particular, la racionalización de las estructuras de las delegaciones del gobierno.

Así, junto a estas medidas que ya estaban en marcha, el Gobierno presentó el Decreto Ley 8/2010 con la necesidad de aplicar un recorte en los salarios de los empleados públicos, un decremento equitativo que distribuye los esfuerzos con un criterio de progresividad, de tal manera que, siendo el recorte medio de un 5%, en la Administración General del Estado la reducción de retribuciones oscila entre el 7% para los funcionarios del grupo A1 y el 0,56% para los funcionarios del grupo E (o 2,75% para los del grupo C2). Y recordemos que en un ejercicio de ejemplaridad, el recorte de las retribuciones de los miembros del Gobierno, que son inferiores a las que en muchos casos perciben altos funcionarios, ha sido del 15%.

EL VALOR DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS COMO SERVIDORES

Todas estas medidas no tienen nada que ver con no creer en los funcionarios públicos. Al contrario. Creemos y sabemos que hacen un gran trabajo, un trabajo cotidiano demasiadas veces poco reconocido, y lo hacen por compromiso con lo público, con vocación de servicio. De ahí nuestra apuesta por introducir todas las reformas que hemos introducido en estos años desde el gobierno para mejorar en profundidad las AAPP. No necesitamos decir que estamos al lado de los trabajadores y de los funcionarios, nuestras políticas, cuando ostentamos el gobierno, así lo acreditan.

Asimismo, también sabemos que no son la parte más débil: los más débiles son los que se han quedado (o ya estaban) en el paro con responsabilidades familiares, los que trabajan en condiciones precarias, con horarios y condiciones lamentables, los que no saben si el mes que viene van a poder continuar en este trabajo precario: los más débiles son los que viven de manera cruenta la incertidumbre, la inseguridad del día después… porque esa incertidumbre es lo que nos hace más vulnerables.

Porque sabemos todo esto, pensamos que la inamovilidad, la seguridad del puesto de trabajo y ese compromiso con lo público hace que la inmensa mayoría de los funcionarios entiendan esta petición de un esfuerzo extraordinario, porque su esfuerzo repercutirá en un beneficio colectivo, en que no se haya de pedir un sacrificio mayor a otros ciudadanos.

Por otro lado, honestamente, no creo que el principal partido de la oposición esté en condiciones de criticar esta medida. Durante el periodo de 8 años que gobernaron 1996-2004, hubo un incremento nominal acumulado del 15,3%, mientras que el IPC acumulado en ese mismo periodo tuvo un incremento del 22,8%: los empleados públicos perdieron 7,5 puntos porcentuales de poder adquisitivo durante los gobiernos del PP; mientras que entre 2005 y 2009 tuvo lugar un incremento nominal acumulado del 16%, con un IPC del 12,8%, por lo que los empleados públicos ganaron un poder adquisitivo de 3,2 puntos porcentuales.

Parece que si en situación de bonanza congelaron los salarios y no fueron capaces de al menos, mantener el poder adquisitivo de aquellos que ofrecen un servicio público a todos los ciudadanos, y mantuvieron una tasa de reposición del 25% casi todos los años, en una situación como la que estamos viviendo no sé qué decisiones hubiesen tomado en este ámbito.

En todo caso, lo que sí sé, es que la credibilidad del PP para defender al sector público está ciertamente mermada, más con su líder diciendo que la Administración Pública está sobredimensionada.

Pero esta es solo la punta del iceberg de la concepción que tiene el PP de las personas. El grueso del problema es que la única conclusión posible después de escuchar sus declaraciones e intervenciones es que no creen en las personas ni en el país: ¿acaso pensaban que los empleados públicos no iban a entender la petición de este esfuerzo? La derecha española tiene en poca estima el compromiso cívico de los funcionarios, su comprensión de los problemas de nuestra sociedad, su madurez, su razonabilidad. Además, jamás apelan a esta madurez y compromiso de los funcionarios, sino a su egoísmo más romo, hacen política de egoísmo.

Apelar al egoísmo, pensar que solo hay vicios privados… es una muestra de lo que piensan de la gente. Los ciudadanos son más virtuosos de lo que el PP cree. Los ciudadanos son capaces de comprender que un esfuerzo personal puede redundar en un beneficio colectivo. Esa es nuestra convicción y desde ella gobernamos… ¿el tema está en preguntarnos desde dónde pretenden gobernar ellos?

Nosotros gobernamos desde la confianza en las personas, gobernamos y les pedimos que saquen lo mejor de ellas mismas. No se puede pretender gobernar apelando a lo peor de las personas, alentando y esperando de ellas tan solo egoísmo, simplemente, porque los ciudadanos españoles no son así.

LA EUROPA DE LOS CIUDADANOS: MÁS GARANTÍAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

2010-06-16T17:42:00.002+02:00

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa supone cambios de calado en el entramado institucional de la Unió Europea que habrá que ir desarrollando en los próximos años y que suponen un avance importante en el acercamiento de dichas instituciones a la ciudadanía europea.

La presidencia española de la UE quiso poner énfasis en algunos de estos aspectos (más allá de compartir por primera vez esta presidencia de turno con la figura de un Presidente de la Unión el Sr. Van Rompuy y una Alta representante de la Unión para asuntos exteriores y política de seguridad, la Sra. Ashton).

Precisamente uno de estos objetivos perseguidos por nuestra presidencia en relación a los aspectos institucionales era la adhesión de la UE al Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH). Estos 6 meses hemos avanzado significativamente en las negociaciones entre la propia UE y el Consejo de Europa, formado por 47 Estados miembros. Este proceso tendrá que culminarse en los próximos meses.

Desde el Parlamento y concretamente desde la Comisión Mixta para la UE hemos querido apoyar y poner de manifiesto la importancia de este paso, por lo que todos los grupos parlamentarios hemos suscrito una proposición no de ley.

La importancia política de este paso es indiscutible: la UE no es solo una unión económica o de intereses, sino que también es una unión de valores compartidos, como son los derechos humanos. En este sentido el nuevo Tratado avanza en paralelo con dos iniciativas recogidas en su articulado:

1º. El reconocimiento de la carta de derechos fundamentales como derecho primario europeo.

2º. La previsión de la adhesión de la UE al Convenio de derechos humanos reconociendo previamente personalidad jurídica a la Unión.

Nos centramos ahora en este segundo elemento. Me gustaría simplemente destacar los principales argumentos a favor de esta adhesión, así como sus principales consecuencias:

Supone un avance en el proceso de integración europea e implica un paso importante hacia la Unión política.
La UE será la parte contratante número 48 del Convenio, aunque no sea formalmente un miembro más del Consejo de Europa.
Da un mensaje de coherencia entre la Unión y los países pertenecientes al Consejo de Europa, otorgándole mayor credibilidad frente a países terceros, a los que constantemente les pedimos que respeten el CEDH.
Reconoce un nuevo recurso para los ciudadanos contra la UE si valoran vulneración de DDHH. Así, se reconoce para los ciudadanos europeos una protección frente a actos de la UE análoga a la protección que ya tienen frente a los actos de todos los EEMM.
Va a suponer el desarrollo de una cultura común en la UE en el ámbito de los derechos fundamentales, cosa que, como ya he apuntado, dará una imagen de coherencia y credibilidad frente a terceros países que la UE necesita más que nunca.
En sexto lugar, y más concretamente, se producirá el desarrollo armonioso de la legislación y la jurisprudencia en materia de derechos humanos entre los ordenamientos jurídicos. Sin duda el diálogo y una buena cooperación entre los tribunales será fundamental para garantizar esta sintonía.
Supone un control judicial adicional y externo de todas las actividades de la Unión en lo que hace referencia a la protección de los DDHH de los ciudadanos europeos.

Sabemos que esta adhesión no está exenta de complejidades técnicas que deben resolverse bien, para que no generen confusión, y por el contrario, que redunden en beneficio de los ciudadanos. Algunas de estas dificultades técnicas fueron apuntadas de manera pormenorizada por don Luis Romero, de la Comisión europea y Don Luis López Guerra, juez en el tribunal Europeo de Derechos Humanos y catedrático de derecho constitucional en las comparecencias realizadas en la propia Comisión Mixta para la UE. Podemos destacar algunas de estas cuestiones, por ejemplo: qué protocolos del CEDH va a ratificar la UE, dilucidar bien las competencias del TJUE y el TEDH, si procede la elección de un juez de la Unión (que parece claro que sí), designar miembros por parte del Parlamento europeo a la asamblea del Consejo de Europa cuando ésta tenga que votar entre los tres candidatos presentados a juez, el derecho a participar en el Comité de Ministros del Consejo de Europa a través de la Comisión europea, y un largo etc.

Pero al margen de los temas concretos que deberemos resolver sabemos también que lo más importante para que algo se haga es tener la voluntad política de hacerlo. El del gobierno de España con el apoyo de todos los grupos de las cámaras del Congreso y del Senado muestran esta voluntad política.

LA INDIA COMO HORIZONTE

2010-05-19T13:07:00.002+02:00

Algunos analistas establecen una dicotomía, a la que parece los países emergentes deben enfrentarse: o desarrollarse económicamente o ser una democracia. Partimos de la no aceptación de esa premisa, dicho de otra manera, debemos trabajar para que el desarrollo y crecimiento en bienestar sea compatible con la consolidación de una democracia sostenida por un Estado de Derecho, el reconocimiento de libertades y el respeto a los derechos humanos.

Por eso hoy he querido hablar de La India: La India como paradigma de país emergente que no está dispuesto a renunciar ni al desarrollo ni a la democracia. Quizás su crecimiento será menos vertiginoso que el de otros países del grupo de los BRICs (que tampoco es cierto, si nos ceñimos a los datos), pero no abandonar la democracia multipartidista y laica por la que apostaron desde el inicio es lo fundamental y es lo que lo hace especial. Su primera Constitución de 26 de enero de 1950 ya encarnó la síntesis entre la modernidad y la tradición y con ella han alcanzado 60 años de historia democrática ininterrumpida. Con casi 1.200 millones de habitantes, India es la democracia más grande del mundo. Aunque llamada a menudo una “democracia ruidosa” sin duda, la solidez institucional de sus fuerzas armadas, cuerpos de seguridad o de algunos servicios públicos como el de correos, por ejemplo, hace que partan con mucha ventaja respecto de otros países.

No quiero decir con esto que su desarrollo haya estado o esté exento de severos retos. De hecho, afronta numerosos problemas internos, entre ellos la extendida pobreza (aunque ésta no deja de bajar), la falta de infraestructura básica (aunque tiene un sistema ferroviario que se debería potenciar), la corrupción, un alto grado de diferenciación social relacionado con el sistema de castas (aunque ha sido capaz de desafiar ese sistema abriendo la administración y la política a los llamados intocables), una difícil cohesión territorial, desequilibrios regionales, o incluso problemas de terrorismo interno.

Sin embargo, cabe destacar que, entre los países emergentes, India es el que tiene menor índice de desigualdad y una mayor clase media que cada día aumenta.

Además, cuenta con dos grandes recursos, dos grandes complicidades con Occidente que muestran el creciente papel global de India: su modelo democrático con una economía de mercado relativamente abierta, como ya he dicho; y el dominio del inglés, por tenerlo como lengua oficial, que facilita la difusión de su cultura y su influencia internacional.

La interculturalidad de India, la diversidad religiosa (hindúes, musulmanes, cristianos, budistas, zoroastristas o judíos, entre otros, conviven), la diversidad lingüística (con más de 400 lenguas reconocidas) o la gran diversidad étnica, ha potenciado una milenaria tradición de diálogo y tolerancia extraordinaria.

Pero la importancia de India es poliédrica; lo es por al menos, 5 cuestiones estratégicas a las que queremos referirnos:

En primer lugar, lo es por su posición geoestratégica.

El papel que desarrolle India en la región es crucial en las relaciones con Pakistán, Irán o Afganistán y para la seguridad internacional.

En segundo lugar, lo es por su potencia económica, comercial y turística.

Qué duda cabe de que en una coyuntura como la actual tiene más sentido que nunca abordar un debate sobre la ampliación y profundización de nuestras relaciones económicas y comerciales, especialmente con un país emergente.

El gobierno español ha puesto en funcionamiento el Plan Integral de Desarrollo del Mercado español en India con el fin de fomentar las relaciones económicas y comerciales.

Las empresas españolas empiezan a abrir brecha en el mercado indio, donde existen grandes oportunidades en determinados sectores como el de la energía solar o los trenes de alta velocidad.

El comercio bilateral se ha doblado respecto al 2004, pero sigue en niveles bajos para el potencial de ambos países. Tenemos que aprovechar la coyuntura difícil por la que pasamos para potenciar los intercambios.

Hay que tratar de aumentar el turismo que se dirige a España desde India. Mejorar el conocimiento de la imagen de España y de su oferta.

En tercer lugar por la potencial cooperación científica y tecnológica.

En este sentido, se tiene previsto la organización de reuniones científicas conjuntas para fortalecer las relaciones entre investigadores de India y España, que fructifiquen en el desarrollo de proyectos de investigación. El CSIC también ha firmado acuerdos para la investigación conjunta en los ámbitos de matemáticas y astronomía.

En cuarto lugar, por la potencia del intercambio cultural.

Es el momento de reforzar las relaciones culturales y académicas aprovechando la presencia del Instituto Cervantes en Nueva Delhi. De esta manera, se puede jugar un papel decisivo en el intercambio idiomático y laboral potenciando el español como segunda lengua occidental en la India. También es importante la recientemente creada Fundación Consejo España-India de mano de entidades privadas y públicas.

Asimismo, es relevante el papel de Casa de la India y de la propia Casa Asia.

Y en quinto lugar, hay que estrechar lazos para la lucha contra el terrorismo.

La cooperación en materia de lucha contra el terrorismo es apremiante, no solo por los ataques terroristas que ha sufrido ese país recientemente, sino también por el terrorismo interno de los naxalitas en algunos estados del norte.

CONCLUSIÓN

En definitiva, en la cotidianidad de India se hace palpable la posibilidad del entendimiento, de la convivencia y del respeto de oriente y occidente. India es aquel lugar donde la alianza de civilizaciones alcanza todo su sentido, toda su dimensión, un ejemplo de la capacidad de unir aquello que es diferente y encontrar así la posibilidad de construir un camino conjunto. Un infinito global irrumpe en India y éste se mezcla con su infinita riqueza y complejidad interior.

España y la UE deben virar la mirada y depositarla sobre Asia y sobre India con intensidad, tal y como ya lo ha hecho EEUU. Porque el futuro se discernirá en ese polo, incorporando a los países asiáticos en pie de igualdad con europeos y norteamericanos en la formulación de las reglas globales.

Estratégicamente para España es central potenciar unas relaciones bilaterales fuertes porque se trata:

. de nuestra seguridad exterior,
. del aumento de nuestras exportaciones,
. de la expansión de nuestras empresas
. de la creación de empleo,
. de la captación de inversiones,
. del desarrollo de la cooperación técnica y
. de fomentar el intercambio cultural y social

La dimensión asiática es, junto con la Iberoamericana y la Mediterránea, la clave para reforzar la posición internacional de España en el marco de la UE. Pero es que además el intercambio y el enriquecimiento a todos los niveles que puede suponer esta relación será clave para nuestro propio desarrollo futuro.

2010-04-29T13:46:00.004+02:00

El pasado 13 de abril debatíamos en pleno sobre Cuba, igual que hemos hecho otras tantas veces esta legislatura: en mayo del 2008, junio, octubre, noviembre y diciembre de 2009 o febrero de este año.

Pero el pasado día 13 no solo debatimos sobre Cuba, sino que fuimos capaces de aprobar un texto con el consenso de la inmensa mayoría de esta Cámara, igual que pasó en el Senado, demostrando que si compartimos la lucha por la democracia, la lucha por los derechos humanos y la lucha por la libertad, también somos capaces de compartir una resolución que mande un mensaje inequívoco.

Podría recordarles que la lucha por la libertad es una de las señas de identidad del grupo al que represento, el grupo socialista: no solo para conseguir la libertad de otros, sino la de nuestro país. Así es que no vamos a admitir, porque es moralmente deshonesto, que nos acusen de actitud complaciente ante vulneraciones en materia de libertades y derechos humanos o de connivencia y relativismo en la defensa de la libertad, o nos acusen de pasividad.

En la posición del gobierno socialista no hay nada de eso. Puede que muchos discrepen en el método, pero eso no les autoriza a hacer tales afirmaciones.

Precisamente por nuestra experiencia, por nuestra memoria, sabemos, mejor que muchos, la importancia de dar mensajes de conjunto que fortalecen nuestra credibilidad.

Sí, nosotros creemos que la Comunidad Internacional debe actuar multilateralmente, mediante consensos, porque la actuación conjunta y unida le dará mucha más fuerza.

Y sí, también creemos que la unidad interna de las fuerzas políticas españolas, en especial en el caso de Cuba por los lazos históricos que nos unen a la isla, nos permitirá tener un mayor impacto de las posiciones que defendamos.

El PP dice buscar más presión contra el régimen cubano, pero lo único que buscan es usar como arma política partidista un tema tan trascendente como este. ¿Creen que puede haber una mayor y más intensa presión que una posición de acuerdo? Al PP, no le interesa la libertad y la democracia en Cuba, si no, respetarían los acuerdos alcanzados.

Conseguimos este acuerdo hace apenas dos semanas en el Congreso y también en el Senado, como ya he dicho, pero hoy, se busca reabrir el tema y, sinceramente, no creo que la comisión de exteriores esté para enmendar al pleno. Se busca reabrir el tema además sin ninguna justificación: han pasado tan solo unos días, y no ha habido ningún cambio que pudiera justificar debatir de nuevo lo acordado.

Porque el valor es el pacto, señorías, más allá de la literalidad de las frases, mantener la “llama”, es mantener la unidad.

Miren señorías, ninguna política con Cuba logrará acertar en el sentido de obtener de forma inmediata los frutos que todos deseamos para el pueblo cubano, pero lo que ha quedado meridianamente claro es que la técnica de la confrontación (por cierto, en la que el régimen cubano se siente como pez en el agua, porque es la única que conocen y la que avivan por conveniencia) la técnica de la confrontación, decía, defendida por los gobiernos populares no dio ni un resultado. Ni uno solo: hubo más presos políticos que nunca (la primavera negra de 2003 es un buen ejemplo de ello) y ni una liberación, ninguna apertura en reconocimiento de libertades, ningún avance en potenciar instituciones democráticas, NADA. Absolutamente nada.

A estas alturas, mi pregunta es por qué, por qué si compartimos el diagnóstico y compartimos los objetivos, aunque difiramos en el método, por qué si hemos sido capaces de, en algún momento, ponernos de acuerdo en transmitir un mensaje de unidad y hemos alcanzado un consenso, seguimos debatiendo un texto, por qué seguimos buscando un texto que ya hemos encontrado.

La Sra. Valenciano, portavoz socialista decía al final de su intervención en el pleno: “vamos a tratar de construir entre todos un texto que sea, de verdad, la expresión plural y mayoritaria de esta Cámara. Esa es nuestra propuesta, eso es lo que hemos pretendido con nuestra enmienda de sustitución y a ello convocamos a sus señorías”.

Pues bien señorías, ya tenemos un texto, tenemos ese texto que reclamábamos, el que aprobamos en el Pleno. Trabajemos todos en la dirección que éste marca para desarrollarlo, para conseguir que cada uno de los puntos aprobados por esta cámara, por una mayoría aplastante, se haga realidad. Ese es el auténtico sentido de Estado, del que tanto se habla y tan poco se encuentra y esa es la mayor presión que este legislativo puede ejercer.

¿Qué mayor paso adelante hay que un acuerdo?
Para conseguir la libertad de todos, hace falta la unidad de todos.
Mandar mensajes de apoyo continuo requiere el pacto, no romper el pacto.

Intervención en la Comisión Mixta para la Unión Europea 23 de marzo de 2010.

2010-04-16T10:32:00.003+02:00

Aprovecharé para explicar el grado de cumplimiento, por parte del Gobierno, de los artículos del Estatuto de Autonomía de Catalunya que regulan las relaciones entre la Generalitat y la Unión Europea, es decir, el cumplimiento concretamente de los artículos 184 al 192 de ese Estatuto.

Empezaré diciendo que los avances en estas dos legislaturas de gobierno Socialista han sido espectaculares. Cuando algunas fuerzas políticas dicen que no nos hemos movido ni un ápice o que estamos como estábamos, yo les preguntaría desde cuándo y cuál es su punto de referencia, porque en los últimos seis años los avances en todos los niveles, desde el reconocimiento institucional, el reconocimiento de lenguas, la participación de las comunidades autónomas en procesos de decisión por parte del Estado en relación con la Unión Europea, la asistencia a reuniones, el participar en la fijación de posición del Estado frente a la Unión, cooperar y coordinarse constantemente, en definitiva, en la colaboración en la construcción de una concepción federal del Estado donde todos somos Estado —el Gobierno de España y el Gobierno de las comunidades autónomas—, reflejan un período de nuestra democracia sin parangón alguno.

Lo primero que quiero hacer, por tanto, es poner de relieve el esfuerzo y el compromiso que ha demostrado este Gobierno, el Gobierno socialista, tanto en la anterior legislatura como en esta, para avanzar en la que nosotros valoramos como la buena dirección. Y lo hemos hecho por sensibilidad y por convicción del Gobierno y de este grupo parlamentario respecto a nuestro modelo de Estado. Es un modelo de Estado descentralizado —profundamente descentralizado—, y ha habido avances que muestran esta sensibilidad y esta convicción desde todos los puntos de vista.

Uno de los elementos fundamentales que viene al caso es la propia aprobación del Estatuto de Autonomía de Catalunya, porque si el Grupo Socialista y el Gobierno socialista no hubiesen apostado y trabajado sin fisuras para aprobar esta norma, si no la hubiesen apoyado, en estos momentos no tendríamos Estatuto de Autonomía de Catalunya y no podríamos estar discutiendo en los términos en que lo estamos haciendo. El Grupo Parlamentario Socialista tuvo, y sigue teniendo, la convicción de sacar adelante el Estatuto de Autonomía de Catalunya y de desarrollar su articulado, porque creemos en él desde el punto de vista jurídico y, sobre todo, creemos en él desde el punto de vista político, como norma pactada entre Catalunya y el resto de España.

Está muy bien que otras fuerzas políticas que no lo votaron ahora reclamen su desarrollo y su aplicación, porque esto nos indica el acierto en el camino elegido por los socialistas.

Por otro lado, vale la pena recordar que el capítulo segundo del título V, que es el que hace referencia a esta participación o relación entre la Generalitat y la Unión Europea ha sido recurrido, prácticamente de forma íntegra, por el Grupo Parlamentario Popular ante el Tribunal Constitucional, a pesar de poder encontrar artículos idénticos en otros estatutos de autonomía.

Quiero hacer una relación muy somera y rápida de los artículos que hacen referencia a este capítulo segundo: el 184, que es el primero, es una cláusula general, por tanto, no cabe análisis sobre su aplicación o no.

El artículo 185 nos indica que cuando se produzca una modificación de un tratado de la Unión Europea, las comunidades autónomas, o Catalunya en este caso, tendrán que participar o ayudar a que el Gobierno de España se posicione. Todavía no ha pasado desde la aprobación del EAC pero cuando se dé no me cabe duda de que así se hará. Por tanto, no es, en absoluto por el momento, un artículo incumplido.

El artículo 186, que trata de la participación en las posiciones del Gobierno, se ha aplicado más que nunca, porque la cooperación multilateral, a través de conferencias de Presidentes, de relaciones entre ministros y consejeros respectivos, de conferencias sectoriales, se ha multiplicado con respecto a otros periodos, funcionan con normalidad, con intensidad y con periodicidad y está permitiendo precisamente la consolidación de estos órganos de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas.

El artículo 187 hace referencia a la participación en instituciones y organismos europeos. Como ya se ha referido a él el secretario de Estado, no me voy a alargar, pero se prevé la participación permanente de consejeros autonómicos en la Reper, se ha participado en los consejos y el propio conseller de Agricultura tiene prevista su participación en breve. Por tanto, ya se ha puesto en marcha y se está consolidando.

El artículo 188, el único seguramente que hacía necesario un desarrollo legislativo específico, se refiere precisamente a la participación de las comunidades autónomas en el control del principio de subsidiariedad y proporcionalidad, regulado en el Tratado de Lisboa. Para ello, se ha modificado la ley de 1994 de creación de la Comisión Mixta de la Unión Europea y se ha aprobado una ley, por cierto, por unanimidad, con el voto de todos los grupos parlamentarios poniendo en marcha esta participación de las comunidades autónomas en relación con el principio de subsidiariedad.

El artículo 189 se refiere al desarrollo y a la aplicación del derecho de la Unión Europea. Establece que este desarrollo no puede implicar una invasión competencial y que, por tanto, tiene que mantenerse y respetarse la distribución competencial que viene dada por el bloque de constitucionalidad, por nuestra Constitución y los estatutos de autonomía. Así ha sido y así seguirá siendo. Personalmente, he llevado varias transposiciones de directivas europeas y en ellas siempre han sido escrupulosamente respetadas todas las competencias de las comunidades autónomas. Por ejemplo, las dos leyes que transponía la Directiva de servicios, la Ley Paraguas y la Ley Ómnibus, así como la Ley Audiovisual, son buenos ejemplos de ello.

El artículo 190 trata de la gestión de los fondos europeos. Ya se hacía, y se seguirá haciendo por parte de las CCAA, en la medida en que haya fondos, claro.

El artículo 191 trata de las acciones frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, supeditado a lo que prevea el derecho europeo. Por tanto, tampoco ha habido incumplimiento, ya que no depende tanto del derecho interno, sino de que el propio derecho europeo reconozca la legitimidad de los entes subestatales.

El artículo 192 habla de la delegación de la Generalitat en Bruselas, que ya teníamos, pero ahora se reconoce estatutariamente. Así, la institución seguirá trabajando con intensidad en un marco normativo más seguro.

Los nuevos estatutos de autonomía, los de nueva generación, tienen de positivo que hemos podido introducir aspectos que ya funcionaban con normalidad pero que ahora tienen un reconocimiento estatutario.

En resumen, el gobierno y el grupo Parlamentario Socialista han cumplido escrupulosamente los artículos 184 a 192 del EAC. Respecto a las lenguas, tema al que me he referido en otros escritos, solo quiero añadir que todos los acuerdos que el Gobierno de España podía cerrar con las distintas instituciones de la Unión Europea se han cerrado. Todos: acuerdo con el Consejo Europeo, con la Comisión, con el Comité de las Regiones, con el Tribunal de Justicia, incluso con el Parlamento Europeo en lo que afecta a los ciudadanos y a la comunicación de estos con las instituciones europeas.

Por tanto, no podemos dejar de felicitar al Gobierno por esta apuesta, por este compromiso y por el cumplimiento que ha dado a todos estos acuerdos. Quizá (seguro) haya que corregir algunos elementos que quedan por ajustar. En todo caso, existen los acuerdos y existe el marco legal, el marco normativo que nos permite llevar a cabo estos objetivos, y eso es lo que hay que destacar en este momento.

PACTO CONTRA LA CRISIS: UNA OPORTUNIDAD PARA EL PAÍS

2010-03-15T16:58:00.003+01:00

La principal preocupación de los socialistas durante toda la legislatura ha sido combatir la crisis económica. Una crisis que azota internacionalmente a todos los países del mundo y que en España pone de manifiesto las flaquezas de nuestro modelo de crecimiento.

Para ello el gobierno ha puesto en marcha medidas de choque, de ayuda directa a sectores estratégicos; a facilitar liquidez a Pimes y autónomos a través del ICO, a crear fondos de inversión gestionados por los Entes Locales que intentan dinamizar el sector más castigado por el paro como es el de la construcción.

Pero también ha impulsado reformas estructurales que ponen las bases para cambiar el modelo de crecimiento económico y el modelo de productividad: por ejemplo, la ley del suelo que termina con las especulaciones urbanísticas, la liberalización del sector servicios, simplificando la apertura de comercios, una ley de economía sostenible que busca un equilibrio económico, social y medioambiental, o planteando una reforma laboral, una reforma de las pensiones o proponiendo un Pacto por la Educación.

La crisis tiene que ser una oportunidad para cambiar lo que ha fallado, aunque sabemos que este tipo de medidas tienen efecto a medio y largo plazo. Hay que cambiar lo que ha fallado sin perder de vista el objetivo último: mantener la cohesión social. Nuestro modelo de crecimiento era malo, muy malo y se ha mostrado fallido. Hay que dar el combate de fondo apostando por la educación, la formación o la inversión en innovación e investigación.

Aun no siendo ni mucho menos los únicos causantes de la crisis, el Presidente del gobierno no ha tenido ningún reparo en asumir plenamente la responsabilidad. Eso es gobernar y liderar. Pero inmediatamente después ha ofrecido a todas las fuerzas políticas, y especialmente al principal partido de la oposición, unir esfuerzos para ser capaces de dar una respuesta común. Se ofrece consenso porque estamos convencidos de que solo unidos saldremos de ésta.

Un país demuestra que es un país cuando sus fuerzas políticas superan el interés partidista y son capaces de dar una respuesta conjunta.

El poder trabajar juntos, además, generará de manera inmediata confianza. Confianza en los mercados internacionales y en la economía española, pero sobre todo, confianza para todos aquellos ciudadanos que deben enfrentarse cotidianamente a decisiones difíciles.

Es el momento, sin duda, de mostrar el compromiso con el país. Creo que sería una pena no poder contar con el PP en este esfuerzo compartido que la ciudadanía nos reclama cada día.

UN PLAN DE AUSTERIDAD PARA UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

2010-03-08T11:57:00.001+01:00

Nos encontramos inmersos en una profunda crisis económica que ha determinado que el Gobierno aprobara el 29 de enero el Programa de Crecimiento y Estabilidad, que incluye un programa de consolidación fiscal con dos ejes que afectan a la Administración General del Estado: el Plan de Acción Inmediata 2010 y el Plan de Austeridad 2011-2013.

Como todos sabemos estos programas, que pretenden corregir el déficit público y buscar el equilibrio de las cuentas públicas, van a suponer un importante recorte del gasto presupuestado para este año; además, el ajuste estructural que ha de hacer la Administración General del Estado se sitúa en el 5,2% PIB hasta final de 2013. Para llegar a este objetivo el Gobierno trabajará principalmente con instrumentos como: una oferta de empleo público muy reducida (ahora del 10%), una moderación salarial, la reducción del sector público empresarial o la racionalización de los altos cargos, entre otros.

En principio parecería que estamos en una situación que podría impedir, o al menos obstaculizar, el despliegue de los proyectos previstos en este ámbito (desarrollo de los acuerdos alcanzados con los agentes sociales o la ley de la Función Pública etc.). Sin embargo, esto no va a ocurrir.

Las crisis económicas, muchos lo han dicho, pueden ser también una oportunidad. Cuando la necesidad acucia, como ahora, es el momento de primar uno de los principios que rigen el funcionamiento y organización de la Administración General del Estado, la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Si el objetivo que persiguen las medidas adoptadas es la reducción del déficit, el principio que debe regir su aplicación (es decir, qué programas presupuestarios se recortan, qué puestos vacantes se ofertan, qué organismos se suprimen o refunden con otros) es el de eficiencia. Y una administración más eficiente es también una mejor administración.

Además, hay razones que invitan al optimismo, a pensar que la puesta en práctica de esta política de austeridad, que tan de lleno atañe a la Administración, no va a suponer detrimento alguno del funcionamiento de la Administración ni de los servicios públicos que los ciudadanos reciben. No debe ni puede suponer un detrimento. Porque precisamente es en los momentos de dificultad, cuando más se le exige al sector público y solo con un entramado institucional fuerte se podrá estar a la altura de las demandas.

Nos encontramos en una buena situación de partida. El gobierno socialista ha puesto las bases para ello. Durante estos años pasados, y a través del despliegue y desarrollo de la ley de acceso electrónico a los servicios públicos, se ha conseguido una auténtica y profunda modernización del funcionamiento de la Administración. No es el momento de exponer lo que ha supuesto esta ley, ya la debatimos la legislatura pasada. Baste decir que actualmente se puede acceder al 96,4% de los trámites de la Administración a través de medios electrónicos. También en enero pasado el Consejo de Ministros aprobó sendos reales decretos que, aunque de carácter muy técnico tienen un gran impacto: la regulación del Esquema Nacional de Seguridad y la regulación del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Estos decretos van a permitir, en un marco seguro, ofrecer al ciudadano un servicio unificado de realización de trámites administrativos sin importar cual sea la Administración competente.

También ha favorecido, y va a favorecer aun más, la mejora del funcionamiento de la Administración la aprobación y aplicación de la Ley “Ómnibus”. Esta ley exige que se simplifiquen los procedimientos, se eviten dilaciones innecesarias, se reduzcan las cargas administrativas que pesan sobre todos los prestadores de servicios y establece la figura de la ventanilla única. Establece, en fin, el principio de intervención mínima necesaria −en base al principio de proporcionalidad− de la administración en el sector servicios.

Quiero con ello poner de manifiesto que estamos ante una administración ágil, que está funcionando con rapidez, que responde con presteza a los ciudadanos.

Por ello creo que estamos en una buena situación de salida, situación que va a permitir que nuestra Administración pueda asumir sin dificultades las medidas de austeridad aprobadas:

1.- La reducción de la oferta de Empleo Público, hasta el límite del 10% de la tasa de reposición. (Recordemos que el PP en época de bonanza económica siempre había fijado la tasa de reposición por debajo del 25%)

Cualquier limitación de la oferta de empleo público siempre supone sacrificios, pero si su elaboración está determinada por el principio de eficiencia, si la selección de puestos se realiza con buenos criterios y se hace además después de haber impulsado reformas estructurales, de calado como se ha hecho por parte de este Gobierno, no se va a impedir el funcionamiento ágil de la Administración o la prestación de servicios públicos.

Así, hay áreas de la Administración donde sobran funcionarios; otras que los necesitan. Por ello nos parece que en este contexto adquiere pleno sentido el trabajo ya iniciado por el Gobierno para la elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Humanos. En este marco, una oferta de empleo público, tan limitada como la de este año, es perfectamente asumible.

2.- Un plan de racionalización de las estructuras de la Administración General del Estado y del sector público empresarial, plan que conllevará la supresión, refundición o reestructuración de los órganos que resulten necesarios.

Apoyamos plenamente estas medidas. Creemos que constituyen el camino para conseguir una Administración más austera, eficiente y más fuerte a la vez.

El PP la coyuntura la quieren aprovechar para privatizar y debilitar el sector público. Nosotros para racionalizar el trabajo, los medios y los recursos para conseguir mayor eficiencia y modernidad del sector público.

Este es el camino y no las propuestas demagógicas que hemos debatido en el Congreso, en estos meses pasados: la reducción del número de altos cargos de la Administración General del Estado o la reducción de ministerios.

Esas propuestas no solucionan nada. Una reducción de un 25% de altos cargos, como se proponía, o se sigue proponiendo no conduce a nada. Era y es una propuesta efectista, que no se sustenta en un verdadero diagnóstico de la administración, una propuesta que no determina qué cargos habría que suprimir, por qué habría que suprimirlos, una propuesta que falsea (manipula) datos y, sobre todo, una propuesta que no tiene en cuenta los grandes esfuerzos de austeridad que ya se han puesto en práctica –acuerdo de no disponibilidad de partidas presupuestarias o la congelación de retribuciones de los altos cargos por dos años consecutivos, por poner algunos ejemplos-. En definitiva, una propuesta que hierra el tiro.

Me preocupa porque estos debates y las soluciones tan simplistas que ofrecen pueden provocar en la ciudadanía un deterioro de su confianza en las clases políticas, en las instituciones. Pueden fomentar un clima que nos conduzca a una crisis institucional. Además en momentos de crisis económica, momentos donde es tan fácil que surja el populismo creo que nuestra tarea como diputados no es precisamente alentar la desconfianza en las instituciones, en la Administración General del Estado. Todo lo contrario.

Entiendo la tentación cuando se está en la oposición de pensar que estas críticas perjudican al partido que gobierna, pero les aseguro que no es así. No traspasar determinados límites me parece importante y a la larga, les aseguro que beneficioso para la sociedad.

Una auténtica política de austeridad no significa tratar de imponer por parte del Congreso de los Diputados al Gobierno la eliminación de esta o aquella vicepresidencia, de este o aquel ministerio o que tenga que suprimirse la cuarta parte de los altos cargos. No. Eso son gestos de cara a la galería, gestos peligrosos, que todos sabemos además que no solucionan los problemas de fondo.

Lo sabemos y lo saben los del Grupo Popular que, en la Asamblea de Madrid, donde se presentó una propuesta idéntica –con el único objetivo de situarles frente al espejo, de que reconocieran sus contradicciones, de parar estos pasos demagógicos- la rechazaron. Y eso que hay datos que indican que en la Administración de la Comunidad de Madrid, pese a que últimamente se ha reducido el número de consejerías, sin embargo el número de altos cargos, de cargos directivos se ha duplicado. Los gastos de personal se han incrementado exponencialmente. Es un buen ejemplo de cómo las políticas de austeridad en materia de personal no están directamente relacionadas con el número de consejerías o departamentos ministeriales.

Son las medidas anunciadas por parte de la Vicepresidenta y a las que antes me he referido las que constituyen un auténtico programa de austeridad para la Administración General del Estado.

También, como creemos que en este gran esfuerzo de saneamiento de las finanzas públicas han de estar involucradas todas las administraciones, apoyamos la propuesta del Gobierno de someter al Consejo de Política Fiscal y Financiera un acuerdo marco con las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía sobre sostenibilidad de las finanzas públicas que incluye un plan de racionalización de estructuras administrativas y el compromiso de racionalización de recursos humanos. Espero que tanto las Comunidades Autónomas como los Entes locales lo estudien, lo mejoren y podamos asumirlo entre todos. No hace falta que diga que siempre haciéndolo desde el respeto de las facultades de autoorganización de cada una. En definitiva con dichos planes no se trata de eliminar funciones ni servicios públicos; no: todo lo contrario. Se trata de buscar la EFICIENCIA a toda costa.
Si somos capaces de trabajar en la misma dirección todos los grupos parlamentarios seguro que los resultados que alcance el Gobierno también serán mejores.

EL CONSEJO DE EUROPA CON LA UNIÓN PARA EL MEDITERRÁNEO

2010-02-22T19:12:00.005+01:00

La Unión para el Mediterráneo retoma con impulso renovado un proceso que viene de lejos, iniciado con el conocido Proceso de Barcelona: la búsqueda de la cooperación entre las dos riveras del Mare Nostrum.
La concepción de esta cooperación debería ser:

1. Bidireccional, de aportación mútua. No caigamos en la tentación de pensar que solo nosotros podemos aportar algo a la rivera sur, porque también de ellos tenemos mucho que aprender.
2. Equilibrada. No podemos caer en el paternalismo, ni en la ingerencia, pero tampoco podemos ser condescendientes en lo esencial, sino exigentes.
3. Priorizada, en cuanto a las ayudas, los programas y los objetivos. Es absurdo exigir en demasía a países que están en procesos de desarrollo y democratización.

El pleno del Consejo de Europa, como asamblea que tiene como prioridad la lucha a favor de la Democracia, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho, buscamos que estos valores compartidos que nos permiten vivir en libertad y convivir en la diferencia lleguen a todas partes del planeta.

Este objetivo, por tanto, es bueno en sí. Con él tenemos, o deberíamos tener suficiente.

Pero además, tenemos interés directo en el caso del Mediterráneo: apostar por la mejora y la búsqueda de la igualdad con nuestros vecinos sin duda revertirá en un mayor bienestar colectivo, además de obtener una mayor dignidad como sociedad.

El Consejo de Europa ha ayudado a muchos países a transitar hacia regímenes democráticos, ¿por qué no también con los países mediterráneos? Su cercanía geográfica y su cultura compartida justifican la implicación de esta institución en este proyecto, una implicación que debe ser en todo caso coordinada con la Unión Europea. No se trata de competir entre organizaciones internacionales, ni pecar de ansia de protagonismo o de colgarse medallas: si somos capaces de trabajar juntos, avanzaremos más, más deprisa y mejor.

No volvamos a hacer grandes declaraciones sobre todo lo que vamos a hacer. Partamos de un análisis pormenorizado de cuáles han sido nuestros objetivos con el Proceso de Barcelona hasta ahora y cuáles los resultados alcanzados. Empecemos por autoexigirnos una rendición de cuentas y partamos con el reconocimiento de nuestros errores o limitaciones, porque solo así habrá pasos hacia adelante. Necesitamos diagnósticos claros. En base a a ese aprendizaje volvamos a fijar nuevas metas. No partamos de cero.

El Consejo de Europa tiene mucho que aportar, sobre todo en aquello que precisamente debería ser la base sobre la que empezar a construir: la existencia de instituciones y reglas democráticas que permiten desarrollar políticas propias en todos los ámbitos.

Estoy segura que desde la Presidencia española de la UE se va a facilitar e impulsar esta cooperación tan necesaria y será un trabajo que tendrá continuidad con las presidencias venideras.

HAY OTRA OPOSICIÓN POSIBLE

2010-02-11T19:10:00.003+01:00

El grupo popular en el Congreso se ha abonado a las propuestas demagógicas. Cada semana presentan algo del mismo tenor con un oportunismo y una falta de imaginación alarmante. Ni siquiera fueron los primeros en hacerlo. Primero fue el PNV y ahora se limitan a plagiar cada semana el tema para ver si ganan una votación y así poder aplaudir un minutito al final del pleno. No solo es infantil, sino que es patético.

¿De verdad no tienen ninguna iniciativa que valga la pena para discutir en el pleno? ¿sobre ninguna materia? ¿No se les ocurre nada constructivo para contribuir a la recuperación económica del país? ¿No son capaces de trabajar en la misma dirección y sintonía con el Gobierno, de sumar esfuerzos, de presentar mejoras a propuestas hechas?

La propuesta de reducir un 25% de altos cargos y asesores es demagógica, arbitraria e inviable. ¿Por qué el 25%? ¿Por qué no el 20 o el 30? ¿Por qué no mejor hacer desaparecer a los Altos Cargos? Los de los gobiernos socialistas, claro, porque lo que son los del PP se hinchan por semanas en las CCAA donde gobiernan.

Miren señorías, les voy a facilitar solo un dato: más del 79% de los Altos Cargos en estos momentos son funcionarios del Estado. Son trabajadores públicos que en cualquier caso seguirían trabajando en la Administración General del Estado. Por tanto, echar, echar, solo podríamos echar en todo caso, a menos del 25%. ¿Esa es su propuesta? ¿Crear unos cuantos parados más?

La crisis no se aborda con propuestas simplistas, porque su complejidad necesita respuestas también complejas, no demagógicas.

Seamos serios. Algunos datos importantes que debemos conocer:

. Cuando llegamos al gobierno modificamos el Decreto que marca el número de asesores por Ministerio. Lo redujimos de 7 a 5 (léase el Real Decreto 562/2004).

. Redujimos el gasto en publicidad institucional, aprobando una ley sobre la materia.

. En el año 2009 y 2010 ha habido congelación de los sueldos de los Altos Cargos.

. En 2009, se presentaron dos grandes recortes de gasto corriente por un valor de 1000 y 1500 millones de euros respectivamente.

. Ha habido medidas paliativas de choque contra la crisis económica como los Fondos de Inversión Local, ayudas a sectores industriales… pero también propuestas de reformas estructurales de calado (por cierto, no apoyadas por el PP, como las 3 leyes que transponen la directiva de servicios o la ley del suelo, o la ley de economía sostenible).

En esta dirección el gobierno ha presentado un Plan de Acción Inmediata para 2010 mucho más ambicioso, completo y racional que la iniciativa popular (¿o debería decir populista?). Se pide en él que la estrategia de austeridad seguida para la AGE se extienda a todas las Administraciones Públicas (Comunidades Autónomas y Entes Locales). Solo en la medida en que cada uno asuma su responsabilidad, evitaremos un deterioro adicional de la economía. En nuestra propuesta se insta al Gobierno a iniciar, con carácter inmediato, un proceso de reequilibrio de las cuentas públicas que incluya:

a) una reestructuración del gasto público en la Administración General del Estado y el sector público empresarial, que implique una revisión exhaustiva de los programas de gasto, y específicamente una reducción de los gastos de personal y del gasto corriente,

b) la adecuación de la estructura y organización de la Administración General del Estado a los principios de eficacia y economía en el gasto así como al reparto de las competencias establecido por el Título VIII de la Constitución y los Estatutos de Autonomía, suprimiendo, refundiendo o reestructurando los órganos que sea necesario,

c) la adopción de medidas urgentes que supongan para este mismo año una reducción del gasto inicialmente presupuestado equivalente al 0.5% del PIB,

Por el contrario, en las CCAA en las que gobierna el PP parece que les preocupa poco el aumento del gasto. Por poner algún ejemplo, en la Comunidad de Madrid el gasto presupuestado para los altos cargos se ha incrementado un 46% y el gasto en publicidad y propaganda un 130% o en la Comunidad Valenciana de 117 Altos cargos con el Presidente Lerma se ha pasado a 238 (un 103% más), por no hablar de la Diputación de Ourense o de Castelló…

Pero las contradicciones del PP no terminan en el demagógico porcentaje del 25%, o de hacer todo lo contrario ahí donde gobiernan, sino que lo más contradictorio de su discurso es dárselas de patrióticos cuando solo piensan en el poder.

Se llenan la boca de España pero ¿qué es España para ustedes? ¿Una banderita? Parece que sí. Pues miren, para mi España es su Presidente del Gobierno, su Gobierno, su cuerpo burocrático, las CCAA, las AAPP, los servidores públicos… su entramado institucional, en definitiva. No hace falta haber leído a Max Weber, para tomar conciencia de la importancia de las instituciones y de las estructuras que permiten tener y mantener un Estado democrático.

La defensa que practica el PP de un estado mínimo y de un sector público débil está demodé, porque un país se construye y se hace crecer con una Administración y unas instituciones fuertes, respetadas por todas las fuerzas políticas, eficaces y eficientes y al servicio de la ciudadanía (pienso en el servicio exterior de otros países de la Unió Europea, por ejemplo, en Gran Bretaña hay 14.900 personas o en Francia 16.000… lejos estamos de alcanzar estas cifras).

En plena crisis económica el PP trabaja para intentar generar una crisis institucional… la política de oposición que conciben no va más allá de esto, incluso les parece lo normal, y sin pudor así lo manifiestan: nos gritan desde la tribuna ¡váyanse! (como si la legitimación democrática no fuera con ellos) o nos dicen con todo descaro estoy aquí para intentar hacer caer el Gobierno, para criticarlo todo, para poner al Gobierno y al grupo parlamentario que sostiene al gobierno las cosas difíciles… pues miren, no. La oposición puede estar para otras cosas, se lo aseguro. Todo depende de la concepción de la que partan, la suya es equivocada, además de irresponsable y dañina para el país.

Los ciudadanos esperan de todos nosotros un esfuerzo compartido, no la confrontación, y menos, pantomimas parlamentarias como las que debemos sufrir cada semana.

LES RELACIONS ENTRE LA GENERALITAT I LA UNIÓ EUROPEA

2009-10-26T09:38:00.002+01:00

Una de les regulacions més importants que ha incorporat l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat l’any 2006 és tot el capítol referit a les relacions de la Generalitat amb la Unió Europea. Se’n parla poc, potser perquè és menys mediàtic que altres aspectes de la regulació estatutària, però la seva transcendència és enorme.

La nostra entrada a la Unió ha provocat que la legislació hagi hagut d’adaptar-se en molts sectors, però encara queda pendent l’adaptació de la pròpia Constitució espanyola (en el sentit que manca un esment explícit a la Unió) i tampoc no ho havien fet els Estatuts d’Autonomia de les diferents Comunitats Autònomes. Ara, amb els nous Estatuts i especialment pel que fa a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya hem pogut resoldre aquesta mancança.

En aquest sentit és important la distinció entre “política exterior o relacions internacionals”, competència exclusiva de l’Estat d’acord amb l’article 149.1.3 de la Constitució; i “política europea” en la mesura que la Unió ha passat a ser un centre de poder més, una instància administrativa amb institucions polítiques que creen normes d’obligat compliment i normes que formen part del nostre ordenament jurídic. En d’altres paraules, el dret europeu és dret intern, mentre que el dret internacional té una altra consideració.

Així, sembla que té sentit que les instàncies de poder que actuen sobre la ciutadania tinguin intercomunicació entre elles, de manera que les CCAA tinguin capacitat de relació amb les diferents institucions europees.

En una concepció federal, de pacte, d’acord, de diàleg permanent, d’exercici de radicalitat democràtica, ens ha de semblar pertinent que la Generalitat participi en l’acció davant de la Unió Europea.

Sembla adequat, per tant, que s’hagin dut a terme algunes coses previstes a l’Estatut com és la participació de membres del govern de la Generalitat en la representació permanent (la REPER) (article 187.3) o garantir que la Generalitat en l’àmbit de les seves competències apliqui el dret europeu (article 189.1).

En aquest sentit, és especialment important que en el marc de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat s’hagi creat ja la Subcomissió d’Afers europeus i acció exterior per tal d’anar desplegant tots els articles estatutaris referits a aquesta matèria (són els que van del 184 al 190 de l’Estatut). Estic segura que ambdues parts faran una feina excel·lent en aquesta subcomissió i permetran l’avenç en un àmbit tant rellevant com aquest.

LOS COLEGIOS PROFESIONALES EN LA LEY ÓMNIBUS

2009-09-20T13:48:00.002+02:00

Las llamadas Ley Paraguas (sobre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que transpone la Directiva europea de Servicios) y la Ley Ómnibus (de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley Paraguas sobre el libre acceso a las actividades y su ejercicio) forman parte del núcleo medular del proceso real de integración europea. Hemos visto después de muchos años que no es suficiente el reconocimiento de las 4 libertades de circulación de la Unión Europea, creando así un verdadero mercado único. Está siendo necesario que se plasmen en una regulación concreta para disfrutar de verdad de las libertades de circulación.

Hay que ser conscientes de que estamos en un momento importante de la integración y de la construcción de la Unión Europea, ya que confluyen 3 aspectos muy interrelacionados y de gran calado:

en el ámbito educativo-académico la convergencia europea de titulaciones (Proceso Bolonia).
el establecimiento de un marco europeo de cualificaciones profesionales, ya transpuesto en España.
y en relación al ejercicio profesional la actual transposición de la Directiva de Servicios.

Objetivos principales de la Directiva y por tanto del proyecto de Ley Ómnibus:

Cambio de la concepción en las relaciones entre Administraciones Públicas y ciudadanía:

o Menos paternalista
o Más dinamismo y liberta para particulares.
o Menos control previo.
o Más asunción de responsabilidad del ciudadano.

Búsqueda de la homologación entre Estados Miembros (ni que decir tiene que los de corte anglosajón lo tienen más fácil).
La liberalización y la potenciación de la competitividad de la UE (tener en cuenta que España tiene siempre un diferencia de inflación enorme respecto otros Estados Miembros, cosa que denota que algún problema tenemos. Está claro que la relación calidad–precio de algunos de nuestros servicios es peor que en el resto de Europa.
Cooperación interadministrativa. Simplificación de la administración y modernización de la misma. En España ya hemos avanzado mucho en esta dirección aprobando aspectos como; la ley de acceso electrónico, el plan de reducción de cargas, la agencia de evaluación de la calidad de los servicios…
Garantía y mejora de la calidad de los servicios para la ciudadanía de la UE. Que la calidad llegue a todos por igual. Sin calidad la UE no será fuerte ni ocupará el lugar de liderazgo que le corresponde en la economía mundial.

Establecidos los objetivos, se trata pues de adaptar nuestro ordenamiento jurídico para su consecución.
Uno de los aspectos que se aborda en esta Ley Ómnibus, modificadora de 47 leyes, es, efectivamente, algún aspecto muy puntual de los Colegios Profesionales.

Sabiendo, después de múltiples reuniones con diversos colegios profesionales, que compartimos los objetivos que he apuntado más arriba, de mejora de la competitividad, de modernización, de mejora de la calidad, tenemos que conseguir entre todos una regulación que nos conduzca a esta excelencia buscada y que claramente no tenemos.

Creo que sería muy negativos para todos que la discusión se redujera a:

- Colegiación obligatoria (sí, no)
- Visados (Sí, no)
- Baremos (Sí, no)

Sería pobre, reduccionista, simplificadora, de una realidad compleja, no abordar el problema de fondo.

De entrada, hay que decir que la situación de los Colegios Profesionales es muy desigual, pero creo que podemos compartir también que hoy no cumplimos los objetivos que tanto la directiva como la trasposición establece (y que, como ya he dicho, presuntamente compartimos).

A todos nos cuesta (al Gobierno y al grupo parlamentario que represento, pero también a ustedes) proponer cómo rompemos la espiral (de mediocridad) en la que estamos para dar un gran salto cualitativo.

Nosotros contamos con su apoyo (en esta tramitación y en la futura regulación de Colegios Profesionales).

Nos tenemos que enfrentar a nuevas realidades que quizás algunos colegios tal y como están ahora no serían capaces de afrontar como son:

hacer frente a la progresiva tecnificación que ha provocado nuevos profesionales.
el carácter multidisciplinar de casi todos los servicios.
la voluntad de ser un mercado único y bueno europeo.

Hay que dar respuesta a todo esto y para ello hace falta generosidad y capacidad de autocrítica.

Para finalizar quisiera trasladarles un mensaje de:

o Confianza en los Colegios y el nuevo rol que pueden jugar.

o Confianza en los profesionales que forman parte de estos colegios.

o Confianza en que podamos contar con ustedes para detectar aquello que no funciona.

o Confianza en que no tendremos miedos a los cambios necesarios, aunque siempre que se intenta cambiar algo es inevitable ser reticente.

Intervención en la Comisión para la Unión Europea

2009-09-16T13:25:00.003+02:00

Intervención referente a la Proposición no de Ley sobre Melilla, punto de encuentro de alianza de civilizaciones y de cooperación para la seguridad y el desarrollo, durante el semestre de la presidencia española de la unión europea.

"Quiero empezar destacando la oportunidad y lo adecuado que nos parece en el Grupo Parlamentario Socialista la presentación de la proposición no de ley por parte de Izquierda Unida. Tuve la oportunidad de conocer bien Melilla, conjuntamente con otros compañeros de esta Cámara —fuimos un grupo de diputados, en el marco de unas jornadas organizadas por el Partido Socialista, que se titulaban Comprometidos con Melilla— y pudimos conocer mucho mejor una realidad que ciertamente nos queda lejos geográficamente pero no así desde el punto de vista político ni desde el punto de vista del compromiso que sentimos con la ciudad autónoma de Melilla. Una de las cosas más palpables precisamente de este viaje —además, evidentemente, de las joyas arquitectónicas modernistas de las que goza la ciudad de Melilla— fue precisamente cómo la realidad de allí nos muestra una tierra que es encrucijada de culturas, de civilizaciones, de lenguas distintas, de tradiciones distintas, y cómo la convivencia con todas esas diferencias es posible. Sin duda, ya se ha dicho aquí, uno de los retos del siglo XXI va a ser la gestión de la complejidad, la gestión de la diferencia, la gestión de la diversidad. Intentar homogeneizar el mundo es y va a ser imposible, no solo porque no tengamos voluntad nosotros de que sea así, sino porque va a ser materialmente imposible. Además, a nosotros nos parece profundamente empobrecedor y conservador. Solo el miedo al diferente nos conduce precisamente a intentar combatirlo, a identificarlo como un problema, como un enemigo, y nos parece que ese enfoque es errático. En un mundo global como en el que estamos, la apuesta por el respeto a la diferencia es un elemento fundamental precisamente para evitar nuevos conflictos, pero no solo para eso sino también para resolver los conflictos existentes, enquistados. Y esta es la apuesta que hemos realizado desde el Gobierno.

La portavoz del Grupo Popular decía que, frente a las dificultades, la solución es el choque de las civilizaciones. Nuestro enfoque es distinto, completamente distinto. El choque de las civilizaciones es una posición determinista, es una posición de resignación. Hay diferencias, son irreconciliables, por tanto, inevitablemente vamos a un choque de civilizaciones. Nosotros pensamos todo lo contrario. Evidentemente, las diferencias y el poder convivir en esa diferencia no está exento de dificultades, pero apostamos por el diálogo, por la alianza, por el trabajo, por intentar construir elementos en común entre las civilizaciones. Desde esta concepción, el presidente del Gobierno lanzó en la anterior legislatura un concepto, que ya ha salido en el debate de hoy, que pretende precisamente poner las bases de relación entre los países, unas nuevas bases distintas: el concepto de la Alianza de Civilizaciones. Desde nuestro punto de vista, muchas son las organizaciones internacionales que han trabajado de hecho a lo largo de la historia en esta misma dirección —pensemos, por ejemplo, en Naciones Unidas o en la propia Unesco—, haciendo que el conocimiento cultural, que el conocimiento étnico, que el conocimiento religioso, lingüístico, ayudara precisamente al entendimiento mutuo, al respeto y a la paz entre los países y entre las civilizaciones. Con la propuesta del Gobierno de España de la Alianza de Civilizaciones no se proponía tan solo un mero diálogo entre las civilizaciones, sino un compromiso activo, esto es, una acción frente a la intolerancia, frente al radicalismo, frente al fundamentalismo, y, al mismo tiempo, una acción por el reconocimiento, por el respeto y el encuentro y la paz. Lo podríamos resumir en dos premisas fundamentales que de hecho pronunciamos poco en política y que en abstracto podríamos formular de la siguiente manera: por un lado, centrarse en las similitudes, en lo que compartimos, más que en las diferencias o en los conflictos, y, por otro, pensar en todo lo que podemos aprender del otro. Tener claro por tanto que es una relación bidireccional, no solo de aportación al otro para que el otro aprenda como sujeto pasivo, sino que nosotros también tenemos mucho que aprender y los otros por tanto tienen mucho que aportar. Así, la Ciudad Autónoma de Melilla, desde nuestro punto de vista, y por eso nos parece adecuada la proposición no de ley, puede representar muy bien estos valores de convivencia y de entendimiento. Geográficamente, la ciudad está en el continente africano, haciendo por tanto frontera con un país musulmán, como todos sabemos, con otras religiones, con otras costumbres, otras culturas, otras lenguas. El punto primero de la proposición no de ley nos parece adecuado puesto que es, de manera singular, una muy buena representación de la diversidad cultural mediterránea, como ya se ha dicho en esta Comisión. Respecto al segundo punto, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de modificación, ya que la redacción inicial nos parece poco viable. La referencia al Comité Político y de Seguridad, que es un organismo que depende del Consejo de la Unión Europea y del que es órgano preparatorio, de acuerdo con el reglamento del Consejo, debe reunirse imperativamente en Bruselas; por eso nos parece complicado que sea precisamente este comité, esta reunión, la que se traslade a Melilla. Además de esta argumentación jurídica, que desde nuestro punto de vista zanjaría la cuestión de alguna manera, no nos parece tampoco razonable plantear que el Comité Político y de Seguridad, por una cuestión operativa, logística, se traslade, teniendo en cuenta que se reúne al menos dos veces por semana, a una ciudad distinta a la de Bruselas. En cambio, parece que sí que podría ser pertinente apostar por hacer más presente a Melilla en la actividad de la Unión Europea y sobre todo que los países miembros tomen mayor conciencia de este territorio. Así, nuestra enmienda insta al Gobierno a que, durante la Presidencia europea, se trabaje para que Melilla sea punto de encuentro para la celebración de foros de debate o seminarios en el ámbito de la cooperación de la Unión Europea. La Presidencia española puede ser un buen momento, una oportunidad, para que la ciudad de Melilla se erija como un exponente claro de un territorio crisol, de encrucijada, de confluencia de civilizaciones y por tanto una buena muestra de convivencia.

Quiero finalmente hacer referencia a la enmienda del Grupo Popular. Si Izquierda Unida aceptara la enmienda del Grupo Popular, nosotros no tenemos inconveniente en continuar votando la proposición no de ley, pero no estamos de acuerdo con que la situación de Ceuta y de Melilla sea absolutamente idéntica. Es verdad que las dos ciudades se encuentran en territorio africano, es verdad que están más allá del Estrecho y eso las une, pero también es verdad que Melilla tiene una lejanía mucho mayor, tiene unos problemas de comunicación mucho más importantes y además tiene una aduana, cosa que hace que tenga unas características particulares; de ahí la intencionalidad política, nuestra apuesta política. Y por eso nos parece especialmente adecuada esta proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida, que centraríamos en la ciudad de Melilla. No tenemos inconveniente en seguir votando la proposición no de ley, si el grupo proponente aceptara la enmienda del Partido Popular, y desde luego, evidentemente, estamos dispuestos, y así lo haremos, a presentar nuevas iniciativas en esta Comisión, nuevas proposiciones no de ley, que incluyan a la ciudad de Ceuta, así como a apoyar aquellas iniciativas que vayan en esta misma dirección."

ESCOLA D’ESTIU JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA.

2009-08-13T10:36:00.001+02:00

Formació, compromís, convivència, diversió... tot això és el que vaig poder compartir amb les joventuts socialistes el dissabte 25 de juliol al vespre. Va ser un plaer.
Us penjo, a continuació, part de la intervenció afegint algunes coses que sorgiren en el transcurs de la taula amb la Lídia Santos.

I. ÉS POSSIBLE LA CONVIVÈNCIA EN SOCIETATS NO HOMOGÈNIES? SÍ, HO HA DE SER.

Em sembla especialment important començar plantejant aquesta pregunta, perquè crec que és el rovell de l’ou, l’element essencial que hem de tenir en compte quan parlem d’organització territorial d’un Estat.

En la pregunta he volgut ja incloure la resposta: per nosaltres, sí, és possible. Tot i que les realitats que ens envolten van en la direcció oposada: Kosovo, Macedònia, Montenegro, de la idea de la creació d’un Estat d’Israel laic i sionista al 1948 a exigir el reconeixement d’un Estat jueu Israelí, en gran mesura els moviments indigenistes a alguns països iberoamericans... deia, malgrat aquests exemples, crec que aquests casos no van en la bona direcció i cal, per tnt, construir en una altra direcció.

De fet, depenent de quina és la resposta veurem com aquesta ens condueix cap a una banda o cap una altra. Gràfic em sembla els termes que va usar la Lídia

ORTEGA Y GASSET: parlava de la “conllevancia” en el sentit que calia que ens toleréssim... no és certament el mateix que el que deia Azaña.

AZAÑA: parlava, en canvi, sobre el “reconeixement mutu” cosa que implicava una manera molt diferent de veure les coses, on hi juga l’interès per l’altre, l’aprenentatge de l’altre, etc... Nosaltres ens sentim més a prop d’aquesta concepció.

Apunto un concepte sobre el que tornaré més endavant, perquè crec que és la pedra angular sobre la que cal construir la resta: radicalitat democràtica. Els valors de la revolució francesa ens porten a haver d’afirmar que ha de ser possible aquesta convivència en societats complexes. Hem de concebre la democràcia com el millor sistema de gestió del pluralisme, amb els tres principis essencials de llibertat, igualtat i solidaritat.

Per això el concepte de Nació que s’instal·la en el que es coneix com a concepte orgànic de nació, quan la nació és excloent i pretén una majoria homogènia a la comunitat política, no admetent la competència ideològica, llavors, no és factible.

El concepte de nació que hem d’usar és aquell que permet la coexistència de diverses identitats, buscant la comoditat de cada individu i les seves identitats, quedant fora només aquells que no respectessin les llibertats i els drets. Aquesta nació inclusiva requereix una forma de govern, un model territorial que no és més que el federalisme. Per què?

FEDERALISME és el que millor respon a societats complexes (sense buscar la homogeneïtat).

FEDERALISME no només com a tècnica de descentralització, sinó com a filosofia política de pacte de convivència en la diferència que arrenca amb el REPUBLICANISME, on la persona, el ciutadà es situa al bell mig de les polítiques impulsades pels poders públics.

FEDERALISME com a reconeixement de la pluralitat d’identitats.

II. LA CULTURA FEDERAL A ESPANYA... I A CATALUNYA

Manca de praxis política federal que en el fons és manca de praxis democràtica: en el sentit de valorar la deliberació, la discussió, la negociació, la cessió, la renúncia. Cal pensar que no hi ha vencedors i vençuts perquè aquesta dinàmica és contrària precisament a una concepció democràtica.

ULL!! Quan parlem que manca cultura federal a Espanya, en manca encara més a Catalunya... tampoc Catalunya és homogènia, per tant, també hauríem de parlar a més de l’Espanya plural de la Catalunya plural o de l’Euskadi plural...

Algunes fal·làcies associades a la idea de federalisme que hauríem de combatre i que de fet van associades als nacionalismes que tant distorsionen la imatge, per exemple, de Catalunya:

1. No és un mecanisme de suma cero, sinó de suma positiva: no es tracta de lluitar per guanyar quelcom pensant que l’altre ho perdrà... no té perquè perdre ningú. Cal treballar per l’interès comú, no només pel propi.

2. No és un model que potenciï la desigualtat, sinó la diferència en el cas que es vulgui, cosa que és completament diferent. Així ho ha fet palès la jurisprudència del TC. En tot cas, les diferències entre les CCAA crec que no han de ser un objectiu en elles mateixes, sinó una conseqüència de l’exercici de les competències pròpies i com a conseqüència de l’aplicació de polítiques públiques diferents, millors, amb les que obtinguem millors resultats.

3. No és un model entremig cap a la independència. De fet va en la direcció contrària, en el mesura que no es volen construir elements comuns, un tot que uneixi. Això ens fa molt de mal, perquè perdem fiabilitat i credibilitat front la resta d’Espanya.

III. ELS REQUISITS FONAMENTALS PER TENIR UN ESTAT FEDERAL

1. Voluntat de les parts a constituir-se en un tot. L’Espanya democràtica, però, neix a la inversa, després de 40 anys d’una dictadura centralista. Aquest pecat d’origen és irresoluble, però no té perquè condicionar la resta del model.
2. Estat compost. Som sens dubte un estat compost, homologable a d’altres que hi ha al món.
3. Repartiment competencial. Establert pel bloc de constitucionalitat, això és, la Constitució i els Estatuts d’Autonomia.
4. Instància jurisdiccional que resolgui conflictes. És el nostre Tribunal Constitucional
5. Institucions comuns. Principalment caldria tenir un Senat que fos una autèntica cambra de representació territorial. Clarament és el requisit més deficient del nostre model constitucional. Hi hagut creació d’altres òrgans importants per fer possible aquesta cooperació com poden ser: Conferència de Presidents o Conferències sectorials.

IV. EL NOU FINANÇAMENT COM UN FINANÇAMENT FEDERAL PER ESPANYA

Aconsegueix un bon equilibri entre autonomia i igualtat.
Establiment de mecanismes d’anivellament.
Els ingressos per les CCAA procedeixen fonamentalment dels ingressos tributaris i no de les subvencions.
Introdueix un criteri explícit de solidaritat.

V. I ARA QUÈ?

Ara cal definir el perquè volem competències i el perquè volem diners per exercir aquestes competències: quin model de polítiques públiques volem? Quina política educativa? Quina política sanitària? Quina política universitària?

Les diferències respecte altres CCAA vindran de com exercim les competències, no dels reconeixements que es facin en lleis estatals.

VI. UNA PROPOSTA D’UN FEDERALISME PELS CIUTADANS

Com a pacte de convivència en la diferència (no generant fractura social)
Com element de proximitat (subsidiarietat, reconeixement de diferents centres de poder, municipalisme...)
Com a pacte de radicalitat democràtica entre els ciutadans (debat constant, llibertat, cerca de l’equitat, de l’equilibri i de la cohesió i la justícia social... el ciutadà en el centre, com deia al començament).

En definitiva, el federalisme té dues potes que no es poden separar:

Un vessant de la construcció del tot: amb lleialtat institucional (pensem que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya és la primera norma que incorpora aquest principi en una norma jurídica), amb una idea d’interès comú, amb l’aplicació de dos principis bàsics com són la cooperació i la solidaritat.

Un vessant de reconeixement de les parts: amb un autogovern fort (un cogovern) i alhora amb l’exigència de corresponsabilitat, amb respecte a la diversitat i la pluralitat, amb respecte, en definitiva, per la llibertat.

DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ISRAEL.INICIO DEL ÉXODO PALESTINO.

2009-07-28T10:00:00.004+02:00

No hay otra alternativa que empezar con un mensaje de esperanza y de compromiso con la paz en la zona, pero al mismo tiempo de urgencia. Llevamos demasiado tiempo con el conflicto y la desazón y el cansancio que genera en la comunidad internacional son preocupantes, pero el destrozo de generaciones enteras en ambas comunidades es irrecuperable.

Cuando oyes hablar de las 3 generaciones de refugiados palestinos que siguen siendo dependientes de la ayuda de instituciones como UNRWA (que sigue haciendo una labor encomiable), cuando ves las propias condiciones en las que viven los palestinos, o cuando ves los israelíes jóvenes (hombres y mujeres) armados en el autobús, conscientes de vivir en guerra, te das cuenta de que la situación es insostenible: pero no ya políticamente o geostratégicamente, sino humanamente.

Por ello, urge abrir un espacio para la política y para la diplomacia, para la razón y para el respeto a una legalidad que la Comunidad Internacional debe conseguir imponer con la misma contundencia a todas las partes.

Así, es urgente que se reactive el proceso de paz, pero más que hablar de proceso de paz habría que hablar ya de los pasos definitivos que hay que dar para llegar a un estadio de estabilidad de paz. Así, dejemos de hablar del “proceso” de paz, concepto que por su uso continuado ha sido vaciado de contenido y hablemos ya de cómo “alcanzar” la paz. Para ello hay que conseguir llegar a:

1. la existencia de dos estados democráticos: seguros y con fronteras estables y justas, con garantía de acceso de recursos básicos como el agua…
2. un marco de paz global, justa y duradera entre todos los países árabes e Israel a través de un diálogo político.
3. creación de un horizonte de respeto y de convivencia; de conciencia de pertenecer a una región y de ser capaces de involucrarse en ella (no como ahora que Israel parece que viva en una isla)
respeto absoluto a las resoluciones de Naciones Unidas y a la legalidad internacional.

Por otro lado, hay que hablar también de las circunstancias actuales. Si bien es cierto que no podemos volver a hablar tampoco de “ventana de oportunidad” no podemos negar que estamos ante una coyuntura que no podemos desaprovechar y que marca una diferencia sustancial respecto a escenarios anteriores: y es una administración norteamericana con una voluntad política clara de resolución del conflicto en la zona y de implicación y, sobre todo, con una legitimidad y una credibilidad frente a las dos partes que no se había dado hasta ahora.

La UE tiene que ser capaz de impulsar conjuntamente con EEUU esta esperanza: si en algún tema es imprescindible el multilateralismo es en este.; si en algún tema la UE debe configurar una posición común en política exterior es en este; si en algún tema hay que dejar de lado el tacticismo es en este.

Esta actuación urgente nos tiene que llevar a:

Defender juntos el relanzamiento de las negociaciones a diferentes bandas entre Israel y Palestina entre Israel y Siria, pero también con Líbano.

Para esto hacen falta medidas que den confianza a ambas partes como por ejemplo que

- se produzca la congelación de los asentamientos (aunque todos son contrarios al derecho internacional, tal como ha defendido Naciones Unidas) y que esta congelación o disminución de asentamientos progresivamente sea verificable de acuerdo con lo establecido en la hoja de ruta y de acuerdo con lo establecido por el propio Presidente Obama.

- Se produzca también el reconocimiento de la existencia de 2 Estados democráticos por parte de Netanyahu y aquellos sectores israelíes que todavía no están dispuestos a hacerlo.
Los países árabes den los pasos previstos en la hoja de ruta hacia la paz con Israel.

HABLEMOS DE GAZA (por su actualidad, por lo que podría tener de ejemplaridad)

En primer lugar, no puedo dejar de mostrar gran preocupación porque la situación no ha avanzado como hubiese sido deseable.

El Ministro Moratinos hablaba de la necesidad imperiosa de llegar a las 4 “erres” que me parece una manera muy gráfica de referirse a los puntos esenciales en los que hay que poner el énfasis:

- La reconstrucción (viviendas dignas, infraestructuras que garanticen la movilidad, infraestructuras educativas sanitarias…).
- La reapertura (hay que abrir la zanja) para que llegue la ayuda humanitaria.
- La reconciliación entre los palestinos. Está claro que el enfrentamiento entre ellos no les ayuda en nada.
- El retorno a la voluntad de alcanzar la paz lo antes posible, pero también (y esto seguramente es lo más importante) el retorno de los palestinos que siguen en el exilio, en la medida que son la potencial clase media de profesionales que podrían transformar el país.

En este sentido la resolución 1860 del Consejo de Seguridad recoge muy bien los objetivos que hay que perseguir, que no son otros que los ya remarcados: cese de fuego y violencia, retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza, asegurar el suministro y distribución de asistencia humanitaria, en definitiva, trabajar para una paz estable y duradera en la zona.

Tema de HAMAS: se presentó a las elecciones y ganó en unos comicios validados por la comunidad internacional que estuvo como observadora electoral. La campaña la gana hablando de cambio y sobre todo debido a la ocupación de Israel, pero sin pronunciarse sobre las cuestiones básicas que se le pedían.

A Hamas se le pide: reconocimiento de Israel; reconocimiento de los Acuerdos firmados ya por la OLP y la renuncia inmediata y absoluta de la violencia. Es después de haber ganado las elecciones que dice que no a todo, de manera que no practica una política continuista respecto a gobiernos anteriores y decide tirarlo todo por la borda.

Los propios palestinos se sienten engañados, ya que muchos moderados votaron a HAMAS pensando que iba a tener otra actitud cuando fuese partido de gobierno.

Principalmente en estos momentos lo que se le pide a Hamas es el reconocimiento de los acuerdos, pero ellos dicen que “respetan los acuerdos, pero que no los van a cumplir”… ¡¡¡esto no es aceptable!!! Entiendo que políticamente ellos sean reticentes a esta aceptación de los acuerdos, en la medida que fue lo que hizo precisamente la OLP y en ese momento empezó su propia decadencia… les da miedo que les pase lo mismo. Pero en cualquier caso, lo dicho: inaceptable.

Me parece especialmente importante destacar de nuevo: La división entre Gaza y Hamas; y Cisjordania y Fatah no tiene sentido, no conduce a nada, debilita la posición de Palestina y su credibilidad y viabilidad como Estado.

LA IMPORTANCIA DE SIRIA Y LÍBANO

Siria es sin duda una de las piezas clave en la zona, en la medida en que el conflicto con Israel tiene una base territorial muy fuerte (los Altos del Golán) y no tiene problemas de otro tipo, como refugiados, etc.

Sin duda, un acuerdo con Siria daría a la zona una estabilidad importantísima.

Para eso Siria tiene que dar un paso imprescindible: renunciar a la relación con Irán y Hizbollah.

Con respecto a Líbano, importante citar la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la necesaria aplicación constante de todo su contenido:

· Cesación del alto al fuego
· Respeto de la línea azul
· Desarme de todos los grupos armados del Líbano
· Ninguna venta de armas
· Determinar y hacer cumplir el claro mandato a la FPNUL

Es cierto que las partes incumplen en gran medida lo que la resolución indica, por lo que hay que hacer un mayor esfuerzo en esta dirección (por ejemplo, Israel sobrevuela el espacio aéreo libanés constantemente).

España está comprometida e implicada profundamente en esta cuestión en concreto. Han muerto 6 soldados españoles por dar cumplimiento a esta resolución y continuaremos presentes en la zona.

IRÁN

Por su tamaño, su envergadura y su influencia en los países árabes Irán es un país clave en la zona. Sin duda, su inestabilidad, ahora mayor que hace unos meses, y su actitud de reto permanente a occidente con el tema de las armas nucleares no ayuda.

Estoy segura que la resolución del conflicto árabe-israelí ayudaría a conseguir un alineamiento estratégico que frenara la proliferación nuclear. Muy al contrario de lo que muchos defienden o piensan.

CONCLUSIONES

Todos los conflictos de la zona están relacionados, pero el principal es el árabe-israelí: todo lo condiciona.

La región hay que concebirla como un espacio de vasos comunicantes en el que el conflicto palestino-israelí es un flujo continuo de inestabilidad que es utilizado de forma recurrente por las partes a la hora de justificar su no contribución a la paz como sujetos proactivos de la misma. Esto es aplicable a todas las partes, a los israelíes y a los árabes y palestinos. Precisamente la voluntad de ser proactivo ha de ser interpretada como un test de calidad a la hora de valorar y apreciar la sinceridad con la que se quiere contribuir definitivamente a la resolución del conflicto/s.

ASIGNATURAS PENDIENTES (o errores) DE PALESTINA
(Demostrar que son un Estado viable y que son capaces de articular institucionalmente un Estado democrático)

El incremento de la fuerza de los extremismos va en detrimento de avanzar hacia un escenario de paz.

La verdad es que el fracaso de los extremismos (pienso principalmente en HAMAS) se ha puesto de manifiesto de manera cruenta (igual que se pone de manifiesto en todo conflicto). Los extremismos no pueden entenderse con los otros y por eso mismo están condenados a no avanzar. La inflexibilidad en las posiciones y la legitimidad de la violencia, especialmente la que tiene un origen terrorista, nunca puede ser objeto de disculpa.

Palestina tiene unos lastres operativos que por el momento siguen pesando extraordinariamente, sobre todo en la desestructuración institucional de su comunidad y la ausencia de un tejido social propicio a soluciones no violentas (por ejemplo falta de una clase media más o menos consolidada con capacidad de interlocución y presencia públicas). Seguramente hay razones para que así sea, pero no quiero entrar ahora en ello…

También es cierto que los moderados, a su vez, fracasaron:

1. Fatah no supo renovarse y dar paso a generaciones más jóvenes y más cualificadas.
2. hubo corrupción en los asuntos públicos y una mala gestión de la propia imagen de la causa que defendían ante la comunidad internacional.
3. no hubo avance en el proceso de paz (Arafat se cerró en banda y en 1979 con los Acuerdos de Camp David de Israel con Egipto no se acaba de dar el paso definitivo), enrocándose en un papel de víctima –más o menos justificada- a la hora de tomar medidas que contribuyeran a andar en la dirección de la paz (aquí hay que recordar, por ejemplo, la seriedad de Anuar El-Sadat cuando afrontó personalmente su voluntad de llegar a los acuerdos de Camp David, reconociendo por primera vez por parte de un país árabe el Estado de Israel).

El peso de la religión que va en aumento, la desaparición de la idea de poder crear un Estado Palestino laico también nos aleja del objetivo deseado, puesto que es uno de los elementos esenciales, desde mi punto de vista, de todo Estado moderno.

Sin duda, la confrontación y la división entre HAMAS y FATAH en estos momentos no ayuda a Palestina y a sus ciudadanos. Esta incapacidad de diálogo y de colaboración entre ellos contribuye a poner en cuestión que la autoridad nacional palestina acabe convirtiéndose en un Estado viable.

ASIGNATURAS PENDIENTES (o errores) DE ISRAEL

La atomización de la sociedad israelí en los últimos tiempos y la dificultad de articular mayorías estables que sintonicen con una solución negociada que ponga fin al conflicto son problemas que empiezan a dañar la capacidad de interlocución real de Israel.

El Israel de hoy –especialmente su opinión pública y sus elites dirigentes- está cada vez más lejos del Israel de la fundación en 1948. Vivir bajo un escenario de permanente excepción y de tensión comienza a erosionar la fortaleza interlocutora del país como democracia homologable en términos absolutos con los países occidentales.

El creciente peso de los grupos ultraortodoxos y de los partidos que los organizan políticamente y la creciente debilidad de los partidos tradicionales (pensemos en el LIKUT y los LABORISTAS en su inicio), con rencillas internas que a veces son enfrentamientos de clanes, daña la imagen del Estado de Israel, laico y sionista, que nació el 15 de mayo de 1948. Esto es especialmente significativo debido a la pujanza de los emigrados provenientes de los antiguos países comunistas. Israel parece que está asumiendo una doctrina del “todo o nada” que impide soluciones de compromiso y negociación donde no puede haber vencedores o vencidos absolutos y todos tienen que hacer el esfuerzo de alcanzar acuerdos sobre la base de renuncias.

¿Hasta qué punto la democracia israelí es internamente lo suficientemente estable y homogénea en su articulación social como para, primero, alcanzar un acuerdo y, segundo, garantizar su cumplimiento duradero como sucedió, por ejemplo, en 1979 con los acuerdos de Camp David entre Begin y Sadat?

Además de la pérdida también de la idea de la laicidad del Estado (como decía, en 1948 se hablaba de la creación de un Estado laico y sionista y en estos momentos se reclama el reconocimiento de un Estado judío) desde mi punto de vista hay otro punto débil de Israel que hay que añadir y que tiene que ver con algo tan profundo y preocupante como es la vulneración de los derechos humanos:

Bloqueo de Gaza: no deja llegar la ayuda humanitaria, restricciones de agua y electricidad, generación de más pobreza, generación de tasas de paro altísimas….
Construcción del muro; establecimientos de controles que impiden la movilidad real de los palestinos, destrucción de infraestructuras, detenciones numerosas y constantes…
O los más de 1300 civiles muertos en Gaza.

Este estado de cosas provoca que la opinión pública occidental vea dificultades a la hora de considerar la democracia israelí como una democracia plenamente homologable de acuerdo con los principios y los valores que manejamos. De este modo se daña la imagen de Israel al sufrir un descrédito internacional. Es cierto que hay datos de enorme valor que pueden desandar esta tendencia, así, por ejemplo, la movilización que las ONG y la sociedad civil israelí sigue viva y activa; pienso en el gran trabajo que en este sentido han hecho y hacen la sección israelí de Amnistía Internacional, el Centro Legal para Derechos de las Minorías Árabes en Israel (Adalah), Planificadores de Derechos (Bimkom), Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados (B'tselem), Centro Legal para la Libertad de Movimiento (Gisha), Centro para la Defensa de las Personas (Hamoked), Médicos por los Derechos Humanos, Comité Público contra la Tortura en Israel y Voluntarios para los Derechos Humanos (Yesh Din) entre otros.

Aún así, tenemos que ser honestos con nosotros mismos: no podemos hacernos trampas. Por eso he querido remarcar cuestiones que quizás no nos gusta mucho oír, pero que es necesario explicitar, y es que tanto a Palestinos como a Israelíes, como a la Comunidad Internacional, nos queda trabajo que afrontar: hay problemas, debilidades, contradicciones, retos de futuro, en definitiva, de los que depende en gran medida llegar a una situación de paz estable en la zona.

Espero que seamos capaces de hacerlo juntos.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y FINANCIACIÓN LOCAL

2009-07-22T12:47:00.004+02:00

Llevamos muchos meses de negociación de ambos modelos de financiación y muchas comparecencias celebradas en el Congreso y en el Senado para hablar tanto de la financiación autonómica como de la financiación local. Todos sabemos que las negociaciones han ido avanzando, avanzando efectivamente, en paralelo, con ánimo de poder cerrar ambas esta legislatura.

Ahora se ha alcanzado el acuerdo en la financiación autonómica, y de ello nos alegramos, porque llevábamos mucho tiempo negociando, y se ha resuelto un tema muy complejo, porque supone una mejora para todos los ciudadanos, porque es un modelo más equitativo, más equilibrado y
que garantiza mejor la cohesión social de nuestros ciudadanos, aumentando la inversión en los servicios sociales de primer orden.

No por eso olvidamos la necesidad de seguir trabajando, ahora, para la financiación local. Respecto a las necesidades del municipalismo: El Gobierno y el grupo parlamentario socialista está comprometido con los Ayuntamientos, y esto lo saben los alcaldes, los concejales y los ciudadanos. Es un compromiso efectivo aportando recursos, no sustrayendo ingresos como hicieron los gobiernos del PP.

Es este Gobierno el que viene compensando a los Ayuntamientos por la pérdida de ingresos consecuencia de la supresión del IAE.

Es este Gobierno el que ha beneficiado a 3.376 municipios de menos 20.000 habitantes con un fondo de 40 M€ creado la anterior legislatura y que en 2009 se ha incrementado en 20 M€ más.

Es este Gobierno el que aprobó en 2006 los anticipos a cuenta.

Es este Gobierno el que ha creado un Fondo Estatal de Inversión Local por valor de 8.000 millones de euros, con el objetivo de estimular la inversión y crear empleo confiando en los Ayuntamientos. Un Fondo que, el año que viene, repetiremos con 5.000 millones de euros.

No podemos aceptar, por tanto, que otras fuerzas políticas nos hablen de compromiso con los ayuntamientos y de sus necesidades: cuando de ellos ha dependido nada han hecho.

Respecto al nuevo modelo de financiación local el Gobierno viene trabajando con la Federación Española de Municipios y Provincias en un nuevo sistema que avance en la suficiencia financiera de las Entidades Locales. En mayo de 2008 se creó una Comisión Política Bilateral AGE-FEMP para esta reforma.

En su seno, se creó una Comisión Técnica de cuyos trabajos resultó un documento en el que se ponían de manifiesto los temas que había que considerar y algunas de sus posibles soluciones. En este sentido, las últimas demandas de la FEMP en la reunión política que tuvo lugar el 26 de febrero pasado han tenido ya su respuesta por parte del Gobierno con medidas concretas y rotundas como las recogidas en el Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril.

El Vicepresidente Tercero y Ministro de Política Territorial y el Presidente de la FEMP han anunciado la próxima convocatoria de la Comisión Política Bilateral en la que se está negociando la reforma del sistema de financiación local, una reunión que se enmarca en la fase final de la negociación del nuevo modelo.

¿Qué se espera del resto de fuerzas políticas? Pues esperamos que estén a la altura de las circunstancias y sean capaces de trabajar, construir, acordar y apoyar un nuevo modelo de financiación que garanticen unos buenos servicios públicos a los ciudadanos. En definitiva, que les aflore el sentido de la responsabilidad.

No me cabe la menor duda de que así lo harán con la financiación autonómica las CCAA gobernadas por el PP y con la financiación local los Ayuntamientos gobernados por el PP, como ya lo han hecho con el Fondo de Inversión Local. Ahora solo hace falta que dejen de hacer demagogia política con el tema.

LAS TECNOLOGÍAS COMO FACTOR DINAMIZADOR DE LA ECONOMÍA

2009-07-01T10:12:00.006+02:00

La Proposición no de Ley que vemos en la comisión de economía apunta a uno de los problemas ya señalados en varias ocasiones por diversas instancias nacionales e internacionales, como son las dificultades de diverso tipo para la creación de empresas en España, incluyendo la constitución de sociedades. Se ha avanzado mucho en este sentido, aunque es cierto que queda un largo camino por recorrer.
El Gobierno consciente de ello y con la voluntad de cambiarlo ha creado en el marco del PLAN E y dentro de la Modernización de la economía un plan de empresas. Se ha constituido un grupo de trabajo que presentará una propuesta de reforma a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en breve, en el que estamos seguros de propondrán medidas que van en la misma dirección que esta iniciativa.
Hay que ser conscientes, de todas maneras, que los problemas económicos actuales no van a venir solucionados solo, ni mucho menos, por estas medidas que apuntamos en esta iniciativa, pero que duda cabe que agilizar y facilitar la creación de empresas sirve para dinamizar la economía, uno de los objetivos que compartimos desde el grupo socialista.
En este contexto, la PNL señala las dificultades para la inscripción de la sociedad en el registro mercantil, ya que este trámite exige previamente la comprobación que la denominación propuesta para la futura sociedad cumple los requisitos legales. Entre estos requisitos está la comprobación de que no coincide con la denominación de otra sociedad ya existente o de que no resulta contraria al ordenamiento.
Tal como sus señorías saben la valoración de si el nombre puede generar confusión o no, no es tan simple ni rápida, generando en muchas ocasiones incluso pleitos frente a los tribunales.
Sin duda, el uso de medios electrónicos es uno de los instrumentos cuyo potencial debe fomentarse con el objetivo de agilizar los trámites para la constitución de sociedades. Entre otras cosas, porque todo nuestro ordenamiento jurídico está cambiando en esta dirección, pensemos en la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos o en la trasposición de la directiva de servicios que actualmente está en tramitación en esta Cámara.
No obstante lo anterior, desde el grupo parlamentario socialista quisiéramos hacer las consideraciones siguientes sobre la redacción concreta de la proposición:
- Respecto al punto primero: El acortamiento de los plazos de expedición de los certificados puede requerir modificaciones adicionales en el funcionamiento del Registro Mercantil Central. Como saben es este Registro el único para toda España que realiza las certificaciones negativas. La media de respuesta actual es ya de 1 semana, pero está claro que se podría acortar más. Por ello, sería conveniente que la redacción de la proposición hiciera referencia a ello, en este sentido, hemos presentado una enmienda que busca el equilibrio entre la agilidad y la seguridad necesaria que todo sistema económico-empresarial exige.
- En el segundo punto nos ha parecido conveniente que en la misma dirección que la apuntada por la portavoz del grupo parlamentario popular, se cambiara ligeramente la redacción, incluso pienso que mejorándola. Así, se propone que se acepte la firma electrónica, en particular el DNI electrónico, como medio de acreditación de la identidad ante el Registro Mercantil, cosa que permitiría hacer los trámites a distancia, sin necesidad de personarse físicamente. Pensemos que actualmente ya hay más de 10 millones de personas que gozan de este DNI electrónico.
- En cuanto al tercer punto, que apunta al estímulo de la solicitud de nota previa informativa vía internet como medio para agilizar la certificación de denominación societaria, no resulta del todo claro el planteamiento que subyace a la proposición. Por ello, quizá, sería más clara y al mismo tiempo más ambiciosa una redacción que hiciera alusión a las vías telemáticas como instrumento de acceso a la información del Registro Mercantil (cosa que podría llevarnos incluso a que el Registro fuera público y accesible por cualquier persona que quisiera crear una empresa). Sin duda este paso ayudaría a agilizar el trámite que apuntábamos en el primer punto de la iniciativa, ya que el futro empresario conocería de antemano los registros existentes pudiendo ajustar su solicitud con conocimiento de causa.

LA LEY MARCO DE PRINCIPIOS GENERALES DE TRASPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS A DEBATE EN EL PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

2009-06-23T16:26:00.002+02:00

El proyecto de ley que debatimos hoy en el pleno supone un cambio de paradigma, un cambio de concepción de la relación que debe establecerse entre las AAPP y los ciudadanos.

De la regla general de exigencia de autorización previa para todo: por tanto, partiendo de una relación de desconfianza y de proteccionismo
Pasaremos definitivamente a un Estado que se fía de sus ciudadanos, porque los considera parte de él mismo, que les ofrece más libertad y les atribuye responsabilidades y que establece mecanismos de control, potenciando así la inspección posterior del cumplimiento de la ley.

Se establece, pues, una relación más democrática, propia de un Estado de derecho maduro: se da más poder, más libertad y más capacidad de acción a la ciudadanía al mismo tiempo que se le exige, también, una mayor responsabilidad.

Así, la relación entre el triángulo:
Aprobación de normas (por parte del Parlamento)
Cumplimiento de las normas (obligación que ahora recaerá en el ciudadano) y
Control de este cumplimiento (este es el papel reservado para la Administración)
Es una relación más equilibrada, donde la ciudadanía obtiene el protagonismo de uno de sus vértices.

La Administración deja de ser el centro sobre el que pivota toda acción, pasando a ser un instrumento al servicio de la ciudadanía. Es, pues, el ciudadano el centro de la economía y de su dinamización; y el Estado, instrumento favorecedor de esta actividad.

Señoras y señores diputados: hoy debatimos este proyecto de ley en el pleno de la cámara porque como país miembro de la UE se nos exige la trasposición de la directiva antes del 28 de diciembre, pero no solo por eso. Hoy debatimos este proyecto de ley, porque el gobierno y el grupo parlamentario socialista están convencidos de que el futuro de España pasa por la transformación de las AAPP como elemento potenciador de la actividad económica, la mejora de la productividad y como elemento primordial para garantizar la eficiencia y la eficacia de nuestra economía.

Prueba de ello son todas las iniciativas que en la misma dirección el gobierno socialista ha llevado a cabo durante las dos últimas legislaturas. Paradigmática es la ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos que proclamó por primera vez en nuestro país el derecho de los ciudadanos a comunicarse con las AAPP por medios electrónicos, lo que supuso la instauración de una nueva manera de entender las relaciones entre la sociedad y la administración. Se trata, como decía el Ministro Sevilla, de que la información y la documentación fluyan entre las Administraciones en vez de que sea el ciudadano el que vaya de ventanilla en ventanilla moviendo los papeles.

En la misma dirección debemos destacar también el Programa de mejora de la reglamentación, reducción de cargas y simplificación de los procedimientos que supone un avance en la modernización de las AAPP reduciendo los costes administrativos e incidiendo así en el aumento de la competitividad de las empresas. O la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios dando un paso en la consecución de la transparencia, la calidad y la eficiencia en la gestión de los servicios públicos.

Con todo ello, buscamos fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo, también, desde el sector público.

Señorías, el proceso de Modernización de España ha sido imparable durante los 30 años de democracia. Este proceso, permítanme que lo diga, ha estado caracterizado por dos elementos:

por un lado, hacer reformas estructurales, reformas profundas (como la que hoy traemos a debate). Muchas de ellas, así debemos reconocerlo, han venido de Europa, sin duda, un factor determinante para la modernización de un país que salía de 40 años de dictadura y de ausencia de libertades.
por otro lado, todas las reformas estructurales han tenido como hilo conductor la liberalización, la liberalización como factor de potenciación de la competencia, de potenciación y reconocimiento de derechos y libertades.

Este proyecto de ley, conocido como ley paraguas, es una primera fase de la trasposición de la directiva de servicios. Supone el marco general y el establecimiento de los principios básicos sobre los que deberemos desarrollar las futuras modificaciones del ordenamiento jurídico de adaptación a la normativa comunitaria. Así, este proyecto de ley, va a estar complementado por otro proyecto de ley llamado “ómnibus” que aborda las reformas sectoriales de 47 leyes estatales.

ENTRANDO EN EL CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.

Señorías, una de las bases sobre las que se sostiene la construcción de la Unión Europea son las 4 libertades ya aprobadas como tales en el Acta Única Europea de 1986: libertad de circulación de bienes, de capitales, de servicios y de personas. Este proyecto de ley que debatimos hoy aquí supone el avance y la plasmación de una de estas libertades fundamentales: la libertad de establecimiento y la libre prestación de los servicios con el objetivo de establecer un auténtico mercado interior.

El reconocimiento de esta libertad, en ningún caso, supone afectar a ningún otro derecho, ni derechos sociales, ni derecho de los trabajadores, ni derechos lingüísticos, ni derechos fundamentales. Éstos están ya regulados en otras normas de nuestro ordenamiento jurídico.

Para ser gráficos en lo que va a significar esta nueva regulación: si una norma establece que para abrir un taller de reparación de coches debo cumplir medidas sobre recogida del aceite o sobre el tratamiento de residuos tóxicos, ¿por qué hay que dar una licencia que diga que efectivamente se cumplen estas normas? El ciudadano conoce la ley y, por tanto, la debe cumplir. Aquí no hay autorregulación, la regulación existe y todos sabemos que debemos cumplirla. Además, hay después un control posterior por parte de la Administración que nos da seguridad.

Ahora bien, para esto, será necesario que todas las AAPP, las empresas, las organizaciones de consumidores y usuarios trabajemos conjuntamente haciendo un esfuerzo enorme de sistematización, de transparencia y de garantías de lo que se debe cumplir. Sólo así seremos capaces de crear un marco de seguridad que realmente potencie la actividad económica.

En paralelo, hay un eje clave que hay que abordar en serio: la modernización de las AAPP; esto es, simplificación de procedimientos, posibilidad de realizar todos los trámites electrónicamente o eliminación de trabas y barreras procedimentales. Como ya he comentado, tenemos buenos ejemplos en España de medidas en marcha como la red 060 y la creación en el Ministerio de industria de los Puntos de asesoramiento e inicio de tramitación (los llamados PAIT).

Asimismo, para alcanzar el objetivo de potenciación de la economía se suprimen los regímenes de autorización previa y también se suprimen los procedimientos y formalidades onerosos, que obstaculizan la libertad de establecimiento y la creación de nuevas empresas de servicios.

Esta ley va a suponer una pieza clave en pro de la lealtad institucional y la COOPERACIÓN interadministrativa. En primer lugar, una cooperación entre todos los Estados miembros que favorezca la mejora de la calidad de los servicios y la simplificación administrativa, pero también, en segundo lugar, una estrecha cooperación entre las Administraciones españolas. En la medida en que habrá una Administración (una ventanilla única electrónica o de acceso a distancia) responsable frente al ciudadano, más que nunca tendrá que haber un trabajo de colaboración estrecha puertas adentro, una relación de confianza entre AAPP con vocación de servicio.

Finalmente, el proyecto de ley se ocupa de garantizar la calidad de los servicios, comprometiéndose a elaborar políticas que garanticen esta calidad.

SOBRE LAS ENMIENDAS A LA TOTALIDAD PRESENTADAS POR IU Y BNG

Desde el grupo parlamentario socialista pensamos que las enmiendas a la totalidad presentadas no suponen un rechazo de plano de la iniciativa legislativa. No estamos ante la trasposición de la Directiva de Servicios Bolkestien neoliberal, sino ante una trasposición de una directiva Gebhardt socialdemócrata y liberal, que sufrió muchos cambios en la tramitación del Parlamento Europeo gracias al grupo socialista, potenciando la competitividad, pero al mismo tiempo la cohesión social, introduciendo elementos de protección del consumidor, excluyendo varios sectores como el derecho laboral, o eliminando el principio del país de origen. No hay desregulación, sino mejora de la regulación.

Asimismo, tampoco creemos que presentar este proyecto de ley como norma que invade competencias de las CCAA sea ajustado a la realidad. De hecho, las afirmaciones que se recogen son una presunción, casi un prejuicio político diría, a no ser que pensemos que la Unión Europea está invadiendo competencias, debate que escapa a esta intervención.

Por el contrario, se ha sido especialmente riguroso en el establecimiento de las bases, y el proyecto de ley no impide en absoluto que cada administración haga la correspondiente trasposición de acuerdo con sus propias competencias.

Pensamos, por todo lo dicho, que en estas enmiendas a la totalidad que hoy debatimos se plantean temas concretos que seguro pueden ser reconducidos en el trámite de enmiendas parciales.

Para finalizar, desde el grupo parlamentario socialista queremos aprovechar este trámite para:

en primer lugar, expresar nuestra satisfacción con la llegada de este proyecto de ley a la cámara por su contenido ambicioso, las ventajas que inspiran sus principios, que vienen entre otras cosas a reforzar el mercado comunitario, mejorar la productividad, el crecimiento y la competitividad, reducir las cargas administrativas, impulsar la modernización de las administraciones públicas o garantizar una mejor protección de los derechos de los consumidores y usuarios de servicios.
en segundo lugar, mostrar la satisfacción de estar construyendo Europa, una Europa que ha sido capaz de ponerse de acuerdo y que está dispuesta a armonizar sus respectivas legislaciones en esta materia, a cooperar y a colaborar a favor del ciudadano.
en tercer lugar, me gustaría que este trámite sirviera para poner las bases de inicio del trabajo parlamentario, de un proceso legislativo a la búsqueda del máximo consenso entre todos los grupos de la cámara.
y finalmente, para afirmar que estamos seguros de que con el trabajo conjunto y a la luz de todas las enmiendas presentadas, mejoraremos el texto.

Solo me gustaría pedirles a todos los grupos de la cámara que en esta tramitación aparquemos los miedos: el miedo al cambio, el miedo a la libertad y el miedo a la asunción de responsabilidad.

Muchas gracias.

MELILLA: TIERRA DE ALIANZA DE CIVILIZACIONES

2009-06-17T16:35:00.002+02:00

(Intervención en la Comisión mixta para la Unión Europea 16/06/2009)

El grupo parlamentario socialista considera esta proposición no de ley especialmente oportuna y adecuada.

Tuve oportunidad de conocer bien Melilla en un viaje que hicimos un grupo de diputados del Congreso para acercar así la Península a Melilla. Fuimos en el marco de unas jornadas organizadas por el Partido Socialista llamadas “Comprometidos con Melilla” para conocer mejor una realidad que nos queda lejos geográficamente, pero no políticamente y no en cuanto al compromiso que los socialistas sentimos con la ciudad. Dionisio Muñoz, el secretario general del PSOE allí nos permitió conocer, dialogar y aprender de los ciudadanos melillenses.

Una de las cosas más palpables del viaje fue −además de las joyas arquitectónicas modernistas que hay diseminadas por toda la ciudad− precisamente como la realidad de allí nos muestra una tierra que es encrucijada de culturas, de civilizaciones, de lenguas, de tradiciones… y cómo la convivencia con toda esa riqueza y diversidad es posible.

Sin duda, uno de los retos del siglo XXI va a ser la gestión de la complejidad, la gestión de la diversidad, la gestión de la diferencia. Intentar homogeneizar el mundo es y va a ser imposible. Pero es que además de imposible, empobrecedor, conservador y poco ambicioso. Solo el miedo al diferente nos conduce a intentar combatirlo, a identificarlo como un problema, como un enemigo. Y ese no es el camino, porque es un camino sin salida.

En un mundo global como en el que estamos la apuesta por el respeto a la diferencia es un elemento fundamental, para evitar conflictos, pero también para resolver conflictos existentes enquistados. Y esta es la apuesta que hemos realizado desde el gobierno. Frente al choque de civilizaciones, que supone una actitud determinista y de resignación frente a las dificultades, apostamos por el entendimiento, apostamos por el diálogo y la alianza.

Desde esta concepción el Presidente del gobierno lanzó ya la anterior legislatura un concepto que pretende poner las bases relacionales entre los países: el concepto de la Alianza de Civilizaciones. Desde nuestro punto de vista muchas son las organizaciones internacionales que han estado trabajando en esa dirección durante décadas (pensemos en la propia Naciones Unidas o la UNESCO) haciendo que el conocimiento cultural, étnico, lingüístico, religioso ayudara al entendimiento mutuo, al respeto y a la paz.

Con la propuesta del gobierno de España de la Alianza de Civilizaciones, no se proponía tan solo un mero diálogo entre civilizaciones, sino un compromiso activo. Esto es, una acción frente a la intolerancia, el radicalismo o el fundamentalismo y al mismo tiempo una acción también por el reconocimiento, el respeto, el encuentro y la paz.

Lo podríamos resumir en dos premisas fundamentales que pronunciamos poco y que en abstracto podríamos formular de la siguiente manera:

1. debemos centrarnos en las similitudes, en lo que compartimos, más que en las diferencias o los conflictos (por ejemplo, todas las religiones tienen en común grandes conceptos: el amor al prójimo, la misericordia, la justicia…).

2. debemos pensar en todo lo que podemos aprender del otro (tener claro que es una relación bidireccional) y, al mismo tiempo, qué es lo que nos gustaría que el otro aprendiera de nosotros.

En este sentido, hay unos temas que debemos trabajar con absoluta prioridad:

Educación: el conocimiento del otro, el tener instrumentos intelectuales para enfrentarse a cualquier análisis, es imprescindible. La potencialidad de un país depende directamente de la formación que alcancen sus ciudadanos.
Juventud: es la franja poblacional por la que hay que apostar. Es importante que tengan posibilidad de formarse bien, pero al mismo tiempo, de viajar y de conocer. El intercambio y el poder construir relaciones personales con gente de otras sociedades será fundamental para la futura construcción de un diálogo fluido entre civilizaciones.
Religiones: debemos ser capaces de identificar acciones concretas que podamos desarrollar de forma común para construir en colaboración una seguridad compartida. La aportación espiritual, moral y social de las religiones, tal como hemos comentado, pueden tener mucho en común.
Medios de comunicación: son un instrumento primordial para fomentar el conocimiento mutuo de las distintas religiones, culturas y sociedades en general. Puede contribuir a hacer desaparecer las divisiones o las confrontaciones. Las nuevas tecnologías sin duda pueden contribuir también a un mayor entendimiento intercultural. Aun así, no olvidemos que también los medios pueden contribuir a todo lo contrario, reforzando estereotipos y dividiendo todavía más a las sociedades. Debemos trabajar para que esto último no ocurra.

Así, la ciudad autónoma de Melilla puede representar muy bien estos valores de convivencia y de entendimiento. Geográficamente la ciudad está en el continente africano, haciendo frontera con un país musulmán, con otra religión por tanto, otras costumbres, otra cultura, otras lenguas.

En este sentido, el punto primero de la iniciativa parlamentaria nos parece adecuado, puesto que es de manera singular una muy buena representación de la diversidad cultural mediterránea.

Respecto al segundo punto el grupo parlamentario socialista ha presentado una enmienda de modificación, ya que el redactado inicial no parece viable.

Nos parece pertinente apostar por hacer más presente a Melilla en la actividad de la Unión Europea. Por ello instamos al gobierno a que durante la presidencia europea se trabaje para que Melilla sea punto de encuentro para la celebración de foros de debate o seminarios en el ámbito de la cooperación de la UE.

2009-06-04T09:11:00.002+02:00

PER UNA EUROPA SOCIAL, REFERENT DE L’ESTAT DEL BENESTAR

Ens trobem en un moment cabdal, PLE DE REPTES I PLE D’OPORTUNITATS. Aquests reptes en la seva major part són globals i per això cal articular també una ACCIÓ global, coordinada entre tots els nivells d’administracions, especialment amb la Unió Europea, si no, no farem res de res.

Hem de treballar perquè EUROPA NO SIGUI DÈBIL, i per contra, que s’erigeixi com un dels actors principals al món. Per això és important que els valors i principis socialdemòcrates siguin majoritaris a les seves institucions, perquè només així podrem treballar de debò pels ciutadans. Per això es fa imprescindible que:

Europa sigui governada pels que creiem en els poder públics (ara més que mai els ciutadans demanen respostes als poders públics). Segur que som imperfectes, però la immensa majoria treballem per l’interès general, pensant que cada decisió que prenem beneficiï al màxim de gent possible. El poder desaforat d’alguns sectors privats, recolzats per la dreta, ens han conduït on som.

Europa sigui governada pels que creiem en Europa, en l’acció conjunta i no merament individualista, perquè només units tindrem una sola veu que pugui ser escoltada per la resta del món: parlar amb els EEUU d’igual a igual, ara amb una administració Obama sensible al multilateralisme i a l’estat del benestar, i parlar al mateix temps amb altres actors internacionals com la Xina, la India, Rússia, amb els que ens haurem d’entendre.

Aquesta Europa unida es pot construir des del Partit Socialista Europeu, perquè som europeistes i internacionalistes, perquè treballem pel diàleg cultural (bon exemple d’això es l’Aliança de Civilitzacions) i perquè compartim plegats una manera d’entendre el món.

Europa sigui governada pels que no tenim por als canvis i potenciem sempre les regulacions que potencien nous models foragitant aquells que s’han demostrat fallits. Cal impulsar també des d’Europa, una economia sostenible, que acabi amb l’especulació i l’enriquiment d’uns pocs. Per això voldria oferir-vos algunes de les coses per les que treballarem tots els socialistes plegats a partir del 7 de juny i des del Parlament Europeu:

a) Un nou model financer i econòmic, més regulat, més transparent i més sòlid. Prioritzant la lluita contra el frau fiscal i fent desaparèixer els paradisos fiscals. Per aquest canvi de model serà cabdal abordar tres àmbits amb absoluta prioritat: les infraestructures (apostar per una política energètica comú i per unes millors comunicacions tecnològiques i logístiques); l’educació (hem d’acabar amb el fracàs escolar i potenciar la formació continua al llarg de la vida. Hem de dignificar la formació professional. I sobretot, cal prendre consciència que els joves del nostre país han d’estar ben preparats perquè actuen en un mercat global); innovació, desenvolupament, creativitat (només apostant per la recerca serem competitius).
b) Pacte Social Europeu de Progrés per tal de fixar estàndards educatius, sanitaris, socials i d’accés als serveis públics. Potenciar també la negociació col·lectiva en l’àmbit europeu. Fer que els drets dels treballadors siguin garantits arreu i sobretot que la igualtat entre home i dona en el món laboral sigui radical.
c) Potenciar l’aprovació d’una Directiva sobre els Drets en serveis sanitaris
d) Ampliar el Programa Erasmus per tal que també s’estengui a l’àmbit de la Formació Professional. Val la pena destacar aquí el projecte pioner que ha dut a terme l’Ajuntament de Barcelona en els darrers dies.
e) Proposar una estratègia de la UE sobre drets de la Infància
f) Enfortir el Pacte Europeu de la Joventut

Hi ha molts més temes pels que caldrà treballar dur els propers anys des del Parlament Europeu. Tots ells necessiten d’una visió progressista, d’uns valors i principis que prioritzin l’estat del benestar en benefici dels ciutadans que ha caracteritzat Europa fins ara. Europa no pot deixar de ser un model referent per la immensa majoria de països en vies de desenvolupament. Hem de ser capaços de demostrar-nos a nosaltres mateixos i a aquells que ens miren que el model social que hem impulsat és l’únic viable i és pel que val la pena seguir lluitant.

Anar a votar el 7 de juny per l’opció del socialisme és dir:

sí al sector públic davant d’un sector privat desbocat,
sí a les institucions de la Unió Europea, perquè creiem en polítiques globals pels reptes de futur i
sí a un canvi de model econòmic sostenible per fer que aquest respongui a les necessitats de la majoria, no a la cobdícia d’uns pocs.

2009-05-29T11:05:00.004+02:00

DERECHOS HUMANOS SIEMPRE

Esta vez quiero compartir con vosotros la intervención que hice en la Comisión de Política Exterior del Congreso de los Diputados a raíz de una iniciativa parlamentaria sobre el programa nuclear de Irán que fue aprobada unánimemente. En ella se planteaba la necesidad de que Irán se comprometa a colaborar con la comunidad internacional y, en especial, con el Organismo Internacional de la Energía Atómica, en todo lo relativo a la información sobre el uso exclusivamente pacífico de su programa nuclear. Estamos de acuerdo.

De todas maneras, me pareció adecuado que el Parlamento no sólo se pronunciara sobre la amenaza que podría suponer un Irán nuclearizado en la desestabilización del equilibrio estratégico de Oriente Medio o la obligación que tiene esta República Islámica en el cumplimiento del Tratado Internacional de No proliferación, sino sobre todo, que pusiéramos énfasis en la necesidad de exigir a todo país el respeto absoluto y escrupuloso de los Derechos Humanos. En este sentido, la enmienda del grupo parlamentario socialista aborda particularmente la preocupación por todos los menores de edad, mujeres y homosexuales que todavía ahora son asesinados por la aplicación de la pena de muerte en ese país. Los últimos acontecimientos exigía que nos pronunciáramos con cierta contundencia al respecto.

Os adjunto, pues, toda la intervención.

INTERVENCIÓN PNL de UPN sobre PROGRAMA NUCLEAR
Comisión de Exteriores, miércoles 25 de mayo de 2009

El Ministro Moratinos en su comparecencia de 22 de mayo de 2008 manifestó que urgía articular una propuesta diplomática para establecer una relación de nuevo cuño con Irán, cuyo papel es esencial en el proyecto de estabilización de la región.

Esta nueva relación entre Irán y la comunidad internacional (solo posible cuando se recupere la confianza en el carácter exclusivamente pacífico del programa nuclear iraní) deberá fundamentarse en los intereses compartidos de paz, seguridad, estabilidad y prosperidad de toda la región.

Desde el grupo parlamentario socialista compartimos y defendemos esta visión.

Ha habido aproximaciones distintas desde la confrontación y la dialéctica de amigo-enemigo (pensemos en la expresión del “eje del mal” introducida por el Presidente Bush, donde si incluía a Irán, además de Irak y Corea del Norte).

Esta estrategia no ha servido de mucho. Al contrario: la influencia regional de Irán se ha incrementado en los últimos tiempos sustancialmente en el área, es cierto, pero fundamentándose en su oposición contundente a la política estadounidense (todos sabemos que tener un enemigo común une mucho, y ese ha sido el caso).

Así, el aislamiento, las intimidaciones o las descalificaciones no han conducido a la mejora de situaciones internacionales delicadas, Irán es un buen ejemplo, no el único.

El nuevo presidente Obama parece que introduce una diferencia sustancial declarando su voluntad de mantener una relación con Irán basada en el diálogo. Seguro que esta es una oportunidad para avanzar en la misma dirección con el trabajo realizado hasta ahora por Europa.

Sin duda, Irán, preocupa a la comunidad internacional en asuntos estratégicos de primer orden:

terrorismo internacional.
proliferación nuclear.
seguridad energética.
respeto de los derechos humanos.

Esta PNL se centra en uno de estos puntos: el programa nuclear de Irán.

El avance acelerado de Irán en su programa nuclear y el anuncio a mediados de abril de 2009 del dominio del ciclo completo del combustible nuclear precipitó los movimientos de la comunidad internacional, cosa que supone la materialización de manera efectiva de ese cambio de postura de EEUU hacia Irán.

En este sentido es importante que se trabaje conjuntamente, teniendo una aproximación multilateral.

Irán es firmante del Tratado de NO proliferación y está obligado, por tanto, a cumplirlo. Al mismo tiempo, defiende su derecho de enriquecer uranio para propósitos civiles (proceso que parece además que ya ha concluido) y en eso está en lo cierto. Así, la conjunción del deber de establecer límites claros en su programa de enriquecimiento de uranio y al mismo tiempo el derecho de enriquecerlo debe ser la base sobre la que parta la negociación.

De esta manera, la estrategia que la troika europea (Alemania, Francia y Gran Bretaña) ha practicado: aplicar sanciones para convencer a Irán que cambiase de rumbo y, en paralelo, practicar el diálogo para conseguir las negociaciones completas si los iraníes suspendían o limitaban sus actividades relacionadas con el enriquecimiento, tiene que ser la base para el trabajo conjunto y de futuro de Unión Europea, Estados Unidos, China y Rusia. Pensemos todas la resoluciones que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado hasta la fecha: 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 y 1835 (2008) o en los informes adoptados en el marco del Organismo Internacional de Energía Atómica. España apoya plenamente todas esta resoluciones e informes.

La propuesta conjunta que seamos capaces de articular como comunidad internacional será más creíble y de mayor legitimación, por lo que sus probabilidades de éxito también serán mayores en un futuro. Seguro que de lo hecho con Corea del Norte podemos aprender mucho.

El grupo socialista ha querido aprovechar también esta oportunidad para volver a hablar de otro de los problemas fundamentales en Irán (y desgraciadamente se da en muchos otros países): la vulneración de los derechos humanos. Muy concretamente y dados los últimos acontecimientos, quiero destacar nuestra más firme condena a la aplicación de penas de muerte a menores de edad así como a las lapidaciones que todavía hoy padecen tantas mujeres iraníes.

En este sentido, hemos presentado una enmienda de adición para añadir un párrafo sobre este tema. El diálogo con el gobierno iraní, por tanto, sí, pero la connivencia o la laxidad en materia de derechos humanos no.

Finalmente, quiero acabar diciendo que este grupo parlamentario dará apoyo a esta iniciativa que además valoramos muy oportuna y por ello me gustaría felicitar al portavoz del grupo mixto, Sr. Salvador.

DEBAT DE L’ESTAT DE LA NACIÓ: DIAGNÓSTIC CLAR, PROPOSTES CONSTRUCTIVES I COMPROMESES AMB LA CIUTADANIA

2009-05-18T09:46:00.003+02:00

Alguns s’aproximen a la política des del tacticisme, amb uns objectius: desgastar al govern (per a la qual cosa quan pitjor vagin les coses millor) i intentar fer perdre alguna votació al grup parlamentari socialista per sortir a corra cuita a fer declaracions als mitjans per dir: veieu què sols estan?. És igual el que he acabat votant i si és coherent amb el que he defensat alguna vegada, el cas és aprofitar l’oportunitat.

Amb tot, el que personalment vaig trobar més divertit del debat de l’Estat de la Nació, van ser les justificacions de manca de temps per presentar propostes que reiteradament va argüir el Sr. Rajoy. No sé, em va abocar als alumnes que en un examen deixen pel final la pregunta que no se saben i posen una nota al professor: “ho sento, no tenia temps de desenvolupar aquesta resposta”. És tendre, però inequívoc el perquè del buit.

D’altres s’aproximen a la política des de la responsabilitat i l’anàlisi. Un dels principals problemes que té Espanya i que s’ha posat de manifest en aquest moment de crisi econòmico-financera és la poca estabilitat en l’ocupació: en 15 mesos hem passat d’una taxa d’atur del 8% a una de més del 17%. És clar, per tant, que hi ha un problema estructural, més enllà del conjuntural. Ens cal un nou model de creixement econòmic, allunyat de la construcció i posant èmfasi en la producció d’energies renovables i la utilització més àmplia de les tecnologies de la informació, per retornar així a un creixement sostenible.

Hi ha unes bases importants que s’estan construint des de 2004 tot prioritzant inversions en determinats sectors a la recerca d’aquest objectiu: multiplicar per dos els recursos en matèria educativa; multiplicar per tres els recursos destinats a I+D+i; i destinar més de 6.300 milions d’euros a promoure les energies renovables són tres bons exemples.

Així, més enllà de les mesures immediates, que sens dubte també calen, per generar ocupació de manera accelerada: fons estatal d’inversió local, ajuts directes per a la compra d’automòbils, pla VIVE... també cal treballar per un horitzó de futur del nostre país que suposin un autèntic canvi de paradigma del nostre sistema econòmic: promoure la llei de lliure accés i exercici de les activitats de serveis; un pla per a la creació d’empreses en 24 hores; la reforma dels organismes reguladors sectorials; un sistema fiscal que afavoreixi el lloguer i no la compra d’habitatges, inversió en noves tecnologies, una economia sostenible, en definitiva urgeix.

Per a la posada en marxa de cadascuna de les mesures que el govern anuncia els ulls els tenim clavats en els ciutadans. Tot l’esforç serà per pal·liar els efectes immediats de la crisi i, en paral·lel, per construir un sistema més garant a llarg termini.

UN NUEVO RUMBO PARA EUROPA: LAS PERSONAS PRIMERO

2009-05-08T09:01:00.000+02:00

Este es el lema de nuestra precampaña para las elecciones al Parlamento Europeo. Dibuja un punto de inflexión en la concepción que hasta hora se ha tenido de Europa y que urge cambiar: no se trata de hablar (más) de Europa como un ente abstracto, o de ser europeísta, sino de pensar en Europa como otra instancia más de poder que cada día decide cosas sobre nuestra cotidianidad, por lo que la correlación de fuerzas y las mayorías en el Parlamento Europeo son tan importantes como en cualquier otro legislativo.

Hasta ahora se trataba de construir unas instituciones con el máximo de consenso posible, con poca confrontación, pero cada vez más se perfilan las diferencias entre grupos políticos de izquierdas y de derechas, por lo que no es lo mismo una Europa u otra. Se trata de trabajar para Europa, sí, pero para la Europa que queremos, no para cualquiera.

El Partido Socialista Europeo, por poner algunos ejemplos, defiende la integridad de los servicios públicos, para ofrecer así, calidad al alcance de todos los ciudadanos. Asimismo se ha manifestado en contra de la directiva de las 65 horas de trabajo consiguiendo que la propuesta no siga adelante. Sin duda, el modelo energético, las políticas sanitarias o la apuesta por el transporte ferroviario que defendemos no son tampoco iguales que las posiciones sostenidas por el Partido Popular Europeo.

Se trata, pues, como en todos los comicios, de elegir entre unas ideas políticas u otras, un programa electoral y las políticas públicas que en éste se defienden. Se trata, de votar por unas personas que van a pertenecer a su grupo político europeo y que conjuntamente con el resto de parlamentarios elegidos en otros países defenderán normas de contenido progresista o conservador.

Cada vez es más palpable el alcance mundial de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Paradigmática es la crisis económico-financiera que vivimos, por lo que la necesidad de aunar esfuerzos y de construir estrategias comunes para enfrentarnos a retos globales es imprescindible. Las respuestas europeas al paro, a la política económica, industrial o a los retos sociales no van a ser las mismas si la mayoría del Parlamento Europeo es socialista o popular. Como ciudadanos tenemos esa responsabilidad y no podemos ser indiferentes a ello.

Intervención sobre las medidas qe va a adoptar el Gobierno para ayudar a las Administraciones Públicas a reducir los problemas de morosidad

2009-03-31T13:52:00.001+02:00

“Señorías, uno de los principales problemas de la economía en estos momentos es el mantenimiento y la potenciación de nuestro tejido empresarial. Para ello el Gobierno ha puesto en marcha distintas medidas: la creación de liquidez mediante líneas de préstamos del ICO en buenas condiciones, con 37.900 millones de euros disponibles para 2009; la concesión desde la Agencia Tributaria de aplazamientos de 2008 a 2009 por importe de unos 1.200 millones de euros, y en lo que va de año hemos diferido de 2009 a 2010 otros 1.200 millones de euros; la puesta en marcha de la devolución mensual del IVA, lo que supone a estas alturas del año la devolución de 760 millones de euros que en otras circunstancias no hubiesen recibido las empresas hasta 2010. Así, la financiación y la liquidez de las empresas y en especial de los autónomos es una preocupación clara de este Gobierno y de este grupo parlamentario.

En paralelo a este problema hay otra cuestión, que es la financiación de los entes locales. Sobre el diseño de un nuevo modelo de financiación local está habiendo una negociación intensa entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias que estamos convencidos de que llegará a buen puerto. Además, el Gobierno socialista abrió en 2007 un fondo especial para municipios de menos de 20.000 habitantes, procediendo este año al adelanto de los pagos, lo que supone una cuantía de 60 millones de euros, un 50 por ciento superior a la cuantía del año anterior; ha procedido también al adelanto de los pagos de la liquidación correspondiente a 2007 para los municipios con población inferior a 75.000 habitantes, aportando una liquidez de 470 millones de euros, y aprobó, por cierto sin el apoyo del Grupo Popular, el Fondo estatal de inversión local de 8.000 millones de euros para la activación económica y el fomento del empleo, la mayor inversión en las corporaciones locales que se ha hecho en treinta años de democracia. De esta manera, la suficiencia financiera de las corporaciones locales ha sido y es una preocupación clara del Gobierno y de este grupo parlamentario y para su consecución se han tomado medidas importantes.

Pero no es este el debate que se suscita hoy aquí. De lo que estamos hablando es de cómo las corporaciones locales y las administraciones públicas en general pueden ayudar o, en todo caso, no perjudicar al tejido empresarial. La falta de liquidez de estas administraciones públicas hace que este objetivo sea a veces difícil de cumplir. Es en esta coyuntura excepcional, de problemas sobrevenidos por la crisis, en la que el Gobierno debe responder y así lo hace, no asumiendo una deuda que no es suya -lo que vulneraría la autonomía local y financiera reconocida en la propia Constitución-, pero sí ofreciendo fórmulas facilitadoras a administraciones públicas, a pymes y autónomos. No se trata pues de pagar la deuda, sino de facilitar liquidez y sobre todo de que terceros de buena fe, los proveedores, no sufran la morosidad en el pago. Nuestra enmienda en este sentido muestra que a los socialistas nos preocupan y nos ocupan tanto las pymes y los autónomos como las administraciones locales. Por eso defendemos en primer lugar el diálogo entre el Gobierno y la FEMP, como piedra angular de todas las decisiones que se deben tomar en torno a los entes locales; en segundo lugar, posibilitar un mayor endeudamiento para que todas las administraciones públicas garanticen cumplir con sus compromisos, y en tercer lugar, establecer la posibilidad de refinanciación de la deuda de las entidades locales por un lado y por otro abrir una línea de descuento para las empresas mediante garantía del ICO, todo ello priorizando, evidentemente, las deudas con PYMES y autónomos, con el objetivo de garantizar al mismo tiempo el mantenimiento o la generación de empleo.

En definitiva, hemos hecho un esfuerzo para trabajar en la dirección de la enmienda presentada por el Grupo Socialista para llegar a una transaccional orientada al pacto y el acuerdo, pensando que con el esfuerzo de todos y la asunción de las responsabilidades que cada Administración pública contrae en su toma de decisiones podamos avanzar juntos para superar los momentos de dificultad. Las administraciones públicas, todas, no van a ser un problema, sino que serán contribuyentes a una solución conjunta en una situación de dificultad.”

Intervención en Pleno sobre las actuaciones del Gobierno en el avance del uso de las lenguas cooficiales del Estado en el conjunto de la AGE

2009-03-18T13:54:00.001+01:00

“Señorías, me parece especialmente oportuno que en un mismo día hayamos tenido la ocasión de realizar dos debates sobre el mismo tema desde ópticas, además, completamente contrapuestas. Sin duda, es una oportunidad para que el Grupo Parlamentario Socialista manifieste una vez más el apoyo a la realidad plurilingüe del Estado, al modelo del Estado de las autonomías que nos ofrece nuestra Constitución y a la legalidad vigente. Es una oportunidad para dejar constancia de cuál es nuestra concepción del Estado. Desde este grupo parlamentario queremos, una vez más, manifestar el orgullo que sentimos de vivir en un país plural, con distintas culturas y distintas lenguas. Para nosotros todas las lenguas españolas, como vehículo de comunicación, como identidad, como motor cultural y, en definitiva, como conocimiento, son importantes; son dignas de protección y de promoción; son parte de nuestra riqueza. Vivir en un territorio donde hay dos lenguas oficiales no es una condena, se lo aseguro. Al contrario, conocer y poder expresarse en dos lenguas en vez de una, o de tres en vez de dos, o de tantas como sea posible, sin duda, nos ayuda a ser más libres. Para los socialistas el conocimiento es garantía de libertad. Desde el inicio de la democracia y con la creación del Estado de las autonomías, cada comunidad autónoma ha ido creando su modelo lingüístico de acuerdo con sus competencias. De acuerdo con el artículo 3 de la Constitución, las distintas lenguas de España son patrimonio cultural de todos, por lo que deben ser objeto de especial respeto y protección. En otras palabras, todas las lenguas españolas son una cuestión de todos, no solo de algunas comunidades autónomas. Los que creemos de verdad en este patrimonio, que muy pocos países pueden exhibir, no nos podemos permitir el lujo de dejar de reiterarlo. Por eso, el traslado de esa sensibilidad a todos los pueblos de España es una labor también ineludible de las instituciones del Estado. Estas, en su quehacer, deben velar para que la existencia de esta diversidad no se transforme en un punto de desencuentro, sino en factor de cohesión y unión en la diferencia. Seguramente actitudes un poco más constructivas por parte de aquellos que supuestamente quieren lo mismo ayudaría.

El sistema autonómico implica diversidad y diferencias. Señorías, el Estado autonómico no genera desigualdad per se; permite la diferencia porque la diversidad es implícita a la autonomía. No entender esto es no entender nuestro modelo constitucional y, en realidad, es ir contra él.En este sentido, los Gobiernos socialistas y este grupo parlamentario han avanzado significativamente en la difusión, la promoción y el reconocimiento de todas las lenguas oficiales. Lo hemos hecho por convicción, no por oportunidad, y mucho menos por oportunismo. El compromiso socialista ha sido y continuará siendo ser exigentes para que nadie sea discriminado por razón de la lengua que utilice.

Conociendo y apoyando esta realidad, en la anterior legislatura nuestro Estado, concretamente el Gobierno, creó un órgano nuevo en el marco del Ministerio de Administraciones Públicas, como es el Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado y la Oficina de Lenguas Oficiales. La existencia de estos organismos supone un paso de gigante en la adaptación y en la concienciación de toda la Administración General del Estado, en la necesidad de ofrecer en los territorios con dos lenguas oficiales un servicio público auténticamente bilingüe a los ciudadanos, que garantice los derechos de opción lingüística de esta ciudadanía. En ese contexto pensamos, tal como proponemos en nuestra enmienda, en la necesidad de activar con celeridad los trabajos del Consejo y de la Oficina de las Lenguas. Hemos creado ese instrumento porque creemos en él y en el papel que puede desarrollar. Además la enmienda socialista centra su prioridad en los derechos de los ciudadanos, supone un avance en la garantía de los derechos de opción lingüística de la ciudadanía, no solo en su relación con la Administración General del Estado, sino también con los órganos constitucionales, tal como determina el artículo 33.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Señorías, con esta enmienda ofrecemos un texto para el acuerdo de avance hacia objetivos comunes. Hemos perdido esta oportunidad y nosotros lo lamentamos. No queremos hacer del tema lingüístico un tema de enfrentamiento. Nos conviene a todos hacer un tratamiento amable y a favor de la convivencia a la hora de abordar las políticas lingüísticas. Solo así será posible avanzar en positivo. Solo así se demuestra la voluntad de construir juntos un futuro.

La legítima acción parlamentaria de los grupos que dan prioridad a estos temas no la discuto, pero los invito a la siguiente reflexión. Parece que al final lo que nos debería importar es la eficacia de la aplicación de los avances en estos temas, y pensamos muy sinceramente que podemos encontrar de forma conjunta mecanismos que nos lleven a mejores conclusiones. Con la confrontación y posiciones maximalistas no serán posibles los acuerdos necesarios para impulsar el plurilingüísmo por el que apostamos. Tenemos una legislatura por delante y no vamos a dejar de trabajar con rigor y sensatez como hasta ahora.

Termino, señora presidenta, diciendo que el tratamiento de la realidad plurilingüe es también el tratamiento de la convivencia. Esa es nuestra apuesta. Como dije en su día, desde una óptica federalista la política lingüística es pedagogía de la pluralidad y con su actitud no ayudan a las otras lenguas oficiales distintas del castellano".

Intervención en la comisión de Administraciones Públicas, donde comparecía la Ministra de AAPP para informar sobre el Fondo de Inversión Municpal

2009-02-06T13:58:00.003+01:00

“Bienvenida, señora ministra de Administraciones Públicas, aunque a tenor de algunas de las intervenciones podría llamarla ministra de Administraciones Públicas, Economía y Hacienda, Trabajo, Seguridad Social, Servicios Sociales, etcétera, porque han ido saliendo todos los temas a pesar de que no todos ellos son los que nos ocupan esta mañana. Quiero empezar agradeciéndole su comparecencia, agradeciéndole la información exhaustiva sobre el fondo y también que haya aprovechado esta intervención para avanzar las líneas generales de la futura ley de gobierno local, aunque parece que para el portavoz del Grupo Popular esto no toca o es una materia insustancial y, por tanto, no ha hecho referencia a ella. Una vez más, en la sesión de hoy este Gobierno -también este grupo parlamentario- ha dejado buena muestra de su apuesta por el municipalismo. Con la revitalización de un nuevo nexo de cooperación y de complicidad entre el Estado y las corporaciones locales esta apuesta ha quedado fehaciente. Algunos para hacer referencia al fondo hablan de un regalo o utilizan expresiones similares a esta en un tono más o menos despectivo, cuando lo que ha representado este Fondo Estatal de Inversión Local ha sido una muestra de confianza absoluta de este Gobierno en la labor y la capacidad de gestión de los ayuntamientos de nuestro país. Porque pensamos que la Administración local es una administración eficaz, además de ser la más cercana a los ciudadanos, ha sido por lo que hemos apostado por impulsar una medida como esta en una situación extrema de necesidad, de crisis económica como la que atraviesa nuestro país, conjuntamente con el resto de países de nuestro entorno.Precisamente este año en el que tenemos la celebración de los treinta años de ayuntamientos democráticos -treinta años, por tanto, de crecimiento y consolidación de las corporaciones locales-, celebramos que la ministra haya anunciado una vez más el compromiso del Gobierno de traer a esta Cámara dos proyectos legislativos que están pendientes y que son tan necesarios para las corporaciones locales. Evidentemente, me refiero al estatuto del gobierno local, por un lado, y a la nueva ley de financiación local, por otro. Es cierto que en el Grupo Socialista pensamos que el consenso en ambos proyectos de ley con todas las formaciones políticas es imprescindible. Por nosotros no va a quedar; vamos a poner empeño en ello, porque sabemos que el éxito de esta futura legislación depende en gran medida del grado de consenso que podamos alcanzar sobre ella.

Señorías, me gustaría hacer referencia a algunos de los comentarios que ha hecho el portavoz del Grupo Popular cuando, por ejemplo, ha hablado de la improvisación. La verdad es que escuchando sus intervenciones todas las personas que estamos en esta Comisión podemos constatar que la improvisación es la suya; improvisa constantemente sus intervenciones.

Pues bien, me gustaría decirle que si una cosa nos exigen los ciudadanos siempre, pero más especialmente en situaciones complicadas como en la que estamos, es que seamos rigurosos y trabajemos a fondo los temas y que no utilicemos un lenguaje demagógico o frases vacías de contenido; y lo que también nos piden los ciudadanos, sobre todo, es un respeto a nuestras instituciones. Quiero recordarle que los ministros no hacen tournées por el Estado sino que los ministros lo que hacen son viajes oficiales, acercamiento a los territorios y conocimiento de todo el país. Por tanto, les pido respeto a las instituciones y un poquito más de prudencia a la hora de hacer algunos comentarios.

Una de las medidas importantes que ha llevado a cabo este Gobierno -y sobre ella me centraré porque creo que es lo que ha ocupado más en la intervención de los otros portavoces- es precisamente la aprobación del Fondo Estatal de Inversión Local. No ha sido la única medida de impulso para intentar reactivar la economía del país pero sí que ha sido una de las más significativas y sin duda la que nos ocupa esta mañana. Quiero empezar, en este sentido, felicitando a todos los ayuntamientos de España y a las diputaciones provinciales también, que han cumplido una de sus funciones importantes, como es ayudar a los ayuntamientos más pequeños, por todo el trabajo hecho hasta ahora y sobre todo por el que van a realizar a lo largo de este año. Es una pena que el Grupo Popular no se haya podido sumar a esta felicitación, estoy segura de que sus alcaldes, los alcaldes del Partido Popular, lo hubiesen agradecido. Quiero felicitar a todos los alcaldes y a todos los concejales en nombre del Grupo Parlamentario Socialista por su compromiso con sus ciudadanos y por la capacidad de acción que han demostrado y sobre la que nosotros no hemos dudado en ningún momento. Han respondido masivamente a la medida y se han manifestado además muy positivamente a favor de ella, también lo ha hecho así la Federación Española de Municipios y Provincias.

Celebramos especialmente que los municipios gobernados por el Partido Popular no hayan sido coherentes con la posición de su partido político y no se hayan abstenido de presentar proyectos, a pesar de la abstención de su grupo parlamentario en la votación del decreto-ley. Asimismo, quiero destacar también que este Fondo de Inversión Local supone un refuerzo, a pesar de algunos comentarios que han hecho otros portavoces, precisamente de la autonomía local reconocida en la Constitución. Siendo la Administración más cercana a los ciudadanos era sin duda la que mejor podía actuar y reaccionar frente a las necesidades reales en un momento de dificultad como este. Han sido ellos, por tanto, los que han priorizado lo que debían hacer o no en cada uno de sus territorios, y así pensamos que debe ser. El señor Olabarría proponía un poco más de control o de algunas restricciones pero, en todo caso, nuestra apuesta ha sido la de la autonomía local, y eso evidentemente no causa ningún tipo de conflicto con la autonomía autonómica. El señor Canet hablaba sobre el miedo que le podía producir reforzar la autonomía local. Yo creo que no es un juego de suma cero, donde lo que uno gana lo pierde el otro. No, se puede reforzar la autonomía local y ser escrupulosamente respetuosos con las competencias autonómicas y con el papel que las comunidades autónomas desarrollan y tienen que desarrollar en nuestro país.

Quiero felicitar, en segundo lugar, también al Ministerio de Administraciones Públicas, a todo el Gobierno y a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, por el lanzamiento de la idea y sobre todo por la articulación y la gestión de este fondo. Creo que este ministerio, como gran sala de máquinas del Gobierno, ha estado a la altura de las circunstancias. Hay que tener en cuenta que la medida de creación de este fondo era algo novedoso -como la misma crisis económica- y el ministerio ha dado una muestra de capacidad de gestión de algo novedoso, que sin duda hay que reconocer.

Quería destacar también otro elemento que nuestro grupo considera importante -así lo ha señalado también la ministra-, como es el salto hacia la Administración electrónica. La Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, 11/2007, fijaba el 31 de diciembre de 2009 como la fecha en la cual las administraciones públicas debían poder ofrecer a los ciudadanos los procedimientos administrativos por vía telemática. Este fondo ha posibilitado, de entrada, que todos los municipios de España -todos excepto los cinco que no han pedido el fondo- tengan el certificado digital, como usted destacaba, paso fundamental desde nuestro punto de vista para culminar el siguiente reto. El hecho de que se haya podido resolver todo en pocas semanas y sin presentar un solo papel es una prueba de que cuando queremos, podemos. Tampoco aquí los pronósticos agoreros del Partido Popular se han demostrado verdaderos.Hablaban ustedes de dificultades insuperables. Ya ven que ningún municipio por pequeño que sea ha tenido ningún problema con el acceso electrónico; en el fondo lo que pasa es que ustedes, señorías del Grupo Popular, no conocen los ayuntamientos y no creen en los ayuntamientos.Algo parecido les pasa con el país: no conocen el país y tampoco creen en él. Sin duda, los principales objetivos de la creación del fondo, como ya se ha dicho, eran la activación o el estímulo de la economía y la generación de empleo, pero también es verdad que estas inversiones han implicado y van a implicar también otras cosas no menos importantes y, desde luego, desde nuestro punto de vista muy positivas: el aumento de la calidad de vida de los ciudadanos, la mejora del paisaje urbano y la posibilidad de que muchos ayuntamientos tiren adelante proyectos que de otra manera no hubiesen podido.

Aquí quiero detenerme también, como han hecho otros portavoces, en el tema de la financiación local. Evidentemente, nadie ha dicho que la creación de este fondo estatal de inversión local suponga dejar de lado la negociación de la financiación local, todo lo contrario. Yo quiero reiterar hoy aquí el compromiso total de los socialistas de mejorar un sistema de financiación local que somos los primeros en denunciar que es un mal modelo de financiación local -recuerdo que fue un modelo pactado precisamente por gobiernos del Partido Popular-, y por eso pensamos que la previsión de este fondo y el éxito del mismo no debe frenar en absoluto -como no lo ha hecho- el debate de fondo sobre el modelo de financiación. Sin embargo, este no es el debate de hoy porque estamos hablando precisamente de esta medida excepcional en un momento excepcional.

Quiero tratar ahora algunos de los temas que han ido saliendo a lo largo del debate, la ministra ya ha contestado a la mayoría de ellos, pero desde el Grupo Socialista no quiero dejar de hacer referencia a alguno de ellos. Quiero empezar refiriéndome a la distribución de los 8.000 millones que el portavoz del Grupo Popular nos presentaba en un gráfico circular, la distribución típica de quesitos de estos 8.000 millones. Me parece que este gráfico ha sido llegar al paroxismo de la ridiculez. No voy a ponerme a discutir la distribución que hacen de las cuantías, lo ha hecho la ministra ampliamente con mayor conocimiento y mayor criterio que el que yo pueda utilizar, me quedo simplemente con las partidas que las señorías del Grupo Popular destacaban en su gráfico. Ellos utilizaban el término de recursos de mano de obra como la única partida que les parecía justificada de toda la inversión que se hace y, por el contrario, los materiales, el margen empresarial, los medios auxiliares, el IVA, les parecía algo que sobraba. A mí me gustaría saber qué concepción tienen de inversión en obra si no van a utilizar materiales, porque, claro, hacer una obra sin materiales me parece ciertamente un poco dificultoso. O sin margen empresarial, ¿qué concepción tienen de la activación de la actividad económica? ¿Qué pretenden, que las empresas pierdan dinero? No sé, es otro de los conceptos que no me quedaba claro. O cuando hablan del IVA, quizá se están proponiendo no responder a las obligaciones tributarias. En fin, creo que no hace falta añadir gran cosa más.

Respecto al número de trabajadores, también se ha hablado ampliamente y la ministra ha señalado que la cifra de 278.000 es el número dado precisamente por los alcaldes de los ayuntamientos de España, por cada uno de los alcaldes de los ayuntamientos de España, gobernados por todas las fuerzas políticas. Por tanto, el número que está manejando, que está utilizando el Gobierno es el número objetivo que le vienen a ofrecer las corporaciones locales. A mí me gustaría saber de dónde sacan ellos su número o en razón de qué hacen los cálculos que hacen. Sobre esta cuestión tampoco quiero detenerme excesivamente, me gustaría simplemente utilizar una frase que me gustó, buena porque fue pronunciada por un buen político, eso es verdad, el alcalde de Madrid, que dijo: Detrás de cada obra, hay un puesto de trabajo. Me parece un buen resumen de lo que puede significar este fondo, de cuál era el objetivo de este fondo y de cuál va a ser por tanto el cumplimiento del objetivo de este fondo.

Respecto al tema de ANV, el señor Olabarría ha dado una explicación excelente sobre la materia y tampoco voy a ahondar excesivamente, pero sí quería poner encima de la mesa una reflexión que no ha salido en el debate de hoy, y es que tanto los Presupuestos Generales del Estado como toda la financiación proveniente de las administraciones autonómicas del País Vasco y de Navarra se distribuyen entre todos los ayuntamientos de este territorio, entre todos. No he oído en ningún momento ninguna voz que cuestione el dinero que viene de los Presupuestos Generales del Estado, para también esos ayuntamientos gobernados por personas que formaban parte de la lista de ANV, ni que cuestione los fondos económicos que vienen de las administraciones autonómicas. Supongo, señor Salvador, que el Gobierno de Navarra también hace un seguimiento y vigila cómo gastan el dinero esos ayuntamientos, doy por descontado que cumple con sus obligaciones y que no hace dejación de ellas. Este Fondo Estatal de Inversión Local no podía excluir los ayuntamientos gobernados por personas que habían pertenecido a listas de ANV simplemente porque hacer esto sería ilegal, y no solo sería ilegal, sino que además iría en contra de todos los ciudadanos de esos municipios. Lo que hay que hacer -y este Gobierno y este grupo parlamentario ya han asumido ese compromiso- es ser vigilantes y controlar que los fondos económicos que reciben esos ayuntamientos -todos, no solo los del Fondo de Inversión Local, sino todos los fondos económicos que reciben- van a tener una aplicación adecuada a la legislación actual.

Oyendo las declaraciones del concejal socialista de Mondragón, Francisco García, diciendo que van a estar vigilantes -porque también los concejales de esos ayuntamientos lo pueden hacer- y harán por tanto que se cumpla la ley respecto a los carteles -él hacía referencia a los del Gobierno de España por parte de ANV-, echo de menos la voz de los concejales del Partido Popular diciendo: me vas a tener al lado para poder vigilar mejor. En esto es en lo que se requiere la unidad. Yo recomendaría a las señorías del Grupo Popular que, en vez del modo amenazante que utilizan en sus intervenciones, estuvieran en este tema al lado del Gobierno para trabajar juntos por lo que es una causa común.Sería muy positivo que de una vez por todas supieran quiénes estamos en el mismo barco y quiénes están enfrente.

Con respecto a los carteles, no voy a extenderme excesivamente, pero sí me gustaría destacar una cuestión que curiosamente ha pasado desapercibida y por la que quiero felicitar al Ministerio de Administraciones Públicas, como es el caso de que los carteles se prevén en todas las lenguas de España. Es verdad que los grupos nacionalistas siempre sacan a relucir estas cuestiones en sentido negativo, y yo quería sacarlo hoy en sentido positivo, porque el compromiso del Gobierno y de este ministerio con el respeto de todas las lenguas españolas ha sido fehaciente también al contemplar que los carteles van a estar en todas las lenguas de España.Simplemente un reconocimiento explícito a esta cuestión. En cuanto a la idoneidad de la colocación de estos carteles, la verdad es que la cantidad de despropósitos que se han oído con relación a esta materia es digna de catálogo. Quizás en algún momento, más adelante, podríamos listar todos estos despropósitos y hacer un estudio sobre comunicación política y demagogia. De entrada es interesante que las señorías del Grupo Popular coincidan con Aralar en querer ridiculizar algo que por otro lado se da siempre -ya lo ha recordado la ministra-: la publicidad de una obra pública es obligatoria siempre, en cualquier nivel de Administración, sea Administración local, sea Administración autonómica, sea Administración estatal o sea Administración europea la que actúe. En ese sentido quiero simplemente citar algunas normas jurídicas para poner un poco de orden y de rigor en esta discusión. Lo que no voy a hacer es caer en los millones de ejemplos que podemos tener en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular o en ayuntamientos gobernados por el Partido Popular donde el tamaño de los carteles, más que carteles, parecen pantallas de cine. Por tanto, lo que voy a hacer es citar dos reglamentos europeos el 1159/2000 y el 621/2004, donde la Comisión establece que las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los fondos estructurales y de los fondos de cohesión tienen que estar publicitadas con vallas informativas en todas las zonas de intervención.Asimismo, en nuestra legislación interna -estos reglamentos también son legislación interna, por supuesto- tenemos la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de subvenciones, que establece la obligatoriedad en su artículo 18.4 de la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención en los términos reglamentarios establecidos. También prevé esta misma ley en el artículo 37 como causa de reintegro el incumplimiento de esta obligación. Por tanto, el decreto-ley lo que hace es adaptar perfectamente esta ley de subvenciones y reproducir de alguna manera esta regulación.

Para terminar quería decir que, de acuerdo con los argumentos utilizados por el portavoz del Grupo Popular, los grandes problemas de este Fondo Estatal de Inversión Local son los carteles del Gobierno de España. Esa es la conclusión. Por tanto, mi conclusión es que el Fondo Estatal de Inversión Local tiene pocos problemas, porque si ese es el único que ha sabido detectar y enfatizar el portavoz de la oposición, parece que no hay problemas. Alguno de los portavoces preguntaba qué criterios podemos utilizar para confirmar y para destacar que este fondo ha sido un éxito.Pues bien, los criterios que podemos utilizar son objetivos: La acogida, la recepción de los proyectos, la gestión hasta el momento de estos proyectos nos muestran que el Fondo Estatal de Inversión Local impulsado por este Gobierno ha sido un éxito. Por tanto, en esos criterios objetivos es en lo que nos basamos para valorar desde el Grupo Socialista que este fondo era necesario, que este fondo lo que ha hecho es apoyar a la Administración local, creer en el municipalismo español porque sabemos que es la Administración más cercana y la que mejor podía reaccionar, como decía al inicio de mi intervención, a los problemas y a las necesidades de los ciudadanos, y en esa línea vamos a seguir trabajando.

Quiero, de nuevo, felicitar al Ministerio de Administraciones Públicas y muy especialmente a su titular por esta iniciativa y por la gestión, y esperamos que dentro de unos meses podamos volverla a escuchar explicando ya, no conjeturando, qué ha supuesto este fondo para nuestras ciudades y nuestros pueblos".

Intervención en la Comisión de Justicia,sobre la revisión y denuncia de los acuerdos del Estado con la Santa Sede

2009-02-04T14:19:00.001+01:00

“ Efectivamente hemos debatido esta misma proposición no de ley la legislatura pasada en términos idénticos, y la verdad es que es una lástima que el grupo proponente no haya aprovechado este gap en el tiempo para mejorar alguno de los planteamientos o incorporar algunas de las imperfecciones que, desde nuestro punto de vista, había y que señalamos en la anterior intervención. En cualquier caso el debate es pertinente. No creo que la crisis económica sea un pretexto para no debatir esto, y por la misma razón tampoco tendría sentido hablar sobre la proposición no de ley relativa a la creación de un laboratorio móvil para la isla de Ibiza, por ejemplo, proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, o con el mismo argumento tendríamos que cerrar todas las comisiones de este Parlamento y dejar simplemente abierta la Comisión de Economía. Este no es un argumento razonable ni sería bueno para nuestra democracia ni para el debate público ni para los intereses de los españoles.

Los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, como ustedes saben, constituyen un tratado internacional cuyo texto ha sido aprobado además por las Cortes Generales, y así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en varias sentencias, cito la 187/1991. Este tratado internacional, estos acuerdos suponen, nada más y nada menos, que el desarrollo del mandato constitucional recogido en el artículo 16.3 de la Constitución española, en donde se dispone precisamente que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica -y la cita explícitamente- y las demás confesiones. Sobre la base de este artículo, pues, nuestro texto constitucional y por ende los acuerdos no suponen, desde nuestro punto de vista, una situación de privilegio con la religión católica, sino que se limitan a desarrollar este texto constitucional, y además responden a una realidad social. Es verdad que la realidad social es cambiante, pero desde nuestro punto de vista no es sustancialmente cambiante. Es decir, la realidad del 78, cuando se aprobó la Constitución, y la realidad del 2009 se siguen traduciendo en que mayoritariamente la sociedad española se declara católica. Los datos del CIS así nos lo indican, tengo los datos de abril de 2008, en que el 76,7 por ciento de la población se declara católica, por ejemplo; el 20 por ciento se declara no creyente, el 1,6 creyente de otra religión, y el 1,7 no contesta. Por tanto, estamos hablando de porcentajes en cualquier caso elevados: 76,7 por ciento.

Me gustaría señalar también algo que no podemos olvidar, que también señala el artículo 16.3 de la Constitución, que es la necesaria cooperación que el Estado tiene que establecer con todas las confesiones, haciendo mención especial, como ya he dicho, a la religión católica. Esto viene amparado también por varias sentencias del Tribunal Constitucional, y me gustaría citar, por todas ellas, la sentencia 48/2001. Así, por tanto, el acuerdo constituido mediante este tratado internacional con la Santa Sede se desprende directamente de este artículo 16.3, y lo mismo pasa con los otros acuerdos firmados por el Estado con otras confesiones religiosas: la evangélica, la judía y la islámica.

Respecto a la cuestión educativa, al sistema educativo, señor Llamazares, creo que no hay una situación de privilegio en ningún caso de la Iglesia católica en el sistema educativo. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece el carácter voluntario para los alumnos de tomar clases de religión católica o no tomarlas, y así lo prevé también el Real Decreto 1630/2006, que desarrolla esta ley, en el que se reitera el carácter voluntario de la enseñanza religiosa, tanto la católica como el resto de religiones con las que el Estado español ha llegado a acuerdos de cooperación.

Con relación al segundo punto de la proposición no de ley se pide la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, aprobada en 1980, aduciendo un supuesto trato diferencial a la jerarquía católica en la misma. Efectivamente este Gobierno, por boca de su vicepresidenta, doña María Teresa Fernández de la Vega, ya ha anunciado la voluntad durante esta legislatura de modificar esta Ley Orgánica de Libertad Religiosa, por tanto ese será el trámite pertinente para presentar aquellas enmiendas que su grupo parlamentario considere oportunas para mejorar, desde su punto de vista, lo que contemple esta ley orgánica. Señor Nasarre, no se trata de reconocer nuevos derechos en la modificación de la ley orgánica, se trata de adaptar una ley aprobada en el año 80; han pasado muchos años y por tanto nos parece adecuado profundizar, por ejemplo, en la confesionalidad del Estado o en regular cosas que no constan en esta ley, por ejemplo la libertad de conciencia de aquellos que no son creyentes.Son lagunas evidentes que existen en la legislación actual que nos llevan a pensar que sería bueno perfeccionarla. En cualquier caso, no he encontrado en el articulado actual de la ley ningún precepto en el que se vislumbre un trato diferencial a la Iglesia católica. Es más, en su artículo 1.3 se dispone que ninguna confesión tendrá carácter estatal, y en su artículo 7 se recoge la posibilidad de la firma de acuerdos entre el Estado español y las distintas confesiones religiosas que hayan alcanzado un arraigo notorio en la sociedad española. Por tanto, no sé a qué se refiere el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida cuando habla de privilegios de esta ley.

El tercer punto pide la reforma de la Ley de Asociaciones, con el fin de que en su ámbito de aplicación la Iglesia católica no reciba, de nuevo, ningún privilegio respecto a otras confesiones religiosas. Aquí quiero señalar otra vez exactamente lo mismo. Leyendo el articulado de esta ley, no veo ninguna mención especial a la Iglesia católica y por tanto tampoco veo ningún privilegio explícito. En conclusión, creo que no hay privilegios objetivos en la legislación vigente; la regulación actual simplemente responde a una realidad social y a un reconocimiento constitucional expreso. En todo caso, no hay desatención de las otras confesiones religiosas, cosa que también me parece importante destacar en este momento. Además, a lo largo de estos años los acuerdos con la Santa Sede se han ido modulando, se han ido revisando, que es un poco lo que usted pide, y por tanto no han sido en absoluto estáticos. Saben que el Grupo Socialista no está ni ha estado cerrado a pensar cómo mejorar su regulación para que esta se adapte con más precisión a la realidad cambiante de nuestro país. En este sentido se han hecho avances significativos precisamente en la dirección que ustedes apuntan.Simplemente pensamos que hay que acertar en la oportunidad del cómo y del cuándo, y en eso parece que es en lo que a veces no coincidimos.

Ha hablado en su intervención, señor Llamazares -y con esto acabo-, de la ética civil. Creo que ningún Gobierno ha hecho más que este Gobierno socialista por la construcción de una ética pública. Este ha sido sin duda uno de los horizontes que ha marcado las iniciativas legislativas en la anterior legislatura, y que va a continuar marcando las de esta IX Legislatura. De forma paradigmática quiero destacar precisamente otro tema que ha salido en el debate, que es la previsión de la asignatura de educación para la ciudadanía. Eso es construcción de ética pública en positivo, y este Gobierno va a seguir trabajando en esa dirección”.

Intervención en el Pleno sobre el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos y sus posibles reformas.

2008-11-26T16:26:00.000+01:00

“Quiero empezar diciendo que los objetivos de la ley que da lugar a esta moción son evitar los conflictos de intereses y garantizar en mayor medida la independencia, la imparcialidad y la objetividad de los altos cargos. También introducir una mayor transparencia en los mecanismos de control de bienes y derechos que posean los miembros del Gobierno y altos cargos, buscando controlar, por tanto, que los bienes patrimoniales, cuando entran y cuando salen no son sustancialmente distintos porque de eso es de lo que estamos hablando hoy aquí. Así, es importante establecer una separación estricta entre la actividad pública y la actividad privada. La Ley 5/2006 es contundente en este aspecto. Tenemos, señorías, y ustedes lo saben, una de las leyes más restrictivas de Europa en cuanto al régimen de incompatibilidades, ley promovida y aprobada por un Gobierno socialista.El Grupo Socialista ha llevado siempre sobre este tema la iniciativa porque es algo en lo que creemos profundamente. Aprobamos la Ley de 1983, la de 1995 y hemos aprobado también la Ley de 2006 derivada, por cierto, de una proposición no de ley de este grupo, que fue rechazada con mayoría absoluta del Grupo Popular. Le recomiendo la lectura del "Diario de Sesiones" de 23 de abril de 2002. Allí hay un listado real de opacidad que había en ese momento. No quiero hablar del caso Gescartera que es precisamente lo que provocó ese debate en ese momento.

Quiero decirle una cosa, señor Herrera. Este objetivo de mejora de la calidad democrática y de mejora de la transparencia y de la ética de los poderes públicos que se pretendía introducir precisamente con la ley de 2006, se cumple. Se cumple y usted sabe que se cumple. Introducir dudas sobre este cumplimiento es hasta cierto punto irresponsable. La prueba fehaciente de esa irresponsabilidad es la intervención que ha permitido por parte del Grupo Parlamentario Popular en boca de su portavoz. Esa ha sido la principal consecuencia de traer a esta Cámara esta moción.

Señor Merino, no me hable de incumplimiento de leyes. ¿Se refiere a la Ley del Tabaco? ¿Se refiere a la Ley de la Dependencia? El incumplimiento de las leyes que aprueba este Congreso es por parte de las comunidades autónomas gobernadas por su partido político. Nos acusan de no hacer el reglamento, cuando ni hicieron la Ley de Incompatibilidades, ni hicieron el reglamento que desarrollaba esta ley. Ni ley ni reglamento. Nosotros haremos la ley aprobada en 2006 y haremos el reglamento. Es cierto que la ley de 2006 requiere en algunos aspectos desarrollo reglamentario, pero no desestime con tanta fragilidad o displicencia las razones que la ministra le dio en esta tribuna. Cuando la ministra dice que la ley se cumple, insisto, es verdad que se cumple en la medida en que existe el registro de actividades y bienes y derechos patrimoniales de altos cargos, donde todos y cada uno de ellos hacen las declaraciones de patrimonio pertinentes. Hay una oficina que, de existir alguna irregularidad, emitiría el informe pertinente. Además, hay que tener en cuenta que disponemos del reglamento que desarrolla la Ley de 1995, el Real Decreto 1410/1995, que se puede aplicar en su mayoría, por lo que en realidad no estamos ante la nada o ante un marco desregulado, como se intenta trasladar a esta Cámara. En otras palabras, el control y la vigilancia que usted exige en la exposición de motivos, se da, y eso es lo más relevante desde nuestro punto de vista.

Es verdad, también, que desde que el Gobierno se plantea modificar la Ley del impuesto sobre el patrimonio parece lógico adaptar la legislación referente a los altos cargos a esta nueva realidad. Siempre es bueno tener un ordenamiento jurídico saneado. En definitiva, modificar la ley de 1995 era importante, dadas las interpretaciones laxas que los gobiernos populares hicieron de ella, y por eso aprobamos la ley de 2006 que da mayores garantías. El Gobierno, además de cumplir con la literalidad de esa ley y con ese articulado mejorado, usted sabe señor Herrera, y toda la Cámara también, cumple con el auténtico espíritu de la ley.

Quiero acabar diciendo que en todo caso habrá reglamento. El compromiso es que haya este nuevo reglamento en cuatro meses. Será un reglamento elaborado, de nuevo, por un gobierno socialista, así como la ley que se aprobó en 2006".

Intervención en el Pleno del día 11 de noviembre de 2008 sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009

2008-11-12T16:32:00.002+01:00

“Las principales líneas de actuación de este departamento de Administraciones Públicas, tal y como ha presentado la ministra, son continuar con la mejora de la calidad y los servicios que se prestan a la ciudadanía a través de la Administración General del Estado, así como proseguir con la política de extensión de los servicios públicos telemáticos y con la modernización tecnológica de la Administración General del Estado. Por cierto, en este sentido, ya hemos territorializado los recursos del INAP para formación continúa con la aprobación de nuestra enmienda 1431.

Me centraré, en todo caso, en el tercer gran eje prioritario del presupuesto, que consiste en el apoyo económico-financiero a las corporaciones locales a través principalmente del programa 942.A, de cooperación económica local del Estado por parte del Ministerio de Administraciones Públicas. Como SS.SS. saben, la finalidad de este programa, según el Real Decreto 835/2003, es contribuir a la realización de las inversiones locales incluidas en los planes provinciales e insulares de cooperación, no para subvenciones directas, señor Canet. Sus enmiendas tienen un defecto de forma insalvable que hace imposible que las podamos apoyar. He querido recordar la literalidad del decreto para dejar muy claros los objetivos de los presupuestos. Los presupuestos instrumentan unas líneas de ayuda que no tienen nada que ver con el modelo de financiación local que ustedes pretenden modificar vía enmiendas a esta sección. Claro que hace falta un nuevo modelo de financiación, entre otras cosas, porque el modelo actual fue pactado e impulsado por el Partido Popular, por tanto garantía de tener un mal modelo de financiación local, y en ello precisamente es en lo que estamos trabajando los socialistas, para arreglar aquello que ustedes no fueron capaces de hacer. Estamos trabajando en el ámbito adecuado, no con enmiendas demagógicas sobre IVA, sobre devoluciones a cuenta y sobre no sé qué otras cosas que no tienen cabida en esta ley de presupuestos y que, por tanto, requieren un debate en paralelo que se está produciendo.

Llegamos en Comisión a un acuerdo con Izquierda Unida con una transaccional en relación con el Fondo especial para la financiación a favor de los municipios de población no superior a 20.000 habitantes para aumentar este en 20 millones de euros, quedando una partida total de 60 millones de euros. Este fondo es uno de los instrumentos -diría que el más significativo- que la sección 22 nos ofrece para mejorar la situación económica de los ayuntamientos, además de los más pequeños, que son los que más necesidades y dificultades tienen para encontrar ingresos por otras vías. Les recuerdo, señorías, que este fondo fue creado por un Gobierno socialista en el año 2007; antes no existía. El compromiso con el municipalismo se demuestra con medidas y acciones concretas no con discursos en la tribuna, no con datos falsos, no con mentiras y evidentemente no teniendo alcaldes, señor Macias, porque que me diga que su partido es municipalista por el hecho de tener alcaldes y concejales no me parece un argumento demasiado serio. Somos los socialistas los que estamos trabajando para este nuevo modelo de financiación, porque ese es el trabajo de fondo. El nuevo modelo deberá garantizar suficiencia financiera, autonomía local y consenso entre la Federación Española de Municipios y Provincias y las distintas fuerzas políticas. En este sentido, pactamos también una transaccional con Izquierda Unida en Comisión referida a una disposición adicional que nos parece fundamental, ya que es la base para una nueva y una buena financiación, objetivo último de este grupo parlamentario. Les pido, por tanto, que no traigan aquí debates que corresponden a otras leyes, la Ley de Financiación Autonómica y la Ley de Haciendas Locales. No me extraña que el señor Macias diga que le provoca extrañeza no tener acuerdo de financiación autonómica. Para hacerlo mal y deprisa, ellos fueron campeones, junto con el Partido Popular. Centrémonos en lo que estamos debatiendo aquí, que son los Presupuestos Generales del Estado. Mezclar discursos no arregla los retos que tenemos por delante, los retos de futuro, solo embrolla las cosas, se pierde rigor en la discusión y hace que la imagen de la política se degrade".

Pleno del día 10 de noviembre de 2008 sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009

2008-11-11T17:45:00.002+01:00

“Señorías, respecto a este título III, gastos de personal, voy a hacer referencia a tres temas; en primer lugar, al incremento salarial de los funcionarios; en segundo lugar, a la congelación de los sueldos de los altos cargos; y, en tercer lugar, a la oferta de empleo público. En los tres temas los Presupuestos Generales del Estado que este Gobierno nos envía presentan, a nuestro entender, seriedad y rigor, responsabilidad ante la situación económica y austeridad. Respecto al incremento salarial de los funcionarios, este se fija en un 2 por ciento y además se prevé un incremento de un uno por ciento correspondiente a retribuciones complementarias, cosa que consigue que este año se acabe con la equiparación de las catorce pagas. Finalmente, se prevé un incremento adicional del 0,5 por ciento de la masa salarial para financiar las aportaciones a planes de pensiones de empleo. Este incremento se ha negociado y acordado con los sindicatos, tal y como recoge el acuerdo de la Mesa general de negociación de las administraciones públicas de 25 de septiembre de 2006, ratificado el 16 de septiembre de 2008. El incremento salarial de los funcionarios es una medida con carácter básico, y así debe ser, en aplicación del título competencial reconocido en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Además, así lo ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Las sentencias del Tribunal Constitucional 63/1986, 237/1992 y 171/1996, entre otras, dicen, acerca de imponer topes a las retribuciones de los funcionarios, que se trata de una medida económica general de carácter presupuestario dirigida a contener la expansión de uno de los componentes esenciales del gasto público, además de ayudar a la estabilidad económica y a la gradual recuperación del equilibrio presupuestario. Por tanto, el hilo argumental, al que el señor Ridao hacía referencia en su intervención, de las enmiendas de Convergència i Unió no se sostiene desde el punto de vista jurídico- constitucional y por ello no podremos, evidentemente, apoyar estas enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Respecto a la congelación de los sueldos de los altos cargos, supone un esfuerzo de austeridad y una muestra de coherencia y compromiso del Gobierno, y algo muy importante también como es el hecho de dar ejemplo, cosa fundamental siempre, pero especialmente en esta coyuntura en la que estamos. Este tipo de medidas ejemplarizantes contribuyen sin duda a paliar la desafección potencial que la ciudadanía puede sentir en relación con la política. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, no se pueden hacer en este sentido enmiendas demagógicas como la que su portavoz defendía hace unos minutos. Hay congelación de sueldos de los altos cargos porque así lo prevén los Presupuestos Generales del Estado.

En cuanto a la oferta de empleo público, como medida de contención del gasto público con carácter general, la tasa de reposición de este empleo en las administraciones públicas será como máximo del 30 por ciento. A ello se reconocen algunas excepciones como el personal de la Administración de Justicia, el personal educativo, el personal sanitario, el de inspección de trabajo, el de servicios públicos de empleo y el de instituciones penitenciarias. El Grupo Parlamentario Socialista ha considerado en esta misma dirección presentar la enmienda número 67 que amplíe los casos de excepción del 30 por ciento. ¿A qué servicios? A los servicios de prevención y extinción de incendios y a los efectivos para municipios de menos de 50.000 habitantes. De esa manera, cubrimos aquellos entes locales que más podrían notar la reducción de efectivos, garantizando que no se vean perjudicados sus ciudadanos a la hora de recibir los servicios públicos imprescindibles. Esta es una muestra más del compromiso del Grupo Parlamentario Socialista con el municipalismo.

Asimismo, en la enmienda 67 se propone que el 30 por ciento de la tasa deberá centrarse en aquellos sectores que ofrezcan servicios públicos esenciales, en especial los destinados a desarrollar la Ley 39/2009, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Así, además de destinar en estos Presupuestos Generales del Estado para 2009 un incremento de la partida para financiar la Ley de la Dependencia del 33 por ciento, también cuando hablamos de los efectivos públicos que deben destinarse a este objetivo prioritario el compromiso del Grupo Parlamentario Socialista es palpable. Esta enmienda número 67 mantiene un buen equilibrio entre la necesidad indiscutible de contención del gasto público y ofrecer en todo momento los servicios que los ciudadanos más reclaman, por ser los más esenciales. Dos temas son básicos en este punto para mi grupo: el compromiso con los ayuntamientos y sus necesidades, y el compromiso con las políticas sociales. Por ello el Grupo Parlamentario Socialista apoyará este título III, ya que consideramos que consigue, como decía, un equilibrio entre la contención del gasto y el trato que merecen los trabajadores que ofrecen servicios públicos a los ciudadanos.Gracias".

Intervención en la Comisión de Presupuestos del día 5 de noviembre de 2008

2008-11-06T17:48:00.001+01:00

“Las principales líneas de actuación del departamento de Administraciones Públicas que el Grupo Socialista considera necesarias y por las que efectivamente estos Presupuestos Generales del Estado apuestan son, en primer lugar, continuar con la mejora de la calidad y los servicios que se prestan a la ciudadanía a través de la Administración General del Estado. En este sentido es de vital importancia el programa 921.P, referido a la Administración periférica del Estado. El incremento de este programa se debe fundamentalmente al refuerzo de las oficinas y unidades de extranjería, a las unidades de violencia de género y a la aplicación del Plan de mejora de los servicios de sanidad exterior, con el refuerzo de los puestos de inspección fronterizos. Es un aumento de las partidas destinadas a infraestructuras, a personal y a innovación tecnológica, por lo que las enmiendas 1.040 y 1.041 del Grupo Popular no nos parecen adecuadas, en la medida en que el presupuesto ya cubre las necesidades en este campo.

El segundo gran objetivo de este departamento es proseguir con la política de extensión de los servicios públicos telemáticos y con la modernización tecnológica de la Administración General del Estado. Así, el programa 467.G, de investigación y desarrollo de la sociedad de la información, mantiene una dotación suficiente, a nuestro entender, para seguir apostando por este desarrollo tecnológico, tan necesario, de la Administración pública si queremos que esta ofrezca los servicios a los ciudadanos y a las empresas con el nivel de calidad adecuado. Esta fue una apuesta durante toda la anterior legislatura y se mantiene en esta. A simple vista, podría parecer que hay una disminución respecto a los Presupuestos Generales del Estado del 2008; sin embargo, en términos homogéneos no se produce tal reducción, ya que esta se explica con la reducción de 5 millones que en 2008 se destinaban a ventanilla única I+D+i, que ha dejado de ser competencia de este ministerio, así como de los fondos destinados a las medidas de activación del Plan Jaén XXI, que finaliza su vigencia y que tenía una dotación de 1,09 millones de euros.En conclusión, el programa 467.G experimenta en realidad una ligera subida, por lo que las enmiendas 1037, 1038, 1039 y 1042 del Grupo Popular, así como las enmiendas 2363, 2371 y 2377 de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, no nos parece que tengan sentido suficiente como para aceptarlas.

Quiero referirme también al Instituto Nacional de Administración Pública, antes de abordar el tercer gran objetivo, que es el de continuar con el apoyo económico-financiero a las corporaciones locales, sobre las cuales han centrado las intervenciones que me han precedido. En relación a este organismo autónomo el Grupo Socialista ha presentado una enmienda, la 1431, para adecuar los estados de gastos del INAP a la nueva cantidad que se destinará a la formación continua en el ámbito de las comunidades autónomas en 2009, derivadas precisamente del acuerdo de 10 de octubre de 2008, tomado por la Comisión general para la formación continua. Así, la inversión en formación continua queda, de alguna manera, territorializada. En parte, las enmiendas 2359 y 2360 del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, así como las enmiendas 1035 y 1036 del Grupo Popular, van en la misma dirección, por lo que pediríamos a estos grupos parlamentarios que apoyen nuestra enmienda porque entendemos que subsume o podría subsumir las suyas, y que responde además al acuerdo tomado por la Comisión general para la formación continua.

Entro a hablar del tercer gran eje prioritario del presupuesto de 2009, que consiste en el apoyo económico-financiero a las corporaciones locales a través, principalmente, del programa 942.A, de cooperación económica local del Estado por parte del Ministerio de Administraciones Públicas.Como SS.SS. saben, la finalidad de este programa según el Real Decreto 835/2003 es, en primer lugar, contribuir a la realización de las inversiones locales incluidas en los planes provinciales e insulares de cooperación; en segundo lugar, contribuir a la modernización de la Administración local a través de la utilización de tecnologías de la información y, en tercer lugar, contribuir a impulsar la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales. Para ello, los Presupuestos Generales del Estado que nos presenta el Gobierno instrumentan unas líneas de ayuda que no tienen nada que ver con el modelo de financiación local, que ustedes pretenden modificar vía enmiendas a esta sección. Ustedes mismos han citado algunas de ellas, por ejemplo, la 1033 del Partido Popular o la 2966 de Convergència i Unió, que necesariamente tenemos que rechazar. Compartimos el diagnóstico de que hay un problema de financiación local, y por eso precisamente estamos trabajando en los foros adecuados para intentar llegar a un acuerdo lo antes posible. El problema de la financiación local, por otro lado, no lo ha generado ni el Partido Socialista ni el Gobierno socialista ni este grupo parlamentario, sino que es un problema que ya existe y que fue agravado por las decisiones tomadas por los gobiernos populares.

Hay otro grupo de enmiendas que vamos a rechazar porque confunden este programa con unas asignaciones nominativas a corporaciones locales para la realización de ciertas obras o proyectos concretos, cuando las ayudas a obras o servicios municipales tienen que instrumentarse necesariamente a través de los planes provinciales e insulares, y estos deben cumplir, además, determinados requisitos. En otras palabras, el presupuesto no puede territorializar o asignar créditos directos a corporaciones locales concretas a través de este programa, sino que la legislación prevé que sea a lo largo del ejercicio presupuestario cuando se presenten proyectos concretos. Léanse, por favor, el artículo 10, entre otros, del real decreto citado. Por tanto, estas enmiendas que el Grupo Socialista rechazará son la 2328, la 2347, la 2348, la 2349, la 2351, la 2380 y la 2394 de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Pediríamos, de hecho, que las retiraran por ser insalvables e inviables desde el punto de vista técnico.

A continuación, quiero defender las enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario, la 1429 y 1430, referidas a una compensación económica para aquellos municipios con instalaciones militares en su territorio -concretamente, hacen referencia a los municipios de San Fernando, Rota, Barbate, El Arahal, Ferrol y Cartagena-, y a su vez otra enmienda referida a los municipios con servidumbres militares, tales como El Coronil, Paradas y Obejo. En caso de que se aceptara esta enmienda, carecerían de sentido la enmienda 1034, del Grupo Popular, y la 1928, del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Pedimos a estos grupos parlamentarios que apoyen nuestra enmienda, pues pensamos que la partida que nosotros proponemos es más ajustada y está más en coherencia con la que recibieron el año anterior, y es más justa en la medida en que distingue aquellos municipios con bases en su territorio y aquellos municipios que sufren simplemente servidumbres referidas a las instalaciones militares.

Finalmente, hemos llegado a un acuerdo -y lo quiero poner en valor- con una enmienda transaccional en relación con el fondo especial para la financiación a favor de los municipios de población no superior a 20.000 habitantes. Esta transaccional se basa en la enmienda 1929 y ha sido concertada por parte del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida.Este es uno de los instrumentos -el más significativo- que la sección 22 nos ofrece para mejorar la situación económica de los ayuntamientos.Hemos querido, pues, aprovechar esta oportunidad para apostar paliar la coyuntura desfavorable de los municipios, siendo conscientes de que el trabajo de fondo, como decía antes, debe llegar pronto con un nuevo modelo de financiación local que garantice, en primer lugar, la suficiencia financiera; en segundo lugar, que respete la autonomía local y, en tercer lugar, que sea un pacto entre todas las fuerzas políticas; por tanto, que sea un modelo de consenso. En este sentido, hemos pactado también una transaccional con Izquierda Unida referida a una disposición adicional votada ayer que nos parece fundamental, ya que es la base precisamente para una nueva y buena financiación, objetivo último de este grupo parlamentario

La sección 32 es el reflejo contable del título VII, que a su vez refleja el modelo de financiación de las comunidades autónomas y de las haciendas locales, por lo que el discurso de fondo y defensa de esta parte del presupuesto ya se hizo ayer en boca de nuestra portavoz, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro. En cualquier caso, cabe recordar hoy cuatro puntos fundamentales a nuestro entender. En primer lugar, la Ley de Presupuestos Generales del Estado no es el ámbito adecuado para introducir modificaciones al sistema actual de financiación local y autonómica. Por ganas evidentemente no queda. Nosotros somos los primeros que tenemos ganas de resolver estos dos grandes retos, como son mejorar y pactar un nuevo modelo de financiación tanto autonómica como local, pero no es la Ley de Presupuestos Generales del Estado el lugar para poder hacerlo. En segundo término, ha sido el Gobierno socialista el que ha tenido desde el Estado una política municipalista, compensando el impuesto de actividades económicas suprimido por el Partido Popular y creando los anticipos a cuenta de los ayuntamientos en 2006 para mejorar su financiación. En tercero, están empezando a negociar en comisión conjunta el Ministerio de Economía y Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias, y es en este ámbito y además con todas las fuerzas políticas en el que hay que llegar a acuerdos y mejoras en la financiación. A su vez, el Estado está negociando con las comunidades autónomas, como SS.SS. saben, para llegar a un nuevo modelo de financiación autonómica. Cuando defendemos la participación de los entes locales y de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado tenemos que ser coherentes y saber que eso quiere decir participación en los ingresos del Estado. Por tanto, si estos aumentan los ingresos, la cantidad que les corresponderá será mayor, pero si disminuyen dichos ingresos también la cantidad a percibir va a disminuir.

Dicho esto, entro brevemente a hablar de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. La enmienda 1560, presentada por nuestro grupo, propone una mejora al transporte regular de viajeros de las distintas islas Canarias, así como supone cubrir necesidades puntuales del servicio. En este sentido, las enmiendas 1228 y 1323 del Grupo Popular y de Coalición Canaria respectivamente buscan el mismo objetivo, por lo que pediríamos a estos grupos parlamentarios que retiraran las suyas y apoyaran la nuestra, puesto que por cuantía y por distribución de las partidas nos parece la más ajustada y la más adecuada para estos presupuestos.

No vamos a apoyar el resto de enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios a esta sección 32 por distintas razones, algunas porque son el reflejo numérico de un nuevo artículo o disposición que se ha presentado al articulado, concretamente al título VII, y que ya se han rechazado -por tanto, carecen de sentido-, otras porque presentan una deficiencia técnica que imposibilita su aprobación. Sus señorías saben perfectamente que, de acuerdo con el artículo 133 del Reglamento de la Cámara, no se puede dar de baja partidas de otras secciones referidas al alta, a no ser que se haga referencia a la sección 31. Por tanto, no podemos aceptar todas aquellas enmiendas que técnicamente presentan este defecto de forma. Por fin, otras financian el alta con una baja que afecta a la liquidación definitiva de la participación en los ingresos correspondientes a ejercicios anteriores, lo que de aprobarse supondría una grave alteración del sistema de financiación local. Pongo por ejemplo las enmiendas 1236 y 1237 del Grupo Popular.

Finalmente, con relación a la sección 33, como ustedes saben, es una sección que hace referencia al Fondo de Compensación Interterritorial, y es donde se recogen los créditos de este fondo, que está perfectamente regulado por la Ley 22/2001. Es decir, señorías del Grupo Popular, presentar una enmienda a la totalidad a esta sección, como han hecho, supone dos cosas: en primer lugar, presentar una enmienda a la totalidad a la Ley 22/2001, aprobada precisamente por un Gobierno del Partido Popular y, en segundo lugar, acabar con el Fondo de Compensación Interterritorial. Las enmiendas a la totalidad de las otras secciones pueden más o menos entenderse. La de esta sección 33 nos parece que es absolutamente incoherente. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista rechazará todas las enmiendas presentadas a esta sección, también las de Coalición Canaria, ya que aceptarlas supondría incumplir la Ley del fondo, algo a lo que, como ustedes comprenderán, no estamos dispuestos".

Intervención en la Comisión de Presupuestos del día 4 de noviembre de 2008

2008-11-05T17:52:00.000+01:00

“Mi intervención se va a centrar en el contenido del título III de este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y haré referencia a los gastos de personal. Quiero centrar mi intervención en tres aspectos. En primer lugar, el incremento salarial para los funcionarios; en segundo lugar, la congelación de los sueldos de los altos cargos y en tercer lugar, la oferta de empleo público. El Grupo Socialista cree que en los tres aspectos que he señalado los Presupuestos Generales del Estado presentan seriedad, rigor y responsabilidad ante la situación económica coyuntural que estamos viviendo y, también, austeridad. Curiosamente las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios que están tan preocupados por la situación de crisis no hacen más que intentar incrementar los gastos de estos presupuestos. En relación con el incremento de los sueldos de los funcionarios se prevé, en principio, del 2 por ciento junto a un aumento del 1 por ciento en relación con las retribuciones complementarias en términos de masa salarial -cosa que consigue que este año se acabe con la equiparación de las catorce pagas- y un 0,5 por ciento para financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo. Por tanto, en realidad estamos hablando no de un 2 por ciento, sino de un 3,5 por ciento. Los funcionarios no pagan la crisis económica, como decía el portavoz de Esquerra Republicana.Estos incrementos salariales han sido negociados con los sindicatos, y hemos llegado a acuerdos con ellos en la mesa general de negociación de las administraciones públicas de 25 de septiembre de 2006, cosa que fue ratificada por la mesa general de negociación de 16 de septiembre de 2008. Este incremento es una medida con carácter básico y a ello haré referencia seguidamente En el contexto actual las administraciones públicas tienen que tener presente la repercusión de las cláusulas de revisión salarial sobre otras variables económicas, como la inflación o el desempleo. La revisión salarial debe vincularse fundamentalmente a la evolución de la productividad, lo que en el sector público tiene que traducirse en la mejora de los servicios que se prestan a los ciudadanos.Por ello, no nos parecen procedentes las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds 2066, 2067, 2068, 2069 y 2070.

En relación con el carácter básico de esta medida, reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional han puesto en evidencia que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución sirve de título competencial para que el Estado pueda regular sobre esta materia basándose en las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica.Quiero señalar especialmente la sentencia del Tribunal Constitucional 171/1996, así como la sentencia 63/1986, que señala que imponer los topes a la retribuciones de los funcionarios es una medida económica general de carácter presupuestario dirigida a contener la expansión de uno de los componentes esenciales del gasto público. Además, la sentencia 237/1992, también del Tribunal Constitucional, añade que ayuda a la estabilidad económica y a la gradual recuperación del equilibrio presupuestario. Por estos motivos no podemos aceptar las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) 2563, 2564 y 2565, prácticamente todas las que ha presentado a este título III. Le recuerdo al portavoz de Convergència i Unió que las comunidades autónomas no están constreñidas al 2 por ciento, como decía al inicio de mi intervención, sino que también pueden añadir los complementos previstos del 1 por ciento y del 0,5 por ciento sobre aportaciones a planes de pensiones de empleo.

Respecto a la congelación de los sueldos de los altos cargos, mi grupo parlamentario valora muy positivamente esta medida porque supone un esfuerzo de austeridad y muestra la coherencia y el compromiso del Gobierno con la situación coyuntural de crisis económica. Además de esta austeridad y de esta coherencia, es una manera de dar ejemplo, cosa fundamental siempre pero especialmente en esta coyuntura en la que estamos, ya que este tipo de medidas ejemplarizantes contribuyen a paliar la desafección potencial que la ciudadanía puede sentir en relación con la política. Algunas de las enmiendas presentadas a este punto caen en algún aspecto demagógico, como puede ser la número 121 presentada por el Grupo Parlamentario Popular, ya que proponen eliminar el criterio de la productividad que nos parece positivo a la hora de realizar un servicio público.

En relación con la oferta de empleo público, quiero empezar diciendo que la previsión en estos Presupuestos Generales del Estado para 2009 es una medida de contención del gasto público, ya que la tasa de reposición de empleo en las administraciones públicas será, como máximo, del 30 por ciento, lo que quiere decir que efectivamente dejarán de convocarse al menos un 70 por ciento de las plazas que queden vacantes. Sin embargo, esta medida de contención del crecimiento del empleo público se conjuga con el necesario mantenimiento de algunas políticas esenciales y prioritarias para los ciudadanos. La limitación de la tasa de reposición, por tanto, no se aplica a determinados sectores: al personal de la justicia, al de la educación, al personal sanitario, al personal de la Inspección de Trabajo, al de los servicios públicos de empleo y al personal de Instituciones Penitenciarias.

El Grupo Socialista, en esta misma dirección, ha presentado una enmienda que amplíe, en cierto modo, algunos de los casos de excepción a esta limitación del 30 por ciento de tasa de reposición. Esta enmienda número 67 propone aplicar una tasa de reposición del cien por cien también a servicios de prevención y extinción de incendios y a efectivos para municipios de menos de 50.000 habitantes. Asimismo, esta enmienda número 67 pretende concentrar la tasa de reposición del 30 por ciento en aquellos sectores que ofrezcan servicios públicos esenciales, en especial los destinados a desarrollar la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, porque este es un elemento fundamental para nuestro grupo parlamentario. Por cierto, el señor Merino dice que el Estado no hace ningún esfuerzo y que no ha puesto dinero precisamente para desarrollar esta ley, peor sabe S.S. que no es cierto; en el año 2008 hubo un incremento del 26 por ciento y en 2009, con la crisis económica que hay, con el esfuerzo de austeridad que está llevando a cabo este Gobierno, ha habido un incremento del 33 por ciento. Me parece que es muestra suficiente como para que sus palabras no se ajusten para nada a la realidad. Esta enmienda 67 mantiene un buen equilibrio entre la necesidad indiscutible de contención del gasto público y el ofrecer en todo momento los servicios que los ciudadanos más reclaman por ser los más esenciales; sin duda, en este caso está el despliegue, el desarrollo de la Ley de Dependencia. Las enmiendas 114, 115 y 116 del Partido Popular, la 1628 de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa Per Catalunya Verds, y las enmiendas 1258 y 1259, de Coalición Canaria, van en esta misma dirección, por lo que pediría a estos grupos parlamentarios que apoyaran nuestra enmienda, ya que de alguna manera subsume lo que proponen en sus iniciativas".

Intervención en la Comisión de Administraciones Públicas donde comparecía el Secretario de estado de Cooperación Territorial .

2008-10-30T17:54:00.000+01:00

“ En primer lugar, le doy la bienvenida en nombre del Grupo Socialista al secretario de Estado de Cooperación Territorial, don Fernando Puig de la Bellacasa. Gracias por la información exhaustiva y amplia que nos ha ofrecido en su comparecencia. Yo haré referencia a algunos de los temas a los que nuestro grupo quiere dar una mayor importancia y, por tanto, no hablaré de todos y cada uno de los que ha expuesto.

Quiero empezar señalando la satisfacción del Grupo Socialista al comprobar que el modelo territorial constitucional que nos propone el Ministerio de Administraciones Públicas, en definitiva el Gobierno de España, y la concepción que tienen de esta organización territorial se ajusta perfectamente a aquello que este grupo defiende y a aquello que la Constitución determina. Yo no creo que, como decía el portavoz del Partido Popular, esto sobre de su comparecencia, ni mucho menos. Creo que es una de las piedras angulares que el Gobierno -y usted, dado que esta es su primera comparecencia en esta nueva legislatura- debe trasladar a las Cortes Generales y a esta Cámara porque sobre este modelo es sobre el que vamos a construir y vamos a desarrollar o a perfeccionar este modelo de organización territorial que nos ha dado nuestra Constitución. En este sentido, creo que es importante que el Gobierno deje claro que todo el desarrollo se va a fundamentar en principios tan importantes como son los de colaboración, cooperación y lealtad institucional. Me parece que es la única manera de trabajar, en un país descentralizado como el nuestro, entre administraciones públicas que tienen que servir en todo momento al ciudadano, y por tanto velar por que este ciudadano reciba los mejores servicios posibles, al mismo tiempo que también es un gobierno que va a respetar al máximo el hecho de estar en un país descentralizado, que en el bloque de constitucionalidad se marque una distribución de competencias determinada y al principio general de servicio que deben tener todos los poderes públicos hacia los ciudadanos.Creo que hay que poner en valor el esfuerzo que está haciendo este ministerio para desarrollar los nuevos estatutos de autonomía y también, como decía la portavoz del Grupo Mixto del Partido BNG, los que son más antiguos pero que continúan teniendo necesidad de ser desarrollados.

Sin duda, los mecanismos formales que ha habido hasta ahora para establecer las vías de comunicación entre las administraciones públicas o entre los distintos gobiernos, me refiero al estatal y al autonómico, eran pocos o los que había no se usaban o se utilizaban de una manera muy debilitada. Yo creo que la apuesta de potenciar estos mecanismos formales de cooperación y de colaboración es uno de los elementos esenciales del Gobierno socialista, y desde este grupo pensamos que es algo muy positivo. Seguramente era una de las asignaturas pendientes del desarrollo del modelo autonómico. Estábamos acostumbrados a la reivindicación constante por parte de las comunidades autónomas pero, en cambio, no se habían potenciado suficientemente todos los mecanismos formales de relación entre Estado y comunidades autónomas que ya existen.En ese sentido me gustaría destacar la Conferencia de Presidentes y el hecho de que el ministerio esté haciendo un desarrollo reglamentario para establecer normativamente esta Conferencia de Presidentes, también las conferencias sectoriales y todos los convenios de colaboración que ha citado el secretario de Estado, así como el gran esfuerzo que se ha hecho durante la anterior legislatura -esfuerzo que se mantendrá en esta legislatura- para intentar disminuir la conflictividad entre Estado y comunidades autónomas. El informe que este ministerio ha remitido a los demás ministerios del Gobierno de España para dar claves en relación con la jurisprudencia constitucional y para dejar muy claro cuáles pueden ser los límites de la distribución competencial, así como haber incorporado en las comisiones bilaterales de cooperación la negociación de lo que prevé el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para intentar llegar a acuerdos y así no tener que interponer recursos frente al Tribunal Constitucional, pensamos que son instrumentos que han sido de gran utilidad y que vale la pena destacar y poner en valor.

En relación con estos temas formales, quería hacer referencia a tres cuestiones que de alguna manera son más novedosas. La incorporación del estudio de impacto autonómico para reducir la conflictividad ha sido una propuesta por parte del Gobierno de España muy interesante, muy importante y que seguro va a dar sus frutos en breve. La creación del Consejo de las Lenguas -la portavoz del BNG ha hecho referencia a ello- también es importante para el Grupo Socialista. Sería bueno que el secretario de Estado pudiera informar a esta Cámara de las conclusiones de este informe que está elaborando el Consejo de Estado, porque creo que sería interesante que supiéramos cuál es el uso de las lenguas cooficiales por parte de la Administración General del Estado en las comunidades bilingües. En tercer lugar, nos parece destacable la puesta en marcha de los instrumentos de bilateralidad. Como usted ha dicho, siempre se habla del Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero no solo es un instrumento que se prevea en el texto estatutario de Cataluña, sino que estos instrumentos se han puesto en marcha tanto para Andalucía, Aragón, Castilla y León como para Cataluña. Estos elementos, desde la Conferencia de Presidentes hasta este último que ha anunciado, son pasos de gigante para conseguir esta relación fluida, necesaria, leal, entre los diferentes niveles de gobierno.

Este año se cumplen treinta años de Constitución española. Por tanto, estamos en un momento en el que valdría la pena apostar por algunos cambios pendientes de nuestra democracia, algunos tan importantes como puede ser, por ejemplo, abordar la mejora de relación entre las administraciones públicas y los ciudadanos y las empresas. Yo creo que este Gobierno -como el anterior Gobierno socialista, el de la VIII Legislatura- ha apostado claramente por una modernización de las administraciones públicas, por una mejora de su eficacia y de su eficiencia, por una mejora también en la transparencia, una mayor accesibilidad, por tanto, a la información pública y también a la cooperación inter administrativa de los distintos niveles de administraciones públicas que tenemos en nuestro país. Seguramente, también sería el momento -aunque este no es el foro adecuado para plantearlo- de adaptar el texto constitucional a la realidad autonómica existente. Estoy pensando, claro está, en la reforma del Senado. Este sería un instrumento fundamental para acabar de potenciar un sistema de país descentralizado, una organización territorial como es el sistema autonómico que nos dota la Constitución, por tanto, un instrumento que nos parece que está pendiente dentro de nuestro sistema constitucional.En definitiva, creo que sería el momento para iniciar debates en profundidad sobre el perfeccionamiento y la mejora de este Estado autonómico, siempre evidentemente bajo los principios de cooperación, de entendimiento, de diálogo, de lealtad institucional, a los que usted mismo hacía referencia y a los que este grupo parlamentario da una especial importancia.

Respecto a las corporaciones locales, yo quería destacar que para el Grupo Socialista uno de los grandes objetivos de la legislatura -seguro que esto no le sorprenderá- es precisamente la necesidad de dotarnos de una nueva ley de gobierno local. Por tanto, celebramos que este haya sido uno de los anuncios que el secretario de Estado ha traído hoy a esta Comisión, porque para nuestro grupo este proyecto va a ser muy importante. Evidentemente es un proyecto que entendemos que tiene que ir en paralelo o más o menos a caballo con el proyecto de ley de reforma de las haciendas locales, pero a la financiación me referiré un poquito más adelante.

Respecto a la ley de gobierno local, desde nuestro punto de vista, precisamente por su gran importancia, por el gran impacto que va a suponer y por la gran expectativa que hay sobre este proyecto, es fundamental e imprescindible el consenso entre las fuerzas políticas.Pensamos que si no conseguimos ese consenso en este proyecto de gobierno local, en esta ley o en este estatuto de gobierno local, sería un fracaso por parte de las fuerzas políticas. Para ello, evidentemente el Gobierno y el grupo mayoritario que da soporte al Gobierno tendremos que poner el máximo de nuestra parte, pero también la responsabilidad, las ganas y la voluntad de llegar a acuerdo por parte de los otros grupos políticos va a ser importante. Indudablemente si dos no quieren no se llega a un acuerdo. Pero el consenso al que me estaba refiriendo no solo se tiene que dar entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria sino que el consenso, y por encima de todos los demás, tiene que llegar de manos de la Federación Española de Municipios y Provincias. El diálogo con la Federación Española de Municipios y Provincias para la elaboración de este texto y para marcar las líneas generales que tendrían que incluirse en este texto se considera que va a ser imprescindible en nuestro grupo parlamentario. Para nuestro grupo este texto tendría que tener algunas líneas básicas importantes. Tendría que ser un texto que respetara evidentemente las competencias de las comunidades autónomas y que respetara escrupulosamente la autonomía local reconocida en el Constitución. Tendría que ser también, como ya decía, un texto de consenso y de acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias. Y tendría que ser un texto que buscara la cooperación y la colaboración entre las corporaciones locales, el Estado y también las comunidades autónomas para ofrecer los mejores servicios a los ciudadanos y una mayor transparencia a la hora de hacer cumplir o de ofrecer estos servicios a los ciudadanos.

Respecto al tema de la financiación al que hacía referencia el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y sabiendo que una de las peticiones que había sobre la mesa para su comparecencia era tratar precisamente la financiación autonómica y local, queríamos empezar diciendo que es una materia importante para este ministerio, pero también es evidente que desde el punto de vista organizativo esta materia recae directamente sobre el Ministerio de Economía y Hacienda. De hecho, hay una secretaría general creada expresamente sobre financiación territorial que es la directamente responsable para tratar sobre la materia de financiación autonómica y financiación local. En cualquier caso, quería hacer referencia a algunas cosas. El Grupo Parlamentario Socialista cree que efectivamente hay una necesidad imperiosa de llegar a acuerdos para diseñar un nuevo modelo de financiación autonómica. Creemos que el modelo actual no es bueno. Celebro que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular tampoco esté satisfecho con el actual modelo. Él fue uno de los artífices de este modelo; un modelo pactado, como todos recordamos, por el Partido Popular y por Convergència i Unió. Celebro que no les guste y celebro que lo quieran cambiar. Además, también es importante llegar a un acuerdo porque hay estatutos de autonomía que establecen una obligación legal para llegar a un acuerdo sobre la financiación autonómica. Celebro también que el señor Merino defienda con tanto énfasis el Estatuto de Autonomía de Cataluña que le recuerdo que lo recurrió su grupo parlamentario ante el Tribunal Constitucional. Está bien que ahora defienda la aplicación y el cumplimiento de este Estatuto de Autonomía de Cataluña. En cualquier caso, el acuerdo de financiación autonómica sí que tiene que ser un acuerdo justo para todas las comunidades autónomas; tiene que ser un acuerdo solidario, porque la solidaridad es uno de los elementos imprescindibles de nuestro modelo de organización territorial; y, evidentemente, tendría que ser un acuerdo que garantizara la suficiencia financiera y que no supusiera una disminución de ingresos para ninguna de las comunidades autónomas tal como está en estos momentos. En ningún caso nos parece que sea demasiado inteligente dar cifras cuando se habla de la financiación autonómica, porque hablar de un modelo es incompatible con dar unas cifras o unas cuantías concretas.

Antes de entrar en la financiación local quería destacar la habilidad política del portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Es algo que a él siempre le gusta destacar de los otros intervinientes en esta Comisión, nuestra habilidad política, pero él sí que creo que realmente tiene una gran habilidad política como portavoz porque responsabilizar al Gobierno del Estado de los presupuestos o de las previsiones de los presupuestos que hace cada una de las comunidades autónomas ha sido notabilísimo. Creo que esto ha sido algo de tecnología punta en el parlamentarismo, porque evidentemente cada Administración, cada institución, es responsable de aquellos presupuestos que aprueba no solo el Gobierno sino los parlamentos autonómicos de cada comunidad autónoma. Refiriéndome a la financiación local, estoy de acuerdo en que efectivamente también es necesario repensar un nuevo modelo para la financiación local. Es evidente que los ingresos para las corporaciones locales en estos momentos son insuficientes para llevar a cabo todas aquellas competencias que están desarrollando y es cierto que es una vieja reivindicación de la Federación Española de Municipios y Provincias y, como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, es algo que durante veinticinco o treinta años se ha estado esperando. Veo que tuvo poco éxito durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular para llegar a un acuerdo y para cambiar y pactar un buen modelo de financiación local. En cualquier caso, este Gobierno lo hará. Será el Gobierno socialista el que consiga -espero que de la mano de ustedes también y de los demás grupos parlamentarios- perfilar, definir y diseñar un buen modelo de financiación local. Lo más importante a nuestro entender es que haya una negociación permanente e intensa con la Federación Española de Municipios y Provincias. Ya hay de hecho una comisión entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias que se reúne periódicamente, que está trabajando con unos documentos básicos sobre los cuales se está discutiendo y nos parece que ese es el camino. Por tanto, creemos que lo que tenemos que hacer desde el Congreso de los Diputados es apoyar este diálogo, apoyar estas relaciones, intentar que sean lo más fluidas y ágiles posibles para que se llegue a acuerdos con cierta rapidez, pero no exigirle al secretario de Estado de Cooperación Territorial que nos detalle toda esta información; entre otras cosas, porque, como decía, recae en la competencia directa del Ministerio de Economía y Hacienda.

Quería acabar diciendo simplemente que en el caso de la financiación local también el Grupo Parlamentario Socialista piensa que hay algunos elementos importantes de los que queremos dejar constancia. En primer lugar, para llegar a un acuerdo sobre este nuevo modelo de financiación local será fundamental hablar de la suficiencia financiera. Por tanto, este modelo tiene que garantizar en cualquier caso que las corporaciones locales tengan suficiencia financiera para abordar todos aquellos servicios que tienen que ofrecer a los ciudadanos. En segundo lugar, tiene que ser una financiación que se dé de forma coordinada y en paralelo también con la financiación autonómica; y quiero dejar muy claro que tanto la financiación local como la financiación autonómica son dos modelos importantes. Desde el Grupo Parlamentario Socialista no establecemos ningún tipo de gradación, sino que las dos -por decirlo de forma gráfica- nos parece que son financiaciones de primera división y que requieren un tratamiento pormenorizado, serio y riguroso para llegar a un acuerdo. En todo caso, lo dejaría aquí. Si luego hay un segundo turno, haré referencia a otras cuestiones".

SEGUNDO TURNO

El señor PRESIDENTE: Señora Batet.

" Respecto a la política social de este Gobierno, quería empezar diciéndole al señor Merino que el"Diario de Sesiones" recoge palabras, no verdades. Aunque reitere una falsedad, por exagerada o reiterada que sea, no se convierte en verdad. Constará en el"Diario de Sesiones" dos, tres o cien veces, pero la política social de este Gobierno me parece que es incontrastable, más si la comparamos con la política social de los gobiernos populares. En segundo lugar, creo que se siguen confundiendo los Presupuestos Generales del Estado y el modelo de financiación local. Usted habla indistintamente de uno y de otro.Respecto a los Presupuestos Generales del Estado, me quedo con un dato significativo, y es que ha habido un aumento respecto al año 2004 de un 34 por ciento en la aportación a las corporaciones locales por parte de los gobiernos socialistas. Ese es el dato relevante de los Presupuestos Generales del Estado. En cuanto al modelo de financiación, me gustaría preguntarle al portavoz del Grupo Popular si su gran aportación al modelo de financiación local ha sido la supresión del IAE. Esa fue su gran aportación. Dice: No hablemos de pasado. Pero es que a veces los precedentes son necesarios. ¿Cuáles son los precedentes? Un modelo de financiación autonómico malísimo, nefasto, injusto, arbitrario en determinados casos y una ausencia total de modelo de financiación que realmente cubra las necesidades de los ayuntamientos. Usted dice que quiere hablar de futuro; hablemos de futuro. Este Gobierno socialista traerá a esta Cámara un nuevo modelo de financiación autonómico, un nuevo modelo de financiación local y una nueva ley del gobierno local. Ese es el futuro de esta Comisión y de las administraciones públicas de este país; y por supuesto que los partidos políticos tienen que entrar en la negociación. Yo no decía que tuviéramos que someternos al acuerdo del Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias, ni mucho menos. Cuando he hablado de consenso, tanto para la financiación como para la ley del gobierno local, me refería también de la necesidad del consenso con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en esta Cámara. Ha hablado usted también de falta de liderazgo. El liderazgo no es hacer grandes declaraciones oportunistas o mediáticas; el liderazgo es trabajar codo con codo con el Ministerio de Economía y Hacienda para llegar al mejor objetivo, al mejor modelo tanto para la financiación autonómica como para la financiación local, y eso es lo que está haciendo el Ministerio de Administraciones Públicas. No se preocupe por mi papel como portavoz y porque crea que estoy escenificando alguna cosa en la que no creo. Le aseguro que hablo con convicción, no por obligación, como catalana y como española también".

Comisión Constitucional, donde compareía la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Minsitra de Presidencia

2008-07-31T09:43:00.000+02:00

La comparecencia de la Ministra se dió para explicar la disposición del Gobierno a tramitar, con la máxima urgencia, el proyecto de Ley Orgánica de reforma de la LOREG, que permita a los residentes ausentes votar en urna.

“Yo también quiero empezar agradeciendo a la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia su comparecencia en esta Comisión para hablarnos de algo tan importante como son las posibles modificaciones de la Ley Electoral que los grupos parlamentarios podamos proponer. Comparece de nuevo la vicepresidenta para volver a constatar la voluntad política de llevar adelante, de apoyar todas las posibles reformas de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que los grupos parlamentarios acordemos por consenso. Así lo dijo ya en su primera comparecencia y además adquirió el compromiso de solicitar un informe al Consejo de Estado para que este emitiera su opinión sobre las posibles reformas de la Ley Electoral. Desde nuestro punto de vista, por tanto, el Gobierno ha cumplido con lo que se comprometió, que fue precisamente la solicitud de este informe al Consejo de Estado. En el ámbito parlamentario, para el estudio riguroso de todas las modificaciones que cada uno de los grupos políticos de la Cámara tengamos a bien presentar, solicitamos la creación de una subcomisión. Esta solicitud se presentó el 29 de mayo y, como se ha dicho ya a lo largo de esta mañana en esta Comisión Constitucional, fue unánime y acordada por todos los grupos políticos de la Cámara. La vicepresidenta se ha referido a dos cuestiones de reforma de la Ley Electoral, señor Jorquera, no se ha manifestado sobre todas las modificaciones potenciales que ella pueda tener; se ha referido a dos, porque son las dos cuestiones que tienen una actualidad, que han salido en los debates de las últimas semanas. La primera de ellas hacía referencia al derecho de voto de los extranjeros residentes en España. La vicepresidenta ha explicado extensamente que para ello hará falta que aquellos extranjeros tengan una residencia estable y legal, evidentemente, en España y que será necesario tener un convenio de reciprocidad con aquellos países de donde procedan, de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución. En ello tenemos un especial interés los socialistas porque, como todos ustedes saben, fue una de las propuestas que salió de nuestro congreso de partido durante este mes de julio y, por tanto, hubo un compromiso con los militantes de llevarlo a la Cámara. No por ello vamos a saltarnos el acuerdo con todos ustedes, sino que, por el contrario, lo que haremos será llevar la propuesta a la subcomisión del Congreso, porque este era el compromiso adquirido por todos nosotros, señorías, crear una subcomisión para llevar a ella todas las reformas que consideremos pertinentes.

El segundo tema es el voto de los españoles residentes en el exterior, lo que todos conocemos como el voto CERA. Evidentemente, este era el tema central por las solicitudes de comparecencia que había de tres grupos parlamentarios. Recuerdo que el Grupo Vasco también solicitó esta comparecencia, y además fue aprobada por todos los otros grupos de la Cámara. Lamentamos que no estén presentes en esta Comisión porque el tema lo requiere por su importancia. En este sentido, me gustaría hacerles algunas preguntas a los grupos solicitantes de esta comparecencia. Si tanta urgencia había en esta segunda reforma concreta, ¿por qué no plantearlo ya, por ejemplo, en la primera comparecencia que hizo la vicepresidenta en esta Comisión Constitucional? ¿Por qué no solicitar la constitución de la subcomisión para que iniciara ya sus trabajos -recuerdo que presentamos la solicitud el 29 de mayo y tuvimos todo el mes de junio, en sesión ordinaria, para constituir esta subcomisión? ¿Por qué no solicitar en la Diputación Permanente, como se hizo con otra subcomisión en el marco de la Comisión de Agricultura, la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional para constituir dicha subcomisión, en vez de para celebrar esta comparecencia? Finalmente, ¿por qué aprobar en el Parlamento gallego una proposición de ley para remitir a las Cortes Generales, para su tramitación, si luego se defiende iniciar procedimientos al margen de ella? Yo creo que precisamente por respeto a las instituciones autonómicas, si realmente nos creemos el Estado de las autonomías, tendríamos que tener un mayor respeto a estas instituciones. Desde nuestro punto de vista, cualquiera de las cuatro opciones hubiese sido más lógica, más eficaz para conseguir los objetivos que todos pretendemos y más acorde y leal con el pacto del que partimos. Por cierto, la subcomisión que hubiese tenido que estudiar este tema no se constituyó en la pasada legislatura no porque el Grupo Socialista no quisiera, sino porque otros grupos de esta Cámara no quisieron crear esta subcomisión.

En cualquier caso, desde el punto de vista del Grupo Socialista, se inicia la legislatura con un pacto importante en materia electoral, que es habernos puesto de acuerdo en la metodología a seguir para las posibles reformas de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Por ello, romperlo no nos parece la mejor estrategia para llegar a acuerdos futuros, sinceramente. Quiero recordar también que en el escrito de solicitud de la subcomisión acordamos -además con la insistencia del Grupo Popular, y así se lo reconozco porque nos pareció bueno, y así también lo ha dicho la vicepresidenta- que, si esta subcomisión llegaba a conclusiones consensuadas de reformas puntuales antes de trabajar otras cuestiones y de dar por acabado todo el trabajo de la subcomisión, podíamos presentar proposiciones de ley en ese sentido para abordar esas reformas puntuales. ¿Para qué tanto interés en añadir este párrafo si después lo que quieren es que el Gobierno presente proyectos de ley al margen de la subcomisión?

En relación con la modificación solicitada que afecta al voto de los españoles residentes en el exterior, este Gobierno y el grupo parlamentario al que represento ha defendido siempre la necesidad de mejorar el sistema de voto CERA. Así lo han hecho de forma significativa además los socialistas canarios y los socialistas gallegos. No por ello dejamos de tener consciencia de las dificultades técnicas a las que ha hecho alusión la vicepresidenta. No solo se trata, pues, de voluntad política; voluntad política la hay, no lo duden, lo ha dicho el Gobierno y lo dice este grupo parlamentario, pero hay que ver cuáles son las distintas opciones para implementar, para concretar cómo articular esta participación de los residentes ausentes en urna. Ustedes creen que debe ser el Gobierno el que presente un proyecto de ley y que decida sobre todas estas cuestiones, o sea que se sustraiga ese trabajo de la subcomisión para que lo haga el Gobierno, precisamente lo mismo que criticaron en la anterior legislatura; que el Gobierno tuviera iniciativa y presentara un proyecto de ley para modificar algunos aspectos de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General les pareció fatal. Ahora, en cambio, lo que proponen es sustraer algunas materias del trabajo parlamentario de la subcomisión, para que sea el Gobierno el que tome la iniciativa. El Grupo Socialista cree que la modificación de la Ley Electoral debe producirse con serenidad, y por ello queremos reafirmar la necesidad de constituir la subcomisión sobre las posibles modificaciones del régimen electoral general, porque el debate abierto entre todos los grupos políticos será mucho mejor que aquellas iniciativas que vengan directamente desde el Gobierno, desde nuestro punto de vista. Por eso, en cuanto iniciemos el próximo periodo de sesiones ordinario en septiembre solicitaremos de forma inmediata una reunión de la Comisión Constitucional para poder aprobar la constitución de la subcomisión, y nos comprometemos además a iniciar el debate de esta materia lo antes posible.

Termino, señor presidente, como lo hice en la Diputación Permanente. Este grupo parlamentario espera que los trabajos que se desarrollen en la subcomisión no estén marcados por los comicios electorales que tenemos en el calendario y que, por el contrario, estén protagonizados por una voluntad firme de construir entre todos el consenso que el tema requiere.Nosotros estaremos allí, en la búsqueda del consenso, en el rigor técnico y de gestión de todas las reformas que se propongan y en el estudio a fondo de todos los aspectos del proceso electoral que se pueden ver afectados en una reforma como la que se plantea".

SEGUNDO TURNO

“También intervengo brevemente para dar respuesta a algunas de las cuestiones que se han planteado.

Señor Vera, ya sé que en la anterior legislatura la subcomisión no se quiso constituir precisamente porque el Gobierno lo sacó del contexto parlamentario para impulsar una reforma determinada que venía a colación por otra ley completamente distinta, mucho más compleja y mucho más extensa, como era la Ley de Igualdad. Eso que ustedes critican es lo que ahora proponen; es decir, que creada la subcomisión, sea de nuevo el Gobierno el que sustrae una materia determinada para presentar un proyecto de ley. Lo siento, pero, honestamente, en eso veo una cierta contradicción metodológica. Si nos hemos puesto de acuerdo en crear una subcomisión para trabajar en ella, lo lógico es que no vayamos sustrayendo determinadas cosas para que el Gobierno impulse proyectos de ley, sino que seamos los propios parlamentarios, en el marco de esa subcomisión los que discutamos a fondo estas cuestiones. Por eso, quiero reiterar que desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a pedir la reunión de la Comisión Constitucional en la primera semana de septiembre para que aprobemos y constituyamos definitivamente la subcomisión, para que empecemos el trabajo de la subcomisión de forma inmediata y, precisamente con esta materia, si ustedes quieren, porque la consideran más urgente que las otras que se puedan plantear. Nos comprometemos a trabajar en primer lugar en esta materia y nos comprometemos también -por qué no- a tomar como base, de trabajo la proposición de ley del Parlamento gallego. Partamos de allí para empezar a trabajar y a desarrollar esa proposición de ley, que tiene algunos problemas.
Efectivamente, en ella se hace referencia a los tres comicios -autonómicos, generales y europeos, pero también saben que en los artículos que desarrollan la concreción de cómo se va a llevar a cabo se está pensando en unas elecciones autonómicas, no en unas elecciones generales porque su complejidad es mucho mayor. Ustedes esto también lo saben, aunque nominalmente aparezcan citados los tres tipos de comicios: autonómicos, generales y europeos.Trabajemos, por tanto, a partir de septiembre en este tema y el Grupo Parlamentario Socialista trabajará evidentemente en la dirección de conseguir lo antes posible un consenso en esta materia para impulsar una proposición de ley conjunta.

Quería hacer referencia también al servicio exterior. Este no es el contexto para hablar del servicio exterior, pero, sinceramente, si el paso por una Cámara como en la que estamos en estos momentos invalida a cualquiera de nosotros a ejercer con profesionalidad, con rigor y con objetividad cualquier otro trabajo, mal vamos. Yo creo que tendremos capacidad para hacer otras cosas en nuestra vida después de nuestro paso por esta Cámara. No todo se acaba aquí. Y sí creo que se puede hacer con una profesionalidad impecable. No nos invalida para hacer otros trabajos".

Intervención en la Diputación Permanente para tratar el tema del voto en urna de los españoles residentes en el exterior.

2008-07-16T09:48:00.001+02:00

“Señorías, quiero empezar mi intervención haciendo referencia a una cuestión formal. Efectivamente las diputaciones permanentes están, de acuerdo con la Constitución y el Reglamento de esta Cámara, tasadas para temas de urgencia. Podrán convenir conmigo en que este tema, si es algo, es no urgente. El Grupo Parlamentario Socialista ha sido flexible y generoso durante toda la sesión, pero este tema sobrepasa cualquier límite razonable desde el punto de vista de este grupo parlamentario.

Pasemos a la cuestión material. Se solicita una comparecencia de la vicepresidenta para tratar el voto en urna de los españoles residentes en el exterior, por tanto entiendo que el objetivo de la solicitud de esta comparecencia es evaluar el grado del compromiso y de voluntad política del Gobierno en llevar adelante una reforma en este sentido. Claro está que este tiene que ser el único objetivo, porque evidentemente con una comparecencia no se consigue una reforma legislativa ni por tanto el objetivo último que ustedes están pidiendo. Esta muestra de voluntad política ya se produjo durante el mes de mayo, con la primera comparecencia que hizo la vicepresidenta en la Comisión Constitucional.La voluntad política tanto del Gobierno como de este grupo parlamentario quedó clarísima, en primer lugar, porque en nuestro programa electoral se incluye esta medida y esta reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General; en segundo lugar, porque la vicepresidenta en su comparencia comprometió que solicitarían al Consejo de Estado un informe sobre la posible reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, asunto que ya se ha acordado en Consejo de Ministros el 27 de junio; y, en tercer lugar, porque se propuso también que se constituyera una subcomisión en el marco de la Comisión Constitucional, lo que ya se ha solicitado en escrito de 29 de mayo de este año, sobre las posibles modificaciones del régimen electoral general.

En este sentido quiero destacar en esta Diputación Permanente que había un primer acuerdo que consistía en firmar la creación de esta subcomisión por todos los grupos parlamentarios, porque nos parecía absolutamente positivo e importante que hubiera este previo consenso para crear esta subcomisión; había un segundo acuerdo sobre que si había materia, cuyo consenso fuera alcanzado a lo largo del trabajo de esta subcomisión antes de dar por finalizado todo el trabajo de la subcomisión, podríamos sacar adelante determinadas iniciativas para, con celeridad, aplicarlas -como decía- antes de acabar el trabajo en la subcomisión; y había un tercer acuerdo de todos los grupos parlamentarios, que era un calendario y una metodología a seguir para abordar estos temas con el rigor necesario que merecen, porque efectivamente son asuntos muy importantes pero no son urgentes

Desde el punto de vista del grupo que represento las reformas relacionadas con la Ley Electoral siempre tienen que venir avaladas por el consenso, a poder ser de todas las fuerzas políticas. Por eso nos parecía haber empezado con buen pie al proponer la creación de esta subcomisión por unanimidad. En cambio, en la sesión de esta mañana de esta Diputación Permanente nos traen ustedes esta petición de comparecencia de la vicepresidenta, que desde nuestro punto de vista atiende exclusivamente a un uso electoralista, por tanto responde al oportunismo político; y se lo digo así de claro: creo que responde claramente a puro oportunismo político. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) El Gobierno, y la vicepresidenta concretamente, no tiene ningún problema en comparecer para hablar sobre estas materias, porque mostró, explicitó su voluntad política y la del Gobierno de abordarlas a lo largo de esta legislatura. Por tanto, no solo vamos a votar que sí a esta solicitud de comparecencia sino que, como ustedes mismos han reconocido en las intervenciones que me han precedido, la misma vicepresidenta ha solicitado ya su comparecencia extraordinaria en la Comisión Constitucional. En cualquier caso y para finalizar, este grupo parlamentario espera que los trabajos que podamos desarrollar todos los grupos parlamentarios de esta Cámara en la subcomisión no vayan en esta línea y correspondan a un trabajo serio de voluntad de consenso, de voluntad de acuerdos y de voluntad de generosidad de todos los grupos parlamentarios.

Saben además que lo que plantean es una cuestión compleja. El señor Jorquera y el señor Ridao han hecho referencia a algunos temas que incluso en determinados aspectos pueden implicar cambios constitucionales. Es evidente que eso no se improvisa en una comparecencia sino que hará falta hablar y analizar con mucho rigor y con la seriedad que exige este tema para llegar a acuerdos entre todos los grupos.”

LLIÇONS SOBRE IGUALTAT NI UNA

2008-05-19T12:28:00.004+02:00

Vam començar les sessions ordinàries dels plens del Congrés dels Diputats el dimarts 13 de maig. Vam tenir ocasió de discutir dues iniciatives parlamentàries i vaig tenir la satisfacció d’intervenir en aquella presentada pel PP sobre la suposada desigualtat que existeix en el nostre país, posant un especial èmfasi en l’ús i l’aprenentatge de les llengües oficials a Espanya. És a dir, el tema de sempre. Però la cosa va ser més recargolada, en tant que afegien en el seu discurs una defensa exacerbada del principi d’igualtat, curiosament en la seva definició més uniformadora, confonent a més el dret d’igualtat de les persones amb el dret d’igualtat aplicat als territoris.

És una llàstima que la nova legislatura no hagi començat amb bon peu i per contra continuem discutint els mateixos temes absurds amb els que vam acabar l’anterior. És una llàstima que el PP hagi involucionat en les seves posicions des del consens de la transició on vam reconèixer l’Estat Autonòmic a la Constitució fins avui, on plantegen proposicions no de llei que directament són inconstitucionals, són una esmena a la totalitat a l'Espanya de les autonomies i prescindeixen totalment de la jurisprudència constitucional.

Us convido a llegir la intervenció que vaig fer al Ple clicant aquí.

Intervención ante el Pleno, sobre medidas para garantizar el principio de igualdad

2008-05-14T09:43:00.002+02:00

“Señorías, en primer lugar, quiero decir que me gustaría que recordáramos todos sobre qué tema presentó el principal partido de la oposición su primera proposición no de ley en esta nueva legislatura.

Quiero hablar, como siempre he hecho, desde la sinceridad y desde la honestidad política e intelectual y, por eso, pido ser escuchada desde la misma posición. Todas las comunidades autónomas con lengua propia tienen una regulación de las mismas, y así lo establece el artículo 3.2 de la Constitución. La sentencia del Tribunal Constitucional 82/86 es diáfana en su redacción cuando en el fundamento jurídico quinto dice: "La instauración por el artículo 3.2 de la Constitución de la cooficialidad de las respectivas lenguas españolas en determinadas comunidades autónomas tiene consecuencias para todos los poderes públicos en dichas comunidades y, en primer término, el derecho de los ciudadanos a usar cualquiera de las dos lenguas ante cualquier administración en la comunidad respectiva con plena eficacia jurídica. Puede esta, pues, enunciar este derecho y junto a él el consiguiente deber de todos los poderes públicos -estatales, autonómicos y locales- radicados en la comunidad de adaptarse a la situación de bilingüismo constitucionalmente prevista y estatutariamente establecida." De lo que estamos hablando es de la igualdad de los ciudadanos y de la libertad que estos tienen de dirigirse a sus administraciones en cualquiera de las lenguas oficiales, no de los funcionarios que son, al fin y al cabo, servidores públicos.

Por referirme al caso que ha suscitado mayor controversia, también quiero hacer referencia al sistema educativo de Cataluña. El marco legislativo de la política lingüística que nace en Cataluña con la Ley 7/83 contempla el catalán como la lengua vehicular en el sistema educativo, al mismo tiempo que se garantiza que todos los niños y niñas de Cataluña puedan utilizar normal y correctamente el catalán y el castellano al final de sus estudios obligatorios. Esta ley fue aprobada por unanimidad cuando el consenso sobre el sistema autonómico existía. Los socialistas defendimos este modelo, que finalmente votamos todos, por ser un modelo de cohesión social y no de segregación, que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos, elimina los ciudadanos de primera y de segunda y hace, por tanto, más libres a las personas que viven en Cataluña. Llevamos veinticinco años con este modelo y es un ejemplo admirado por el bilingüismo real que ha conseguido. ¿Qué bilingüismo equilibrado e integrador defienden ustedes? ¿El que se da en Euskadi, por ejemplo? Lean, en este sentido, el programa del PSE para las próximas elecciones.Eso es bilingüismo integrador. (Aplausos.) Conocer dos lenguas oficiales hace que seamos más libres, porque nuestro futuro laboral, las relaciones interpersonales, el nivel de formación y capacitación al que habremos llegado serán mejores. Este modelo permite tener una mayor integración y una mayor garantía de igualdad de oportunidades.

En realidad, esta proposición no de ley es un cuestionamiento del sistema autonómico, es un cuestionamiento del principio de autonomía de las comunidades autónomas otorgado por la Constitución española. Para hacer este cuestionamiento, además, mezclan un concepto de igualdad mal entendido, un concepto de igualdad que se debe aplicar a las personas, no a las comunidades autónomas. Se lo dice muy bien dicho la sentencia del Constitucional 37/87 en su fundamento jurídico décimo, que aquí reproduzco: El principio constitucional de igualdad no impone que todas las comunidades autónomas ostenten las mismas competencias, ni menos aún que tengan que ejercerlas de una manera o con un contenido y unos resultados idénticos o semejantes. La autonomía significa precisamente la capacidad de cada nacionalidad o región para decidir cuándo y cómo ejercer sus propias competencias en el marco de la Constitución y del Estatuto. Así, el principio de igualdad incide en el despliegue del principio de autonomía, pero no puede desvirtuarlo, no puede confundirse, por tanto, con un principio de uniformidad.

El principio de igualdad que ustedes defienden con esta iniciativa va simple y llanamente contra la Constitución, contra el sistema autonómico y contra la jurisprudencia constitucional. Es un principio homogeneizador e igualitarista. Vaya, que parece que acaban de descubrir el principio de igualdad y toman el concepto del marxismo leninismo. Les falta una cierta evolución, como hemos hecho los partidos socialdemócratas europeos, para llegar a un concepto moderno de igualdad. (Aplausos.) Ojalá destinaran al menos la mitad de estas energías para garantizar la igualdad de verdad de las personas cuando y donde gobiernan.

El sistema autonómico implica diversidad, diferencias por elementos objetivos, como es el hecho de que exista una lengua cooficial o por el hecho de ejercer la autonomía por los distintos gobiernos, decidiendo invertir más dinero en un ámbito o en otro. Señorías, el Estado autonómico no genera desigualdad per se; permite la diferencia porque la diversidad es implícita a la autonomía y de las potenciales desigualdades que un gobierno autonómico pueda crear se ocupa este Gobierno, el Gobierno Socialista. En España hay un suelo común de prestaciones que vela por la igualdad. El Partido Socialista ha sido quien se ha ocupado de ello, ha potenciado desde todos sus gobiernos políticas vertebradoras de la igualdad de los ciudadanos: universalización de la educación y la sanidad pública, y muy especialmente durante la última legislatura en dependencia, emergencias, vivienda, subida de pensiones, del salario mínimo interprofesional, ampliación de becas y protección, en definitiva, de los más necesitados. Esas son políticas de igualdad y de ellas nos hemos ocupado los socialistas.

¿De qué igualdad nos están hablando, de la que practican algunas comunidades autónomas gobernadas por ustedes no aplicando la Ley de la Dependencia, privatizando los servicios públicos, por ejemplo, en Madrid con la asistencia sanitaria (Aplausos.), la privatización de la educación o la regulación sui géneris de las guarderías? ¿Esta es la igualdad que ustedes defienden? Esto sí que es desigualdad y no la adquisición de conocimiento de otra lengua. ¿O es que las lenguas de España van a ser las únicas que teniendo la oportunidad de aprenderlas decidimos no hacerlo?

¿Saben lo que es igualdad? Igualdad es vertebración social, es disminución de las diferencias entre los ciudadanos, es que ofrezcamos a nuestros hijos un futuro en igualdad de condiciones, es que el conocimiento de las lenguas de la sociedad donde vamos a vivir nos permita acceder a los mismos puestos de trabajo a todos y tener así las mismas oportunidades de futuro. No se preocupen, la igualdad social, la igualdad de oportunidades, la protección de los desfavorecidos la garantizamos, y lo seguiremos haciendo nosotros, porque ese sí que es un principio de nuestra justificación política. ¿Saben lo que pienso? Que hace mucho abandonaron el concepto de libertad y nunca han entendido lo que es la defensa de la igualdad. No teman, los dos valores fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico estarán garantizados por este Gobierno y por este grupo parlamentario.”

DEL TRACTAT CONSTITUCIONAL AL DE LISBOA

2008-05-13T18:43:00.001+02:00

(Aquest article el vaig escriure conjuntament amb en Fèlix Larrosa, diputat per Lleida)

Els que vam defensar amb entusiasme el Tractat Constitucional érem conscients que malgrat imperfecte era el resultat d’un acord entre tots els Estats membres de la Unió Europea i, per tant, fruit dels equilibris i els interessos de diferents posicionaments. Era, amb claredat, un avenç cap a una Europa més forta i més cohesionada. Era el millor acord possible.
Tanmateix, el Tractat de Lisboa també és un avenç cap a una Europa política i una Europa social respecte el Tractat de Niça avui en vigor. Així, la valoració ha de ser i és positiva.
No ens volem estar, però, de fer una petita reflexió i és que aquells que recolzaven el sí de forma majoritària al text constitucional eren europeistes i aquells que recolzaven el no de forma majoritària eren euroescèptics; aquells que recolzaven el sí eren federalistes i els que recolzaven el no eren nacionalistes; els que recolzaven el sí eren progressistes i els que recolzaven el no eren conservadors. La contundència d’aquestes paraules hagués pogut sobtar fa un any, ara, coneixent el nou text del Tractat de Lisboa, és a dir, el text que ha sorgit després dels nos holandès i francès, ho podem fer sense complexes. Quins són els canvis introduïts? Eliminació de tota reminiscència constitucional, eliminació dels símbols europeus (himne, bandera...), canvi del nom del Ministre d’Exteriors per Alt representant, manteniment de la terminologia normativa en directives i reglaments en comptes de lleis i lleis marc o excloure el reconeixement explícit de la primacia del dret comunitari són alguns exemples. Fins a cert punt, un triomf dels euroescèptics, els nacionalistes i els conservadors, això és el que els nos a la Constitució europea ens han portat. Com deia l’altre dia Javier Valenzuela, periodista de El País “ens han tret la poesia i ens han deixat la burocràcia”.
Dit això, els i les socialistes, no ens resignem, seguim creient que malgrat les diferents visions que hi ha, hem de ser capaços d’avançar en la construcció d’una nova Europa sota un model federal, així, el factor clau de l’èxit consistirà en aprofundir en els valors que representa més que en els corses propis de les administracions i institucions que els han de gestionar.
Hem de repensar el missatge, hem d’incentivar el sentiment comú de pertinença, hem de posar en valor el que ens apropa més que el que ens separa. Europa ha de seguir essent aquell espai de justícia, aquell espai de respecte als drets i de promoció de les llibertats.
Volem doncs una Europa per i de les persones, volem construir una Europa que amb el coneixement, la promoció del talent i la innovació, equipari drets i benestar.
En definitiva, volem una Europa cohesionada socialment, integradora i avançada que sigui un referent per tots aquells homes i dones que hi vivim. La voluntat ciutadana de construcció europea serà la poesia d’aquest projecte i per això tots hi estem implicats i tots en som responsables.

Article publicat als diaris de La Mañana i Bondía

I DESPRÉS DE LA CRISPACIÓ QUÈ?

2008-03-26T13:00:00.001+01:00

OLI EN UN LLUM

El partit socialista ha guanyat les eleccions generals del 9 de març. Amb 169 diputats serem el grup parlamentari majoritari que donarà suport al proper govern presidit per José Luis Rodríguez Zapatero. Hem millorat en 5 escons els resultats de 2004 (de 164 a 169) mantenint la diferència amb el Partit Popular, la qual cosa vol dir que ells també han millorat els resultats (de 148 han passat a 154 escons).

Tothom ho va repetint, és el moment de gaudir de l’èxit, i ho fem, però hi ha una estranya contenció que no sé ben bé a què respon i cap de les possibles hipòtesis em satisfà del tot: a l’atemptat d’ETA l’últim dia de campanya? a la davallada d’ERC veient en conseqüència en perill el govern de Catalunya? al pes de tornar a governar a tot arreu: a l’Estat, a la Generalitat i a gran part dels Ajuntaments? a la responsabilitat d’haver tret una majoria absoluta a Catalunya? O potser és que la resposta és una mica més complexa. Tot plegat, segurament, és massa precipitat i caldrà una mica de decantació en la reflexió si volem encertar en el diagnòstic.

Permeteu-me, però, que avanci algun element que des del meu punt de vista pot ser important: la contenció de l’èxit es dóna perquè sabem que els resultats globals tampoc no han estat per tirar coets. La majoria absoluta a Catalunya sí, però pensem en com s’han plasmat en el mapa de l’Estat les pujades i baixades dels dos partits majoritaris, això que en Carles Castro analitza tan bé en els seus articles: Catalunya, País Basc, Aragó, Balears, Andalusia, Canàries.... i per una altra banda Madrid, Comunitat Valenciana, Múrcia, les dues Castelles i fins i tot Extremadura. Deixeu-m’ho aquí, ni sóc fina analista de resultats electorals, ni tenim el temps com per fer-ho en condicions. Això sí, és clar que cal pensar-hi.

Catalunya ha guanyat 4 escons respecte el 2004. Ha aconseguit millorar l’immillorable, uns resultats que havien estat molt bons ara han esdevingut excel·lents. Els catalans saben que el futur de Catalunya passa per Espanya i han decidit fer-ho majoritàriament a través del Partit dels Socialistes de Catalunya. No patiu, l’èxit no se’ns pujarà al cap. Ha estat un vot contundent a favor de l’estabilitat i del progrés i dels grans compromisos presos pel futur de Catalunya: desplegament de l’Estatut i nou sistema de finançament més just i més transparent. Ha estat un vot que aposta per a la convivència. No és que tots els ciutadans pensin que no hi hagut errors o que s’ha fet tot perfecte, però els dos valors essencials de la democràcia: la confiança i la convivència, sí que eren representats de forma diàfana pel Partit dels Socialistes de Catalunya, que aposta per la participació efectiva de les Comunitats Autònomes en la definició de les polítiques de l’Estat.

Ha estat un vot també que mostra la reacció de la ciutadania de Catalunya front la tensió d’un Partit Popular que ha usat sense sentit del límit el nom de Catalunya. La reacció front a la crispació que ha fet referència al conflicte territorial, a la campanya contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la recollida de signatures per tota Espanya contra el text estatutari, els anuncis a la ràdio d’Andalusia pagats pel Sr. Arenas, el presentar un recurs d’inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional, el fet d’acusar-nos d’insolidaris, el fer batalla contra la llengua catalana, el parlar de persecució i marginació del castellà a Catalunya, el Sr. Pizarro dient que “antes alemana que catalana” i acusant l’empresariat gironí de viure del “cuentu”, o el cridar al boicot dels productes catalans, ha donat el resultat que ha donat: debilitament, si cabia, del Partit Popular amb vint mil vots menys a casa nostra, un milió de vots més pel PSC que pel PP i el vot al partit que donava garanties a la continuïtat d’un govern socialista amb un concepte d’Espanya on tots hi cabem. El socialisme català és el partit que millor pot mostrar que el desenvolupament i l’aprofundiment autonòmic és possible sense confrontació.

Ha estat, però, el mateix a la resta d’Espanya?

El problema de les estratègies extremes és que els resultats electorals que poden oferir són incerts, però les conseqüències per a la convivència a més d’incertes són fulminants, ja que enervar masses, despertar odis, destruir, confrontar, és molt més senzill que després aplacar, fer pedagogia, donar explicacions, aplicar la racionalitat i aconseguir l’admiració, el sentiment d’orgull i, sobretot, el respecte.

Pensem en el tractament del català. Situar al bell mig de l’arena política un tema que no és tema fent veure que a més és un problema no ha costat gaire: n’hi hagut prou amb uns quants titulars de El Mundo, unes sessions matutines de la Cope i un grapat d’iniciatives parlamentàries incendiàries perquè tota Espanya pensi que ser destinats a Catalunya o que els seus fills hagin d’educar-se a una escola catalana sigui el pitjor que els pot passar a la vida. Creieu-me, he tingut algunes converses reveladores i esgarrifoses al respecte.

Per què molesta tant a gent que segurament mai no anirà a viure a Catalunya i que la seva afectació és zero, que la llengua vehicular en el sistema d’ensenyament a Catalunya sigui el català? Per què ara és un problema quan aquesta política lingüística la va establir la llei de 1983, votada, per cert, per totes les forces polítiques del moment? L’únic consol és que quan et passes en un sopar quaranta minuts explicant a què respon aquesta política, el que ha suposat per a la cohesió de la societat catalana, la garantia d’igualtat d’oportunitats que ofereix, evitar caure en la creació de ciutadans de primera i de segona, l’enriquiment en el coneixement que sempre aporta estudiar una altra llengua, les virtuts del bilingüisme en definitiva, majoritàriament queden convençuts. Això sí, calen 40 minuts sense interrupcions i interlocutors amb ganes d’entendre i d’escoltar... és a dir, tota una conjuntura massa complicada front la demagògia practicada per l’altre banda, que només necessita dues frases per desqualificar el sistema.

L’esforç per combatre aquest escenari artificialment creat serà responsabilitat de tots: del govern, en primer lloc; que continuarà treballant, aprofundint en allò que s’ha fet bé i corregint els errors, tal com va dir el President del govern la nit electoral. Però també l’oposició haurà de deixar de pensar en termes de rendibilitat electoral, encara que només sigui a la llum dels resultats d’aquests comicis.

Alguns dirigents del Partit Popular bromegen amb la necessitat de la independència de Catalunya per poder governar per fi Espanya. Doncs no, no volem marxar d’Espanya perquè en som part. La solució no passa per aquí, passa perquè ells revisin el concepte d’Espanya que ens han intentat imposar, amb el qual es deixen fora la meitat dels ciutadans. La sobirania és la resposta fàcil que també Esquerra Republicana de Catalunya aporta al debat territorial i que ara sembla, tanmateix, la gran temptació de Convergència i Unió.

Aquesta resposta correspon només a un sentiment d’impotència o a la mandra d’endinsar-se en la proposta de fons, la proposta a llarg termini, la proposta de solució definitiva, la proposta vertebradora de la diferència, de la riquesa: el federalisme, l’únic projecte viable per Espanya.

El federalisme ha mostrat que pot guanyar la batalla al nacionalisme, als dos nacionalismes. L’aposta ciutadana ha estat la de la convivència i l’enteniment: la de la lleialtat institucional, la de les complicitats sinceres, la de la responsabilitat en l’exercici de càrrecs públics. El pacte lleial entre tots és la pedra angular del Federalisme, el nostre projecte. Perquè pensem que la convivència en la diferència és possible, perquè no tenim una mentalitat excloent. La nostra proposta era clara i els fets l’avalaven: ens preocupem i ens ocupem de la part, però també del tot. La fortalesa d’aquesta via és que no necessitem negar la realitat de l’altre per defensar la nostra pròpia realitat. La fortalesa i la credibilitat del PSC és que ens estimem Espanya per què ens sentim Espanya i perquè volem contribuir al seu creixement.

La nostra prioritat, doncs, és Catalunya i Espanya, perquè no hi ha contradicció, ni conflicte d’interessos. Perquè si Catalunya va bé, Espanya també. Una cosa tan simple com aquesta només l’ha entès el partit socialista.

Però ara el que m’agradaria de veritat és estar escrivint aquesta article en castellà adreçat a la resta de territoris on no s’ha fet aquesta lectura i en conseqüència s’ha recolzat massivament –o no tan massivament– al PP (fins i tot per part d’electorat d’esquerres) Per això m’agradaria adreçar-me a aquells espanyols amb els que compartim ideològicament una manera d’entendre les polítiques socials, la redistribució de la riquesa i la igualtat d’oportunitats i tot dialogant amb ells en sopars de més de 40 minuts explicar-los-hi que amb la seva rigidesa i el seu encoratge no es construeix país, sinó que es minimitza i s’empetiteix.

És justament per això que Rajoy no podia ser President d’un país que no coneix i que en el fons, no estima. Perquè no l’entén. Quan tu no entens algú i no l’acceptes tal com és, sinó que el vols canviar i adaptar-lo a la teva imatge és que no l’estimes. Fins i tot em sabia greu quan el sentia dir als debats de campanya que Zapatero havia enfortit els nacionalismes i ens parlava de les dues convocatòries de referèndum... pobre, semblava que estava amnèsic respecte l’origen del Pla Ibarretxe, els vuit escons que els governs d’Aznar van regalar a la sobrerepresentada ERC al Congrés dels diputats i del recolzament ciutadà que en general van rebre després del seu pas per l’executiu els partits sobiranistes d’arreu.

Amb les eleccions del 9 de març i després de 4 anys d’un govern socialista Euskadi i Catalunya hem parlat en veu alta i amb molta claredat (sabrem escoltar i interpretar?): volem ser-hi, volem ser part essencial d’un projecte comú, definit per tots. Donem la força prioritària no al nacionalisme reivindicatiu, no a la queixa i al victimisme, no al sobiranisme, sinó al projecte de tots, al projecte que ens ha escoltat, al projecte que representa el partit socialista. És per això que el nacionalisme ara és més feble, Sr. Rajoy.

Ara li toca a la resta d’Espanya entendre que aquest és el camí, l’únic camí: el del respecte i no el de la crispació, el de l’entesa i no el del conflicte entre territoris i menys entre persones, el del plurilingüisme, el de la plurinacionalitat també. Espero que s’estimin el seu país tan com jo i que aflori el patriotisme integrador.

Llavors no hi haurà contenció en l’assaboriment de l’èxit i de la victòria: tots haurem guanyat de debò.

Article publicat a la Revista de la Fundació Campalans, número 15, primavera 2008.

GRÀCIES CIUTADANS DE CATALUNYA!

2008-03-11T14:01:00.000+01:00

L'autor de la fotografia és en Manuel Mas, diputat al Congrés

EL PSC TREBALLARÀ AMB FERMESA I LLEIALTAT

A voltes diem que el Partit dels Socialistes de Catalunya és el partit que més s’assembla a Catalunya i per repetida sembla aquesta simplement una frase feta. Per això crec que ens entendrem millor si dic que els socialistes, tots els que formem part d’aquest projecte, som com la majoria de ciutadans, perquè també som i treballem per a la majoria.

Des de la consciència de la nostra diferència, des de la consciència del que Catalunya ha significat i continua significant per Espanya, treballem per l’interès general, no per interessos partidistes o sectaris. No confonem el país i l’interès del país, amb el partit i l’interès del partit, com fan d’altres. Perquè sabem que només des de l’esforç comú podrem construir el país que ens mereixem.

El futur de Catalunya passa per Espanya i per Europa. Ara bé, una Espanya que ens respecti i que ens valori en tota la nostra dimensió, però sobretot que ens entengui i ens estimi. Aquesta ha estat l’Espanya governada pels socialistes aquesta legislatura. Per això, també cal que nosaltres donem mostres de respecte, de valoració, d’enteniment i d’estima. Els socialistes defensem una realitat nacional catalana sense negar la realitat nacional espanyola, perquè considerem que Catalunya i Espanya no són realitats separables sinó que ens trobem en una Espanya “nació de nacions”.

El govern de José Luis Rodríguez Zapatero se l’ha jugat. Se l’ha jugat per aquells valors en els que creia i en la seva actuació hi hagut valentia. Reconeixement del català a Europa, així com a diversos àmbits de l’Estat, participació dels consellers a les reunions del Consell d’Europa, retorn dels papers confiscats il·legalment que es trobaven a Salamanca, aprovació de la Carta Municipal de Barcelona, més inversió econòmica, aprovació d’un Estatut d’Autonomia, compliment de traspassos competencials com la gestió de la immigració, reconeixement de la participació de les Comunitats Autònomes en la designació de magistrats del Tribunal Constitucional, ubicació a Barcelona de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions i un llarg etcètera.

Aquesta legislatura hem treballat tots els socialistes plegats de manera nítida en una direcció: la millora de la convivència i la institucionalització de la cooperació entre els pobles d’Espanya. El pacte lleial entre tots és la pedra angular del Federalisme, el nostre projecte. Perquè pensem que la convivència en la diferència és possible, perquè no tenim una mentalitat excloent, perquè d’acord amb la nostra tradició republicana creiem més en les persones que no pas en els territoris i perquè sabem que Catalunya continua sent important per la resta d’Espanya. La diversitat creiem que aporta riquesa i coneixement i oportunitats, no incerteses ni conflicte. Els socialistes compartim aquest projecte perquè estem convençuts que l’Espanya real és una Espanya plural, respectuosa amb la seva diversitat, que no sols no nega les diferents identitats que la conformen, sinó que es mostra orgullosa d’elles.

Hem practicat per convicció el consens en l’àmbit del diàleg institucional, en el que s’ha recuperat, la interlocució bilateral i multilateral entre administracions. Pensem en les tres conferències de Presidents celebrades, les dues cimeres transfrontereres on els Presidents de les Comunitats Autònomes frontereres van poder acompanyar al President del Govern, la revitalització de les conferències sectorials o la celebració de conferències bilaterals amb el Govern de la Generalitat on s’han acordat nombrosos traspassos. Tanmateix, aquest diàleg i aquesta lleialtat institucional han servit també per reduir molt significativament la conflictivitat jurisdiccional.

Nosaltres sabem que aquest govern, i molt especialment el seu President, és qui més ha cregut en Catalunya i en els catalans. Hem estat a l'alçada i per això amb orgull, amb emoció vull donar les gràcies als catalans i a les catalanes per fer possible poder tenir majoria al Congrés, per fer possible que el proper President del govern sigui José Luis Rodríguez Zapatero.

Convivència i confiança, dos valors essencials en tota democràcia. Els socialistes hem apostat per ells durant aquesta legislatura. Uns han apostat per la crispació i l’enfrontament entre els territoris i les persones; i els altres fan bandera de la seva permanent desconfiança, generant-ne encara més. Té sentit demanar que es parli català al Congrés o que representants de Catalunya puguin participar en reunions del més alt nivell al Consell europeu i després demanar la independència? Què volem, catalanitzar Espanya per després demanar la independència? Això no és lleialtat, ni tant sols és coherència. Només des del sentiment de pertinença i del reconeixement de l’altre es pot exigir el propi reconeixement.

La legitimitat de les nostre demandes com a socialistes catalans està en fer plantejaments racionals i raonats, des de Catalunya però pensant en el bé comú, preocupant-nos i ocupant-nos de la part, però també del tot. Així és com s’aconsegueix millor finançament, més inversió, més competències i més reconeixement nacional. Aquesta legislatura ha estat un bon exemple.

Amb la llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, vam aprovar un nou Estatut d’Autonomia de Catalunya. Un Estatut que amplia i defineix de manera més acurada les competències que ens són pròpies, que perfila un nou sistema de finançament per garantir que la manca de voluntat política no deixi Catalunya sense les inversions necessàries i que fa un ampli reconeixement del fet nacional. L’aprovació d’aquest nou Estatut va suposar un llarg procés, que en moltes ocasions ha estat difícil i complex, però que ens ha permès tenir un text aprovat per una àmplia majoria dels ciutadans i ciutadanes en referèndum.

El PSC fa una valoració molt positiva d’aquest nou text estatutari perquè és un avenç cap el Federalisme. Dins del marc de la Constitució hem sabut avançar en la direcció correcte. Ara ja tenim una llei que s’ajusta molt millor a la realitat, una llei actualitzada i ambiciosa. Una llei, no ho oblidem, d’obligat compliment, la qual cosa vol dir que requereix fermesa i lleialtat en el seu desenvolupament. La il·lusió i la tenacitat del treball empès mereix la seva consolidació. Els catalans ens ho mereixem. Per això és tan important que Rodríguez Zapatero i no l’impugnador de l’Estatut, Rajoy, torni a ser President.

La nostra prioritat, doncs, és Catalunya i Espanya, perquè no hi ha contradicció, ni conflicte d’interessos. Perquè si Catalunya va bé, Espanya també. Una cosa tan simple com aquesta només l’ha entès aquest govern socialista.

Part d'aquest article va ser publicat a la Revista La Rosa, núm. 49 febrer 2008. pp. 22-24

ZAPATERO: PRESIDENT DE TOTS

2008-03-05T17:33:00.000+01:00

És un orgull que el President del govern defensi els catalans i les catalanes

LES LLENGÜES SÓN FINESTRES OBERTES A LA LLIBERTAT

En un país descentralitzat i amb diferents llengües es dibuixa una realitat diversa, rica i complexa que tenim la fortuna de viure. Som dels pocs països que tenim aquest patrimoni i per això el trasllat d’aquesta sensibilitat a tots els pobles d’Espanya és un deure ineludible de les institucions públiques. Cal vetllar perquè l’existència d’aquesta diversitat no es transformi en un punt d’enfrontaments i recels, sinó, per contra, en factor de cohesió i d’unió en la diferència.

Jo no seré demagògica en un tema que afecta a drets fonamentals i a llibertats personals i si voleu també a sentiments, però no vull centrar-me en aquest aspecte, perquè si alguna cosa cal en aquest tema és racionalitat: això és el que em proposo, amb modèstia, aportar.

El compromís socialista ha estat i continuarà sent el de ser extremadament exigents per a què ningú no es pugui sentir discriminat per raó de la llengua que utilitzi, ni per utilitzar el castellà ni per utilitzar el català. Perquè la societat catalana és diversa i ens sentim orgullosos que així sigui.

Durant aquesta legislatura hem viscut la manipulació i l’ús polititzat i irracional de l’eina de comunicació per excel·lència: la llengua. S’ha buscat perjudicar més de 30 anys de convivència exemplar i pacífica en una Comunitat Autònoma com Catalunya. I ho ha fet un PP sense escrúpols, un PP que ha usat qualsevol tema per intentar atacar el govern socialista creant confrontació entre les persones pel sol fet de viure en un territori o en un altre. Com deia S. Johnson "el llenguatge és el vestit del pensament"... ja veiem, doncs, quin és el pensament de la dreta espanyola.

Mireu, ni el castellà pateix persecució, ni marginació, cosa que ha defensat el PP a la tribuna del Congrés dels diputats tota la legislatura, ni el català està en perill d’extinció. El Comitè de Ministres del Consell d’Europa en una declaració sobre diversitat lingüística destacava especialment que “front a les influències que la mundialització exerceix sobre les cultures i els intercanvis culturals, els Estats democràtics moderns s’enfronten a un nou repte: dissenyar polítiques destinades a assegurar el reconeixement i l’expressió de les diferents formes de diversitat cultural que coexisteixen en el seu territori”. Espanya n’era un exemple, perquè el nostre model és admirat fora de les nostres fronteres.

Des de l’any 1978 i 1979 estem en un marc constitucional i estatutari en el que es fa un reconeixement exprés de totes les llengües oficials a Espanya en els diferents territoris, pensem en l’article 3 de la CE, per exemple. Però és que en el propi preàmbul de la Constitució es proclama la voluntat de protegir a tots els espanyols i pobles d’Espanya en l’exercici dels drets humans, les seves cultures i tradicions, llengües i institucions.

Aquesta realitat plurilingüística es projecte en diferents àmbits al que vull fer esment:

Àmbit Institucional i Judicial: en les CCAA amb una altra llengua oficial a més del castellà cal garantir el dret dels ciutadans a poder-se dirigir a les administracions públiques situades en el seu territori (locals, autonòmiques o estatals) en la llengua que hagin escollit i a ser atesos en aquesta llengua escollida. Així, els servidors públics, la funció pública, ha de garantir els drets dels ciutadans, tots els drets, també els lingüístics. Per això aquesta legislatura l’INAP ha potenciat cursos d’aprenentatge d’idiomes entre els funcionaris, facilitant incentius i motivacions a fer-ho. Tanmateix, la Generalitat de Catalunya com a responsable de l’administració de l’Administració de Justícia ha ofert cursos de formació al personal sent en aquests moments un exemple d’esforç per la formació dels funcionaris. El 73,76% del personal és capaç de garantir els drets dels ciutadans a dirigir-se en la llengua que seleccionin. Aquest és un clar exemple de col·laboració i de cooperació entre administracions fonamentada en la lleialtat institucional, fent prevaler per damunt de tot l’interès general de tots els ciutadans.

A Catalunya ningú no està obligat a usar una llengua en concret, però convindreu amb mi que perquè hi hagi autèntica llibertat per a tots, tots haurem de conèixer ambdues llengües. I conèixer-la no vol dir parlar-la.

La llei 30/92 en el seu preàmbul ens deixa molt clar el caràcter instrumental de l’Administració posada al servei dels interessos dels ciutadans
STC 82/86 FJ2: la conseqüent cooficialitat ho és respecte tots els poders públics radicats en el territori autonòmic, sense exclusió dels òrgans depenents de l’Administració central i d’altres institucions de l’Estat
La sentència del TC 46/91 reconeix que el coneixement del català no és contrari als principis constitucionals de mèrit i capacitat que regeixen l’accés en condicions d’igualtat a la Funció pública. Ans el contrari, es considera que el coneixement de la llengua fa possible que el servei públic es pugui prestar en condicions d’igualtat pels administrats. La cooficialitat ha de ser efectiva, i per tant, ha d’haver garantia que tant el castellà com el català siguin llengües que es puguin usar davant de les administracions públiques.

Una altra fita important d’aquesta legislatura ha estat la modificació de la legislació registral per tal que els assentaments es puguin redactar, a més d’en castellà amb l’altre llengua oficial de la Comunitat Autònoma.

Àmbit Cultural i de Projecció a l’Exterior: La sensibilitat d’aquest govern presidit per José Luis Rodríguez Zapatero amb la pluralitat cultural i lingüística de l’Estat ha estat immensa. Ha estat així perquè personalment el president ha cregut i creu en aquest projecte de convivència comú que es diu Espanya. La concreció d’aquest compromís es fa palès amb l’acord entre el govern de la Generalitat de Catalunya, l’Instituto Cervantes i l’Institut Ramon Llull que permet la projecció de la cultura catalana i una major presència a l’exterior d’aquesta. Pensem, sense anar més lluny, en la inversió de l’Estat a la Fira de Frankfurt amb 12 milions d’euros. D’altra banda, cal destacar també com l’actual President de la Generalitat quan era Ministre d’Indústria va impulsar l’aprovació del domini lingüístic-cultural .CAT. Cosa impensable fa 4 anys.

A la vegada, el Ministeri de Cultura plasma el respecte i la protecció de les diferents llengües en totes les activitats que desenvolupa: les convocatòries i ajuts pel foment de l’edició de llibres, el foment de la traducció i edició, ajuts a empreses i institucions sense ànim de lucre editores de revistes culturals o l’atorgament de premis nacionals a obres i autors en qualsevol de les llengües espanyoles.

Àmbit Educatiu: segurament en aquest àmbit és on s’ha pretès fer més soroll. El marc legislatiu en política lingüística neix a Catalunya amb la llei 7/1983, on es contempla el català com la llengua vehicular en el sistema educatiu al mateix temps que garanteix que tots els nens i nenes de Catalunya, sigui quina sigui la seva llengua habitual en iniciar l’ensenyament, han de poder utilitzar normalment i correcta el català i el castellà al final dels seus estudis obligatoris. Marta Mata, una socialista, va defensar aquest model que finalment es va adoptar per unanimitat per ser un model de cohesió social i no de segregació, que garanteix la igualtat de tots els ciutadans. Elimina els ciutadans de primera i de segona i fa per tant més lliures a les persones que viuen a Catalunya. Portem 25 anys amb aquest model i és un exemple admirat pel bilingüisme real que ha aconseguit. Conèixer les dues llengües oficials fa que siguem més lliures. Aquest model permet tenir una major integració i una major garantia d’igualtat d’oportunitats.

¿És que el català serà l’única llengua del món que genera rebuig o que molesta quan s’escolta? O que el seu aprenentatge es supedita a l’argument de la seva utilitat? És que el danès, el finès o el noruec s’han de deixar d’estudiar perquè més enllà d’unes fronteres limitades i un grup reduït de gent no serveixen per a res?

Àmbit Europeu: el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació va presentar a la Conferència Intergovernamental del 4 de maig de 2004 una proposta amb dos objectius: el primer, aconseguir que es realitzin traduccions oficials del Tractat constitucional actual Tractat de Lisboa a les llengües oficials en part del territori de l’Estat i, en segon lloc, aconseguir que els ciutadans puguin adreçar-se a les institucions comunitàries en la seva llengua.

El 13 de desembre de 2004 es va presentar en el Consell d’Afers Generals i Relacions Exteriors el memoràndum mitjançant el qual el Govern sol·licitava el reconeixement com a llengües oficials a la Unió de totes les llengües espanyoles i arran d’això es van començar a negociar els acords respectius amb els diferents organismes i institucions de la Unió Europea: amb el Consell el 7 de novembre de 2005, amb el Comitè de les Regions el 16 de novembre, amb el Defensor del Poble el 30 de novembre, la Comissió el 21 de desembre i el Comitè Econòmic i Social el 7 de juny de 2006. Tanmateix, la mesa del Parlament Europeu, va adoptar a la seva reunió de 3 de juliol de 2006, un acord per donar cabuda a l’ús de les llengües oficials espanyoles diferents del castellà en les seves comunicacions amb els ciutadans.

Cap altre Govern d’Espanya havia adquirit major compromís de promoció i reconeixement exterior del català en tota la història de la democràcia.

EL 9 MARÇ ÉS IMPORTANT GUANYAR PERQUÈ NO HI HAGI UN RETROCÉS EN CAP TEMA, TAMPOC EN LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA, AMB UN GOVERN DEL PP.
EL BALANÇ DE LA LEGISLATURA EN AQUESTA MATÈRIA ÉS MÉS QUE POSITIU. LA QUAL COSA, EN SÓC CONSCIENT, NO VOL DIR QUE TOT ESTIGUI FET.

Som en un Estat compost i descentralitzat i això implica heterogeneïtat i diversitat: no ens fa por. L’igualitarisme és l’actitud d’aquells que temen la diferència i prefereixen amagar-se darrera d’una lluita falsa per una igualtat mal entesa. La fusió i el mestissatge que s’ha aconseguit a Catalunya ens hauria de produir satisfacció. Un home com Julián Marías ho tenia clar quan va dir “no hi ha res més antiespanyol que l’intent de disminuir la personalitat de Catalunya”. Fer mal a Catalunya, que és el que ha fet el PP tota la legislatura, és fer mal a Espanya.

El tractament de la realitat plurilingüe és també el tractament de la convivència. Des d’una òptica federalista la política lingüística és pedagogia de la pluralitat. El sentiment real que ens impregna i que tots nosaltres respirem és la convivència més fecunda del progrés de la civilització; aquella que es nodreix de la diferència i de la diversitat.

CONSTRUINT UNA ESPANYA MÉS LLIURE I MÉS DIGNE

2008-02-28T13:50:00.004+01:00

Acte a Ripollet amb l'Alcalde i el diputat Carles Corcuera.

AMPLIACIÓ I RECONEIXEMENT DE DRETS

1. Nomenament per part del President Zapatero del primer govern paritari de la història de la nostra democràcia.
2. Llei per a la igualtat efectiva de dones i homes.
3. Llei contra la violència de gènere.
4. Aprovació del Pla Concilia que permet més flexibilitat horària als funcionaris i poder treballar des de casa.
5. Llei que permet el matrimoni entre persones del mateix sexe.
6. Llei que accelera els tràmits del divorci.
7. Aprovació de la Llei d’Educació eliminant l’assignatura de religió com obligatòria i creant l’assignatura d’Educació per a la ciutadania i els drets humans.
8. Llei de Memòria Històrica.
9. Llei que reconeix una prestació econòmica als ciutadans d’origen espanyol desplaçats a l’estranger, durant la seva minoria d’edat, com a conseqüència de la Guerra Civil (la llei pels nens de la guerra).
10. Llei de restitució o compensació als Partits Polítics de béns confiscats durant la guerra civil.
11. Llei contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport.
12. Aprovació de la llei d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.
13. Llei per perseguir extraterritorialment la pràctica de la mutilació genital femenina.
14. Llei per a la persecució extraterritorial del tràfic il·legal o la immigració clandestina de persones.
15. Llei per la que s’estableix el règim d’infraccions i sancions en matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
16. Llei d’adopció internacional.
17. Llei reguladora dels drets i deures dels membres de la Guardia Civil.
18. Llei de Tropa i Marineria que regula millor les condicions en les que es troben els nostres soldats, reconeixent-los més drets.
19. Llei de foment de l’educació i la cultura de la pau. Si alguna marca té Espanya a l’exterior és la de la pau, la multilateralitat i l’ajut al desenvolupament, perquè som una societat solidària.
20. Llei sobre la igualtat de l’home i de la dona en l’ordre de successió dels títols nobiliaris (aquesta ha estat la gran aportació del PP en matèria d’igualtat d’aquesta legislatura).

CONSTRUINT L’ESPANYA SOCIAL

2008-02-27T12:21:00.002+01:00

PER ARRIBAR A UNA VERITABLE SOCIETAT D’OPORTUNITATS

1. Llei de la promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (la que coneixem com la llei de la dependència), 4t pilar de l’Estat del Benestar.
2. Equiparació dels drets socials dels treballadors autònoms amb els treballadors per compte aliena.
3. Pujada del Salari Mínim Interprofessional dels 450 que hi havia amb el PP fins els 600 euros.
4. Aportació de 2500 euros per cada fill que neixi i de 3500 per cada fill de famílies monoparentals, nombroses i amb fills amb discapacitat.
5. Pujada en més d’un 25% de les pensions mínimes.
6. Compatibilització de les pensions del SOVI i les de viduïtat.
7. Compatibilització de les pensions no contributives d’invalidesa amb el treball remunerat.
8. Gran impuls a la creació de llocs de treball aconseguint que molts contractes en precari hagin passat a ser fixes. Més i major qualitat de l’ocupació fins arribar a rècords mínims d’atur (a Catalunya sobre el 6,5%).
9. Aprovació del permís de paternitat que ajuda a equiparar les responsabilitats dels pares amb les de les mares.
10. Aprovació de la llengua de signes, on es regulen els mitjans de recolzament a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues.
11. Aplicació de deducció fiscal pel lloguer que havia desaparegut amb els governs del PP.
12. Previsió d’ajuts pel lloguer i l’emancipació dels joves.
13. Increment pressupostari del 720% per a la integració dels immigrants (dels 42 milions que destinava per any el PP a 303 milions del govern socialista).
14. Creació de l’Estatut pels espanyols a l’exterior amb una millora dels seus drets.
15. Increment del recolzament als emigrants d’un 58% (de 84 milions l’any 2003 a 134 milions l’any 2007)
16. Servei d’atenció bucodental als menors d’entre 7 i 15 anys.
17. Increment de la partida per a beques fins el punt que 32.000 catalans han gaudit d’una. També les beques Erasmus han passat de 4642 el 2003 a 52.000 el 2007. Tanmateix l’import ha augmentat de 1000 euros a 6000 euros per beca.
18. El fons de reserva de la Seguretat Social s’ha triplicat
19. El mínim exempt de l’IRPF s’ha apujat un 50%, amb la qual cosa els ciutadans que cobren un salari mínim han deixat de pagar aquest impost.
20. Hem arribat al compromís del 0,5% d’ajut al desenvolupament, amb la intenció de contribuir a eradicar la pobresa al món.

EL PP ÉS EL PARTIT DE LA POR i DEL CATASTROFISME

2008-02-22T18:26:00.000+01:00

POR a la diferència: per això defensa una visió uniformadora d’Espanya. Ha recollit signatures contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i ha presentat un recurs davant del Tribunal Constitucional. (ESPAÑA SE ROMPE)

POR davant del terrorisme internacional: la reacció de la guerra contra l’Iraq i el fet que el govern d’Aznar s’hi sumés denota una reacció de temor incontrolat i una errada en la forma de combatre el terrorisme. La guerra no ha fet més que legitimar els atacs terroristes. (L’ÚNIC CAMÍ ÉS LA GUERRA)

POR a la diversitat cultural al món: entenen el món i les seves relacions com un Xoc de civilitzacions, perquè parteixen de la base de la impossibilitat d’enteniment, front l’Aliança de civilitzacions que parteix de la idea d’haver de respectar i sobretot intentar entendre l’altre. Posen al mateix sac els violents i als no violents. (MAI NO ENS ENTENDREM AMB ELS ALTRES)

POR a la diversitat cultural a casa nostra: La mateixa por mostren quan volen acabar amb la llengua catalana com a llengua vehicular del sistema educatiu, perquè l’èxit com a societat bilingüe no el poden suportar. (ENS DIUEN: EL CASTELLÀ ESTÀ MARGINAT i PERSEGUIT A CATALUNYA)

POR a l’ampliació de drets: s’han oposat a totes les lleis que significaven ampliar les llibertats. Tothom ha de viure com ells i pensar com ells, perquè si no creuen que trontollen els valors. Per això no poden permetre que els homosexuals es casin. (LA FAMÍLIA “SE ROMPE”)

POR al futur: parteixen de la base que el món és inevitablement perillós, incert, insegur. L’actitud davant de temes com la immigració és la por i per això cal ser reactius, no propositius. És igual si creem ciutadans de primera i de segona. (ELS IMMIGRANTS HAN DE SIGNAR UN CONTRACTE)

POR envers l’economia: anem directes cap a un cataclisme... aquesta és la seva visió. Tant és que Espanya hagi estat el país de la Unió Europea que més ha crescut. Amb l’agreujant que en aquest àmbit la por genera en sí mateixa canvis, perquè et fa tenir un comportament que acaba influint en el mercat. (SOM EN UNA CRISI ECONÒMICA QUE ENFONSARÀ ESPANYA)

CONSTRUINT L’ESPANYA PLURAL

2008-02-15T18:50:00.003+01:00

LES PRINCIPALS MESURES ADOPTADES PEL GOVERN ZAPATERO

1. Recolzament a la reforma de 6 Estatuts, entre ells el de Catalunya amb el que tenim el major autogovern de la nostra història i les bases per a un finançament més just.
2. En base a l’aplicació de l’Estatut hi ha i hi haurà una forta inversió en infrastructures en els propers anys.
3. Establiment de la Conferència de Presidents autonòmics: formalitzant les relacions institucionals entre Estat i Comunitats Autònomes.
4. Retirada de la majoria dels recursos d’inconstitucionalitat i dels conflictes de competències davant del Tribunal Constitucional.
5. Reactivació de les Comissions bilaterals de traspassos i realització efectiva dels traspassos (d’entre molts de realitzats convé destacar el de la gestió de la immigració).
6. Reactivació de les Conferències Sectorials.
7. Cimeres transfrontereres amb assistència dels presidents autonòmics colindants amb el país (s’ha fet ja amb Portugal i amb França, on va participar el President de la Generalitat).
8. Participació de les CCAA a la delegació de l’Estat davant del Consell de la Unió Europea. L’actual President Montilla va ser el primer, llavors com a Ministre d’Indústria, en utilitzar el català en aquestes reunions.
9. Defensa i signatura de convenis amb cadascuna de les institucions comunitàries per poder usar les llengües cooficials de l’Estat.
10. Reunions bilaterals de cooperació amb Catalunya, Aragó i Andalusia
11. Aprovació de l’ús del domini lingüístic a internet .cat.
12. Aprovació de la llei per retornar els papers confiscats que estaven a Salamanca.
13. Aprovació de la llei Especial de Barcelona, que permet que la ciutat tingui un Estatut especial.
14. Reforma de la LOTC que preveu la participació de les CCAA en la designació dels candidats d’entre els que haurà d’escollir el Senat els magistrats del Tribunal Constitucional.
15. Reforma del Codi Penal per anul·lar l’amenaça que el govern del PP havia plantejat contra el Lehendakari Ibarretxe.
16. Devolució del Castell de Montjuïc a la ciutat de Barcelona.
17. Trasllat de la Comissió del Mercat de les telecomunicacions a Barcelona.
18. Signatura del conveni de col·laboració entre l’Instituto Cervantes i l’Institut Ramon Llull per promoure el català i la cultura catalana.
19. Promoció de la lectura del Tirant lo Blanc en el marc dels actes pel Quijote (amb previsió pressupostària expressa).
20. Creació d’un nou òrgan: Consejo de las lenguas españolas, que vetllarà pel compliment de la normativa per part de l’Administració General de l’Estat que fa referència a l’ús de les altres llengües oficials a més del castellà.

DE NOU DISCUSSIÓ AL CONSELL D’EUROPA SOBRE KOSOVO

2008-01-28T15:28:00.000+01:00

Abans de parlar de Kosovo vull felicitar en Lluis Maria de Puig, senador socialista i gironí per la seva elecció com a President de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. Entre les delegacions de 47 països que pertanyen al Consell aquesta presidència crec que mostra ser un triomf dels socialistes, de Catalunya i d’Espanya. És just reconèixer-ho.

Per segona vegada en menys d’un any el plenari de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa va debatre el tema de Kosovo amb la presentació d’un Informe on s’intentava establir un posicionament unànime de la institució respecte el tema. Lord Russell, el ponent de l’Informe, va presentar un text tendint al reconeixement de la necessitat de declarar independent la regió kosovar. Amb l’aprovació de nombroses esmenes el text va acabar aprovant-se de forma certament desvirtuada, fins el punt que la delegació sèrbia estava més contenta que el propi ponent. Dit sia de pas, també la delegació espanyola es trobava més còmode amb el resultat final.

Hi ha tres elements que caldrà que la Comunitat Internacional eviti, sigui quina sigui la seva posició respecte l’estatus més adequat per la regió de Kosovo. Les prioritats o les franges roges a combatre passen necessàriament per aquests tres elements, com deia:

1. que la solució que s’ofereixi o s’acordi no suposi un nou conflicte armat. Per a la qual cosa serà segurament imprescindible que les dues parts estiguin disposades a acceptar la solució o si més no a donar garantia de no encetar cap camí per la via de la violència. L’estabilitat de la zona afecta a tota Europa.
2. que la solució no suposi més opressió per cap ètnia. De fet, que la solució doni garanties a totes les minories ètniques a ser respectades. Provocar nous fluxos migratoris i noves rancúnies sembla que no és la via més intel·ligent. Són massa les generacions perdudes que aquests països i aquests territoris porten acumulats damunt les seves espatlles.
3. que la solució eviti també que el territori de Kosovo es constitueixi com un paradís pel tràfic il·legal d’armes, drogues, etc. No podem permetre que al bell mig d’Europa hi hagi una àrea descontrolada, o un Estat inviable, on institucionalment no es pugui fer front a l’essència de la democràcia i al control de la delinqüència.

Un cop establert de manera objectiva quin escenari seria totalment inacceptable volia afegir una reflexió més que caldria tenir en compte, i és que Sèrbia ha apropat la seva posició moltíssim, acceptant, de facto, la independència “interna” de la regió de Kosovo. El govern serbi està disposats a atribuir un grau d’autogovern extens, amb autonomia respecte els tres poders de l’Estat (legislatiu, executiu i judicial) i l’únic que demanen es que des del punt de vista internacional es mantingui la unió del territori. Per contra Kosovo planteja el desig de sobirania i independència total, sense que això sigui negociable. Certament, crec que ancorar-se en un posicionament desvirtua per complert la negociació en si. L’acord es fa impossible quan un es mou, però l’altre es manté immòbil.

PER QUÈ SEMPRE OBLIDEM LA POLÍTICA DE DEFENSA?

2007-12-13T19:00:00.000+01:00

Sembla que és un bon moment per parlar de la política de defensa, per diferents motius:

perquè escapa a la conjuntura

perquè és (o hauria de ser) una política d’Estat (també és cert que aquesta legislatura no ho ha semblat)

perquè no dóna (ni treu) vots, amb la qual cosa se’n pot parlar sense condicionants, ni contaminants, no tenint al cap res més que l’interès superior, l’interès general dels ciutadans espanyols, d’Espanya i també de la política internacional i els interessos dels ciutadans d’arreu del món.

No ens podem enganyar, els conceptes de seguretat, defensa, solidaritat, relacions i col·laboració amb tercers països, ajut humanitari... en abstracte, són conceptes pacífics, compartits per tothom, però quan baixem a parlar de casos i coses concretes ja sembla més complicat posar-se d’acord. En aquest àmbit és indiscutible que tots els partits polítics tenim la responsabilitat d’exercir un cert grau de pedagogia amb la societat i no caure en el raonament maniqueista de:

Forces Armades = dolent
ONG’s = bo

El seminari celebrat per la Fundació Jaime Vera els dies 10 i 11 de desembre és un exemple excel·lent d’aquesta pedagogia i esforç per part del partit socialista. Per cert, el dia 10 de desembre vam commemorar el dia Universal del Drets Humans.

Hi ha segurament un element cabdal, del qual depèn en gran mesura l’èxit de qualsevol operació internacional, que és la vinculació civil-militar. La cooperació dels militars amb la societat civil del país on s’està actuant es mostra com un element d’aproximació fonamental. Que els especialistes i representants de les dues bandes en sintonia puguin aprendre i entendre’s mútuament farà amb tota seguretat que es pugui arriba a resultats òptims. I què és allò òptim quan fem l’avaluació de la cooperació civil i militar? Doncs sembla que involucrar a la població del país, sent el test de l’acceptació el test de l’èxit.

Si hi ha formació de soldats nacionals perquè entenguin que la defensa de la seva població també va amb ells, si hi ha contractes per a participar en la construcció de noves infrastructures o la reconstrucció del que s’ha destruït, si hi ha ajut a la formació de professionals com mestres o metges que s’ocupin de les generacions que venen i si hi ha una conscienciació de l’elit governant perquè treballin per a la consolidació i enfortiment institucional del seu país hi haurà avanç... si no, no.

En aquest sentit, les nostres tropes a l’Afganistan estan explorant la possibilitat de formar soldats afganesos per tal que s’ocupin de la protecció de part de la regió assignada al PRT gestionat per Espanya.

D’altra banda, també cal destacar la feina feta per l’empresa pública de construccions i serveis, TRAGSA, que contracte afganesos per totes aquelles obres que estan desenvolupant sobre el terreny. Així, a més de les relacions positives que impliquen aquests contractes també es dóna una injecció econòmica a famílies del país que pot ajudar de mica en mica anar creant un entramat social fonamental per a qualsevol Estat.

Finalment, sens dubte, és obligat que destaquem la feina duta a terme per l’AECI, amb un compromís clar per a la millora de la vida dels ciutadans afganesos que porten dècades patint la desestabilització política o directament la guerra. Els temes prioritaris en els que s’està invertint són:
1. infrastructures,
2. salut,
3. aigua i sanejament,
4. educació i
5. agricultura i regadius.
De forma transversal, però, no podem deixar d’esmentar dos temes que cal tenir sempre presents: l’enfortiment institucional que farà a la llarga que sigui possible el manteniment de tot el que es faci i la qüestió del gènere, treballant també perquè la dona pugui ser considerada com una ciutadana en igualtat de drets.

Per tot això és fonamental saber prioritzar i concentrar els esforços. Fixar-nos objectius erronis pot portar al fracàs més absolut.