dilluns, de febrer 02, 2015
dimecres, d’octubre 08, 2014
INTERVENCIÓN PROPOSICIÓN NO DE LEY ANTE EL PLENO SOBRE LA PRESUNCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES QUE EMANAN DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA.
Señor Bosch, es posible que usted piense que hoy aquí está
haciendo un gran servicio a la historia de Cataluña, pero yo le digo y le
aseguro que le está haciendo un mal servicio, un muy mal servicio a los
catalanes y a las catalanas del momento actual, del presente. Con su
proposición de hoy no pretende aportar ninguna solución, sino exacerbar el
problema. Usa usted, y no es el único, un espacio que debería servir para el
diálogo como una plataforma para la confusión, para la manipulación de las
emociones y para la propaganda.
En definitiva, señorías, tanto los unos
como los otros, por mirar solo los intereses propios más inmediatos, están
poniendo a la sociedad catalana en una situación sin salida. El grupo
proponente y otras fuerzas políticas dicen ofrecernos acordar una consulta,
pero en realidad ni siquiera hacen eso porque lo que quieren es que acordemos
su referéndum de autodeterminación, con sus preguntas, con su día y con sus
condiciones. Y usted, señor Bosch, ¿cómo llama a esto, diálogo, negociación?
Señoras y señores diputados, lo hemos dicho
muchas veces, pero lo volveremos a hacer. Nosotros proponemos consultar un
acuerdo, votar, sí, pero de manera democrática y con las garantías
democráticas. Nuestra propuesta pasa por el reconocimiento, por la convivencia,
por la suma, por la unión de la complejidad; nuestra propuesta pasa por buscar
concordia y pactos. Nosotros les proponemos que nos sentemos, que nos sentemos
todos, y de verdad, a dialogar y a negociar para llegar a un acuerdo que
someteremos a consulta de todos y que debe representar la renovación del pacto
de convivencia que nos dimos en su momento todos los ciudadanos. La Ley de
Consultas, que para algunos es una mejora de la participación de los
ciudadanos, para otros, como ustedes, señores de Esquerra Republicana, parece
que solo sirve para un referéndum fijado de manera unilateral para el día 9 de
noviembre, al margen del diálogo, de la negociación y del pacto que nosotros
propugnamos como la única vía de solución. Ustedes han hecho una ley para un
solo día. Algunos respetamos las instituciones democráticas siempre y en todo
momento y otros, a conveniencia.
Termino, señora presidenta. Lo cierto,
señor Bosch, es que usted con su propuesta no nos da una oportunidad de elegir
a la mayoría de los catalanes; por el contrario, nos obliga a renunciar. La
última encuesta del CEO, Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de
Catalunya de hace apenas dos semanas, preguntaba a los catalanes sobre sus
sentimientos de identidad. El 27 % se sienten exclusivamente catalanes, el 70 %
también nos sentimos españoles. Así, con su diseño, lo que nos piden al 70 % de
los catalanes no es que elijamos, sino que renunciemos a nuestra identidad
plural.
Señor Bosch, usted ha hablado de
normalidad, de sensatez y de justicia y yo le digo que no hay normalidad, ni
sensatez ni justicia sin respeto a la ley y sin respeto a las instituciones
democráticas, a todas las instituciones democráticas. Háganlo, háganlo para que
después podamos iniciar el único camino posible, el del diálogo, el de la
negociación y el de un nuevo pacto constitucional que nos permita seguir
viviendo en convivencia. Permitan que se abra el tiempo de la política.
Muchas gracias.
Pleno 07 octubre 2014
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/GenericPopUp?next_page=/wc/verEmisionAudiovisual&idOrgano=400&idSesion=209&secuencia=565262&legislatura=10&mp4=mp4
dimecres, de setembre 17, 2014
INTERVENCIÓN SOBRE LA MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN URGENTE SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE REALIZAR UN REFERÉMDUM CONSULTIVO CON EL FIN DE QUE LOS CIUDADANOS PUEDAN EXPRESAR SU DESEO SOBRE MONARQUÍA O REPÚBLICA COMO FORMA POLÍTICA DEL ESTADO.
Gracias, señor presidente.
Estará todo eso y todos los debates y
todos los temas que sean necesarios. Ahora bien, también tenemos claro que para
mejorar ese pacto de convivencia deberá tener un apoyo al menos igual o
superior al que hubo en 1978. La Constitución es un gran consenso en torno a un
gran pacto. Usted quiere trocear la Constitución y someterla a una votación por
mayoría simple. Señor Garzón, usted propone acordar una consulta en una pura
tradición mayoritarista y nuestra propuesta es consultar el acuerdo. Eso es
hacer participar a la sociedad, eso es hacer participar al pueblo, eso es hacer
política y eso es auténtico republicanismo. Le diré que eso
que usted nos propone ataca la esencia del constitucionalismo, ataca en
realidad la esencia del republicanismo, señor Garzón. Por eso vamos a votar que
no a su propuesta.
Subo a esta tribuna para fijar la posición
del Grupo Socialista, del mismo Grupo Socialista que fue representado, mucho
mejor que por mí, por Luis Gómez Llorente. En los trabajos constituyentes,
Gómez Llorente, aquí, en el Parlamento, afirmó la esencia republicana del
socialismo. Nosotros cedimos para llegar a un acuerdo y otros también cedieron.
Todos cedimos y llegamos a un pacto. Por eso Gómez Llorente afirmó
también que no íbamos a cuestionar el conjunto de la Constitución por esto, y
dijo: si democráticamente se establece la monarquía, en tanto sea
constitucional, nos consideraremos compatibles con ella. Treinta y seis años
después, los socialistas seguimos honrando el pacto que hicimos entre todos los
españoles. Fue un buen pacto para este pueblo que sufrió tanto: treinta y seis
años de libertad y prosperidad. Pactamos una monarquía parlamentaria que tengo
que decirle que es más democrática que muchas repúblicas, y por supuesto más
republicana que muchos países en los que la jefatura del Estado la ejerce un presidente
en lugar de un rey.
Usted nos ha querido confundir o quizá
usted confunde conceptos como democracia y república, o republicanismo cívico y
forma de jefatura del Estado. Suecia es más democrática que Rusia y Gran
Bretaña es más republicana que Egipto. Dicho esto, por supuesto que la
monarquía constitucional debe mejorar, por supuesto que debe ser más
transparente, por supuesto que debe ser más austera y más ejemplar. Para ello
las fuerzas políticas tenemos que hacer nuestros deberes y empujar precisamente
para que todas las instituciones —todas las instituciones— de nuestra
democracia lo sean.
Ahora hablemos de la Constitución. Los
socialistas queremos una reforma de la Constitución, queremos mejorar ese pacto
de convivencia, y en esa mejora del pacto estará la regeneración democrática de
todas las instituciones, estará profundizar en el Estado del bienestar, ofrecer
un modelo federal como organización territorial del Estado o constitucionalizar
derechos fundamentales conquistados estos años de democracia, como la sanidad…
Usted y yo pertenecemos —permítame que le
ponga este símil— a dos organizaciones con una gran tradición sindical. Los
convenios colectivos no se trocean. No se puede votar a favor de los horarios y
no votar los salarios. Se vota todo el convenio colectivo.
Citó usted a Jefferson y yo le pregunto:
¿sabe lo que le contestó Madison a Jefferson? Le dijo que cada generación
podría disponer del mundo a su capricho si lo hubiera recibido en estado de
naturaleza. Pero recibimos de nuestros mayores un mundo con activos y con
deudas, y que no es solo para nuestra generación, sino para generaciones
venideras. Nuestros padres nos legaron esta Constitución, no a nosotros, sino
también a las generaciones futuras. Si vamos a cambiar el legado de nuestros
padres, tendremos que asegurarnos muy bien de que lo mejoramos, y eso necesita
mucho más que la mayoría simple que usted nos propone. Necesita, señor Garzón,
un nuevo consenso, eso es lo que necesita. Usted ha hablado con ligereza y
hasta con menosprecio de la Constitución de 1978 y creo que se equivoca.
Permítame que acabe diciendo que admiro la obra de nuestros padres y que no
entiendo su necesidad de deshonrar a nuestros padres para honrar a nuestros
abuelos. Puestos a elegir, procuremos entre todos al menos estar a la altura de
nuestros padres.
Muchas gracias.
Pleno 16 septiembre 2014.
Etiquetes:
consenso,
Constitución,
convivencia,
monarquía,
pacto,
regeneración democrática,
republicana,
socialismo
dilluns, de març 31, 2014
¿QUÉ ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUIERE EL PP?
Ante
un proyecto de ley que lleva por título “la racionalización del sector público
y otras medidas de reforma administrativa” vale la pena empezar centrando el
debate. Empiezo, pues, con algunas preguntas que parecen pertinentes ¿Cuál es
la reforma de AP que presenta el Gobierno? ¿Cuál es su modelo? ¿Qué sector
público nos presentan en este proyecto de ley? ¿Qué sector público quieren y
qué servicios quieren prestar con él? ¿Cuáles son las propuestas para mejorar
su calidad? ¿Cuáles son los principios básicos de funcionamiento? ¿Cuáles son
los mecanismos para generalizar la rendición de cuentas de este sector público?
Parecería
sensato pensar que encontraremos respuestas a estas preguntas, pero la realidad
es que no. No se da repuesta a ninguna de estas cuestiones. Ni en este proyecto
de ley, ni en el informe CORA, ni en ningún otro proyecto de ley que hayan
traído a esta cámara. Tras frases hechas y lugares comunes llevan dos años de generación
de expectativas no cumplidas.
Cuando
una persona lee el título del proyecto de Ley que hoy debatimos, espera una Ley
prolija, abundante, que mire al futuro. Con un contenido y un número de
artículos acorde a la magnitud de su tarea. Por el contrario, se encuentra un
auténtico batiburrillo de medidas inconexas y sin alcance alguno. El PP había
prometido “La” gran reforma de la Administración, y se ha quedado en una torpe
poda superficial de algunos organismos (como la integración del Servicio
Militar de Construcciones en el Instituto de Vivienda, Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa, con lo que quizá nos ahorremos un sueldo; la
reforma, que no supresión, de la Obra Pía de los Santos Lugares o la
utilización conjunta de los recursos del Coro de RTVE y de los Coros
dependientes del INAEM, por poner algunos ejemplos.
Este
proyecto de ley, señorías, está lejos de acercarse si quiera a una verdadera
reforma. Es un intento de enjuagar la incapacidad de un Gobierno que se debate
entre dos tendencias, una que sostiene con el orgullo ideológico de un mal
entendido liberalismo la reducción de la Administración a su mínima expresión,
y otra que aparenta defender algún servicio público pero quiere que se preste
por entidades privadas. Unos la quieren matar y otros quieren hacer negocio con
ella.
Quizás,
efectivamente, ese es el modelo para el sector público que nos presentan:
Convertirlo en mera anécdota.
En
el texto que hoy debatimos se nos presentan veinticinco artículos, más algunas
disposiciones. Artículos sin conexión que deberían ser meras disposiciones
adicionales de un auténtico proyecto de reforma o bien deberían estar en un
simple reglamento, puesto que por rango sería suficiente.
Señores
del Gobierno, incluso el Consejo de Estado en su dictamen señaló enfáticamente
lo inadecuado del título de este proyecto. El Consejo de Ministros puso ese
título y pidió a los Ministros el contenido, pero sin criterio ni instrucción.
Y ha salido un sin sentido, un envoltorio ampuloso para una caja vacía.
O
casi vacía. Porque junto al contenido insignificante, hay algún elemento revelador
de su orden de prioridades. Suprimir órganos que tienen fines sociales no es
ahorro, es ideología. Profundizar en el desmantelamiento de lo público no es
mejora de la gestión, sino más ideología.
La
transformación en entidad privada del Consejo de la Juventud o la desaparición
de órganos y funciones que tienen que ver con la igualdad de las mujeres y
hombres son elementos reveladores de esa ideología. El ahorro inapreciable en
estas medidas no puede jamás justificar la pérdida en términos de participación
social o en la tarea de promoción de la igualdad de los poderes públicos. La
revelación, señorías, es que de nuevo bajo criterios economicistas se quiere
dar la espalda a la sociedad.
La
reforma de la AP que nos ha propuesto el gobierno hasta el momento no es más
que la gestión de flecos. No hay ni una sola medida de auténtica reforma. No
hay ni una sola medida que se base en
·
una mejora de la calidad del servicio al
ciudadano,
·
en la innovación administrativa o
·
en una clara exigencia de rendición de
cuentas.
¿Cuáles
son entonces los principios y criterios de su reforma?
Reformar
o racionalizar las Administraciones no es una tarea que resulte sencilla ni
rápida. Somos muy conscientes de ello. Pero es que llevan más de dos años
gobernando, dos años en los que les hemos ofrecido colaboración, acuerdo,
análisis riguroso y consenso en esta materia y todavía esperamos respuesta.
Si
la Administración importa para este Gobierno, es para recortar su presupuesto,
para adelgazar su coste y presentarla como una carga para la sociedad. Se
olvida de que la Administración construye esa sociedad, la hace más justa e
igualitaria, favorece la participación y hace efectivos los derechos y las
libertades de sus miembros.
Presidente,
señorías.
El
proyecto de ley pone de manifiesto algunas evidencias que querría resaltar:
1ª no hay modelo, ni criterios para una reforma
de la AP: no tienen un modelo alternativo al que nosotros pusimos
en marcha. Y como en realidad no creen en la AP tampoco se han tomado la
molestia en desarrollar y profundizar el que hay. En realidad todo se reduce a
la reducción. Tenemos menos servicios, menos derechos y la calidad ha caído en
picado. Ha habido eliminación de empleo y reducción de salarios. Y
honestamente, el ahorro del que presumen no se donde está. Desde luego, inexistente
con lo que proponen en este proyecto de ley.
Su
llamada reforma de las administraciones solo persigue el adelgazamiento de las
estructuras, no que cumplan mejor su cometido constitucional: “servir con
objetividad los intereses generales”.
2ª evidencia, no hay diálogo ni político
ni institucional: parten de otra frase vacua como es eliminar
duplicidades… lo que parece de sentido común, pero es que esto lo traducen en
recentralización y deslealtad institucional. En otras palabras, que los demás
eliminen servicios o estructuras que yo lo mantengo todo. Parecería lógico que
si pretenden modificar cuestiones que afectan a
otras administraciones hablen con ellas. Y parecería lógico también que
si pretenden hacer cambios estructurales hablaran con el resto de fuerzas
políticas que estamos llamadas a gobernar y, por tanto, a aplicar estos
cambios.
Tenemos
algunos ejemplos en el proyecto de ley que nos ocupa como el despropósito de la
licencia única deportiva, con cuya
regulación rompen con la distribución de competencias entre Estado y CCAA,
Por
no hablar de la nueva regulación de los consorcios
que nos proponen. Por la vía del vaciamiento económico se quieren desentender
de las competencias que tienen obligación de atender, vulnerando el principio
de irrenunciabilidad. En ningún ámbito del OJ se contempla que el
incumplimiento de terceros pueda comportar la exoneración de obligaciones
propias. Es tanto como decir que yo no pago mi comunidad porque un vecino no
paga. Señorías, esta previsión va en contra de los principios generales del
derecho.
Para
que nos entendamos: si la Generalitat de Catalunya incumple con su aportación
económica al consorcio del Gran Teatre del Liceu, como de hecho hace, en una
muestra del respeto que procesa a las instituciones culturales de Catalunya,
resulta que el Estado deja de estar obligado a cumplir, con lo que nos
encontraríamos que la suma de dos irresponsables se cargan la institución.
El
anterior Gobierno impulsó importantes Reformas en las Administraciones Públicas
y comenzó importantes tareas de diagnóstico y de transformación. Nada más lejos
de nosotros que el inmovilismo en materia de organización y funcionamiento de
la Administración. Se iniciaron trabajos profundos de simplificación
administrativa y de procedimientos, de racionalización de estructuras y de
reducción de cargas para empresas y ciudadanos, se creó la red SARA y se
hicieron grandes inversiones (ahora inexistentes) en las nuevas tecnologías.
Se
aprobaron Leyes avanzadas como el Estatuto Básico del Empleado Público, con
fundamento para que los empleados públicos tengan una verdadera carrera
profesional, la certeza de que su esfuerzo se recompensa con una perspectiva de
mejora en su puesto, incentivos y reconocimiento.
Reconocimiento
e incentivos, que no tienen nada que ver con el desprecio de un jefe que les
reprocha tomar café o leer la prensa.
Aprobamos
asimismo, la Ley de Agencias o la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a
los servicios públicos, incorporando así la sociedad del conocimiento y las
nuevas tecnologías a la relación entre la ciudadanía y la Administración. Todo
ello, en definitiva, ofrecía cambios necesarios que daban respuesta a nuevos
derechos, nuevos servicios, nuevos sistemas de prestación de los servicios y
nuevas exigencias ciudadanas sobre el funcionamiento de la Administración.
Los
organismos internacionales como la ONU y la UE reconocieron este gran avance de
nuestras Administraciones llevando a España al puesto número 9 en 2010 desde el
39 que ocupaba en 2005 en el desarrollo electrónico de la Administración
pública.
Señorías,
estas fueron algunas de las reformas que el gobierno socialista impulsó, desde
la convicción de que una reforma ambiciosa de la Administración es aquella que
la hace eficiente, sí, pero sobre todo es una reforma que la hace mejor y más
eficaz. El Partido Popular quiere una Administración Pública menos costosa y
más pequeña. Solo atiende al tamaño, y ahí se queda. Con la excusa del control
del déficit público, se nos propone la destrucción del empleo público y
recortar, suprimir, fusionar o restructurar organismos, pero seguimos sin saber
cómo quiere el Gobierno que actúe el sector público.
Señorías
Racionalizar
la administración es un proceso permanente de adaptación a la realidad. En un
mundo en cambio vertiginoso la Administración debe tener cada vez más y más
rápidas adaptaciones si queremos que cumpla con sus fines. Pero cuidado! La
Administración necesita adaptarse, no cambiar o pervertir su finalidad.
Racionalizar
las administraciones requiere
- en
primer lugar, distinguir las esferas de actuación pública y privada sabiendo
que hay esferas públicas que no deben ser privatizadas porque son fundamento de
la igualdad entre todos, como la sanidad, la educación, la seguridad, y como
tantas otras que ustedes están “racionalizando” o “reformando”
- en
segundo lugar, más coordinación sí, pero no más centralización. Detrás de su
discurso sobre las duplicidades hay demasiado populismo, me temo.
- En
tercer lugar, menos burocracia innecesaria sí, pero no menos organismos y servicios
públicos que realizan tareas sociales. Entre eliminar cargas administrativas y
suprimir el Consejo de la Juventud hay un abismo.
- En
cuarto lugar, organizar los recursos humanos y adaptarlos a las necesidades,
pero eso no significa ridiculizar a los empleados públicos con regañinas que dañan
su imagen, sino ofrecer una justa evaluación de su trabajo y una carrera
profesional motivante.
- Y
por último, racionalizar la administración requiere, sin duda otras muchas
cosas, como más transparencia y más conexión con la ciudadanía, y sobre todo
requiere altura de miras, algo ausente en esta Ley y en la tarea de este
Gobierno.
En
definitiva, los socialistas queremos una reforma administrativa que no sea un
mero parche descosido y coyuntural con el que aparentar que se cumple una
promesa electoral poco meditada. Queremos continuar con las reformas
emprendidas, que ayuden a la recuperación de los servicios perdidos o en
peligro, que haga al aparato público más cercano y transparente y que esté
servida por profesionales prestigiados socialmente y conscientes de su esencial
papel de garantía de la igualdad y la equidad sociales.
Cuando
quieran nos sentamos. Mientras, pueden seguir trayendo proyectos de ley
sinsentido que saldrán adelante con su mayoría absoluta, pero que no aportan
nada a la cuestión que nos ocupa.
dimarts, de març 04, 2014
Intervención en la toma en consideración de la Proposiciones de Ley sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública.
Han pasado ya dos años de
Gobierno popular, dos años que se han caracterizado, bajo el pretexto de la crisis económica, por una gran
obsesión: reducir y eliminar Administración pública, mermando así en realidad los servicios a los
ciudadanos y contribuyendo al desprestigio de lo público. Jibarizar el sector público, suprimir, fusionar,
recentralizar, introducir criterios empresariales o privatizar directamente son
las únicas ideas
que han sido capaces de traer a esta Cámara en materia de Administración
pública. Hoy tenemos la
oportunidad de situar a la Administración pública en el centro del debate pero
con otros parámetros.
En un país en crisis y con escasez de recursos parece que tiene sentido más que
nunca profundizar
y repensar el papel de la Administración y en particular, y de acuerdo con el
debate que hoy nos ocupa, el papel protagonista
que debería jugar en el ámbito de la responsabilidad social empresarial pasando de ser un mero regulador
o recomendador a ser un facilitador y un promotor de la misma. Por eso, abogamos por una
Administración pública ejemplarizante, de referencia, transparente y moderna, que potencie un cambio de cultura
empresarial; una Administración pública motor económico —sí—, teniendo en cuenta los costes
—sí, también—, pero sobre todo y principalmente que busque la calidad de los servicios, porque los
conceptos de eficiencia y eficacia aplicados a la Administración tienen necesariamente una dimensión
distinta. Finalmente, también una Administración pública vertebradora de la responsabilidad social. De
esta manera la innovación social en el ámbito público debe desarrollarse para dar mejores respuestas a las
necesidades ciudadanas. Pero es que además, desde el Grupo Parlamentario Socialista, estamos
convencidos de que esa apuesta no supone y no debe suponer una carga para las empresas, sino que esa
cultura innovadora repercutirá en la construcción de un modelo más competitivo y más productivo
a esfera global y brindará también a la sociedad un valor adicional.
Parece que la posición de la
Unión Europea hasta ahora —lo han dicho otros intervinientes— era ciertamente rígida. Está
cambiando y avanza en este camino, cosa que ayudará a los Estados miembros que así lo quieran a incorporar
de manera más clara nuevos elementos. Esperamos que ese sea el caso de España. No nos sirve ya el
argumento de que discriminar positivamente determinados comportamientos empresariales afecta a la libre
competencia o que es proteccionista en sí, como decía el señor Anchuelo. No es así o no tiene por qué ser
así. Por tanto, se pueden poner las garantías para que no se llegue a esa patología, pero en todo caso no
nos sirve como pretexto para negar una evidencia. Ante la definición de un modelo parece lógico primar a
aquellos que lo sustentan y que cumplen con él, de la misma manera que favorecemos, por ejemplo, a
aquellas empresas que apuestan por la I+D y nadie cuestiona este punto. Si me permiten el
paralelismo, en el fondo es aplicar a las empresas la máxima de tratar igual a
los iguales y
diferente a los diferentes.
Más allá del cambio en Europa y
centrándonos en nuestra propia legislación, parece importante que tomemos en consideración todas
las políticas sectoriales aprobadas en este Parlamento y que han supuesto avances sociales
significativos, bien como obligaciones, bien como recomendaciones. Teniendo en cuenta que en los países
europeos la contratación, compras, concesiones o adjudicaciones de la Administración pueden representar
alrededor del 20 % del PIB —el señor Campuzano lo situaba en España en el 18 % del PIB—, que
esa actuación estuviese inspirada en las cláusulas sociales significaría sin duda uno de los estímulos más
importantes para la RSE. Así, como ya he dicho, la Administración debe estar al frente de la promoción y
aplicación de todos y cada uno de estos avances. Ni es ni puede ser mero regulador ni mero
observador en aquello referido al empleo de las personas con discapacidad o al empleo de las personas en
riesgo de exclusión social en el sentido ya apuntado por el señor Campuzano. Pero pensemos también en todo
aquello aprobado en materias como la igualdad entre hombres y mujeres, la integración de las minorías,
la higiene y la seguridad, el medioambiente, el desarrollo sostenible o las condiciones laborales de los
trabajadores. En este sentido, es una lástima que Convergència i Unió apoyara una reforma laboral, que
también cuestionaría seguramente en algunos aspectos la OIT, que hace desaparecer la negociación
colectiva, garantía precisamente de un modelo como el que defiende esta proposición de ley. Además
de situar a la Administración en el centro de los avances en materia de responsabilidad social
empresarial, hay que pedir también la generalización de la evaluación de las actuaciones de las
administraciones y de los contratos, de las subvenciones, de las concesiones y
demás relaciones
entre el mundo empresarial y la Administración. Tan importante es conocer y ser
transparente y cuidadoso
en el momento inicial de la relación de la Administración con las empresas,
como el seguimiento de la evolución de las condiciones de
esta relación. Las empresas tienen que tener un compromiso de mejora y un estímulo a esta mejora, de
manera que los pliegos de condiciones puedan ser cada vez más exigentes en el triple reporter. Por eso, ya anunciamos que si esta proposición de ley se toma en consideración —esperamos que así
sea, igual que los otros grupos que han intervenido—, el Grupo Parlamentario Socialista
presentará enmiendas importantes para fomentar e impulsar la transparencia informativa. En ese sentido, por
ejemplo, entre otras cosas, nos parece que sería un gran avance incorporar la obligatoriedad de presentación
de memorias como elemento cualitativo, porque es el mecanismo para medir precisamente la no
exigencia puramente legal.
Como grupo parlamentario y
también desde el Gobierno nuestro compromiso con la responsabilidad social empresarial está más que
acreditado. Aspiramos a una sociedad cohesionada, para lo que estamos convencidos de que hay que
potenciar aquellas políticas favorecedoras de un bien común; y eso lo aporta precisamente la responsabilidad
social empresarial. En otras palabras, la responsabilidad social empresarial es una herramienta
para la consecución de los objetivos por los que siempre hemos luchado como partido político. Asimismo,
cabe destacar que ahora ya se pueden incorporar en los pliegos de condiciones para compras y contrataciones
muchos de estos elementos y tenemos buenos ejemplos de ellos, que ya han sido citados. El
Ayuntamiento de Barcelona lleva muchos años siendo pionero en este sector. Pero es verdad también
que tenemos ejemplos como la concesión de recogida de basuras realizada por el Ayuntamiento de Madrid y
por eso precisamente qué duda cabe de que contemplarlo en una ley ofrece mayores garantías de
cumplimiento y efectividad. Así, en los pliegos se debería ponderar adecuadamente el esfuerzo por
parte de las empresas proveedoras o contratantes o subvencionadas en las condiciones laborales que
ofrecen a sus trabajadores, el esfuerzo en contratación de discapacitados o personas con riesgo de
exclusión social, en prevención de riesgos medioambientales o en igualdad de trato entre hombres y mujeres,
entre otras cosas. Eso estimularía a las empresas a ser más sostenibles y responsables socialmente y, al
mismo tiempo, sería una señal inequívoca del modelo empresarial y económico por el que se opta y
se defiende desde el sector público. Por eso, es importante, precisamente, la toma en consideración por esta
Cámara de esta proposición de ley.
Señorías, en una cultura integral
de responsabilidad social empresarial, el diálogo entre el mundo empresarial y el municipio ha
sido hasta ahora fundamental. Estamos convencidos de que para la sensibilización de la sociedad y
la incorporación de estos valores la Administración más próxima es clave. Desgraciadamente, la nueva
reforma de la Ley reguladora de bases de régimen local aprobada va en la dirección contraria, hace
desaparecer para la mayoría de ayuntamientos de este país la capacidad de prestación de muchos servicios
sociales, mermando así la posibilidad de difundir entre la ciudadanía estos valores y dinamizar y fomentar
desde la proximidad un tejido empresarial socialmente responsable ligado a los problemas laborales,
medioambientales y sociales del entorno, y no me refiero a las empresas locales, pero sí a esa
sensibilización social general que hace falta introducir todavía hoy en este
ámbito. Fijémonos,
sin ir más lejos, en la cultura británica que lleva desarrollándose desde hace
tantos años. Y de lo local
paso a hacer una reflexión de lo internacional, porque también la acción
exterior de apoyo a las empresas españolas, la
cooperación al desarrollo, la diplomacia económica y, en definitiva, la marca España, de la que tanto hablan
con ustedes mismos, debe tener también como elemento clave la exigencia y supeditación a la
responsabilidad social de las empresas. Así, a través de esa responsabilidad
social empresarial,
se puede articular uno de los ejes para democratizar la globalización, con la
complicidad absoluta,
además, de Naciones Unidas. Eso, sin duda, proyectaría una imagen positiva del
país.
En definitiva, señorías,
preocupados porque en los últimos años ha habido una cierta parálisis, ciertamente, en la expansión de
la responsabilidad social empresarial, sea bienvenida esta proposición de Convergència i Unió, sea
bienvenido el desarrollo del Estado social, en mayúsculas, del artículo 1 de nuestra Constitución, sea
bienvenido el debate sobre el modelo empresarial que desde las administraciones públicas nos comprometemos a
potenciar y sea bienvenido el impulso de la responsabilidad social y medioambiental de las empresas
que sin duda contribuirá a un desarrollo más sostenible, más productivo y más sensible y cohesionador a
la hora de ofrecer servicios a los ciudadanos. El Grupo Parlamentario Socialista votará favorablemente
la toma en consideración de esta proposición de ley.
Gracias. (Aplausos).
dijous, de març 21, 2013
Intervención en Pleno 19 de marzo de 2013. "Lucha contra la corrupción"
Es necesario partir de la necesidad, sentida en amplios sectores de la sociedad, de encarar, de una vez por todas, la problemática de la corrupción política. En la coyuntura actual, existe una innegable sensibilización social sobre este tema. Las encuestas del CIS, insistentemente, nos recuerdan este dato. Según el Barómetro del CIS del mes de enero, el 77,4% de los encuestados califican la situación política de España de Mala o Muy mala, el 43% cree que es peor que hace un año y el 33% cree que el año que viene será aún peor. Al enumerar los principales problemas del país en la actualidad, la corrupción y el fraude ocupan el cuarto lugar y los partidos políticos y la política en general el tercero, sólo después del paro y los problemas de índole económico.
Estos datos han sufrido modificaciones evidentes tras el conocimiento del denominado “caso BÁRCENAS”: en el barómetro de febrero la corrupción constituye ya el segundo mayor problema del país para los ciudadanos y todo ello ante la pasividad y el silencio del Gobierno y del partido que lo sustenta.
En definitiva, el problema de la corrupción, que arrastramos desde la “burbuja inmobiliaria” ha acabado afectando negativamente a los partidos políticos e, incluso, a las instituciones del Estado democrático.
Hace unos años, el CIS ya mostraba una opinión de los ciudadanos desfavorable hacia los políticos, pero no hacia la Política y la Democracia (cosa que pasa en otras regiones del mundo como en parte de Iberoamérica). Pero ese punto de inflexión se está dando y cuando se llega a ese grado de desafección tiene un punto de no retorno ciertamente peligroso. No puede ser que sea la propia Democracia la que se cuestione, porque entonces estaremos instalados en la antipolítica.
Esta corrupción que sufre el país nos afecta a todos y nos desprestigia a todos. Es más, tiene un efecto devastador en todos aquellos que actúan conforme a la ley y que cumplen con sus obligaciones. La “amnistía fiscal” ha hecho mucho daño también en este sentido.
Por todo ello, el grupo parlamentario socialista está plenamente de acuerdo en la absoluta necesidad de abordar este tema cuanto antes, YA!, para ser más precisos.
En los 8 años de gobierno socialista se impulsaron reformas del CP, se fortaleció la prevención del fraude fiscal y del blanqueo de capitales, endurecimos la regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos cargos de la AGE, mejoramos la ley de contratos del sector público, la de financiación de partidos políticos o la reforma de la ley del suelo, entre muchas otras cosas.
Y también, al margen de reformas normativas, se incrementó el número de Juzgados y de efectivos en la Fiscalía Anticorrupción y, en el ámbito del Ministerio del Interior, se creó el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y se introdujeron importantes actuaciones de mejora de sus sistemas de información.
Se hizo mucho, pero claramente insuficiente. Somos tan conscientes de esta insuficiencia que en el último Debate del Estado de la Nación propusimos nuevas y concretas medidas de lucha contra la corrupción. Las propusimos con la intención de llegar a un amplio acuerdo con todas las fuerzas políticas. No fue posible. El Grupo Popular votó en contra de todas las propuestas presentadas por el resto de grupos.
El GPS, consciente de la desafección creciente de la ciudadanía quiere hacer su aportación positiva. No se trata de no abordar o no hablar de esta desafección, pero nos parece necesario destacar que lo que no se puede compartir ni alimentar, de forma demagógica, es la desconfianza y la crítica constante hacia la política y los políticos en general. No haría sino perjudicar la legitimidad y fortaleza de nuestro sistema democrático.
Cualquier medida que vaya dirigida a fortalecer, enriquecer y generar confianza en la relación entre gobernantes y gobernados o representantes y representados ha de ser compartida. Los ejemplos son infinitos: reforma electoral para mejorar la representatividad del sistema; mejora y multiplicación de los mecanismos de participación directa de la ciudadanía en las instituciones o la regulación de la transparencia y la rendición de cuentas de las Administraciones, por poner algunos ejemplos.
El grupo parlamentario de Izquierda Plural ha presentado una Proposición de Ley Orgánica para la lucha contra la corrupción que plantea, con este objetivo, la reforma de numerosas leyes.
Una de las virtudes que tiene la iniciativa que debatimos hoy, y sin ánimo de entrar en el contenido concreto que se recoge en ella, es que aborda los cuatro ejes donde principalmente se pueden producir casos de corrupción:
• Financiación de partidos políticos
• Urbanismo
• Contratos en el sector público
• Ayudas o subvenciones
Por todo lo expuesto el criterio del GPS para la toma en consideración de esta Proposición de Ley es favorable.
Acabo con cuatro ideas que me gustaría compartir con el resto de los grupos parlamentarios:
Las reformas contra la corrupción no abordan todo el problema. Son medidas necesarias, pero no son todas las que tenemos que adoptar. Solo con ellas no se gana la confianza de los ciudadanos. Para ello, necesitamos reformas en distintos ámbitos que recompongan, como ya he dicho, la relación entre representante y representado. La desafección hacia la política es más compleja y afecta a más cosas y debemos ser conscientes de ello.
Las reformas legales y la mejora del ordenamiento jurídico están bien. De hecho, lo hemos abordado desde hace años, hemos tipificado más conductas, hemos endurecido regimenes de incompatibilidades, hemos elevado penas… y sin embargo, constatamos que no es suficiente. Deberíamos iniciar una reflexión profunda para explorar otras vías de actuación.
En la lucha contra la corrupción hay que empezar cuanto antes mejor. Hay que ir rápido en la toma de medidas concretas, porque el diagnóstico lo tenemos hecho. Crear una ponencia en la Comisión de Reglamento, crear una Subcomisión en el marco de la Comisión Constitucional o seguir con el grupo de trabajo impulsado por el gobierno en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales no nos puede llevar a la inactividad.
Pero sobre todo, las medidas adoptadas tienen que reflejarse en un cambio de actitudes. No se trata únicamente de no incurrir en la ilegalidad, sino en ejercer el poder con responsabilidad y con ejemplaridad.
Y finalmente, creo que este tema, como otros, compete a todas las fuerzas políticas, mucho más cuando la situación económica general está tan degradada y, en cambio, el partido del Gobierno parece que no quiere ser consciente de ello. El PP ha decidido limitar su legitimidad a la mayoría absoluta parlamentaria que tiene, que no es poco, por supuesto, pero claramente insuficiente cuando estamos hablando de este tema. Les pido más ambición y más generosidad. No abordar esto con consenso no nos permitirá solucionar este grave problema que afecta a la esencia de la Democracia.
Subscriure's a:
Missatges (Atom)