Intervención en la comisión de Administraciones Públicas, donde comparecía la Ministra de AAPP para informar sobre el Fondo de Inversión Municpal

“Bienvenida, señora ministra de Administraciones Públicas, aunque a tenor de algunas de las intervenciones podría llamarla ministra de Administraciones Públicas, Economía y Hacienda, Trabajo, Seguridad Social, Servicios Sociales, etcétera, porque han ido saliendo todos los temas a pesar de que no todos ellos son los que nos ocupan esta mañana. Quiero empezar agradeciéndole su comparecencia, agradeciéndole la información exhaustiva sobre el fondo y también que haya aprovechado esta intervención para avanzar las líneas generales de la futura ley de gobierno local, aunque parece que para el portavoz del Grupo Popular esto no toca o es una materia insustancial y, por tanto, no ha hecho referencia a ella. Una vez más, en la sesión de hoy este Gobierno -también este grupo parlamentario- ha dejado buena muestra de su apuesta por el municipalismo. Con la revitalización de un nuevo nexo de cooperación y de complicidad entre el Estado y las corporaciones locales esta apuesta ha quedado fehaciente. Algunos para hacer referencia al fondo hablan de un regalo o utilizan expresiones similares a esta en un tono más o menos despectivo, cuando lo que ha representado este Fondo Estatal de Inversión Local ha sido una muestra de confianza absoluta de este Gobierno en la labor y la capacidad de gestión de los ayuntamientos de nuestro país. Porque pensamos que la Administración local es una administración eficaz, además de ser la más cercana a los ciudadanos, ha sido por lo que hemos apostado por impulsar una medida como esta en una situación extrema de necesidad, de crisis económica como la que atraviesa nuestro país, conjuntamente con el resto de países de nuestro entorno.Precisamente este año en el que tenemos la celebración de los treinta años de ayuntamientos democráticos -treinta años, por tanto, de crecimiento y consolidación de las corporaciones locales-, celebramos que la ministra haya anunciado una vez más el compromiso del Gobierno de traer a esta Cámara dos proyectos legislativos que están pendientes y que son tan necesarios para las corporaciones locales. Evidentemente, me refiero al estatuto del gobierno local, por un lado, y a la nueva ley de financiación local, por otro. Es cierto que en el Grupo Socialista pensamos que el consenso en ambos proyectos de ley con todas las formaciones políticas es imprescindible. Por nosotros no va a quedar; vamos a poner empeño en ello, porque sabemos que el éxito de esta futura legislación depende en gran medida del grado de consenso que podamos alcanzar sobre ella.

Señorías, me gustaría hacer referencia a algunos de los comentarios que ha hecho el portavoz del Grupo Popular cuando, por ejemplo, ha hablado de la improvisación. La verdad es que escuchando sus intervenciones todas las personas que estamos en esta Comisión podemos constatar que la improvisación es la suya; improvisa constantemente sus intervenciones.

Pues bien, me gustaría decirle que si una cosa nos exigen los ciudadanos siempre, pero más especialmente en situaciones complicadas como en la que estamos, es que seamos rigurosos y trabajemos a fondo los temas y que no utilicemos un lenguaje demagógico o frases vacías de contenido; y lo que también nos piden los ciudadanos, sobre todo, es un respeto a nuestras instituciones. Quiero recordarle que los ministros no hacen tournées por el Estado sino que los ministros lo que hacen son viajes oficiales, acercamiento a los territorios y conocimiento de todo el país. Por tanto, les pido respeto a las instituciones y un poquito más de prudencia a la hora de hacer algunos comentarios.

Una de las medidas importantes que ha llevado a cabo este Gobierno -y sobre ella me centraré porque creo que es lo que ha ocupado más en la intervención de los otros portavoces- es precisamente la aprobación del Fondo Estatal de Inversión Local. No ha sido la única medida de impulso para intentar reactivar la economía del país pero sí que ha sido una de las más significativas y sin duda la que nos ocupa esta mañana. Quiero empezar, en este sentido, felicitando a todos los ayuntamientos de España y a las diputaciones provinciales también, que han cumplido una de sus funciones importantes, como es ayudar a los ayuntamientos más pequeños, por todo el trabajo hecho hasta ahora y sobre todo por el que van a realizar a lo largo de este año. Es una pena que el Grupo Popular no se haya podido sumar a esta felicitación, estoy segura de que sus alcaldes, los alcaldes del Partido Popular, lo hubiesen agradecido. Quiero felicitar a todos los alcaldes y a todos los concejales en nombre del Grupo Parlamentario Socialista por su compromiso con sus ciudadanos y por la capacidad de acción que han demostrado y sobre la que nosotros no hemos dudado en ningún momento. Han respondido masivamente a la medida y se han manifestado además muy positivamente a favor de ella, también lo ha hecho así la Federación Española de Municipios y Provincias.

Celebramos especialmente que los municipios gobernados por el Partido Popular no hayan sido coherentes con la posición de su partido político y no se hayan abstenido de presentar proyectos, a pesar de la abstención de su grupo parlamentario en la votación del decreto-ley. Asimismo, quiero destacar también que este Fondo de Inversión Local supone un refuerzo, a pesar de algunos comentarios que han hecho otros portavoces, precisamente de la autonomía local reconocida en la Constitución. Siendo la Administración más cercana a los ciudadanos era sin duda la que mejor podía actuar y reaccionar frente a las necesidades reales en un momento de dificultad como este. Han sido ellos, por tanto, los que han priorizado lo que debían hacer o no en cada uno de sus territorios, y así pensamos que debe ser. El señor Olabarría proponía un poco más de control o de algunas restricciones pero, en todo caso, nuestra apuesta ha sido la de la autonomía local, y eso evidentemente no causa ningún tipo de conflicto con la autonomía autonómica. El señor Canet hablaba sobre el miedo que le podía producir reforzar la autonomía local. Yo creo que no es un juego de suma cero, donde lo que uno gana lo pierde el otro. No, se puede reforzar la autonomía local y ser escrupulosamente respetuosos con las competencias autonómicas y con el papel que las comunidades autónomas desarrollan y tienen que desarrollar en nuestro país.

Quiero felicitar, en segundo lugar, también al Ministerio de Administraciones Públicas, a todo el Gobierno y a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, por el lanzamiento de la idea y sobre todo por la articulación y la gestión de este fondo. Creo que este ministerio, como gran sala de máquinas del Gobierno, ha estado a la altura de las circunstancias. Hay que tener en cuenta que la medida de creación de este fondo era algo novedoso -como la misma crisis económica- y el ministerio ha dado una muestra de capacidad de gestión de algo novedoso, que sin duda hay que reconocer.

Quería destacar también otro elemento que nuestro grupo considera importante -así lo ha señalado también la ministra-, como es el salto hacia la Administración electrónica. La Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, 11/2007, fijaba el 31 de diciembre de 2009 como la fecha en la cual las administraciones públicas debían poder ofrecer a los ciudadanos los procedimientos administrativos por vía telemática. Este fondo ha posibilitado, de entrada, que todos los municipios de España -todos excepto los cinco que no han pedido el fondo- tengan el certificado digital, como usted destacaba, paso fundamental desde nuestro punto de vista para culminar el siguiente reto. El hecho de que se haya podido resolver todo en pocas semanas y sin presentar un solo papel es una prueba de que cuando queremos, podemos. Tampoco aquí los pronósticos agoreros del Partido Popular se han demostrado verdaderos.Hablaban ustedes de dificultades insuperables. Ya ven que ningún municipio por pequeño que sea ha tenido ningún problema con el acceso electrónico; en el fondo lo que pasa es que ustedes, señorías del Grupo Popular, no conocen los ayuntamientos y no creen en los ayuntamientos.Algo parecido les pasa con el país: no conocen el país y tampoco creen en él. Sin duda, los principales objetivos de la creación del fondo, como ya se ha dicho, eran la activación o el estímulo de la economía y la generación de empleo, pero también es verdad que estas inversiones han implicado y van a implicar también otras cosas no menos importantes y, desde luego, desde nuestro punto de vista muy positivas: el aumento de la calidad de vida de los ciudadanos, la mejora del paisaje urbano y la posibilidad de que muchos ayuntamientos tiren adelante proyectos que de otra manera no hubiesen podido.

Aquí quiero detenerme también, como han hecho otros portavoces, en el tema de la financiación local. Evidentemente, nadie ha dicho que la creación de este fondo estatal de inversión local suponga dejar de lado la negociación de la financiación local, todo lo contrario. Yo quiero reiterar hoy aquí el compromiso total de los socialistas de mejorar un sistema de financiación local que somos los primeros en denunciar que es un mal modelo de financiación local -recuerdo que fue un modelo pactado precisamente por gobiernos del Partido Popular-, y por eso pensamos que la previsión de este fondo y el éxito del mismo no debe frenar en absoluto -como no lo ha hecho- el debate de fondo sobre el modelo de financiación. Sin embargo, este no es el debate de hoy porque estamos hablando precisamente de esta medida excepcional en un momento excepcional.

Quiero tratar ahora algunos de los temas que han ido saliendo a lo largo del debate, la ministra ya ha contestado a la mayoría de ellos, pero desde el Grupo Socialista no quiero dejar de hacer referencia a alguno de ellos. Quiero empezar refiriéndome a la distribución de los 8.000 millones que el portavoz del Grupo Popular nos presentaba en un gráfico circular, la distribución típica de quesitos de estos 8.000 millones. Me parece que este gráfico ha sido llegar al paroxismo de la ridiculez. No voy a ponerme a discutir la distribución que hacen de las cuantías, lo ha hecho la ministra ampliamente con mayor conocimiento y mayor criterio que el que yo pueda utilizar, me quedo simplemente con las partidas que las señorías del Grupo Popular destacaban en su gráfico. Ellos utilizaban el término de recursos de mano de obra como la única partida que les parecía justificada de toda la inversión que se hace y, por el contrario, los materiales, el margen empresarial, los medios auxiliares, el IVA, les parecía algo que sobraba. A mí me gustaría saber qué concepción tienen de inversión en obra si no van a utilizar materiales, porque, claro, hacer una obra sin materiales me parece ciertamente un poco dificultoso. O sin margen empresarial, ¿qué concepción tienen de la activación de la actividad económica? ¿Qué pretenden, que las empresas pierdan dinero? No sé, es otro de los conceptos que no me quedaba claro. O cuando hablan del IVA, quizá se están proponiendo no responder a las obligaciones tributarias. En fin, creo que no hace falta añadir gran cosa más.

Respecto al número de trabajadores, también se ha hablado ampliamente y la ministra ha señalado que la cifra de 278.000 es el número dado precisamente por los alcaldes de los ayuntamientos de España, por cada uno de los alcaldes de los ayuntamientos de España, gobernados por todas las fuerzas políticas. Por tanto, el número que está manejando, que está utilizando el Gobierno es el número objetivo que le vienen a ofrecer las corporaciones locales. A mí me gustaría saber de dónde sacan ellos su número o en razón de qué hacen los cálculos que hacen. Sobre esta cuestión tampoco quiero detenerme excesivamente, me gustaría simplemente utilizar una frase que me gustó, buena porque fue pronunciada por un buen político, eso es verdad, el alcalde de Madrid, que dijo: Detrás de cada obra, hay un puesto de trabajo. Me parece un buen resumen de lo que puede significar este fondo, de cuál era el objetivo de este fondo y de cuál va a ser por tanto el cumplimiento del objetivo de este fondo.

Respecto al tema de ANV, el señor Olabarría ha dado una explicación excelente sobre la materia y tampoco voy a ahondar excesivamente, pero sí quería poner encima de la mesa una reflexión que no ha salido en el debate de hoy, y es que tanto los Presupuestos Generales del Estado como toda la financiación proveniente de las administraciones autonómicas del País Vasco y de Navarra se distribuyen entre todos los ayuntamientos de este territorio, entre todos. No he oído en ningún momento ninguna voz que cuestione el dinero que viene de los Presupuestos Generales del Estado, para también esos ayuntamientos gobernados por personas que formaban parte de la lista de ANV, ni que cuestione los fondos económicos que vienen de las administraciones autonómicas. Supongo, señor Salvador, que el Gobierno de Navarra también hace un seguimiento y vigila cómo gastan el dinero esos ayuntamientos, doy por descontado que cumple con sus obligaciones y que no hace dejación de ellas. Este Fondo Estatal de Inversión Local no podía excluir los ayuntamientos gobernados por personas que habían pertenecido a listas de ANV simplemente porque hacer esto sería ilegal, y no solo sería ilegal, sino que además iría en contra de todos los ciudadanos de esos municipios. Lo que hay que hacer -y este Gobierno y este grupo parlamentario ya han asumido ese compromiso- es ser vigilantes y controlar que los fondos económicos que reciben esos ayuntamientos -todos, no solo los del Fondo de Inversión Local, sino todos los fondos económicos que reciben- van a tener una aplicación adecuada a la legislación actual.

Oyendo las declaraciones del concejal socialista de Mondragón, Francisco García, diciendo que van a estar vigilantes -porque también los concejales de esos ayuntamientos lo pueden hacer- y harán por tanto que se cumpla la ley respecto a los carteles -él hacía referencia a los del Gobierno de España por parte de ANV-, echo de menos la voz de los concejales del Partido Popular diciendo: me vas a tener al lado para poder vigilar mejor. En esto es en lo que se requiere la unidad. Yo recomendaría a las señorías del Grupo Popular que, en vez del modo amenazante que utilizan en sus intervenciones, estuvieran en este tema al lado del Gobierno para trabajar juntos por lo que es una causa común.Sería muy positivo que de una vez por todas supieran quiénes estamos en el mismo barco y quiénes están enfrente.

Con respecto a los carteles, no voy a extenderme excesivamente, pero sí me gustaría destacar una cuestión que curiosamente ha pasado desapercibida y por la que quiero felicitar al Ministerio de Administraciones Públicas, como es el caso de que los carteles se prevén en todas las lenguas de España. Es verdad que los grupos nacionalistas siempre sacan a relucir estas cuestiones en sentido negativo, y yo quería sacarlo hoy en sentido positivo, porque el compromiso del Gobierno y de este ministerio con el respeto de todas las lenguas españolas ha sido fehaciente también al contemplar que los carteles van a estar en todas las lenguas de España.Simplemente un reconocimiento explícito a esta cuestión. En cuanto a la idoneidad de la colocación de estos carteles, la verdad es que la cantidad de despropósitos que se han oído con relación a esta materia es digna de catálogo. Quizás en algún momento, más adelante, podríamos listar todos estos despropósitos y hacer un estudio sobre comunicación política y demagogia. De entrada es interesante que las señorías del Grupo Popular coincidan con Aralar en querer ridiculizar algo que por otro lado se da siempre -ya lo ha recordado la ministra-: la publicidad de una obra pública es obligatoria siempre, en cualquier nivel de Administración, sea Administración local, sea Administración autonómica, sea Administración estatal o sea Administración europea la que actúe. En ese sentido quiero simplemente citar algunas normas jurídicas para poner un poco de orden y de rigor en esta discusión. Lo que no voy a hacer es caer en los millones de ejemplos que podemos tener en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular o en ayuntamientos gobernados por el Partido Popular donde el tamaño de los carteles, más que carteles, parecen pantallas de cine. Por tanto, lo que voy a hacer es citar dos reglamentos europeos el 1159/2000 y el 621/2004, donde la Comisión establece que las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los fondos estructurales y de los fondos de cohesión tienen que estar publicitadas con vallas informativas en todas las zonas de intervención.Asimismo, en nuestra legislación interna -estos reglamentos también son legislación interna, por supuesto- tenemos la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de subvenciones, que establece la obligatoriedad en su artículo 18.4 de la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención en los términos reglamentarios establecidos. También prevé esta misma ley en el artículo 37 como causa de reintegro el incumplimiento de esta obligación. Por tanto, el decreto-ley lo que hace es adaptar perfectamente esta ley de subvenciones y reproducir de alguna manera esta regulación.

Para terminar quería decir que, de acuerdo con los argumentos utilizados por el portavoz del Grupo Popular, los grandes problemas de este Fondo Estatal de Inversión Local son los carteles del Gobierno de España. Esa es la conclusión. Por tanto, mi conclusión es que el Fondo Estatal de Inversión Local tiene pocos problemas, porque si ese es el único que ha sabido detectar y enfatizar el portavoz de la oposición, parece que no hay problemas. Alguno de los portavoces preguntaba qué criterios podemos utilizar para confirmar y para destacar que este fondo ha sido un éxito.Pues bien, los criterios que podemos utilizar son objetivos: La acogida, la recepción de los proyectos, la gestión hasta el momento de estos proyectos nos muestran que el Fondo Estatal de Inversión Local impulsado por este Gobierno ha sido un éxito. Por tanto, en esos criterios objetivos es en lo que nos basamos para valorar desde el Grupo Socialista que este fondo era necesario, que este fondo lo que ha hecho es apoyar a la Administración local, creer en el municipalismo español porque sabemos que es la Administración más cercana y la que mejor podía reaccionar, como decía al inicio de mi intervención, a los problemas y a las necesidades de los ciudadanos, y en esa línea vamos a seguir trabajando.

Quiero, de nuevo, felicitar al Ministerio de Administraciones Públicas y muy especialmente a su titular por esta iniciativa y por la gestión, y esperamos que dentro de unos meses podamos volverla a escuchar explicando ya, no conjeturando, qué ha supuesto este fondo para nuestras ciudades y nuestros pueblos".

Intervención en la Comisión de Justicia,sobre la revisión y denuncia de los acuerdos del Estado con la Santa Sede

“ Efectivamente hemos debatido esta misma proposición no de ley la legislatura pasada en términos idénticos, y la verdad es que es una lástima que el grupo proponente no haya aprovechado este gap en el tiempo para mejorar alguno de los planteamientos o incorporar algunas de las imperfecciones que, desde nuestro punto de vista, había y que señalamos en la anterior intervención. En cualquier caso el debate es pertinente. No creo que la crisis económica sea un pretexto para no debatir esto, y por la misma razón tampoco tendría sentido hablar sobre la proposición no de ley relativa a la creación de un laboratorio móvil para la isla de Ibiza, por ejemplo, proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, o con el mismo argumento tendríamos que cerrar todas las comisiones de este Parlamento y dejar simplemente abierta la Comisión de Economía. Este no es un argumento razonable ni sería bueno para nuestra democracia ni para el debate público ni para los intereses de los españoles.

Los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, como ustedes saben, constituyen un tratado internacional cuyo texto ha sido aprobado además por las Cortes Generales, y así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en varias sentencias, cito la 187/1991. Este tratado internacional, estos acuerdos suponen, nada más y nada menos, que el desarrollo del mandato constitucional recogido en el artículo 16.3 de la Constitución española, en donde se dispone precisamente que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica -y la cita explícitamente- y las demás confesiones. Sobre la base de este artículo, pues, nuestro texto constitucional y por ende los acuerdos no suponen, desde nuestro punto de vista, una situación de privilegio con la religión católica, sino que se limitan a desarrollar este texto constitucional, y además responden a una realidad social. Es verdad que la realidad social es cambiante, pero desde nuestro punto de vista no es sustancialmente cambiante. Es decir, la realidad del 78, cuando se aprobó la Constitución, y la realidad del 2009 se siguen traduciendo en que mayoritariamente la sociedad española se declara católica. Los datos del CIS así nos lo indican, tengo los datos de abril de 2008, en que el 76,7 por ciento de la población se declara católica, por ejemplo; el 20 por ciento se declara no creyente, el 1,6 creyente de otra religión, y el 1,7 no contesta. Por tanto, estamos hablando de porcentajes en cualquier caso elevados: 76,7 por ciento.

Me gustaría señalar también algo que no podemos olvidar, que también señala el artículo 16.3 de la Constitución, que es la necesaria cooperación que el Estado tiene que establecer con todas las confesiones, haciendo mención especial, como ya he dicho, a la religión católica. Esto viene amparado también por varias sentencias del Tribunal Constitucional, y me gustaría citar, por todas ellas, la sentencia 48/2001. Así, por tanto, el acuerdo constituido mediante este tratado internacional con la Santa Sede se desprende directamente de este artículo 16.3, y lo mismo pasa con los otros acuerdos firmados por el Estado con otras confesiones religiosas: la evangélica, la judía y la islámica.

Respecto a la cuestión educativa, al sistema educativo, señor Llamazares, creo que no hay una situación de privilegio en ningún caso de la Iglesia católica en el sistema educativo. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece el carácter voluntario para los alumnos de tomar clases de religión católica o no tomarlas, y así lo prevé también el Real Decreto 1630/2006, que desarrolla esta ley, en el que se reitera el carácter voluntario de la enseñanza religiosa, tanto la católica como el resto de religiones con las que el Estado español ha llegado a acuerdos de cooperación.

Con relación al segundo punto de la proposición no de ley se pide la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, aprobada en 1980, aduciendo un supuesto trato diferencial a la jerarquía católica en la misma. Efectivamente este Gobierno, por boca de su vicepresidenta, doña María Teresa Fernández de la Vega, ya ha anunciado la voluntad durante esta legislatura de modificar esta Ley Orgánica de Libertad Religiosa, por tanto ese será el trámite pertinente para presentar aquellas enmiendas que su grupo parlamentario considere oportunas para mejorar, desde su punto de vista, lo que contemple esta ley orgánica. Señor Nasarre, no se trata de reconocer nuevos derechos en la modificación de la ley orgánica, se trata de adaptar una ley aprobada en el año 80; han pasado muchos años y por tanto nos parece adecuado profundizar, por ejemplo, en la confesionalidad del Estado o en regular cosas que no constan en esta ley, por ejemplo la libertad de conciencia de aquellos que no son creyentes.Son lagunas evidentes que existen en la legislación actual que nos llevan a pensar que sería bueno perfeccionarla. En cualquier caso, no he encontrado en el articulado actual de la ley ningún precepto en el que se vislumbre un trato diferencial a la Iglesia católica. Es más, en su artículo 1.3 se dispone que ninguna confesión tendrá carácter estatal, y en su artículo 7 se recoge la posibilidad de la firma de acuerdos entre el Estado español y las distintas confesiones religiosas que hayan alcanzado un arraigo notorio en la sociedad española. Por tanto, no sé a qué se refiere el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida cuando habla de privilegios de esta ley.

El tercer punto pide la reforma de la Ley de Asociaciones, con el fin de que en su ámbito de aplicación la Iglesia católica no reciba, de nuevo, ningún privilegio respecto a otras confesiones religiosas. Aquí quiero señalar otra vez exactamente lo mismo. Leyendo el articulado de esta ley, no veo ninguna mención especial a la Iglesia católica y por tanto tampoco veo ningún privilegio explícito. En conclusión, creo que no hay privilegios objetivos en la legislación vigente; la regulación actual simplemente responde a una realidad social y a un reconocimiento constitucional expreso. En todo caso, no hay desatención de las otras confesiones religiosas, cosa que también me parece importante destacar en este momento. Además, a lo largo de estos años los acuerdos con la Santa Sede se han ido modulando, se han ido revisando, que es un poco lo que usted pide, y por tanto no han sido en absoluto estáticos. Saben que el Grupo Socialista no está ni ha estado cerrado a pensar cómo mejorar su regulación para que esta se adapte con más precisión a la realidad cambiante de nuestro país. En este sentido se han hecho avances significativos precisamente en la dirección que ustedes apuntan.Simplemente pensamos que hay que acertar en la oportunidad del cómo y del cuándo, y en eso parece que es en lo que a veces no coincidimos.

Ha hablado en su intervención, señor Llamazares -y con esto acabo-, de la ética civil. Creo que ningún Gobierno ha hecho más que este Gobierno socialista por la construcción de una ética pública. Este ha sido sin duda uno de los horizontes que ha marcado las iniciativas legislativas en la anterior legislatura, y que va a continuar marcando las de esta IX Legislatura. De forma paradigmática quiero destacar precisamente otro tema que ha salido en el debate, que es la previsión de la asignatura de educación para la ciudadanía. Eso es construcción de ética pública en positivo, y este Gobierno va a seguir trabajando en esa dirección”.

Intervención en el Pleno sobre el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos y sus posibles reformas.

“Quiero empezar diciendo que los objetivos de la ley que da lugar a esta moción son evitar los conflictos de intereses y garantizar en mayor medida la independencia, la imparcialidad y la objetividad de los altos cargos. También introducir una mayor transparencia en los mecanismos de control de bienes y derechos que posean los miembros del Gobierno y altos cargos, buscando controlar, por tanto, que los bienes patrimoniales, cuando entran y cuando salen no son sustancialmente distintos porque de eso es de lo que estamos hablando hoy aquí. Así, es importante establecer una separación estricta entre la actividad pública y la actividad privada. La Ley 5/2006 es contundente en este aspecto. Tenemos, señorías, y ustedes lo saben, una de las leyes más restrictivas de Europa en cuanto al régimen de incompatibilidades, ley promovida y aprobada por un Gobierno socialista.El Grupo Socialista ha llevado siempre sobre este tema la iniciativa porque es algo en lo que creemos profundamente. Aprobamos la Ley de 1983, la de 1995 y hemos aprobado también la Ley de 2006 derivada, por cierto, de una proposición no de ley de este grupo, que fue rechazada con mayoría absoluta del Grupo Popular. Le recomiendo la lectura del "Diario de Sesiones" de 23 de abril de 2002. Allí hay un listado real de opacidad que había en ese momento. No quiero hablar del caso Gescartera que es precisamente lo que provocó ese debate en ese momento.

Quiero decirle una cosa, señor Herrera. Este objetivo de mejora de la calidad democrática y de mejora de la transparencia y de la ética de los poderes públicos que se pretendía introducir precisamente con la ley de 2006, se cumple. Se cumple y usted sabe que se cumple. Introducir dudas sobre este cumplimiento es hasta cierto punto irresponsable. La prueba fehaciente de esa irresponsabilidad es la intervención que ha permitido por parte del Grupo Parlamentario Popular en boca de su portavoz. Esa ha sido la principal consecuencia de traer a esta Cámara esta moción.

Señor Merino, no me hable de incumplimiento de leyes. ¿Se refiere a la Ley del Tabaco? ¿Se refiere a la Ley de la Dependencia? El incumplimiento de las leyes que aprueba este Congreso es por parte de las comunidades autónomas gobernadas por su partido político. Nos acusan de no hacer el reglamento, cuando ni hicieron la Ley de Incompatibilidades, ni hicieron el reglamento que desarrollaba esta ley. Ni ley ni reglamento. Nosotros haremos la ley aprobada en 2006 y haremos el reglamento. Es cierto que la ley de 2006 requiere en algunos aspectos desarrollo reglamentario, pero no desestime con tanta fragilidad o displicencia las razones que la ministra le dio en esta tribuna. Cuando la ministra dice que la ley se cumple, insisto, es verdad que se cumple en la medida en que existe el registro de actividades y bienes y derechos patrimoniales de altos cargos, donde todos y cada uno de ellos hacen las declaraciones de patrimonio pertinentes. Hay una oficina que, de existir alguna irregularidad, emitiría el informe pertinente. Además, hay que tener en cuenta que disponemos del reglamento que desarrolla la Ley de 1995, el Real Decreto 1410/1995, que se puede aplicar en su mayoría, por lo que en realidad no estamos ante la nada o ante un marco desregulado, como se intenta trasladar a esta Cámara. En otras palabras, el control y la vigilancia que usted exige en la exposición de motivos, se da, y eso es lo más relevante desde nuestro punto de vista.

Es verdad, también, que desde que el Gobierno se plantea modificar la Ley del impuesto sobre el patrimonio parece lógico adaptar la legislación referente a los altos cargos a esta nueva realidad. Siempre es bueno tener un ordenamiento jurídico saneado. En definitiva, modificar la ley de 1995 era importante, dadas las interpretaciones laxas que los gobiernos populares hicieron de ella, y por eso aprobamos la ley de 2006 que da mayores garantías. El Gobierno, además de cumplir con la literalidad de esa ley y con ese articulado mejorado, usted sabe señor Herrera, y toda la Cámara también, cumple con el auténtico espíritu de la ley.

Quiero acabar diciendo que en todo caso habrá reglamento. El compromiso es que haya este nuevo reglamento en cuatro meses. Será un reglamento elaborado, de nuevo, por un gobierno socialista, así como la ley que se aprobó en 2006".

Intervención en el Pleno del día 11 de noviembre de 2008 sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009

“Las principales líneas de actuación de este departamento de Administraciones Públicas, tal y como ha presentado la ministra, son continuar con la mejora de la calidad y los servicios que se prestan a la ciudadanía a través de la Administración General del Estado, así como proseguir con la política de extensión de los servicios públicos telemáticos y con la modernización tecnológica de la Administración General del Estado. Por cierto, en este sentido, ya hemos territorializado los recursos del INAP para formación continúa con la aprobación de nuestra enmienda 1431.

Me centraré, en todo caso, en el tercer gran eje prioritario del presupuesto, que consiste en el apoyo económico-financiero a las corporaciones locales a través principalmente del programa 942.A, de cooperación económica local del Estado por parte del Ministerio de Administraciones Públicas. Como SS.SS. saben, la finalidad de este programa, según el Real Decreto 835/2003, es contribuir a la realización de las inversiones locales incluidas en los planes provinciales e insulares de cooperación, no para subvenciones directas, señor Canet. Sus enmiendas tienen un defecto de forma insalvable que hace imposible que las podamos apoyar. He querido recordar la literalidad del decreto para dejar muy claros los objetivos de los presupuestos. Los presupuestos instrumentan unas líneas de ayuda que no tienen nada que ver con el modelo de financiación local que ustedes pretenden modificar vía enmiendas a esta sección. Claro que hace falta un nuevo modelo de financiación, entre otras cosas, porque el modelo actual fue pactado e impulsado por el Partido Popular, por tanto garantía de tener un mal modelo de financiación local, y en ello precisamente es en lo que estamos trabajando los socialistas, para arreglar aquello que ustedes no fueron capaces de hacer. Estamos trabajando en el ámbito adecuado, no con enmiendas demagógicas sobre IVA, sobre devoluciones a cuenta y sobre no sé qué otras cosas que no tienen cabida en esta ley de presupuestos y que, por tanto, requieren un debate en paralelo que se está produciendo.

Llegamos en Comisión a un acuerdo con Izquierda Unida con una transaccional en relación con el Fondo especial para la financiación a favor de los municipios de población no superior a 20.000 habitantes para aumentar este en 20 millones de euros, quedando una partida total de 60 millones de euros. Este fondo es uno de los instrumentos -diría que el más significativo- que la sección 22 nos ofrece para mejorar la situación económica de los ayuntamientos, además de los más pequeños, que son los que más necesidades y dificultades tienen para encontrar ingresos por otras vías. Les recuerdo, señorías, que este fondo fue creado por un Gobierno socialista en el año 2007; antes no existía. El compromiso con el municipalismo se demuestra con medidas y acciones concretas no con discursos en la tribuna, no con datos falsos, no con mentiras y evidentemente no teniendo alcaldes, señor Macias, porque que me diga que su partido es municipalista por el hecho de tener alcaldes y concejales no me parece un argumento demasiado serio. Somos los socialistas los que estamos trabajando para este nuevo modelo de financiación, porque ese es el trabajo de fondo. El nuevo modelo deberá garantizar suficiencia financiera, autonomía local y consenso entre la Federación Española de Municipios y Provincias y las distintas fuerzas políticas. En este sentido, pactamos también una transaccional con Izquierda Unida en Comisión referida a una disposición adicional que nos parece fundamental, ya que es la base para una nueva y una buena financiación, objetivo último de este grupo parlamentario. Les pido, por tanto, que no traigan aquí debates que corresponden a otras leyes, la Ley de Financiación Autonómica y la Ley de Haciendas Locales. No me extraña que el señor Macias diga que le provoca extrañeza no tener acuerdo de financiación autonómica. Para hacerlo mal y deprisa, ellos fueron campeones, junto con el Partido Popular. Centrémonos en lo que estamos debatiendo aquí, que son los Presupuestos Generales del Estado. Mezclar discursos no arregla los retos que tenemos por delante, los retos de futuro, solo embrolla las cosas, se pierde rigor en la discusión y hace que la imagen de la política se degrade".

Pleno del día 10 de noviembre de 2008 sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009

“Señorías, respecto a este título III, gastos de personal, voy a hacer referencia a tres temas; en primer lugar, al incremento salarial de los funcionarios; en segundo lugar, a la congelación de los sueldos de los altos cargos; y, en tercer lugar, a la oferta de empleo público. En los tres temas los Presupuestos Generales del Estado que este Gobierno nos envía presentan, a nuestro entender, seriedad y rigor, responsabilidad ante la situación económica y austeridad. Respecto al incremento salarial de los funcionarios, este se fija en un 2 por ciento y además se prevé un incremento de un uno por ciento correspondiente a retribuciones complementarias, cosa que consigue que este año se acabe con la equiparación de las catorce pagas. Finalmente, se prevé un incremento adicional del 0,5 por ciento de la masa salarial para financiar las aportaciones a planes de pensiones de empleo. Este incremento se ha negociado y acordado con los sindicatos, tal y como recoge el acuerdo de la Mesa general de negociación de las administraciones públicas de 25 de septiembre de 2006, ratificado el 16 de septiembre de 2008. El incremento salarial de los funcionarios es una medida con carácter básico, y así debe ser, en aplicación del título competencial reconocido en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Además, así lo ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Las sentencias del Tribunal Constitucional 63/1986, 237/1992 y 171/1996, entre otras, dicen, acerca de imponer topes a las retribuciones de los funcionarios, que se trata de una medida económica general de carácter presupuestario dirigida a contener la expansión de uno de los componentes esenciales del gasto público, además de ayudar a la estabilidad económica y a la gradual recuperación del equilibrio presupuestario. Por tanto, el hilo argumental, al que el señor Ridao hacía referencia en su intervención, de las enmiendas de Convergència i Unió no se sostiene desde el punto de vista jurídico- constitucional y por ello no podremos, evidentemente, apoyar estas enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Respecto a la congelación de los sueldos de los altos cargos, supone un esfuerzo de austeridad y una muestra de coherencia y compromiso del Gobierno, y algo muy importante también como es el hecho de dar ejemplo, cosa fundamental siempre, pero especialmente en esta coyuntura en la que estamos. Este tipo de medidas ejemplarizantes contribuyen sin duda a paliar la desafección potencial que la ciudadanía puede sentir en relación con la política. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, no se pueden hacer en este sentido enmiendas demagógicas como la que su portavoz defendía hace unos minutos. Hay congelación de sueldos de los altos cargos porque así lo prevén los Presupuestos Generales del Estado.

En cuanto a la oferta de empleo público, como medida de contención del gasto público con carácter general, la tasa de reposición de este empleo en las administraciones públicas será como máximo del 30 por ciento. A ello se reconocen algunas excepciones como el personal de la Administración de Justicia, el personal educativo, el personal sanitario, el de inspección de trabajo, el de servicios públicos de empleo y el de instituciones penitenciarias. El Grupo Parlamentario Socialista ha considerado en esta misma dirección presentar la enmienda número 67 que amplíe los casos de excepción del 30 por ciento. ¿A qué servicios? A los servicios de prevención y extinción de incendios y a los efectivos para municipios de menos de 50.000 habitantes. De esa manera, cubrimos aquellos entes locales que más podrían notar la reducción de efectivos, garantizando que no se vean perjudicados sus ciudadanos a la hora de recibir los servicios públicos imprescindibles. Esta es una muestra más del compromiso del Grupo Parlamentario Socialista con el municipalismo.

Asimismo, en la enmienda 67 se propone que el 30 por ciento de la tasa deberá centrarse en aquellos sectores que ofrezcan servicios públicos esenciales, en especial los destinados a desarrollar la Ley 39/2009, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Así, además de destinar en estos Presupuestos Generales del Estado para 2009 un incremento de la partida para financiar la Ley de la Dependencia del 33 por ciento, también cuando hablamos de los efectivos públicos que deben destinarse a este objetivo prioritario el compromiso del Grupo Parlamentario Socialista es palpable. Esta enmienda número 67 mantiene un buen equilibrio entre la necesidad indiscutible de contención del gasto público y ofrecer en todo momento los servicios que los ciudadanos más reclaman, por ser los más esenciales. Dos temas son básicos en este punto para mi grupo: el compromiso con los ayuntamientos y sus necesidades, y el compromiso con las políticas sociales. Por ello el Grupo Parlamentario Socialista apoyará este título III, ya que consideramos que consigue, como decía, un equilibrio entre la contención del gasto y el trato que merecen los trabajadores que ofrecen servicios públicos a los ciudadanos.Gracias".

Intervención en la Comisión de Presupuestos del día 5 de noviembre de 2008

“Las principales líneas de actuación del departamento de Administraciones Públicas que el Grupo Socialista considera necesarias y por las que efectivamente estos Presupuestos Generales del Estado apuestan son, en primer lugar, continuar con la mejora de la calidad y los servicios que se prestan a la ciudadanía a través de la Administración General del Estado. En este sentido es de vital importancia el programa 921.P, referido a la Administración periférica del Estado. El incremento de este programa se debe fundamentalmente al refuerzo de las oficinas y unidades de extranjería, a las unidades de violencia de género y a la aplicación del Plan de mejora de los servicios de sanidad exterior, con el refuerzo de los puestos de inspección fronterizos. Es un aumento de las partidas destinadas a infraestructuras, a personal y a innovación tecnológica, por lo que las enmiendas 1.040 y 1.041 del Grupo Popular no nos parecen adecuadas, en la medida en que el presupuesto ya cubre las necesidades en este campo.

El segundo gran objetivo de este departamento es proseguir con la política de extensión de los servicios públicos telemáticos y con la modernización tecnológica de la Administración General del Estado. Así, el programa 467.G, de investigación y desarrollo de la sociedad de la información, mantiene una dotación suficiente, a nuestro entender, para seguir apostando por este desarrollo tecnológico, tan necesario, de la Administración pública si queremos que esta ofrezca los servicios a los ciudadanos y a las empresas con el nivel de calidad adecuado. Esta fue una apuesta durante toda la anterior legislatura y se mantiene en esta. A simple vista, podría parecer que hay una disminución respecto a los Presupuestos Generales del Estado del 2008; sin embargo, en términos homogéneos no se produce tal reducción, ya que esta se explica con la reducción de 5 millones que en 2008 se destinaban a ventanilla única I+D+i, que ha dejado de ser competencia de este ministerio, así como de los fondos destinados a las medidas de activación del Plan Jaén XXI, que finaliza su vigencia y que tenía una dotación de 1,09 millones de euros.En conclusión, el programa 467.G experimenta en realidad una ligera subida, por lo que las enmiendas 1037, 1038, 1039 y 1042 del Grupo Popular, así como las enmiendas 2363, 2371 y 2377 de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, no nos parece que tengan sentido suficiente como para aceptarlas.

Quiero referirme también al Instituto Nacional de Administración Pública, antes de abordar el tercer gran objetivo, que es el de continuar con el apoyo económico-financiero a las corporaciones locales, sobre las cuales han centrado las intervenciones que me han precedido. En relación a este organismo autónomo el Grupo Socialista ha presentado una enmienda, la 1431, para adecuar los estados de gastos del INAP a la nueva cantidad que se destinará a la formación continua en el ámbito de las comunidades autónomas en 2009, derivadas precisamente del acuerdo de 10 de octubre de 2008, tomado por la Comisión general para la formación continua. Así, la inversión en formación continua queda, de alguna manera, territorializada. En parte, las enmiendas 2359 y 2360 del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, así como las enmiendas 1035 y 1036 del Grupo Popular, van en la misma dirección, por lo que pediríamos a estos grupos parlamentarios que apoyen nuestra enmienda porque entendemos que subsume o podría subsumir las suyas, y que responde además al acuerdo tomado por la Comisión general para la formación continua.

Entro a hablar del tercer gran eje prioritario del presupuesto de 2009, que consiste en el apoyo económico-financiero a las corporaciones locales a través, principalmente, del programa 942.A, de cooperación económica local del Estado por parte del Ministerio de Administraciones Públicas.Como SS.SS. saben, la finalidad de este programa según el Real Decreto 835/2003 es, en primer lugar, contribuir a la realización de las inversiones locales incluidas en los planes provinciales e insulares de cooperación; en segundo lugar, contribuir a la modernización de la Administración local a través de la utilización de tecnologías de la información y, en tercer lugar, contribuir a impulsar la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales. Para ello, los Presupuestos Generales del Estado que nos presenta el Gobierno instrumentan unas líneas de ayuda que no tienen nada que ver con el modelo de financiación local, que ustedes pretenden modificar vía enmiendas a esta sección. Ustedes mismos han citado algunas de ellas, por ejemplo, la 1033 del Partido Popular o la 2966 de Convergència i Unió, que necesariamente tenemos que rechazar. Compartimos el diagnóstico de que hay un problema de financiación local, y por eso precisamente estamos trabajando en los foros adecuados para intentar llegar a un acuerdo lo antes posible. El problema de la financiación local, por otro lado, no lo ha generado ni el Partido Socialista ni el Gobierno socialista ni este grupo parlamentario, sino que es un problema que ya existe y que fue agravado por las decisiones tomadas por los gobiernos populares.

Hay otro grupo de enmiendas que vamos a rechazar porque confunden este programa con unas asignaciones nominativas a corporaciones locales para la realización de ciertas obras o proyectos concretos, cuando las ayudas a obras o servicios municipales tienen que instrumentarse necesariamente a través de los planes provinciales e insulares, y estos deben cumplir, además, determinados requisitos. En otras palabras, el presupuesto no puede territorializar o asignar créditos directos a corporaciones locales concretas a través de este programa, sino que la legislación prevé que sea a lo largo del ejercicio presupuestario cuando se presenten proyectos concretos. Léanse, por favor, el artículo 10, entre otros, del real decreto citado. Por tanto, estas enmiendas que el Grupo Socialista rechazará son la 2328, la 2347, la 2348, la 2349, la 2351, la 2380 y la 2394 de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Pediríamos, de hecho, que las retiraran por ser insalvables e inviables desde el punto de vista técnico.

A continuación, quiero defender las enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario, la 1429 y 1430, referidas a una compensación económica para aquellos municipios con instalaciones militares en su territorio -concretamente, hacen referencia a los municipios de San Fernando, Rota, Barbate, El Arahal, Ferrol y Cartagena-, y a su vez otra enmienda referida a los municipios con servidumbres militares, tales como El Coronil, Paradas y Obejo. En caso de que se aceptara esta enmienda, carecerían de sentido la enmienda 1034, del Grupo Popular, y la 1928, del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Pedimos a estos grupos parlamentarios que apoyen nuestra enmienda, pues pensamos que la partida que nosotros proponemos es más ajustada y está más en coherencia con la que recibieron el año anterior, y es más justa en la medida en que distingue aquellos municipios con bases en su territorio y aquellos municipios que sufren simplemente servidumbres referidas a las instalaciones militares.

Finalmente, hemos llegado a un acuerdo -y lo quiero poner en valor- con una enmienda transaccional en relación con el fondo especial para la financiación a favor de los municipios de población no superior a 20.000 habitantes. Esta transaccional se basa en la enmienda 1929 y ha sido concertada por parte del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida.Este es uno de los instrumentos -el más significativo- que la sección 22 nos ofrece para mejorar la situación económica de los ayuntamientos.Hemos querido, pues, aprovechar esta oportunidad para apostar paliar la coyuntura desfavorable de los municipios, siendo conscientes de que el trabajo de fondo, como decía antes, debe llegar pronto con un nuevo modelo de financiación local que garantice, en primer lugar, la suficiencia financiera; en segundo lugar, que respete la autonomía local y, en tercer lugar, que sea un pacto entre todas las fuerzas políticas; por tanto, que sea un modelo de consenso. En este sentido, hemos pactado también una transaccional con Izquierda Unida referida a una disposición adicional votada ayer que nos parece fundamental, ya que es la base precisamente para una nueva y buena financiación, objetivo último de este grupo parlamentario

La sección 32 es el reflejo contable del título VII, que a su vez refleja el modelo de financiación de las comunidades autónomas y de las haciendas locales, por lo que el discurso de fondo y defensa de esta parte del presupuesto ya se hizo ayer en boca de nuestra portavoz, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro. En cualquier caso, cabe recordar hoy cuatro puntos fundamentales a nuestro entender. En primer lugar, la Ley de Presupuestos Generales del Estado no es el ámbito adecuado para introducir modificaciones al sistema actual de financiación local y autonómica. Por ganas evidentemente no queda. Nosotros somos los primeros que tenemos ganas de resolver estos dos grandes retos, como son mejorar y pactar un nuevo modelo de financiación tanto autonómica como local, pero no es la Ley de Presupuestos Generales del Estado el lugar para poder hacerlo. En segundo término, ha sido el Gobierno socialista el que ha tenido desde el Estado una política municipalista, compensando el impuesto de actividades económicas suprimido por el Partido Popular y creando los anticipos a cuenta de los ayuntamientos en 2006 para mejorar su financiación. En tercero, están empezando a negociar en comisión conjunta el Ministerio de Economía y Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias, y es en este ámbito y además con todas las fuerzas políticas en el que hay que llegar a acuerdos y mejoras en la financiación. A su vez, el Estado está negociando con las comunidades autónomas, como SS.SS. saben, para llegar a un nuevo modelo de financiación autonómica. Cuando defendemos la participación de los entes locales y de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado tenemos que ser coherentes y saber que eso quiere decir participación en los ingresos del Estado. Por tanto, si estos aumentan los ingresos, la cantidad que les corresponderá será mayor, pero si disminuyen dichos ingresos también la cantidad a percibir va a disminuir.

Dicho esto, entro brevemente a hablar de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. La enmienda 1560, presentada por nuestro grupo, propone una mejora al transporte regular de viajeros de las distintas islas Canarias, así como supone cubrir necesidades puntuales del servicio. En este sentido, las enmiendas 1228 y 1323 del Grupo Popular y de Coalición Canaria respectivamente buscan el mismo objetivo, por lo que pediríamos a estos grupos parlamentarios que retiraran las suyas y apoyaran la nuestra, puesto que por cuantía y por distribución de las partidas nos parece la más ajustada y la más adecuada para estos presupuestos.

No vamos a apoyar el resto de enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios a esta sección 32 por distintas razones, algunas porque son el reflejo numérico de un nuevo artículo o disposición que se ha presentado al articulado, concretamente al título VII, y que ya se han rechazado -por tanto, carecen de sentido-, otras porque presentan una deficiencia técnica que imposibilita su aprobación. Sus señorías saben perfectamente que, de acuerdo con el artículo 133 del Reglamento de la Cámara, no se puede dar de baja partidas de otras secciones referidas al alta, a no ser que se haga referencia a la sección 31. Por tanto, no podemos aceptar todas aquellas enmiendas que técnicamente presentan este defecto de forma. Por fin, otras financian el alta con una baja que afecta a la liquidación definitiva de la participación en los ingresos correspondientes a ejercicios anteriores, lo que de aprobarse supondría una grave alteración del sistema de financiación local. Pongo por ejemplo las enmiendas 1236 y 1237 del Grupo Popular.

Finalmente, con relación a la sección 33, como ustedes saben, es una sección que hace referencia al Fondo de Compensación Interterritorial, y es donde se recogen los créditos de este fondo, que está perfectamente regulado por la Ley 22/2001. Es decir, señorías del Grupo Popular, presentar una enmienda a la totalidad a esta sección, como han hecho, supone dos cosas: en primer lugar, presentar una enmienda a la totalidad a la Ley 22/2001, aprobada precisamente por un Gobierno del Partido Popular y, en segundo lugar, acabar con el Fondo de Compensación Interterritorial. Las enmiendas a la totalidad de las otras secciones pueden más o menos entenderse. La de esta sección 33 nos parece que es absolutamente incoherente. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista rechazará todas las enmiendas presentadas a esta sección, también las de Coalición Canaria, ya que aceptarlas supondría incumplir la Ley del fondo, algo a lo que, como ustedes comprenderán, no estamos dispuestos".

Intervención en la Comisión de Presupuestos del día 4 de noviembre de 2008

“Mi intervención se va a centrar en el contenido del título III de este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y haré referencia a los gastos de personal. Quiero centrar mi intervención en tres aspectos. En primer lugar, el incremento salarial para los funcionarios; en segundo lugar, la congelación de los sueldos de los altos cargos y en tercer lugar, la oferta de empleo público. El Grupo Socialista cree que en los tres aspectos que he señalado los Presupuestos Generales del Estado presentan seriedad, rigor y responsabilidad ante la situación económica coyuntural que estamos viviendo y, también, austeridad. Curiosamente las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios que están tan preocupados por la situación de crisis no hacen más que intentar incrementar los gastos de estos presupuestos. En relación con el incremento de los sueldos de los funcionarios se prevé, en principio, del 2 por ciento junto a un aumento del 1 por ciento en relación con las retribuciones complementarias en términos de masa salarial -cosa que consigue que este año se acabe con la equiparación de las catorce pagas- y un 0,5 por ciento para financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo. Por tanto, en realidad estamos hablando no de un 2 por ciento, sino de un 3,5 por ciento. Los funcionarios no pagan la crisis económica, como decía el portavoz de Esquerra Republicana.Estos incrementos salariales han sido negociados con los sindicatos, y hemos llegado a acuerdos con ellos en la mesa general de negociación de las administraciones públicas de 25 de septiembre de 2006, cosa que fue ratificada por la mesa general de negociación de 16 de septiembre de 2008. Este incremento es una medida con carácter básico y a ello haré referencia seguidamente En el contexto actual las administraciones públicas tienen que tener presente la repercusión de las cláusulas de revisión salarial sobre otras variables económicas, como la inflación o el desempleo. La revisión salarial debe vincularse fundamentalmente a la evolución de la productividad, lo que en el sector público tiene que traducirse en la mejora de los servicios que se prestan a los ciudadanos.Por ello, no nos parecen procedentes las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds 2066, 2067, 2068, 2069 y 2070.

En relación con el carácter básico de esta medida, reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional han puesto en evidencia que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución sirve de título competencial para que el Estado pueda regular sobre esta materia basándose en las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica.Quiero señalar especialmente la sentencia del Tribunal Constitucional 171/1996, así como la sentencia 63/1986, que señala que imponer los topes a la retribuciones de los funcionarios es una medida económica general de carácter presupuestario dirigida a contener la expansión de uno de los componentes esenciales del gasto público. Además, la sentencia 237/1992, también del Tribunal Constitucional, añade que ayuda a la estabilidad económica y a la gradual recuperación del equilibrio presupuestario. Por estos motivos no podemos aceptar las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) 2563, 2564 y 2565, prácticamente todas las que ha presentado a este título III. Le recuerdo al portavoz de Convergència i Unió que las comunidades autónomas no están constreñidas al 2 por ciento, como decía al inicio de mi intervención, sino que también pueden añadir los complementos previstos del 1 por ciento y del 0,5 por ciento sobre aportaciones a planes de pensiones de empleo.

Respecto a la congelación de los sueldos de los altos cargos, mi grupo parlamentario valora muy positivamente esta medida porque supone un esfuerzo de austeridad y muestra la coherencia y el compromiso del Gobierno con la situación coyuntural de crisis económica. Además de esta austeridad y de esta coherencia, es una manera de dar ejemplo, cosa fundamental siempre pero especialmente en esta coyuntura en la que estamos, ya que este tipo de medidas ejemplarizantes contribuyen a paliar la desafección potencial que la ciudadanía puede sentir en relación con la política. Algunas de las enmiendas presentadas a este punto caen en algún aspecto demagógico, como puede ser la número 121 presentada por el Grupo Parlamentario Popular, ya que proponen eliminar el criterio de la productividad que nos parece positivo a la hora de realizar un servicio público.

En relación con la oferta de empleo público, quiero empezar diciendo que la previsión en estos Presupuestos Generales del Estado para 2009 es una medida de contención del gasto público, ya que la tasa de reposición de empleo en las administraciones públicas será, como máximo, del 30 por ciento, lo que quiere decir que efectivamente dejarán de convocarse al menos un 70 por ciento de las plazas que queden vacantes. Sin embargo, esta medida de contención del crecimiento del empleo público se conjuga con el necesario mantenimiento de algunas políticas esenciales y prioritarias para los ciudadanos. La limitación de la tasa de reposición, por tanto, no se aplica a determinados sectores: al personal de la justicia, al de la educación, al personal sanitario, al personal de la Inspección de Trabajo, al de los servicios públicos de empleo y al personal de Instituciones Penitenciarias.

El Grupo Socialista, en esta misma dirección, ha presentado una enmienda que amplíe, en cierto modo, algunos de los casos de excepción a esta limitación del 30 por ciento de tasa de reposición. Esta enmienda número 67 propone aplicar una tasa de reposición del cien por cien también a servicios de prevención y extinción de incendios y a efectivos para municipios de menos de 50.000 habitantes. Asimismo, esta enmienda número 67 pretende concentrar la tasa de reposición del 30 por ciento en aquellos sectores que ofrezcan servicios públicos esenciales, en especial los destinados a desarrollar la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, porque este es un elemento fundamental para nuestro grupo parlamentario. Por cierto, el señor Merino dice que el Estado no hace ningún esfuerzo y que no ha puesto dinero precisamente para desarrollar esta ley, peor sabe S.S. que no es cierto; en el año 2008 hubo un incremento del 26 por ciento y en 2009, con la crisis económica que hay, con el esfuerzo de austeridad que está llevando a cabo este Gobierno, ha habido un incremento del 33 por ciento. Me parece que es muestra suficiente como para que sus palabras no se ajusten para nada a la realidad. Esta enmienda 67 mantiene un buen equilibrio entre la necesidad indiscutible de contención del gasto público y el ofrecer en todo momento los servicios que los ciudadanos más reclaman por ser los más esenciales; sin duda, en este caso está el despliegue, el desarrollo de la Ley de Dependencia. Las enmiendas 114, 115 y 116 del Partido Popular, la 1628 de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa Per Catalunya Verds, y las enmiendas 1258 y 1259, de Coalición Canaria, van en esta misma dirección, por lo que pediría a estos grupos parlamentarios que apoyaran nuestra enmienda, ya que de alguna manera subsume lo que proponen en sus iniciativas".

Intervención en la Comisión de Administraciones Públicas donde comparecía el Secretario de estado de Cooperación Territorial .

“ En primer lugar, le doy la bienvenida en nombre del Grupo Socialista al secretario de Estado de Cooperación Territorial, don Fernando Puig de la Bellacasa. Gracias por la información exhaustiva y amplia que nos ha ofrecido en su comparecencia. Yo haré referencia a algunos de los temas a los que nuestro grupo quiere dar una mayor importancia y, por tanto, no hablaré de todos y cada uno de los que ha expuesto.

Quiero empezar señalando la satisfacción del Grupo Socialista al comprobar que el modelo territorial constitucional que nos propone el Ministerio de Administraciones Públicas, en definitiva el Gobierno de España, y la concepción que tienen de esta organización territorial se ajusta perfectamente a aquello que este grupo defiende y a aquello que la Constitución determina. Yo no creo que, como decía el portavoz del Partido Popular, esto sobre de su comparecencia, ni mucho menos. Creo que es una de las piedras angulares que el Gobierno -y usted, dado que esta es su primera comparecencia en esta nueva legislatura- debe trasladar a las Cortes Generales y a esta Cámara porque sobre este modelo es sobre el que vamos a construir y vamos a desarrollar o a perfeccionar este modelo de organización territorial que nos ha dado nuestra Constitución. En este sentido, creo que es importante que el Gobierno deje claro que todo el desarrollo se va a fundamentar en principios tan importantes como son los de colaboración, cooperación y lealtad institucional. Me parece que es la única manera de trabajar, en un país descentralizado como el nuestro, entre administraciones públicas que tienen que servir en todo momento al ciudadano, y por tanto velar por que este ciudadano reciba los mejores servicios posibles, al mismo tiempo que también es un gobierno que va a respetar al máximo el hecho de estar en un país descentralizado, que en el bloque de constitucionalidad se marque una distribución de competencias determinada y al principio general de servicio que deben tener todos los poderes públicos hacia los ciudadanos.Creo que hay que poner en valor el esfuerzo que está haciendo este ministerio para desarrollar los nuevos estatutos de autonomía y también, como decía la portavoz del Grupo Mixto del Partido BNG, los que son más antiguos pero que continúan teniendo necesidad de ser desarrollados.

Sin duda, los mecanismos formales que ha habido hasta ahora para establecer las vías de comunicación entre las administraciones públicas o entre los distintos gobiernos, me refiero al estatal y al autonómico, eran pocos o los que había no se usaban o se utilizaban de una manera muy debilitada. Yo creo que la apuesta de potenciar estos mecanismos formales de cooperación y de colaboración es uno de los elementos esenciales del Gobierno socialista, y desde este grupo pensamos que es algo muy positivo. Seguramente era una de las asignaturas pendientes del desarrollo del modelo autonómico. Estábamos acostumbrados a la reivindicación constante por parte de las comunidades autónomas pero, en cambio, no se habían potenciado suficientemente todos los mecanismos formales de relación entre Estado y comunidades autónomas que ya existen.En ese sentido me gustaría destacar la Conferencia de Presidentes y el hecho de que el ministerio esté haciendo un desarrollo reglamentario para establecer normativamente esta Conferencia de Presidentes, también las conferencias sectoriales y todos los convenios de colaboración que ha citado el secretario de Estado, así como el gran esfuerzo que se ha hecho durante la anterior legislatura -esfuerzo que se mantendrá en esta legislatura- para intentar disminuir la conflictividad entre Estado y comunidades autónomas. El informe que este ministerio ha remitido a los demás ministerios del Gobierno de España para dar claves en relación con la jurisprudencia constitucional y para dejar muy claro cuáles pueden ser los límites de la distribución competencial, así como haber incorporado en las comisiones bilaterales de cooperación la negociación de lo que prevé el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para intentar llegar a acuerdos y así no tener que interponer recursos frente al Tribunal Constitucional, pensamos que son instrumentos que han sido de gran utilidad y que vale la pena destacar y poner en valor.

En relación con estos temas formales, quería hacer referencia a tres cuestiones que de alguna manera son más novedosas. La incorporación del estudio de impacto autonómico para reducir la conflictividad ha sido una propuesta por parte del Gobierno de España muy interesante, muy importante y que seguro va a dar sus frutos en breve. La creación del Consejo de las Lenguas -la portavoz del BNG ha hecho referencia a ello- también es importante para el Grupo Socialista. Sería bueno que el secretario de Estado pudiera informar a esta Cámara de las conclusiones de este informe que está elaborando el Consejo de Estado, porque creo que sería interesante que supiéramos cuál es el uso de las lenguas cooficiales por parte de la Administración General del Estado en las comunidades bilingües. En tercer lugar, nos parece destacable la puesta en marcha de los instrumentos de bilateralidad. Como usted ha dicho, siempre se habla del Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero no solo es un instrumento que se prevea en el texto estatutario de Cataluña, sino que estos instrumentos se han puesto en marcha tanto para Andalucía, Aragón, Castilla y León como para Cataluña. Estos elementos, desde la Conferencia de Presidentes hasta este último que ha anunciado, son pasos de gigante para conseguir esta relación fluida, necesaria, leal, entre los diferentes niveles de gobierno.

Este año se cumplen treinta años de Constitución española. Por tanto, estamos en un momento en el que valdría la pena apostar por algunos cambios pendientes de nuestra democracia, algunos tan importantes como puede ser, por ejemplo, abordar la mejora de relación entre las administraciones públicas y los ciudadanos y las empresas. Yo creo que este Gobierno -como el anterior Gobierno socialista, el de la VIII Legislatura- ha apostado claramente por una modernización de las administraciones públicas, por una mejora de su eficacia y de su eficiencia, por una mejora también en la transparencia, una mayor accesibilidad, por tanto, a la información pública y también a la cooperación inter administrativa de los distintos niveles de administraciones públicas que tenemos en nuestro país. Seguramente, también sería el momento -aunque este no es el foro adecuado para plantearlo- de adaptar el texto constitucional a la realidad autonómica existente. Estoy pensando, claro está, en la reforma del Senado. Este sería un instrumento fundamental para acabar de potenciar un sistema de país descentralizado, una organización territorial como es el sistema autonómico que nos dota la Constitución, por tanto, un instrumento que nos parece que está pendiente dentro de nuestro sistema constitucional.En definitiva, creo que sería el momento para iniciar debates en profundidad sobre el perfeccionamiento y la mejora de este Estado autonómico, siempre evidentemente bajo los principios de cooperación, de entendimiento, de diálogo, de lealtad institucional, a los que usted mismo hacía referencia y a los que este grupo parlamentario da una especial importancia.

Respecto a las corporaciones locales, yo quería destacar que para el Grupo Socialista uno de los grandes objetivos de la legislatura -seguro que esto no le sorprenderá- es precisamente la necesidad de dotarnos de una nueva ley de gobierno local. Por tanto, celebramos que este haya sido uno de los anuncios que el secretario de Estado ha traído hoy a esta Comisión, porque para nuestro grupo este proyecto va a ser muy importante. Evidentemente es un proyecto que entendemos que tiene que ir en paralelo o más o menos a caballo con el proyecto de ley de reforma de las haciendas locales, pero a la financiación me referiré un poquito más adelante.

Respecto a la ley de gobierno local, desde nuestro punto de vista, precisamente por su gran importancia, por el gran impacto que va a suponer y por la gran expectativa que hay sobre este proyecto, es fundamental e imprescindible el consenso entre las fuerzas políticas.Pensamos que si no conseguimos ese consenso en este proyecto de gobierno local, en esta ley o en este estatuto de gobierno local, sería un fracaso por parte de las fuerzas políticas. Para ello, evidentemente el Gobierno y el grupo mayoritario que da soporte al Gobierno tendremos que poner el máximo de nuestra parte, pero también la responsabilidad, las ganas y la voluntad de llegar a acuerdo por parte de los otros grupos políticos va a ser importante. Indudablemente si dos no quieren no se llega a un acuerdo. Pero el consenso al que me estaba refiriendo no solo se tiene que dar entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria sino que el consenso, y por encima de todos los demás, tiene que llegar de manos de la Federación Española de Municipios y Provincias. El diálogo con la Federación Española de Municipios y Provincias para la elaboración de este texto y para marcar las líneas generales que tendrían que incluirse en este texto se considera que va a ser imprescindible en nuestro grupo parlamentario. Para nuestro grupo este texto tendría que tener algunas líneas básicas importantes. Tendría que ser un texto que respetara evidentemente las competencias de las comunidades autónomas y que respetara escrupulosamente la autonomía local reconocida en el Constitución. Tendría que ser también, como ya decía, un texto de consenso y de acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias. Y tendría que ser un texto que buscara la cooperación y la colaboración entre las corporaciones locales, el Estado y también las comunidades autónomas para ofrecer los mejores servicios a los ciudadanos y una mayor transparencia a la hora de hacer cumplir o de ofrecer estos servicios a los ciudadanos.

Respecto al tema de la financiación al que hacía referencia el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y sabiendo que una de las peticiones que había sobre la mesa para su comparecencia era tratar precisamente la financiación autonómica y local, queríamos empezar diciendo que es una materia importante para este ministerio, pero también es evidente que desde el punto de vista organizativo esta materia recae directamente sobre el Ministerio de Economía y Hacienda. De hecho, hay una secretaría general creada expresamente sobre financiación territorial que es la directamente responsable para tratar sobre la materia de financiación autonómica y financiación local. En cualquier caso, quería hacer referencia a algunas cosas. El Grupo Parlamentario Socialista cree que efectivamente hay una necesidad imperiosa de llegar a acuerdos para diseñar un nuevo modelo de financiación autonómica. Creemos que el modelo actual no es bueno. Celebro que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular tampoco esté satisfecho con el actual modelo. Él fue uno de los artífices de este modelo; un modelo pactado, como todos recordamos, por el Partido Popular y por Convergència i Unió. Celebro que no les guste y celebro que lo quieran cambiar. Además, también es importante llegar a un acuerdo porque hay estatutos de autonomía que establecen una obligación legal para llegar a un acuerdo sobre la financiación autonómica. Celebro también que el señor Merino defienda con tanto énfasis el Estatuto de Autonomía de Cataluña que le recuerdo que lo recurrió su grupo parlamentario ante el Tribunal Constitucional. Está bien que ahora defienda la aplicación y el cumplimiento de este Estatuto de Autonomía de Cataluña. En cualquier caso, el acuerdo de financiación autonómica sí que tiene que ser un acuerdo justo para todas las comunidades autónomas; tiene que ser un acuerdo solidario, porque la solidaridad es uno de los elementos imprescindibles de nuestro modelo de organización territorial; y, evidentemente, tendría que ser un acuerdo que garantizara la suficiencia financiera y que no supusiera una disminución de ingresos para ninguna de las comunidades autónomas tal como está en estos momentos. En ningún caso nos parece que sea demasiado inteligente dar cifras cuando se habla de la financiación autonómica, porque hablar de un modelo es incompatible con dar unas cifras o unas cuantías concretas.

Antes de entrar en la financiación local quería destacar la habilidad política del portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Es algo que a él siempre le gusta destacar de los otros intervinientes en esta Comisión, nuestra habilidad política, pero él sí que creo que realmente tiene una gran habilidad política como portavoz porque responsabilizar al Gobierno del Estado de los presupuestos o de las previsiones de los presupuestos que hace cada una de las comunidades autónomas ha sido notabilísimo. Creo que esto ha sido algo de tecnología punta en el parlamentarismo, porque evidentemente cada Administración, cada institución, es responsable de aquellos presupuestos que aprueba no solo el Gobierno sino los parlamentos autonómicos de cada comunidad autónoma. Refiriéndome a la financiación local, estoy de acuerdo en que efectivamente también es necesario repensar un nuevo modelo para la financiación local. Es evidente que los ingresos para las corporaciones locales en estos momentos son insuficientes para llevar a cabo todas aquellas competencias que están desarrollando y es cierto que es una vieja reivindicación de la Federación Española de Municipios y Provincias y, como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, es algo que durante veinticinco o treinta años se ha estado esperando. Veo que tuvo poco éxito durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular para llegar a un acuerdo y para cambiar y pactar un buen modelo de financiación local. En cualquier caso, este Gobierno lo hará. Será el Gobierno socialista el que consiga -espero que de la mano de ustedes también y de los demás grupos parlamentarios- perfilar, definir y diseñar un buen modelo de financiación local. Lo más importante a nuestro entender es que haya una negociación permanente e intensa con la Federación Española de Municipios y Provincias. Ya hay de hecho una comisión entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias que se reúne periódicamente, que está trabajando con unos documentos básicos sobre los cuales se está discutiendo y nos parece que ese es el camino. Por tanto, creemos que lo que tenemos que hacer desde el Congreso de los Diputados es apoyar este diálogo, apoyar estas relaciones, intentar que sean lo más fluidas y ágiles posibles para que se llegue a acuerdos con cierta rapidez, pero no exigirle al secretario de Estado de Cooperación Territorial que nos detalle toda esta información; entre otras cosas, porque, como decía, recae en la competencia directa del Ministerio de Economía y Hacienda.

Quería acabar diciendo simplemente que en el caso de la financiación local también el Grupo Parlamentario Socialista piensa que hay algunos elementos importantes de los que queremos dejar constancia. En primer lugar, para llegar a un acuerdo sobre este nuevo modelo de financiación local será fundamental hablar de la suficiencia financiera. Por tanto, este modelo tiene que garantizar en cualquier caso que las corporaciones locales tengan suficiencia financiera para abordar todos aquellos servicios que tienen que ofrecer a los ciudadanos. En segundo lugar, tiene que ser una financiación que se dé de forma coordinada y en paralelo también con la financiación autonómica; y quiero dejar muy claro que tanto la financiación local como la financiación autonómica son dos modelos importantes. Desde el Grupo Parlamentario Socialista no establecemos ningún tipo de gradación, sino que las dos -por decirlo de forma gráfica- nos parece que son financiaciones de primera división y que requieren un tratamiento pormenorizado, serio y riguroso para llegar a un acuerdo. En todo caso, lo dejaría aquí. Si luego hay un segundo turno, haré referencia a otras cuestiones".

SEGUNDO TURNO

El señor PRESIDENTE: Señora Batet.

" Respecto a la política social de este Gobierno, quería empezar diciéndole al señor Merino que el"Diario de Sesiones" recoge palabras, no verdades. Aunque reitere una falsedad, por exagerada o reiterada que sea, no se convierte en verdad. Constará en el"Diario de Sesiones" dos, tres o cien veces, pero la política social de este Gobierno me parece que es incontrastable, más si la comparamos con la política social de los gobiernos populares. En segundo lugar, creo que se siguen confundiendo los Presupuestos Generales del Estado y el modelo de financiación local. Usted habla indistintamente de uno y de otro.Respecto a los Presupuestos Generales del Estado, me quedo con un dato significativo, y es que ha habido un aumento respecto al año 2004 de un 34 por ciento en la aportación a las corporaciones locales por parte de los gobiernos socialistas. Ese es el dato relevante de los Presupuestos Generales del Estado. En cuanto al modelo de financiación, me gustaría preguntarle al portavoz del Grupo Popular si su gran aportación al modelo de financiación local ha sido la supresión del IAE. Esa fue su gran aportación. Dice: No hablemos de pasado. Pero es que a veces los precedentes son necesarios. ¿Cuáles son los precedentes? Un modelo de financiación autonómico malísimo, nefasto, injusto, arbitrario en determinados casos y una ausencia total de modelo de financiación que realmente cubra las necesidades de los ayuntamientos. Usted dice que quiere hablar de futuro; hablemos de futuro. Este Gobierno socialista traerá a esta Cámara un nuevo modelo de financiación autonómico, un nuevo modelo de financiación local y una nueva ley del gobierno local. Ese es el futuro de esta Comisión y de las administraciones públicas de este país; y por supuesto que los partidos políticos tienen que entrar en la negociación. Yo no decía que tuviéramos que someternos al acuerdo del Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias, ni mucho menos. Cuando he hablado de consenso, tanto para la financiación como para la ley del gobierno local, me refería también de la necesidad del consenso con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en esta Cámara. Ha hablado usted también de falta de liderazgo. El liderazgo no es hacer grandes declaraciones oportunistas o mediáticas; el liderazgo es trabajar codo con codo con el Ministerio de Economía y Hacienda para llegar al mejor objetivo, al mejor modelo tanto para la financiación autonómica como para la financiación local, y eso es lo que está haciendo el Ministerio de Administraciones Públicas. No se preocupe por mi papel como portavoz y porque crea que estoy escenificando alguna cosa en la que no creo. Le aseguro que hablo con convicción, no por obligación, como catalana y como española también".

Comisión Constitucional, donde compareía la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Minsitra de Presidencia

La comparecencia de la Ministra se dió para explicar la disposición del Gobierno a tramitar, con la máxima urgencia, el proyecto de Ley Orgánica de reforma de la LOREG, que permita a los residentes ausentes votar en urna.


“Yo también quiero empezar agradeciendo a la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia su comparecencia en esta Comisión para hablarnos de algo tan importante como son las posibles modificaciones de la Ley Electoral que los grupos parlamentarios podamos proponer. Comparece de nuevo la vicepresidenta para volver a constatar la voluntad política de llevar adelante, de apoyar todas las posibles reformas de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que los grupos parlamentarios acordemos por consenso. Así lo dijo ya en su primera comparecencia y además adquirió el compromiso de solicitar un informe al Consejo de Estado para que este emitiera su opinión sobre las posibles reformas de la Ley Electoral. Desde nuestro punto de vista, por tanto, el Gobierno ha cumplido con lo que se comprometió, que fue precisamente la solicitud de este informe al Consejo de Estado. En el ámbito parlamentario, para el estudio riguroso de todas las modificaciones que cada uno de los grupos políticos de la Cámara tengamos a bien presentar, solicitamos la creación de una subcomisión. Esta solicitud se presentó el 29 de mayo y, como se ha dicho ya a lo largo de esta mañana en esta Comisión Constitucional, fue unánime y acordada por todos los grupos políticos de la Cámara. La vicepresidenta se ha referido a dos cuestiones de reforma de la Ley Electoral, señor Jorquera, no se ha manifestado sobre todas las modificaciones potenciales que ella pueda tener; se ha referido a dos, porque son las dos cuestiones que tienen una actualidad, que han salido en los debates de las últimas semanas. La primera de ellas hacía referencia al derecho de voto de los extranjeros residentes en España. La vicepresidenta ha explicado extensamente que para ello hará falta que aquellos extranjeros tengan una residencia estable y legal, evidentemente, en España y que será necesario tener un convenio de reciprocidad con aquellos países de donde procedan, de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución. En ello tenemos un especial interés los socialistas porque, como todos ustedes saben, fue una de las propuestas que salió de nuestro congreso de partido durante este mes de julio y, por tanto, hubo un compromiso con los militantes de llevarlo a la Cámara. No por ello vamos a saltarnos el acuerdo con todos ustedes, sino que, por el contrario, lo que haremos será llevar la propuesta a la subcomisión del Congreso, porque este era el compromiso adquirido por todos nosotros, señorías, crear una subcomisión para llevar a ella todas las reformas que consideremos pertinentes.

El segundo tema es el voto de los españoles residentes en el exterior, lo que todos conocemos como el voto CERA. Evidentemente, este era el tema central por las solicitudes de comparecencia que había de tres grupos parlamentarios. Recuerdo que el Grupo Vasco también solicitó esta comparecencia, y además fue aprobada por todos los otros grupos de la Cámara. Lamentamos que no estén presentes en esta Comisión porque el tema lo requiere por su importancia. En este sentido, me gustaría hacerles algunas preguntas a los grupos solicitantes de esta comparecencia. Si tanta urgencia había en esta segunda reforma concreta, ¿por qué no plantearlo ya, por ejemplo, en la primera comparecencia que hizo la vicepresidenta en esta Comisión Constitucional? ¿Por qué no solicitar la constitución de la subcomisión para que iniciara ya sus trabajos -recuerdo que presentamos la solicitud el 29 de mayo y tuvimos todo el mes de junio, en sesión ordinaria, para constituir esta subcomisión? ¿Por qué no solicitar en la Diputación Permanente, como se hizo con otra subcomisión en el marco de la Comisión de Agricultura, la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Constitucional para constituir dicha subcomisión, en vez de para celebrar esta comparecencia? Finalmente, ¿por qué aprobar en el Parlamento gallego una proposición de ley para remitir a las Cortes Generales, para su tramitación, si luego se defiende iniciar procedimientos al margen de ella? Yo creo que precisamente por respeto a las instituciones autonómicas, si realmente nos creemos el Estado de las autonomías, tendríamos que tener un mayor respeto a estas instituciones. Desde nuestro punto de vista, cualquiera de las cuatro opciones hubiese sido más lógica, más eficaz para conseguir los objetivos que todos pretendemos y más acorde y leal con el pacto del que partimos. Por cierto, la subcomisión que hubiese tenido que estudiar este tema no se constituyó en la pasada legislatura no porque el Grupo Socialista no quisiera, sino porque otros grupos de esta Cámara no quisieron crear esta subcomisión.

En cualquier caso, desde el punto de vista del Grupo Socialista, se inicia la legislatura con un pacto importante en materia electoral, que es habernos puesto de acuerdo en la metodología a seguir para las posibles reformas de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Por ello, romperlo no nos parece la mejor estrategia para llegar a acuerdos futuros, sinceramente. Quiero recordar también que en el escrito de solicitud de la subcomisión acordamos -además con la insistencia del Grupo Popular, y así se lo reconozco porque nos pareció bueno, y así también lo ha dicho la vicepresidenta- que, si esta subcomisión llegaba a conclusiones consensuadas de reformas puntuales antes de trabajar otras cuestiones y de dar por acabado todo el trabajo de la subcomisión, podíamos presentar proposiciones de ley en ese sentido para abordar esas reformas puntuales. ¿Para qué tanto interés en añadir este párrafo si después lo que quieren es que el Gobierno presente proyectos de ley al margen de la subcomisión?

En relación con la modificación solicitada que afecta al voto de los españoles residentes en el exterior, este Gobierno y el grupo parlamentario al que represento ha defendido siempre la necesidad de mejorar el sistema de voto CERA. Así lo han hecho de forma significativa además los socialistas canarios y los socialistas gallegos. No por ello dejamos de tener consciencia de las dificultades técnicas a las que ha hecho alusión la vicepresidenta. No solo se trata, pues, de voluntad política; voluntad política la hay, no lo duden, lo ha dicho el Gobierno y lo dice este grupo parlamentario, pero hay que ver cuáles son las distintas opciones para implementar, para concretar cómo articular esta participación de los residentes ausentes en urna. Ustedes creen que debe ser el Gobierno el que presente un proyecto de ley y que decida sobre todas estas cuestiones, o sea que se sustraiga ese trabajo de la subcomisión para que lo haga el Gobierno, precisamente lo mismo que criticaron en la anterior legislatura; que el Gobierno tuviera iniciativa y presentara un proyecto de ley para modificar algunos aspectos de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General les pareció fatal. Ahora, en cambio, lo que proponen es sustraer algunas materias del trabajo parlamentario de la subcomisión, para que sea el Gobierno el que tome la iniciativa. El Grupo Socialista cree que la modificación de la Ley Electoral debe producirse con serenidad, y por ello queremos reafirmar la necesidad de constituir la subcomisión sobre las posibles modificaciones del régimen electoral general, porque el debate abierto entre todos los grupos políticos será mucho mejor que aquellas iniciativas que vengan directamente desde el Gobierno, desde nuestro punto de vista. Por eso, en cuanto iniciemos el próximo periodo de sesiones ordinario en septiembre solicitaremos de forma inmediata una reunión de la Comisión Constitucional para poder aprobar la constitución de la subcomisión, y nos comprometemos además a iniciar el debate de esta materia lo antes posible.

Termino, señor presidente, como lo hice en la Diputación Permanente. Este grupo parlamentario espera que los trabajos que se desarrollen en la subcomisión no estén marcados por los comicios electorales que tenemos en el calendario y que, por el contrario, estén protagonizados por una voluntad firme de construir entre todos el consenso que el tema requiere.Nosotros estaremos allí, en la búsqueda del consenso, en el rigor técnico y de gestión de todas las reformas que se propongan y en el estudio a fondo de todos los aspectos del proceso electoral que se pueden ver afectados en una reforma como la que se plantea".

SEGUNDO TURNO

“También intervengo brevemente para dar respuesta a algunas de las cuestiones que se han planteado.

Señor Vera, ya sé que en la anterior legislatura la subcomisión no se quiso constituir precisamente porque el Gobierno lo sacó del contexto parlamentario para impulsar una reforma determinada que venía a colación por otra ley completamente distinta, mucho más compleja y mucho más extensa, como era la Ley de Igualdad. Eso que ustedes critican es lo que ahora proponen; es decir, que creada la subcomisión, sea de nuevo el Gobierno el que sustrae una materia determinada para presentar un proyecto de ley. Lo siento, pero, honestamente, en eso veo una cierta contradicción metodológica. Si nos hemos puesto de acuerdo en crear una subcomisión para trabajar en ella, lo lógico es que no vayamos sustrayendo determinadas cosas para que el Gobierno impulse proyectos de ley, sino que seamos los propios parlamentarios, en el marco de esa subcomisión los que discutamos a fondo estas cuestiones. Por eso, quiero reiterar que desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a pedir la reunión de la Comisión Constitucional en la primera semana de septiembre para que aprobemos y constituyamos definitivamente la subcomisión, para que empecemos el trabajo de la subcomisión de forma inmediata y, precisamente con esta materia, si ustedes quieren, porque la consideran más urgente que las otras que se puedan plantear. Nos comprometemos a trabajar en primer lugar en esta materia y nos comprometemos también -por qué no- a tomar como base, de trabajo la proposición de ley del Parlamento gallego. Partamos de allí para empezar a trabajar y a desarrollar esa proposición de ley, que tiene algunos problemas.
Efectivamente, en ella se hace referencia a los tres comicios -autonómicos, generales y europeos, pero también saben que en los artículos que desarrollan la concreción de cómo se va a llevar a cabo se está pensando en unas elecciones autonómicas, no en unas elecciones generales porque su complejidad es mucho mayor. Ustedes esto también lo saben, aunque nominalmente aparezcan citados los tres tipos de comicios: autonómicos, generales y europeos.Trabajemos, por tanto, a partir de septiembre en este tema y el Grupo Parlamentario Socialista trabajará evidentemente en la dirección de conseguir lo antes posible un consenso en esta materia para impulsar una proposición de ley conjunta.

Quería hacer referencia también al servicio exterior. Este no es el contexto para hablar del servicio exterior, pero, sinceramente, si el paso por una Cámara como en la que estamos en estos momentos invalida a cualquiera de nosotros a ejercer con profesionalidad, con rigor y con objetividad cualquier otro trabajo, mal vamos. Yo creo que tendremos capacidad para hacer otras cosas en nuestra vida después de nuestro paso por esta Cámara. No todo se acaba aquí. Y sí creo que se puede hacer con una profesionalidad impecable. No nos invalida para hacer otros trabajos".

Intervención en la Diputación Permanente para tratar el tema del voto en urna de los españoles residentes en el exterior.

“Señorías, quiero empezar mi intervención haciendo referencia a una cuestión formal. Efectivamente las diputaciones permanentes están, de acuerdo con la Constitución y el Reglamento de esta Cámara, tasadas para temas de urgencia. Podrán convenir conmigo en que este tema, si es algo, es no urgente. El Grupo Parlamentario Socialista ha sido flexible y generoso durante toda la sesión, pero este tema sobrepasa cualquier límite razonable desde el punto de vista de este grupo parlamentario.

Pasemos a la cuestión material. Se solicita una comparecencia de la vicepresidenta para tratar el voto en urna de los españoles residentes en el exterior, por tanto entiendo que el objetivo de la solicitud de esta comparecencia es evaluar el grado del compromiso y de voluntad política del Gobierno en llevar adelante una reforma en este sentido. Claro está que este tiene que ser el único objetivo, porque evidentemente con una comparecencia no se consigue una reforma legislativa ni por tanto el objetivo último que ustedes están pidiendo. Esta muestra de voluntad política ya se produjo durante el mes de mayo, con la primera comparecencia que hizo la vicepresidenta en la Comisión Constitucional.La voluntad política tanto del Gobierno como de este grupo parlamentario quedó clarísima, en primer lugar, porque en nuestro programa electoral se incluye esta medida y esta reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General; en segundo lugar, porque la vicepresidenta en su comparencia comprometió que solicitarían al Consejo de Estado un informe sobre la posible reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, asunto que ya se ha acordado en Consejo de Ministros el 27 de junio; y, en tercer lugar, porque se propuso también que se constituyera una subcomisión en el marco de la Comisión Constitucional, lo que ya se ha solicitado en escrito de 29 de mayo de este año, sobre las posibles modificaciones del régimen electoral general.

En este sentido quiero destacar en esta Diputación Permanente que había un primer acuerdo que consistía en firmar la creación de esta subcomisión por todos los grupos parlamentarios, porque nos parecía absolutamente positivo e importante que hubiera este previo consenso para crear esta subcomisión; había un segundo acuerdo sobre que si había materia, cuyo consenso fuera alcanzado a lo largo del trabajo de esta subcomisión antes de dar por finalizado todo el trabajo de la subcomisión, podríamos sacar adelante determinadas iniciativas para, con celeridad, aplicarlas -como decía- antes de acabar el trabajo en la subcomisión; y había un tercer acuerdo de todos los grupos parlamentarios, que era un calendario y una metodología a seguir para abordar estos temas con el rigor necesario que merecen, porque efectivamente son asuntos muy importantes pero no son urgentes

Desde el punto de vista del grupo que represento las reformas relacionadas con la Ley Electoral siempre tienen que venir avaladas por el consenso, a poder ser de todas las fuerzas políticas. Por eso nos parecía haber empezado con buen pie al proponer la creación de esta subcomisión por unanimidad. En cambio, en la sesión de esta mañana de esta Diputación Permanente nos traen ustedes esta petición de comparecencia de la vicepresidenta, que desde nuestro punto de vista atiende exclusivamente a un uso electoralista, por tanto responde al oportunismo político; y se lo digo así de claro: creo que responde claramente a puro oportunismo político. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.) El Gobierno, y la vicepresidenta concretamente, no tiene ningún problema en comparecer para hablar sobre estas materias, porque mostró, explicitó su voluntad política y la del Gobierno de abordarlas a lo largo de esta legislatura. Por tanto, no solo vamos a votar que sí a esta solicitud de comparecencia sino que, como ustedes mismos han reconocido en las intervenciones que me han precedido, la misma vicepresidenta ha solicitado ya su comparecencia extraordinaria en la Comisión Constitucional. En cualquier caso y para finalizar, este grupo parlamentario espera que los trabajos que podamos desarrollar todos los grupos parlamentarios de esta Cámara en la subcomisión no vayan en esta línea y correspondan a un trabajo serio de voluntad de consenso, de voluntad de acuerdos y de voluntad de generosidad de todos los grupos parlamentarios.

Saben además que lo que plantean es una cuestión compleja. El señor Jorquera y el señor Ridao han hecho referencia a algunos temas que incluso en determinados aspectos pueden implicar cambios constitucionales. Es evidente que eso no se improvisa en una comparecencia sino que hará falta hablar y analizar con mucho rigor y con la seriedad que exige este tema para llegar a acuerdos entre todos los grupos.”