Intervención en la Comisión Mixta para la Unión Europea 23 de marzo de 2010.

Aprovecharé para explicar el grado de cumplimiento, por parte del Gobierno, de los artículos del Estatuto de Autonomía de Catalunya que regulan las relaciones entre la Generalitat y la Unión Europea, es decir, el cumplimiento concretamente de los artículos 184 al 192 de ese Estatuto.

Empezaré diciendo que los avances en estas dos legislaturas de gobierno Socialista han sido espectaculares. Cuando algunas fuerzas políticas dicen que no nos hemos movido ni un ápice o que estamos como estábamos, yo les preguntaría desde cuándo y cuál es su punto de referencia, porque en los últimos seis años los avances en todos los niveles, desde el reconocimiento institucional, el reconocimiento de lenguas, la participación de las comunidades autónomas en procesos de decisión por parte del Estado en relación con la Unión Europea, la asistencia a reuniones, el participar en la fijación de posición del Estado frente a la Unión, cooperar y coordinarse constantemente, en definitiva, en la colaboración en la construcción de una concepción federal del Estado donde todos somos Estado —el Gobierno de España y el Gobierno de las comunidades autónomas—, reflejan un período de nuestra democracia sin parangón alguno.

Lo primero que quiero hacer, por tanto, es poner de relieve el esfuerzo y el compromiso que ha demostrado este Gobierno, el Gobierno socialista, tanto en la anterior legislatura como en esta, para avanzar en la que nosotros valoramos como la buena dirección. Y lo hemos hecho por sensibilidad y por convicción del Gobierno y de este grupo parlamentario respecto a nuestro modelo de Estado. Es un modelo de Estado descentralizado —profundamente descentralizado—, y ha habido avances que muestran esta sensibilidad y esta convicción desde todos los puntos de vista.

Uno de los elementos fundamentales que viene al caso es la propia aprobación del Estatuto de Autonomía de Catalunya, porque si el Grupo Socialista y el Gobierno socialista no hubiesen apostado y trabajado sin fisuras para aprobar esta norma, si no la hubiesen apoyado, en estos momentos no tendríamos Estatuto de Autonomía de Catalunya y no podríamos estar discutiendo en los términos en que lo estamos haciendo. El Grupo Parlamentario Socialista tuvo, y sigue teniendo, la convicción de sacar adelante el Estatuto de Autonomía de Catalunya y de desarrollar su articulado, porque creemos en él desde el punto de vista jurídico y, sobre todo, creemos en él desde el punto de vista político, como norma pactada entre Catalunya y el resto de España.

Está muy bien que otras fuerzas políticas que no lo votaron ahora reclamen su desarrollo y su aplicación, porque esto nos indica el acierto en el camino elegido por los socialistas.

Por otro lado, vale la pena recordar que el capítulo segundo del título V, que es el que hace referencia a esta participación o relación entre la Generalitat y la Unión Europea ha sido recurrido, prácticamente de forma íntegra, por el Grupo Parlamentario Popular ante el Tribunal Constitucional, a pesar de poder encontrar artículos idénticos en otros estatutos de autonomía.

Quiero hacer una relación muy somera y rápida de los artículos que hacen referencia a este capítulo segundo: el 184, que es el primero, es una cláusula general, por tanto, no cabe análisis sobre su aplicación o no.

El artículo 185 nos indica que cuando se produzca una modificación de un tratado de la Unión Europea, las comunidades autónomas, o Catalunya en este caso, tendrán que participar o ayudar a que el Gobierno de España se posicione. Todavía no ha pasado desde la aprobación del EAC pero cuando se dé no me cabe duda de que así se hará. Por tanto, no es, en absoluto por el momento, un artículo incumplido.

El artículo 186, que trata de la participación en las posiciones del Gobierno, se ha aplicado más que nunca, porque la cooperación multilateral, a través de conferencias de Presidentes, de relaciones entre ministros y consejeros respectivos, de conferencias sectoriales, se ha multiplicado con respecto a otros periodos, funcionan con normalidad, con intensidad y con periodicidad y está permitiendo precisamente la consolidación de estos órganos de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas.

El artículo 187 hace referencia a la participación en instituciones y organismos europeos. Como ya se ha referido a él el secretario de Estado, no me voy a alargar, pero se prevé la participación permanente de consejeros autonómicos en la Reper, se ha participado en los consejos y el propio conseller de Agricultura tiene prevista su participación en breve. Por tanto, ya se ha puesto en marcha y se está consolidando.

El artículo 188, el único seguramente que hacía necesario un desarrollo legislativo específico, se refiere precisamente a la participación de las comunidades autónomas en el control del principio de subsidiariedad y proporcionalidad, regulado en el Tratado de Lisboa. Para ello, se ha modificado la ley de 1994 de creación de la Comisión Mixta de la Unión Europea y se ha aprobado una ley, por cierto, por unanimidad, con el voto de todos los grupos parlamentarios poniendo en marcha esta participación de las comunidades autónomas en relación con el principio de subsidiariedad.

El artículo 189 se refiere al desarrollo y a la aplicación del derecho de la Unión Europea. Establece que este desarrollo no puede implicar una invasión competencial y que, por tanto, tiene que mantenerse y respetarse la distribución competencial que viene dada por el bloque de constitucionalidad, por nuestra Constitución y los estatutos de autonomía. Así ha sido y así seguirá siendo. Personalmente, he llevado varias transposiciones de directivas europeas y en ellas siempre han sido escrupulosamente respetadas todas las competencias de las comunidades autónomas. Por ejemplo, las dos leyes que transponía la Directiva de servicios, la Ley Paraguas y la Ley Ómnibus, así como la Ley Audiovisual, son buenos ejemplos de ello.

El artículo 190 trata de la gestión de los fondos europeos. Ya se hacía, y se seguirá haciendo por parte de las CCAA, en la medida en que haya fondos, claro.

El artículo 191 trata de las acciones frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, supeditado a lo que prevea el derecho europeo. Por tanto, tampoco ha habido incumplimiento, ya que no depende tanto del derecho interno, sino de que el propio derecho europeo reconozca la legitimidad de los entes subestatales.

El artículo 192 habla de la delegación de la Generalitat en Bruselas, que ya teníamos, pero ahora se reconoce estatutariamente. Así, la institución seguirá trabajando con intensidad en un marco normativo más seguro.

Los nuevos estatutos de autonomía, los de nueva generación, tienen de positivo que hemos podido introducir aspectos que ya funcionaban con normalidad pero que ahora tienen un reconocimiento estatutario.

En resumen, el gobierno y el grupo Parlamentario Socialista han cumplido escrupulosamente los artículos 184 a 192 del EAC. Respecto a las lenguas, tema al que me he referido en otros escritos, solo quiero añadir que todos los acuerdos que el Gobierno de España podía cerrar con las distintas instituciones de la Unión Europea se han cerrado. Todos: acuerdo con el Consejo Europeo, con la Comisión, con el Comité de las Regiones, con el Tribunal de Justicia, incluso con el Parlamento Europeo en lo que afecta a los ciudadanos y a la comunicación de estos con las instituciones europeas.

Por tanto, no podemos dejar de felicitar al Gobierno por esta apuesta, por este compromiso y por el cumplimiento que ha dado a todos estos acuerdos. Quizá (seguro) haya que corregir algunos elementos que quedan por ajustar. En todo caso, existen los acuerdos y existe el marco legal, el marco normativo que nos permite llevar a cabo estos objetivos, y eso es lo que hay que destacar en este momento.

PACTO CONTRA LA CRISIS: UNA OPORTUNIDAD PARA EL PAÍS

La principal preocupación de los socialistas durante toda la legislatura ha sido combatir la crisis económica. Una crisis que azota internacionalmente a todos los países del mundo y que en España pone de manifiesto las flaquezas de nuestro modelo de crecimiento.

Para ello el gobierno ha puesto en marcha medidas de choque, de ayuda directa a sectores estratégicos; a facilitar liquidez a Pimes y autónomos a través del ICO, a crear fondos de inversión gestionados por los Entes Locales que intentan dinamizar el sector más castigado por el paro como es el de la construcción.

Pero también ha impulsado reformas estructurales que ponen las bases para cambiar el modelo de crecimiento económico y el modelo de productividad: por ejemplo, la ley del suelo que termina con las especulaciones urbanísticas, la liberalización del sector servicios, simplificando la apertura de comercios, una ley de economía sostenible que busca un equilibrio económico, social y medioambiental, o planteando una reforma laboral, una reforma de las pensiones o proponiendo un Pacto por la Educación.

La crisis tiene que ser una oportunidad para cambiar lo que ha fallado, aunque sabemos que este tipo de medidas tienen efecto a medio y largo plazo. Hay que cambiar lo que ha fallado sin perder de vista el objetivo último: mantener la cohesión social. Nuestro modelo de crecimiento era malo, muy malo y se ha mostrado fallido. Hay que dar el combate de fondo apostando por la educación, la formación o la inversión en innovación e investigación.

Aun no siendo ni mucho menos los únicos causantes de la crisis, el Presidente del gobierno no ha tenido ningún reparo en asumir plenamente la responsabilidad. Eso es gobernar y liderar. Pero inmediatamente después ha ofrecido a todas las fuerzas políticas, y especialmente al principal partido de la oposición, unir esfuerzos para ser capaces de dar una respuesta común. Se ofrece consenso porque estamos convencidos de que solo unidos saldremos de ésta.

Un país demuestra que es un país cuando sus fuerzas políticas superan el interés partidista y son capaces de dar una respuesta conjunta.

El poder trabajar juntos, además, generará de manera inmediata confianza. Confianza en los mercados internacionales y en la economía española, pero sobre todo, confianza para todos aquellos ciudadanos que deben enfrentarse cotidianamente a decisiones difíciles.

Es el momento, sin duda, de mostrar el compromiso con el país. Creo que sería una pena no poder contar con el PP en este esfuerzo compartido que la ciudadanía nos reclama cada día.

UN PLAN DE AUSTERIDAD PARA UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

Nos encontramos inmersos en una profunda crisis económica que ha determinado que el Gobierno aprobara el 29 de enero el Programa de Crecimiento y Estabilidad, que incluye un programa de consolidación fiscal con dos ejes que afectan a la Administración General del Estado: el Plan de Acción Inmediata 2010 y el Plan de Austeridad 2011-2013.

Como todos sabemos estos programas, que pretenden corregir el déficit público y buscar el equilibrio de las cuentas públicas, van a suponer un importante recorte del gasto presupuestado para este año; además, el ajuste estructural que ha de hacer la Administración General del Estado se sitúa en el 5,2% PIB hasta final de 2013. Para llegar a este objetivo el Gobierno trabajará principalmente con instrumentos como: una oferta de empleo público muy reducida (ahora del 10%), una moderación salarial, la reducción del sector público empresarial o la racionalización de los altos cargos, entre otros.

En principio parecería que estamos en una situación que podría impedir, o al menos obstaculizar, el despliegue de los proyectos previstos en este ámbito (desarrollo de los acuerdos alcanzados con los agentes sociales o la ley de la Función Pública etc.). Sin embargo, esto no va a ocurrir.

Las crisis económicas, muchos lo han dicho, pueden ser también una oportunidad. Cuando la necesidad acucia, como ahora, es el momento de primar uno de los principios que rigen el funcionamiento y organización de la Administración General del Estado, la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Si el objetivo que persiguen las medidas adoptadas es la reducción del déficit, el principio que debe regir su aplicación (es decir, qué programas presupuestarios se recortan, qué puestos vacantes se ofertan, qué organismos se suprimen o refunden con otros) es el de eficiencia. Y una administración más eficiente es también una mejor administración.

Además, hay razones que invitan al optimismo, a pensar que la puesta en práctica de esta política de austeridad, que tan de lleno atañe a la Administración, no va a suponer detrimento alguno del funcionamiento de la Administración ni de los servicios públicos que los ciudadanos reciben. No debe ni puede suponer un detrimento. Porque precisamente es en los momentos de dificultad, cuando más se le exige al sector público y solo con un entramado institucional fuerte se podrá estar a la altura de las demandas.

Nos encontramos en una buena situación de partida. El gobierno socialista ha puesto las bases para ello. Durante estos años pasados, y a través del despliegue y desarrollo de la ley de acceso electrónico a los servicios públicos, se ha conseguido una auténtica y profunda modernización del funcionamiento de la Administración. No es el momento de exponer lo que ha supuesto esta ley, ya la debatimos la legislatura pasada. Baste decir que actualmente se puede acceder al 96,4% de los trámites de la Administración a través de medios electrónicos. También en enero pasado el Consejo de Ministros aprobó sendos reales decretos que, aunque de carácter muy técnico tienen un gran impacto: la regulación del Esquema Nacional de Seguridad y la regulación del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Estos decretos van a permitir, en un marco seguro, ofrecer al ciudadano un servicio unificado de realización de trámites administrativos sin importar cual sea la Administración competente.

También ha favorecido, y va a favorecer aun más, la mejora del funcionamiento de la Administración la aprobación y aplicación de la Ley “Ómnibus”. Esta ley exige que se simplifiquen los procedimientos, se eviten dilaciones innecesarias, se reduzcan las cargas administrativas que pesan sobre todos los prestadores de servicios y establece la figura de la ventanilla única. Establece, en fin, el principio de intervención mínima necesaria −en base al principio de proporcionalidad− de la administración en el sector servicios.

Quiero con ello poner de manifiesto que estamos ante una administración ágil, que está funcionando con rapidez, que responde con presteza a los ciudadanos.

Por ello creo que estamos en una buena situación de salida, situación que va a permitir que nuestra Administración pueda asumir sin dificultades las medidas de austeridad aprobadas:

1.- La reducción de la oferta de Empleo Público, hasta el límite del 10% de la tasa de reposición. (Recordemos que el PP en época de bonanza económica siempre había fijado la tasa de reposición por debajo del 25%)

Cualquier limitación de la oferta de empleo público siempre supone sacrificios, pero si su elaboración está determinada por el principio de eficiencia, si la selección de puestos se realiza con buenos criterios y se hace además después de haber impulsado reformas estructurales, de calado como se ha hecho por parte de este Gobierno, no se va a impedir el funcionamiento ágil de la Administración o la prestación de servicios públicos.

Así, hay áreas de la Administración donde sobran funcionarios; otras que los necesitan. Por ello nos parece que en este contexto adquiere pleno sentido el trabajo ya iniciado por el Gobierno para la elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Humanos. En este marco, una oferta de empleo público, tan limitada como la de este año, es perfectamente asumible.

2.- Un plan de racionalización de las estructuras de la Administración General del Estado y del sector público empresarial, plan que conllevará la supresión, refundición o reestructuración de los órganos que resulten necesarios.

Apoyamos plenamente estas medidas. Creemos que constituyen el camino para conseguir una Administración más austera, eficiente y más fuerte a la vez.

El PP la coyuntura la quieren aprovechar para privatizar y debilitar el sector público. Nosotros para racionalizar el trabajo, los medios y los recursos para conseguir mayor eficiencia y modernidad del sector público.

Este es el camino y no las propuestas demagógicas que hemos debatido en el Congreso, en estos meses pasados: la reducción del número de altos cargos de la Administración General del Estado o la reducción de ministerios.

Esas propuestas no solucionan nada. Una reducción de un 25% de altos cargos, como se proponía, o se sigue proponiendo no conduce a nada. Era y es una propuesta efectista, que no se sustenta en un verdadero diagnóstico de la administración, una propuesta que no determina qué cargos habría que suprimir, por qué habría que suprimirlos, una propuesta que falsea (manipula) datos y, sobre todo, una propuesta que no tiene en cuenta los grandes esfuerzos de austeridad que ya se han puesto en práctica –acuerdo de no disponibilidad de partidas presupuestarias o la congelación de retribuciones de los altos cargos por dos años consecutivos, por poner algunos ejemplos-. En definitiva, una propuesta que hierra el tiro.

Me preocupa porque estos debates y las soluciones tan simplistas que ofrecen pueden provocar en la ciudadanía un deterioro de su confianza en las clases políticas, en las instituciones. Pueden fomentar un clima que nos conduzca a una crisis institucional. Además en momentos de crisis económica, momentos donde es tan fácil que surja el populismo creo que nuestra tarea como diputados no es precisamente alentar la desconfianza en las instituciones, en la Administración General del Estado. Todo lo contrario.

Entiendo la tentación cuando se está en la oposición de pensar que estas críticas perjudican al partido que gobierna, pero les aseguro que no es así. No traspasar determinados límites me parece importante y a la larga, les aseguro que beneficioso para la sociedad.

Una auténtica política de austeridad no significa tratar de imponer por parte del Congreso de los Diputados al Gobierno la eliminación de esta o aquella vicepresidencia, de este o aquel ministerio o que tenga que suprimirse la cuarta parte de los altos cargos. No. Eso son gestos de cara a la galería, gestos peligrosos, que todos sabemos además que no solucionan los problemas de fondo.

Lo sabemos y lo saben los del Grupo Popular que, en la Asamblea de Madrid, donde se presentó una propuesta idéntica –con el único objetivo de situarles frente al espejo, de que reconocieran sus contradicciones, de parar estos pasos demagógicos- la rechazaron. Y eso que hay datos que indican que en la Administración de la Comunidad de Madrid, pese a que últimamente se ha reducido el número de consejerías, sin embargo el número de altos cargos, de cargos directivos se ha duplicado. Los gastos de personal se han incrementado exponencialmente. Es un buen ejemplo de cómo las políticas de austeridad en materia de personal no están directamente relacionadas con el número de consejerías o departamentos ministeriales.

Son las medidas anunciadas por parte de la Vicepresidenta y a las que antes me he referido las que constituyen un auténtico programa de austeridad para la Administración General del Estado.

También, como creemos que en este gran esfuerzo de saneamiento de las finanzas públicas han de estar involucradas todas las administraciones, apoyamos la propuesta del Gobierno de someter al Consejo de Política Fiscal y Financiera un acuerdo marco con las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía sobre sostenibilidad de las finanzas públicas que incluye un plan de racionalización de estructuras administrativas y el compromiso de racionalización de recursos humanos. Espero que tanto las Comunidades Autónomas como los Entes locales lo estudien, lo mejoren y podamos asumirlo entre todos. No hace falta que diga que siempre haciéndolo desde el respeto de las facultades de autoorganización de cada una. En definitiva con dichos planes no se trata de eliminar funciones ni servicios públicos; no: todo lo contrario. Se trata de buscar la EFICIENCIA a toda costa.
Si somos capaces de trabajar en la misma dirección todos los grupos parlamentarios seguro que los resultados que alcance el Gobierno también serán mejores.

EL CONSEJO DE EUROPA CON LA UNIÓN PARA EL MEDITERRÁNEO

La Unión para el Mediterráneo retoma con impulso renovado un proceso que viene de lejos, iniciado con el conocido Proceso de Barcelona: la búsqueda de la cooperación entre las dos riveras del Mare Nostrum.
La concepción de esta cooperación debería ser:

1. Bidireccional, de aportación mútua. No caigamos en la tentación de pensar que solo nosotros podemos aportar algo a la rivera sur, porque también de ellos tenemos mucho que aprender.
2. Equilibrada. No podemos caer en el paternalismo, ni en la ingerencia, pero tampoco podemos ser condescendientes en lo esencial, sino exigentes.
3. Priorizada, en cuanto a las ayudas, los programas y los objetivos. Es absurdo exigir en demasía a países que están en procesos de desarrollo y democratización.

El pleno del Consejo de Europa, como asamblea que tiene como prioridad la lucha a favor de la Democracia, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho, buscamos que estos valores compartidos que nos permiten vivir en libertad y convivir en la diferencia lleguen a todas partes del planeta.

Este objetivo, por tanto, es bueno en sí. Con él tenemos, o deberíamos tener suficiente.

Pero además, tenemos interés directo en el caso del Mediterráneo: apostar por la mejora y la búsqueda de la igualdad con nuestros vecinos sin duda revertirá en un mayor bienestar colectivo, además de obtener una mayor dignidad como sociedad.

El Consejo de Europa ha ayudado a muchos países a transitar hacia regímenes democráticos, ¿por qué no también con los países mediterráneos? Su cercanía geográfica y su cultura compartida justifican la implicación de esta institución en este proyecto, una implicación que debe ser en todo caso coordinada con la Unión Europea. No se trata de competir entre organizaciones internacionales, ni pecar de ansia de protagonismo o de colgarse medallas: si somos capaces de trabajar juntos, avanzaremos más, más deprisa y mejor.

No volvamos a hacer grandes declaraciones sobre todo lo que vamos a hacer. Partamos de un análisis pormenorizado de cuáles han sido nuestros objetivos con el Proceso de Barcelona hasta ahora y cuáles los resultados alcanzados. Empecemos por autoexigirnos una rendición de cuentas y partamos con el reconocimiento de nuestros errores o limitaciones, porque solo así habrá pasos hacia adelante. Necesitamos diagnósticos claros. En base a a ese aprendizaje volvamos a fijar nuevas metas. No partamos de cero.

El Consejo de Europa tiene mucho que aportar, sobre todo en aquello que precisamente debería ser la base sobre la que empezar a construir: la existencia de instituciones y reglas democráticas que permiten desarrollar políticas propias en todos los ámbitos.

Estoy segura que desde la Presidencia española de la UE se va a facilitar e impulsar esta cooperación tan necesaria y será un trabajo que tendrá continuidad con las presidencias venideras.

HAY OTRA OPOSICIÓN POSIBLE

El grupo popular en el Congreso se ha abonado a las propuestas demagógicas. Cada semana presentan algo del mismo tenor con un oportunismo y una falta de imaginación alarmante. Ni siquiera fueron los primeros en hacerlo. Primero fue el PNV y ahora se limitan a plagiar cada semana el tema para ver si ganan una votación y así poder aplaudir un minutito al final del pleno. No solo es infantil, sino que es patético.

¿De verdad no tienen ninguna iniciativa que valga la pena para discutir en el pleno? ¿sobre ninguna materia? ¿No se les ocurre nada constructivo para contribuir a la recuperación económica del país? ¿No son capaces de trabajar en la misma dirección y sintonía con el Gobierno, de sumar esfuerzos, de presentar mejoras a propuestas hechas?

La propuesta de reducir un 25% de altos cargos y asesores es demagógica, arbitraria e inviable. ¿Por qué el 25%? ¿Por qué no el 20 o el 30? ¿Por qué no mejor hacer desaparecer a los Altos Cargos? Los de los gobiernos socialistas, claro, porque lo que son los del PP se hinchan por semanas en las CCAA donde gobiernan.

Miren señorías, les voy a facilitar solo un dato: más del 79% de los Altos Cargos en estos momentos son funcionarios del Estado. Son trabajadores públicos que en cualquier caso seguirían trabajando en la Administración General del Estado. Por tanto, echar, echar, solo podríamos echar en todo caso, a menos del 25%. ¿Esa es su propuesta? ¿Crear unos cuantos parados más?

La crisis no se aborda con propuestas simplistas, porque su complejidad necesita respuestas también complejas, no demagógicas.

Seamos serios. Algunos datos importantes que debemos conocer:

. Cuando llegamos al gobierno modificamos el Decreto que marca el número de asesores por Ministerio. Lo redujimos de 7 a 5 (léase el Real Decreto 562/2004).

. Redujimos el gasto en publicidad institucional, aprobando una ley sobre la materia.

. En el año 2009 y 2010 ha habido congelación de los sueldos de los Altos Cargos.

. En 2009, se presentaron dos grandes recortes de gasto corriente por un valor de 1000 y 1500 millones de euros respectivamente.

. Ha habido medidas paliativas de choque contra la crisis económica como los Fondos de Inversión Local, ayudas a sectores industriales… pero también propuestas de reformas estructurales de calado (por cierto, no apoyadas por el PP, como las 3 leyes que transponen la directiva de servicios o la ley del suelo, o la ley de economía sostenible).

En esta dirección el gobierno ha presentado un Plan de Acción Inmediata para 2010 mucho más ambicioso, completo y racional que la iniciativa popular (¿o debería decir populista?). Se pide en él que la estrategia de austeridad seguida para la AGE se extienda a todas las Administraciones Públicas (Comunidades Autónomas y Entes Locales). Solo en la medida en que cada uno asuma su responsabilidad, evitaremos un deterioro adicional de la economía. En nuestra propuesta se insta al Gobierno a iniciar, con carácter inmediato, un proceso de reequilibrio de las cuentas públicas que incluya:

a) una reestructuración del gasto público en la Administración General del Estado y el sector público empresarial, que implique una revisión exhaustiva de los programas de gasto, y específicamente una reducción de los gastos de personal y del gasto corriente,

b) la adecuación de la estructura y organización de la Administración General del Estado a los principios de eficacia y economía en el gasto así como al reparto de las competencias establecido por el Título VIII de la Constitución y los Estatutos de Autonomía, suprimiendo, refundiendo o reestructurando los órganos que sea necesario,

c) la adopción de medidas urgentes que supongan para este mismo año una reducción del gasto inicialmente presupuestado equivalente al 0.5% del PIB,

Por el contrario, en las CCAA en las que gobierna el PP parece que les preocupa poco el aumento del gasto. Por poner algún ejemplo, en la Comunidad de Madrid el gasto presupuestado para los altos cargos se ha incrementado un 46% y el gasto en publicidad y propaganda un 130% o en la Comunidad Valenciana de 117 Altos cargos con el Presidente Lerma se ha pasado a 238 (un 103% más), por no hablar de la Diputación de Ourense o de Castelló…

Pero las contradicciones del PP no terminan en el demagógico porcentaje del 25%, o de hacer todo lo contrario ahí donde gobiernan, sino que lo más contradictorio de su discurso es dárselas de patrióticos cuando solo piensan en el poder.

Se llenan la boca de España pero ¿qué es España para ustedes? ¿Una banderita? Parece que sí. Pues miren, para mi España es su Presidente del Gobierno, su Gobierno, su cuerpo burocrático, las CCAA, las AAPP, los servidores públicos… su entramado institucional, en definitiva. No hace falta haber leído a Max Weber, para tomar conciencia de la importancia de las instituciones y de las estructuras que permiten tener y mantener un Estado democrático.

La defensa que practica el PP de un estado mínimo y de un sector público débil está demodé, porque un país se construye y se hace crecer con una Administración y unas instituciones fuertes, respetadas por todas las fuerzas políticas, eficaces y eficientes y al servicio de la ciudadanía (pienso en el servicio exterior de otros países de la Unió Europea, por ejemplo, en Gran Bretaña hay 14.900 personas o en Francia 16.000… lejos estamos de alcanzar estas cifras).

En plena crisis económica el PP trabaja para intentar generar una crisis institucional… la política de oposición que conciben no va más allá de esto, incluso les parece lo normal, y sin pudor así lo manifiestan: nos gritan desde la tribuna ¡váyanse! (como si la legitimación democrática no fuera con ellos) o nos dicen con todo descaro estoy aquí para intentar hacer caer el Gobierno, para criticarlo todo, para poner al Gobierno y al grupo parlamentario que sostiene al gobierno las cosas difíciles… pues miren, no. La oposición puede estar para otras cosas, se lo aseguro. Todo depende de la concepción de la que partan, la suya es equivocada, además de irresponsable y dañina para el país.

Los ciudadanos esperan de todos nosotros un esfuerzo compartido, no la confrontación, y menos, pantomimas parlamentarias como las que debemos sufrir cada semana.

LES RELACIONS ENTRE LA GENERALITAT I LA UNIÓ EUROPEA

Una de les regulacions més importants que ha incorporat l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat l’any 2006 és tot el capítol referit a les relacions de la Generalitat amb la Unió Europea. Se’n parla poc, potser perquè és menys mediàtic que altres aspectes de la regulació estatutària, però la seva transcendència és enorme.

La nostra entrada a la Unió ha provocat que la legislació hagi hagut d’adaptar-se en molts sectors, però encara queda pendent l’adaptació de la pròpia Constitució espanyola (en el sentit que manca un esment explícit a la Unió) i tampoc no ho havien fet els Estatuts d’Autonomia de les diferents Comunitats Autònomes. Ara, amb els nous Estatuts i especialment pel que fa a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya hem pogut resoldre aquesta mancança.

En aquest sentit és important la distinció entre “política exterior o relacions internacionals”, competència exclusiva de l’Estat d’acord amb l’article 149.1.3 de la Constitució; i “política europea” en la mesura que la Unió ha passat a ser un centre de poder més, una instància administrativa amb institucions polítiques que creen normes d’obligat compliment i normes que formen part del nostre ordenament jurídic. En d’altres paraules, el dret europeu és dret intern, mentre que el dret internacional té una altra consideració.

Així, sembla que té sentit que les instàncies de poder que actuen sobre la ciutadania tinguin intercomunicació entre elles, de manera que les CCAA tinguin capacitat de relació amb les diferents institucions europees.

En una concepció federal, de pacte, d’acord, de diàleg permanent, d’exercici de radicalitat democràtica, ens ha de semblar pertinent que la Generalitat participi en l’acció davant de la Unió Europea.

Sembla adequat, per tant, que s’hagin dut a terme algunes coses previstes a l’Estatut com és la participació de membres del govern de la Generalitat en la representació permanent (la REPER) (article 187.3) o garantir que la Generalitat en l’àmbit de les seves competències apliqui el dret europeu (article 189.1).

En aquest sentit, és especialment important que en el marc de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat s’hagi creat ja la Subcomissió d’Afers europeus i acció exterior per tal d’anar desplegant tots els articles estatutaris referits a aquesta matèria (són els que van del 184 al 190 de l’Estatut). Estic segura que ambdues parts faran una feina excel·lent en aquesta subcomissió i permetran l’avenç en un àmbit tant rellevant com aquest.

LOS COLEGIOS PROFESIONALES EN LA LEY ÓMNIBUS

Las llamadas Ley Paraguas (sobre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que transpone la Directiva europea de Servicios) y la Ley Ómnibus (de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley Paraguas sobre el libre acceso a las actividades y su ejercicio) forman parte del núcleo medular del proceso real de integración europea. Hemos visto después de muchos años que no es suficiente el reconocimiento de las 4 libertades de circulación de la Unión Europea, creando así un verdadero mercado único. Está siendo necesario que se plasmen en una regulación concreta para disfrutar de verdad de las libertades de circulación.

Hay que ser conscientes de que estamos en un momento importante de la integración y de la construcción de la Unión Europea, ya que confluyen 3 aspectos muy interrelacionados y de gran calado:

en el ámbito educativo-académico la convergencia europea de titulaciones (Proceso Bolonia).
el establecimiento de un marco europeo de cualificaciones profesionales, ya transpuesto en España.
y en relación al ejercicio profesional la actual transposición de la Directiva de Servicios.


Objetivos principales de la Directiva y por tanto del proyecto de Ley Ómnibus:

Cambio de la concepción en las relaciones entre Administraciones Públicas y ciudadanía:

o Menos paternalista
o Más dinamismo y liberta para particulares.
o Menos control previo.
o Más asunción de responsabilidad del ciudadano.

Búsqueda de la homologación entre Estados Miembros (ni que decir tiene que los de corte anglosajón lo tienen más fácil).
La liberalización y la potenciación de la competitividad de la UE (tener en cuenta que España tiene siempre un diferencia de inflación enorme respecto otros Estados Miembros, cosa que denota que algún problema tenemos. Está claro que la relación calidad–precio de algunos de nuestros servicios es peor que en el resto de Europa.
Cooperación interadministrativa. Simplificación de la administración y modernización de la misma. En España ya hemos avanzado mucho en esta dirección aprobando aspectos como; la ley de acceso electrónico, el plan de reducción de cargas, la agencia de evaluación de la calidad de los servicios…
Garantía y mejora de la calidad de los servicios para la ciudadanía de la UE. Que la calidad llegue a todos por igual. Sin calidad la UE no será fuerte ni ocupará el lugar de liderazgo que le corresponde en la economía mundial.

Establecidos los objetivos, se trata pues de adaptar nuestro ordenamiento jurídico para su consecución.
Uno de los aspectos que se aborda en esta Ley Ómnibus, modificadora de 47 leyes, es, efectivamente, algún aspecto muy puntual de los Colegios Profesionales.

Sabiendo, después de múltiples reuniones con diversos colegios profesionales, que compartimos los objetivos que he apuntado más arriba, de mejora de la competitividad, de modernización, de mejora de la calidad, tenemos que conseguir entre todos una regulación que nos conduzca a esta excelencia buscada y que claramente no tenemos.

Creo que sería muy negativos para todos que la discusión se redujera a:

- Colegiación obligatoria (sí, no)
- Visados (Sí, no)
- Baremos (Sí, no)

Sería pobre, reduccionista, simplificadora, de una realidad compleja, no abordar el problema de fondo.

De entrada, hay que decir que la situación de los Colegios Profesionales es muy desigual, pero creo que podemos compartir también que hoy no cumplimos los objetivos que tanto la directiva como la trasposición establece (y que, como ya he dicho, presuntamente compartimos).

A todos nos cuesta (al Gobierno y al grupo parlamentario que represento, pero también a ustedes) proponer cómo rompemos la espiral (de mediocridad) en la que estamos para dar un gran salto cualitativo.

Nosotros contamos con su apoyo (en esta tramitación y en la futura regulación de Colegios Profesionales).

Nos tenemos que enfrentar a nuevas realidades que quizás algunos colegios tal y como están ahora no serían capaces de afrontar como son:

hacer frente a la progresiva tecnificación que ha provocado nuevos profesionales.
el carácter multidisciplinar de casi todos los servicios.
la voluntad de ser un mercado único y bueno europeo.

Hay que dar respuesta a todo esto y para ello hace falta generosidad y capacidad de autocrítica.

Para finalizar quisiera trasladarles un mensaje de:

o Confianza en los Colegios y el nuevo rol que pueden jugar.

o Confianza en los profesionales que forman parte de estos colegios.

o Confianza en que podamos contar con ustedes para detectar aquello que no funciona.

o Confianza en que no tendremos miedos a los cambios necesarios, aunque siempre que se intenta cambiar algo es inevitable ser reticente.

Intervención en la Comisión para la Unión Europea

Intervención referente a la Proposición no de Ley sobre Melilla, punto de encuentro de alianza de civilizaciones y de cooperación para la seguridad y el desarrollo, durante el semestre de la presidencia española de la unión europea.


"Quiero empezar destacando la oportunidad y lo adecuado que nos parece en el Grupo Parlamentario Socialista la presentación de la proposición no de ley por parte de Izquierda Unida. Tuve la oportunidad de conocer bien Melilla, conjuntamente con otros compañeros de esta Cámara —fuimos un grupo de diputados, en el marco de unas jornadas organizadas por el Partido Socialista, que se titulaban Comprometidos con Melilla— y pudimos conocer mucho mejor una realidad que ciertamente nos queda lejos geográficamente pero no así desde el punto de vista político ni desde el punto de vista del compromiso que sentimos con la ciudad autónoma de Melilla. Una de las cosas más palpables precisamente de este viaje —además, evidentemente, de las joyas arquitectónicas modernistas de las que goza la ciudad de Melilla— fue precisamente cómo la realidad de allí nos muestra una tierra que es encrucijada de culturas, de civilizaciones, de lenguas distintas, de tradiciones distintas, y cómo la convivencia con todas esas diferencias es posible. Sin duda, ya se ha dicho aquí, uno de los retos del siglo XXI va a ser la gestión de la complejidad, la gestión de la diferencia, la gestión de la diversidad. Intentar homogeneizar el mundo es y va a ser imposible, no solo porque no tengamos voluntad nosotros de que sea así, sino porque va a ser materialmente imposible. Además, a nosotros nos parece profundamente empobrecedor y conservador. Solo el miedo al diferente nos conduce precisamente a intentar combatirlo, a identificarlo como un problema, como un enemigo, y nos parece que ese enfoque es errático. En un mundo global como en el que estamos, la apuesta por el respeto a la diferencia es un elemento fundamental precisamente para evitar nuevos conflictos, pero no solo para eso sino también para resolver los conflictos existentes, enquistados. Y esta es la apuesta que hemos realizado desde el Gobierno.

La portavoz del Grupo Popular decía que, frente a las dificultades, la solución es el choque de las civilizaciones. Nuestro enfoque es distinto, completamente distinto. El choque de las civilizaciones es una posición determinista, es una posición de resignación. Hay diferencias, son irreconciliables, por tanto, inevitablemente vamos a un choque de civilizaciones. Nosotros pensamos todo lo contrario. Evidentemente, las diferencias y el poder convivir en esa diferencia no está exento de dificultades, pero apostamos por el diálogo, por la alianza, por el trabajo, por intentar construir elementos en común entre las civilizaciones. Desde esta concepción, el presidente del Gobierno lanzó en la anterior legislatura un concepto, que ya ha salido en el debate de hoy, que pretende precisamente poner las bases de relación entre los países, unas nuevas bases distintas: el concepto de la Alianza de Civilizaciones. Desde nuestro punto de vista, muchas son las organizaciones internacionales que han trabajado de hecho a lo largo de la historia en esta misma dirección —pensemos, por ejemplo, en Naciones Unidas o en la propia Unesco—, haciendo que el conocimiento cultural, que el conocimiento étnico, que el conocimiento religioso, lingüístico, ayudara precisamente al entendimiento mutuo, al respeto y a la paz entre los países y entre las civilizaciones. Con la propuesta del Gobierno de España de la Alianza de Civilizaciones no se proponía tan solo un mero diálogo entre las civilizaciones, sino un compromiso activo, esto es, una acción frente a la intolerancia, frente al radicalismo, frente al fundamentalismo, y, al mismo tiempo, una acción por el reconocimiento, por el respeto y el encuentro y la paz. Lo podríamos resumir en dos premisas fundamentales que de hecho pronunciamos poco en política y que en abstracto podríamos formular de la siguiente manera: por un lado, centrarse en las similitudes, en lo que compartimos, más que en las diferencias o en los conflictos, y, por otro, pensar en todo lo que podemos aprender del otro. Tener claro por tanto que es una relación bidireccional, no solo de aportación al otro para que el otro aprenda como sujeto pasivo, sino que nosotros también tenemos mucho que aprender y los otros por tanto tienen mucho que aportar. Así, la Ciudad Autónoma de Melilla, desde nuestro punto de vista, y por eso nos parece adecuada la proposición no de ley, puede representar muy bien estos valores de convivencia y de entendimiento. Geográficamente, la ciudad está en el continente africano, haciendo por tanto frontera con un país musulmán, como todos sabemos, con otras religiones, con otras costumbres, otras culturas, otras lenguas. El punto primero de la proposición no de ley nos parece adecuado puesto que es, de manera singular, una muy buena representación de la diversidad cultural mediterránea, como ya se ha dicho en esta Comisión. Respecto al segundo punto, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de modificación, ya que la redacción inicial nos parece poco viable. La referencia al Comité Político y de Seguridad, que es un organismo que depende del Consejo de la Unión Europea y del que es órgano preparatorio, de acuerdo con el reglamento del Consejo, debe reunirse imperativamente en Bruselas; por eso nos parece complicado que sea precisamente este comité, esta reunión, la que se traslade a Melilla. Además de esta argumentación jurídica, que desde nuestro punto de vista zanjaría la cuestión de alguna manera, no nos parece tampoco razonable plantear que el Comité Político y de Seguridad, por una cuestión operativa, logística, se traslade, teniendo en cuenta que se reúne al menos dos veces por semana, a una ciudad distinta a la de Bruselas. En cambio, parece que sí que podría ser pertinente apostar por hacer más presente a Melilla en la actividad de la Unión Europea y sobre todo que los países miembros tomen mayor conciencia de este territorio. Así, nuestra enmienda insta al Gobierno a que, durante la Presidencia europea, se trabaje para que Melilla sea punto de encuentro para la celebración de foros de debate o seminarios en el ámbito de la cooperación de la Unión Europea. La Presidencia española puede ser un buen momento, una oportunidad, para que la ciudad de Melilla se erija como un exponente claro de un territorio crisol, de encrucijada, de confluencia de civilizaciones y por tanto una buena muestra de convivencia.

Quiero finalmente hacer referencia a la enmienda del Grupo Popular. Si Izquierda Unida aceptara la enmienda del Grupo Popular, nosotros no tenemos inconveniente en continuar votando la proposición no de ley, pero no estamos de acuerdo con que la situación de Ceuta y de Melilla sea absolutamente idéntica. Es verdad que las dos ciudades se encuentran en territorio africano, es verdad que están más allá del Estrecho y eso las une, pero también es verdad que Melilla tiene una lejanía mucho mayor, tiene unos problemas de comunicación mucho más importantes y además tiene una aduana, cosa que hace que tenga unas características particulares; de ahí la intencionalidad política, nuestra apuesta política. Y por eso nos parece especialmente adecuada esta proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida, que centraríamos en la ciudad de Melilla. No tenemos inconveniente en seguir votando la proposición no de ley, si el grupo proponente aceptara la enmienda del Partido Popular, y desde luego, evidentemente, estamos dispuestos, y así lo haremos, a presentar nuevas iniciativas en esta Comisión, nuevas proposiciones no de ley, que incluyan a la ciudad de Ceuta, así como a apoyar aquellas iniciativas que vayan en esta misma dirección."

ESCOLA D’ESTIU JOVENTUT SOCIALISTA DE CATALUNYA.

Formació, compromís, convivència, diversió... tot això és el que vaig poder compartir amb les joventuts socialistes el dissabte 25 de juliol al vespre. Va ser un plaer.
Us penjo, a continuació, part de la intervenció afegint algunes coses que sorgiren en el transcurs de la taula amb la Lídia Santos.


I. ÉS POSSIBLE LA CONVIVÈNCIA EN SOCIETATS NO HOMOGÈNIES? SÍ, HO HA DE SER.


Em sembla especialment important començar plantejant aquesta pregunta, perquè crec que és el rovell de l’ou, l’element essencial que hem de tenir en compte quan parlem d’organització territorial d’un Estat.

En la pregunta he volgut ja incloure la resposta: per nosaltres, sí, és possible. Tot i que les realitats que ens envolten van en la direcció oposada: Kosovo, Macedònia, Montenegro, de la idea de la creació d’un Estat d’Israel laic i sionista al 1948 a exigir el reconeixement d’un Estat jueu Israelí, en gran mesura els moviments indigenistes a alguns països iberoamericans... deia, malgrat aquests exemples, crec que aquests casos no van en la bona direcció i cal, per tnt, construir en una altra direcció.

De fet, depenent de quina és la resposta veurem com aquesta ens condueix cap a una banda o cap una altra. Gràfic em sembla els termes que va usar la Lídia

ORTEGA Y GASSET: parlava de la “conllevancia” en el sentit que calia que ens toleréssim... no és certament el mateix que el que deia Azaña.

AZAÑA: parlava, en canvi, sobre el “reconeixement mutu” cosa que implicava una manera molt diferent de veure les coses, on hi juga l’interès per l’altre, l’aprenentatge de l’altre, etc... Nosaltres ens sentim més a prop d’aquesta concepció.

Apunto un concepte sobre el que tornaré més endavant, perquè crec que és la pedra angular sobre la que cal construir la resta: radicalitat democràtica. Els valors de la revolució francesa ens porten a haver d’afirmar que ha de ser possible aquesta convivència en societats complexes. Hem de concebre la democràcia com el millor sistema de gestió del pluralisme, amb els tres principis essencials de llibertat, igualtat i solidaritat.

Per això el concepte de Nació que s’instal·la en el que es coneix com a concepte orgànic de nació, quan la nació és excloent i pretén una majoria homogènia a la comunitat política, no admetent la competència ideològica, llavors, no és factible.

El concepte de nació que hem d’usar és aquell que permet la coexistència de diverses identitats, buscant la comoditat de cada individu i les seves identitats, quedant fora només aquells que no respectessin les llibertats i els drets. Aquesta nació inclusiva requereix una forma de govern, un model territorial que no és més que el federalisme. Per què?

FEDERALISME és el que millor respon a societats complexes (sense buscar la homogeneïtat).

FEDERALISME no només com a tècnica de descentralització, sinó com a filosofia política de pacte de convivència en la diferència que arrenca amb el REPUBLICANISME, on la persona, el ciutadà es situa al bell mig de les polítiques impulsades pels poders públics.

FEDERALISME com a reconeixement de la pluralitat d’identitats.


II. LA CULTURA FEDERAL A ESPANYA... I A CATALUNYA

Manca de praxis política federal que en el fons és manca de praxis democràtica: en el sentit de valorar la deliberació, la discussió, la negociació, la cessió, la renúncia. Cal pensar que no hi ha vencedors i vençuts perquè aquesta dinàmica és contrària precisament a una concepció democràtica.

ULL!! Quan parlem que manca cultura federal a Espanya, en manca encara més a Catalunya... tampoc Catalunya és homogènia, per tant, també hauríem de parlar a més de l’Espanya plural de la Catalunya plural o de l’Euskadi plural...

Algunes fal·làcies associades a la idea de federalisme que hauríem de combatre i que de fet van associades als nacionalismes que tant distorsionen la imatge, per exemple, de Catalunya:

1. No és un mecanisme de suma cero, sinó de suma positiva: no es tracta de lluitar per guanyar quelcom pensant que l’altre ho perdrà... no té perquè perdre ningú. Cal treballar per l’interès comú, no només pel propi.

2. No és un model que potenciï la desigualtat, sinó la diferència en el cas que es vulgui, cosa que és completament diferent. Així ho ha fet palès la jurisprudència del TC. En tot cas, les diferències entre les CCAA crec que no han de ser un objectiu en elles mateixes, sinó una conseqüència de l’exercici de les competències pròpies i com a conseqüència de l’aplicació de polítiques públiques diferents, millors, amb les que obtinguem millors resultats.

3. No és un model entremig cap a la independència. De fet va en la direcció contrària, en el mesura que no es volen construir elements comuns, un tot que uneixi. Això ens fa molt de mal, perquè perdem fiabilitat i credibilitat front la resta d’Espanya.


III. ELS REQUISITS FONAMENTALS PER TENIR UN ESTAT FEDERAL

1. Voluntat de les parts a constituir-se en un tot. L’Espanya democràtica, però, neix a la inversa, després de 40 anys d’una dictadura centralista. Aquest pecat d’origen és irresoluble, però no té perquè condicionar la resta del model.
2. Estat compost. Som sens dubte un estat compost, homologable a d’altres que hi ha al món.
3. Repartiment competencial. Establert pel bloc de constitucionalitat, això és, la Constitució i els Estatuts d’Autonomia.
4. Instància jurisdiccional que resolgui conflictes. És el nostre Tribunal Constitucional
5. Institucions comuns. Principalment caldria tenir un Senat que fos una autèntica cambra de representació territorial. Clarament és el requisit més deficient del nostre model constitucional. Hi hagut creació d’altres òrgans importants per fer possible aquesta cooperació com poden ser: Conferència de Presidents o Conferències sectorials.


IV. EL NOU FINANÇAMENT COM UN FINANÇAMENT FEDERAL PER ESPANYA

Aconsegueix un bon equilibri entre autonomia i igualtat.
Establiment de mecanismes d’anivellament.
Els ingressos per les CCAA procedeixen fonamentalment dels ingressos tributaris i no de les subvencions.
Introdueix un criteri explícit de solidaritat.


V. I ARA QUÈ?

Ara cal definir el perquè volem competències i el perquè volem diners per exercir aquestes competències: quin model de polítiques públiques volem? Quina política educativa? Quina política sanitària? Quina política universitària?

Les diferències respecte altres CCAA vindran de com exercim les competències, no dels reconeixements que es facin en lleis estatals.


VI. UNA PROPOSTA D’UN FEDERALISME PELS CIUTADANS

Com a pacte de convivència en la diferència (no generant fractura social)
Com element de proximitat (subsidiarietat, reconeixement de diferents centres de poder, municipalisme...)
Com a pacte de radicalitat democràtica entre els ciutadans (debat constant, llibertat, cerca de l’equitat, de l’equilibri i de la cohesió i la justícia social... el ciutadà en el centre, com deia al començament).

En definitiva, el federalisme té dues potes que no es poden separar:

Un vessant de la construcció del tot: amb lleialtat institucional (pensem que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya és la primera norma que incorpora aquest principi en una norma jurídica), amb una idea d’interès comú, amb l’aplicació de dos principis bàsics com són la cooperació i la solidaritat.

Un vessant de reconeixement de les parts: amb un autogovern fort (un cogovern) i alhora amb l’exigència de corresponsabilitat, amb respecte a la diversitat i la pluralitat, amb respecte, en definitiva, per la llibertat.

DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ISRAEL.INICIO DEL ÉXODO PALESTINO.

No hay otra alternativa que empezar con un mensaje de esperanza y de compromiso con la paz en la zona, pero al mismo tiempo de urgencia. Llevamos demasiado tiempo con el conflicto y la desazón y el cansancio que genera en la comunidad internacional son preocupantes, pero el destrozo de generaciones enteras en ambas comunidades es irrecuperable.

Cuando oyes hablar de las 3 generaciones de refugiados palestinos que siguen siendo dependientes de la ayuda de instituciones como UNRWA (que sigue haciendo una labor encomiable), cuando ves las propias condiciones en las que viven los palestinos, o cuando ves los israelíes jóvenes (hombres y mujeres) armados en el autobús, conscientes de vivir en guerra, te das cuenta de que la situación es insostenible: pero no ya políticamente o geostratégicamente, sino humanamente.

Por ello, urge abrir un espacio para la política y para la diplomacia, para la razón y para el respeto a una legalidad que la Comunidad Internacional debe conseguir imponer con la misma contundencia a todas las partes.

Así, es urgente que se reactive el proceso de paz, pero más que hablar de proceso de paz habría que hablar ya de los pasos definitivos que hay que dar para llegar a un estadio de estabilidad de paz. Así, dejemos de hablar del “proceso” de paz, concepto que por su uso continuado ha sido vaciado de contenido y hablemos ya de cómo “alcanzar” la paz. Para ello hay que conseguir llegar a:

1. la existencia de dos estados democráticos: seguros y con fronteras estables y justas, con garantía de acceso de recursos básicos como el agua…
2. un marco de paz global, justa y duradera entre todos los países árabes e Israel a través de un diálogo político.
3. creación de un horizonte de respeto y de convivencia; de conciencia de pertenecer a una región y de ser capaces de involucrarse en ella (no como ahora que Israel parece que viva en una isla)
respeto absoluto a las resoluciones de Naciones Unidas y a la legalidad internacional.

Por otro lado, hay que hablar también de las circunstancias actuales. Si bien es cierto que no podemos volver a hablar tampoco de “ventana de oportunidad” no podemos negar que estamos ante una coyuntura que no podemos desaprovechar y que marca una diferencia sustancial respecto a escenarios anteriores: y es una administración norteamericana con una voluntad política clara de resolución del conflicto en la zona y de implicación y, sobre todo, con una legitimidad y una credibilidad frente a las dos partes que no se había dado hasta ahora.

La UE tiene que ser capaz de impulsar conjuntamente con EEUU esta esperanza: si en algún tema es imprescindible el multilateralismo es en este.; si en algún tema la UE debe configurar una posición común en política exterior es en este; si en algún tema hay que dejar de lado el tacticismo es en este.

Esta actuación urgente nos tiene que llevar a:

Defender juntos el relanzamiento de las negociaciones a diferentes bandas entre Israel y Palestina entre Israel y Siria, pero también con Líbano.

Para esto hacen falta medidas que den confianza a ambas partes como por ejemplo que

- se produzca la congelación de los asentamientos (aunque todos son contrarios al derecho internacional, tal como ha defendido Naciones Unidas) y que esta congelación o disminución de asentamientos progresivamente sea verificable de acuerdo con lo establecido en la hoja de ruta y de acuerdo con lo establecido por el propio Presidente Obama.

- Se produzca también el reconocimiento de la existencia de 2 Estados democráticos por parte de Netanyahu y aquellos sectores israelíes que todavía no están dispuestos a hacerlo.
Los países árabes den los pasos previstos en la hoja de ruta hacia la paz con Israel.


HABLEMOS DE GAZA (por su actualidad, por lo que podría tener de ejemplaridad)

En primer lugar, no puedo dejar de mostrar gran preocupación porque la situación no ha avanzado como hubiese sido deseable.

El Ministro Moratinos hablaba de la necesidad imperiosa de llegar a las 4 “erres” que me parece una manera muy gráfica de referirse a los puntos esenciales en los que hay que poner el énfasis:

- La reconstrucción (viviendas dignas, infraestructuras que garanticen la movilidad, infraestructuras educativas sanitarias…).
- La reapertura (hay que abrir la zanja) para que llegue la ayuda humanitaria.
- La reconciliación entre los palestinos. Está claro que el enfrentamiento entre ellos no les ayuda en nada.
- El retorno a la voluntad de alcanzar la paz lo antes posible, pero también (y esto seguramente es lo más importante) el retorno de los palestinos que siguen en el exilio, en la medida que son la potencial clase media de profesionales que podrían transformar el país.

En este sentido la resolución 1860 del Consejo de Seguridad recoge muy bien los objetivos que hay que perseguir, que no son otros que los ya remarcados: cese de fuego y violencia, retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza, asegurar el suministro y distribución de asistencia humanitaria, en definitiva, trabajar para una paz estable y duradera en la zona.

Tema de HAMAS: se presentó a las elecciones y ganó en unos comicios validados por la comunidad internacional que estuvo como observadora electoral. La campaña la gana hablando de cambio y sobre todo debido a la ocupación de Israel, pero sin pronunciarse sobre las cuestiones básicas que se le pedían.

A Hamas se le pide: reconocimiento de Israel; reconocimiento de los Acuerdos firmados ya por la OLP y la renuncia inmediata y absoluta de la violencia. Es después de haber ganado las elecciones que dice que no a todo, de manera que no practica una política continuista respecto a gobiernos anteriores y decide tirarlo todo por la borda.

Los propios palestinos se sienten engañados, ya que muchos moderados votaron a HAMAS pensando que iba a tener otra actitud cuando fuese partido de gobierno.

Principalmente en estos momentos lo que se le pide a Hamas es el reconocimiento de los acuerdos, pero ellos dicen que “respetan los acuerdos, pero que no los van a cumplir”… ¡¡¡esto no es aceptable!!! Entiendo que políticamente ellos sean reticentes a esta aceptación de los acuerdos, en la medida que fue lo que hizo precisamente la OLP y en ese momento empezó su propia decadencia… les da miedo que les pase lo mismo. Pero en cualquier caso, lo dicho: inaceptable.

Me parece especialmente importante destacar de nuevo: La división entre Gaza y Hamas; y Cisjordania y Fatah no tiene sentido, no conduce a nada, debilita la posición de Palestina y su credibilidad y viabilidad como Estado.

LA IMPORTANCIA DE SIRIA Y LÍBANO

Siria es sin duda una de las piezas clave en la zona, en la medida en que el conflicto con Israel tiene una base territorial muy fuerte (los Altos del Golán) y no tiene problemas de otro tipo, como refugiados, etc.

Sin duda, un acuerdo con Siria daría a la zona una estabilidad importantísima.

Para eso Siria tiene que dar un paso imprescindible: renunciar a la relación con Irán y Hizbollah.

Con respecto a Líbano, importante citar la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la necesaria aplicación constante de todo su contenido:

· Cesación del alto al fuego
· Respeto de la línea azul
· Desarme de todos los grupos armados del Líbano
· Ninguna venta de armas
· Determinar y hacer cumplir el claro mandato a la FPNUL

Es cierto que las partes incumplen en gran medida lo que la resolución indica, por lo que hay que hacer un mayor esfuerzo en esta dirección (por ejemplo, Israel sobrevuela el espacio aéreo libanés constantemente).

España está comprometida e implicada profundamente en esta cuestión en concreto. Han muerto 6 soldados españoles por dar cumplimiento a esta resolución y continuaremos presentes en la zona.


IRÁN

Por su tamaño, su envergadura y su influencia en los países árabes Irán es un país clave en la zona. Sin duda, su inestabilidad, ahora mayor que hace unos meses, y su actitud de reto permanente a occidente con el tema de las armas nucleares no ayuda.

Estoy segura que la resolución del conflicto árabe-israelí ayudaría a conseguir un alineamiento estratégico que frenara la proliferación nuclear. Muy al contrario de lo que muchos defienden o piensan.


CONCLUSIONES

Todos los conflictos de la zona están relacionados, pero el principal es el árabe-israelí: todo lo condiciona.

La región hay que concebirla como un espacio de vasos comunicantes en el que el conflicto palestino-israelí es un flujo continuo de inestabilidad que es utilizado de forma recurrente por las partes a la hora de justificar su no contribución a la paz como sujetos proactivos de la misma. Esto es aplicable a todas las partes, a los israelíes y a los árabes y palestinos. Precisamente la voluntad de ser proactivo ha de ser interpretada como un test de calidad a la hora de valorar y apreciar la sinceridad con la que se quiere contribuir definitivamente a la resolución del conflicto/s.


ASIGNATURAS PENDIENTES (o errores) DE PALESTINA
(Demostrar que son un Estado viable y que son capaces de articular institucionalmente un Estado democrático)

El incremento de la fuerza de los extremismos va en detrimento de avanzar hacia un escenario de paz.

La verdad es que el fracaso de los extremismos (pienso principalmente en HAMAS) se ha puesto de manifiesto de manera cruenta (igual que se pone de manifiesto en todo conflicto). Los extremismos no pueden entenderse con los otros y por eso mismo están condenados a no avanzar. La inflexibilidad en las posiciones y la legitimidad de la violencia, especialmente la que tiene un origen terrorista, nunca puede ser objeto de disculpa.

Palestina tiene unos lastres operativos que por el momento siguen pesando extraordinariamente, sobre todo en la desestructuración institucional de su comunidad y la ausencia de un tejido social propicio a soluciones no violentas (por ejemplo falta de una clase media más o menos consolidada con capacidad de interlocución y presencia públicas). Seguramente hay razones para que así sea, pero no quiero entrar ahora en ello…

También es cierto que los moderados, a su vez, fracasaron:

1. Fatah no supo renovarse y dar paso a generaciones más jóvenes y más cualificadas.
2. hubo corrupción en los asuntos públicos y una mala gestión de la propia imagen de la causa que defendían ante la comunidad internacional.
3. no hubo avance en el proceso de paz (Arafat se cerró en banda y en 1979 con los Acuerdos de Camp David de Israel con Egipto no se acaba de dar el paso definitivo), enrocándose en un papel de víctima –más o menos justificada- a la hora de tomar medidas que contribuyeran a andar en la dirección de la paz (aquí hay que recordar, por ejemplo, la seriedad de Anuar El-Sadat cuando afrontó personalmente su voluntad de llegar a los acuerdos de Camp David, reconociendo por primera vez por parte de un país árabe el Estado de Israel).

El peso de la religión que va en aumento, la desaparición de la idea de poder crear un Estado Palestino laico también nos aleja del objetivo deseado, puesto que es uno de los elementos esenciales, desde mi punto de vista, de todo Estado moderno.

Sin duda, la confrontación y la división entre HAMAS y FATAH en estos momentos no ayuda a Palestina y a sus ciudadanos. Esta incapacidad de diálogo y de colaboración entre ellos contribuye a poner en cuestión que la autoridad nacional palestina acabe convirtiéndose en un Estado viable.


ASIGNATURAS PENDIENTES (o errores) DE ISRAEL

La atomización de la sociedad israelí en los últimos tiempos y la dificultad de articular mayorías estables que sintonicen con una solución negociada que ponga fin al conflicto son problemas que empiezan a dañar la capacidad de interlocución real de Israel.

El Israel de hoy –especialmente su opinión pública y sus elites dirigentes- está cada vez más lejos del Israel de la fundación en 1948. Vivir bajo un escenario de permanente excepción y de tensión comienza a erosionar la fortaleza interlocutora del país como democracia homologable en términos absolutos con los países occidentales.

El creciente peso de los grupos ultraortodoxos y de los partidos que los organizan políticamente y la creciente debilidad de los partidos tradicionales (pensemos en el LIKUT y los LABORISTAS en su inicio), con rencillas internas que a veces son enfrentamientos de clanes, daña la imagen del Estado de Israel, laico y sionista, que nació el 15 de mayo de 1948. Esto es especialmente significativo debido a la pujanza de los emigrados provenientes de los antiguos países comunistas. Israel parece que está asumiendo una doctrina del “todo o nada” que impide soluciones de compromiso y negociación donde no puede haber vencedores o vencidos absolutos y todos tienen que hacer el esfuerzo de alcanzar acuerdos sobre la base de renuncias.

¿Hasta qué punto la democracia israelí es internamente lo suficientemente estable y homogénea en su articulación social como para, primero, alcanzar un acuerdo y, segundo, garantizar su cumplimiento duradero como sucedió, por ejemplo, en 1979 con los acuerdos de Camp David entre Begin y Sadat?

Además de la pérdida también de la idea de la laicidad del Estado (como decía, en 1948 se hablaba de la creación de un Estado laico y sionista y en estos momentos se reclama el reconocimiento de un Estado judío) desde mi punto de vista hay otro punto débil de Israel que hay que añadir y que tiene que ver con algo tan profundo y preocupante como es la vulneración de los derechos humanos:

Bloqueo de Gaza: no deja llegar la ayuda humanitaria, restricciones de agua y electricidad, generación de más pobreza, generación de tasas de paro altísimas….
Construcción del muro; establecimientos de controles que impiden la movilidad real de los palestinos, destrucción de infraestructuras, detenciones numerosas y constantes…
O los más de 1300 civiles muertos en Gaza.

Este estado de cosas provoca que la opinión pública occidental vea dificultades a la hora de considerar la democracia israelí como una democracia plenamente homologable de acuerdo con los principios y los valores que manejamos. De este modo se daña la imagen de Israel al sufrir un descrédito internacional. Es cierto que hay datos de enorme valor que pueden desandar esta tendencia, así, por ejemplo, la movilización que las ONG y la sociedad civil israelí sigue viva y activa; pienso en el gran trabajo que en este sentido han hecho y hacen la sección israelí de Amnistía Internacional, el Centro Legal para Derechos de las Minorías Árabes en Israel (Adalah), Planificadores de Derechos (Bimkom), Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados (B'tselem), Centro Legal para la Libertad de Movimiento (Gisha), Centro para la Defensa de las Personas (Hamoked), Médicos por los Derechos Humanos, Comité Público contra la Tortura en Israel y Voluntarios para los Derechos Humanos (Yesh Din) entre otros.

Aún así, tenemos que ser honestos con nosotros mismos: no podemos hacernos trampas. Por eso he querido remarcar cuestiones que quizás no nos gusta mucho oír, pero que es necesario explicitar, y es que tanto a Palestinos como a Israelíes, como a la Comunidad Internacional, nos queda trabajo que afrontar: hay problemas, debilidades, contradicciones, retos de futuro, en definitiva, de los que depende en gran medida llegar a una situación de paz estable en la zona.

Espero que seamos capaces de hacerlo juntos.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y FINANCIACIÓN LOCAL

Llevamos muchos meses de negociación de ambos modelos de financiación y muchas comparecencias celebradas en el Congreso y en el Senado para hablar tanto de la financiación autonómica como de la financiación local. Todos sabemos que las negociaciones han ido avanzando, avanzando efectivamente, en paralelo, con ánimo de poder cerrar ambas esta legislatura.

Ahora se ha alcanzado el acuerdo en la financiación autonómica, y de ello nos alegramos, porque llevábamos mucho tiempo negociando, y se ha resuelto un tema muy complejo, porque supone una mejora para todos los ciudadanos, porque es un modelo más equitativo, más equilibrado y
que garantiza mejor la cohesión social de nuestros ciudadanos, aumentando la inversión en los servicios sociales de primer orden.

No por eso olvidamos la necesidad de seguir trabajando, ahora, para la financiación local. Respecto a las necesidades del municipalismo: El Gobierno y el grupo parlamentario socialista está comprometido con los Ayuntamientos, y esto lo saben los alcaldes, los concejales y los ciudadanos. Es un compromiso efectivo aportando recursos, no sustrayendo ingresos como hicieron los gobiernos del PP.

Es este Gobierno el que viene compensando a los Ayuntamientos por la pérdida de ingresos consecuencia de la supresión del IAE.

Es este Gobierno el que ha beneficiado a 3.376 municipios de menos 20.000 habitantes con un fondo de 40 M€ creado la anterior legislatura y que en 2009 se ha incrementado en 20 M€ más.

Es este Gobierno el que aprobó en 2006 los anticipos a cuenta.

Es este Gobierno el que ha creado un Fondo Estatal de Inversión Local por valor de 8.000 millones de euros, con el objetivo de estimular la inversión y crear empleo confiando en los Ayuntamientos. Un Fondo que, el año que viene, repetiremos con 5.000 millones de euros.

No podemos aceptar, por tanto, que otras fuerzas políticas nos hablen de compromiso con los ayuntamientos y de sus necesidades: cuando de ellos ha dependido nada han hecho.

Respecto al nuevo modelo de financiación local el Gobierno viene trabajando con la Federación Española de Municipios y Provincias en un nuevo sistema que avance en la suficiencia financiera de las Entidades Locales. En mayo de 2008 se creó una Comisión Política Bilateral AGE-FEMP para esta reforma.

En su seno, se creó una Comisión Técnica de cuyos trabajos resultó un documento en el que se ponían de manifiesto los temas que había que considerar y algunas de sus posibles soluciones. En este sentido, las últimas demandas de la FEMP en la reunión política que tuvo lugar el 26 de febrero pasado han tenido ya su respuesta por parte del Gobierno con medidas concretas y rotundas como las recogidas en el Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril.

El Vicepresidente Tercero y Ministro de Política Territorial y el Presidente de la FEMP han anunciado la próxima convocatoria de la Comisión Política Bilateral en la que se está negociando la reforma del sistema de financiación local, una reunión que se enmarca en la fase final de la negociación del nuevo modelo.

¿Qué se espera del resto de fuerzas políticas? Pues esperamos que estén a la altura de las circunstancias y sean capaces de trabajar, construir, acordar y apoyar un nuevo modelo de financiación que garanticen unos buenos servicios públicos a los ciudadanos. En definitiva, que les aflore el sentido de la responsabilidad.

No me cabe la menor duda de que así lo harán con la financiación autonómica las CCAA gobernadas por el PP y con la financiación local los Ayuntamientos gobernados por el PP, como ya lo han hecho con el Fondo de Inversión Local. Ahora solo hace falta que dejen de hacer demagogia política con el tema.

LAS TECNOLOGÍAS COMO FACTOR DINAMIZADOR DE LA ECONOMÍA

La Proposición no de Ley que vemos en la comisión de economía apunta a uno de los problemas ya señalados en varias ocasiones por diversas instancias nacionales e internacionales, como son las dificultades de diverso tipo para la creación de empresas en España, incluyendo la constitución de sociedades. Se ha avanzado mucho en este sentido, aunque es cierto que queda un largo camino por recorrer.
El Gobierno consciente de ello y con la voluntad de cambiarlo ha creado en el marco del PLAN E y dentro de la Modernización de la economía un plan de empresas. Se ha constituido un grupo de trabajo que presentará una propuesta de reforma a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en breve, en el que estamos seguros de propondrán medidas que van en la misma dirección que esta iniciativa.
Hay que ser conscientes, de todas maneras, que los problemas económicos actuales no van a venir solucionados solo, ni mucho menos, por estas medidas que apuntamos en esta iniciativa, pero que duda cabe que agilizar y facilitar la creación de empresas sirve para dinamizar la economía, uno de los objetivos que compartimos desde el grupo socialista.
En este contexto, la PNL señala las dificultades para la inscripción de la sociedad en el registro mercantil, ya que este trámite exige previamente la comprobación que la denominación propuesta para la futura sociedad cumple los requisitos legales. Entre estos requisitos está la comprobación de que no coincide con la denominación de otra sociedad ya existente o de que no resulta contraria al ordenamiento.
Tal como sus señorías saben la valoración de si el nombre puede generar confusión o no, no es tan simple ni rápida, generando en muchas ocasiones incluso pleitos frente a los tribunales.
Sin duda, el uso de medios electrónicos es uno de los instrumentos cuyo potencial debe fomentarse con el objetivo de agilizar los trámites para la constitución de sociedades. Entre otras cosas, porque todo nuestro ordenamiento jurídico está cambiando en esta dirección, pensemos en la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos o en la trasposición de la directiva de servicios que actualmente está en tramitación en esta Cámara.
No obstante lo anterior, desde el grupo parlamentario socialista quisiéramos hacer las consideraciones siguientes sobre la redacción concreta de la proposición:
- Respecto al punto primero: El acortamiento de los plazos de expedición de los certificados puede requerir modificaciones adicionales en el funcionamiento del Registro Mercantil Central. Como saben es este Registro el único para toda España que realiza las certificaciones negativas. La media de respuesta actual es ya de 1 semana, pero está claro que se podría acortar más. Por ello, sería conveniente que la redacción de la proposición hiciera referencia a ello, en este sentido, hemos presentado una enmienda que busca el equilibrio entre la agilidad y la seguridad necesaria que todo sistema económico-empresarial exige.
- En el segundo punto nos ha parecido conveniente que en la misma dirección que la apuntada por la portavoz del grupo parlamentario popular, se cambiara ligeramente la redacción, incluso pienso que mejorándola. Así, se propone que se acepte la firma electrónica, en particular el DNI electrónico, como medio de acreditación de la identidad ante el Registro Mercantil, cosa que permitiría hacer los trámites a distancia, sin necesidad de personarse físicamente. Pensemos que actualmente ya hay más de 10 millones de personas que gozan de este DNI electrónico.
- En cuanto al tercer punto, que apunta al estímulo de la solicitud de nota previa informativa vía internet como medio para agilizar la certificación de denominación societaria, no resulta del todo claro el planteamiento que subyace a la proposición. Por ello, quizá, sería más clara y al mismo tiempo más ambiciosa una redacción que hiciera alusión a las vías telemáticas como instrumento de acceso a la información del Registro Mercantil (cosa que podría llevarnos incluso a que el Registro fuera público y accesible por cualquier persona que quisiera crear una empresa). Sin duda este paso ayudaría a agilizar el trámite que apuntábamos en el primer punto de la iniciativa, ya que el futro empresario conocería de antemano los registros existentes pudiendo ajustar su solicitud con conocimiento de causa.

LA LEY MARCO DE PRINCIPIOS GENERALES DE TRASPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS A DEBATE EN EL PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El proyecto de ley que debatimos hoy en el pleno supone un cambio de paradigma, un cambio de concepción de la relación que debe establecerse entre las AAPP y los ciudadanos.

De la regla general de exigencia de autorización previa para todo: por tanto, partiendo de una relación de desconfianza y de proteccionismo
Pasaremos definitivamente a un Estado que se fía de sus ciudadanos, porque los considera parte de él mismo, que les ofrece más libertad y les atribuye responsabilidades y que establece mecanismos de control, potenciando así la inspección posterior del cumplimiento de la ley.

Se establece, pues, una relación más democrática, propia de un Estado de derecho maduro: se da más poder, más libertad y más capacidad de acción a la ciudadanía al mismo tiempo que se le exige, también, una mayor responsabilidad.

Así, la relación entre el triángulo:
Aprobación de normas (por parte del Parlamento)
Cumplimiento de las normas (obligación que ahora recaerá en el ciudadano) y
Control de este cumplimiento (este es el papel reservado para la Administración)
Es una relación más equilibrada, donde la ciudadanía obtiene el protagonismo de uno de sus vértices.

La Administración deja de ser el centro sobre el que pivota toda acción, pasando a ser un instrumento al servicio de la ciudadanía. Es, pues, el ciudadano el centro de la economía y de su dinamización; y el Estado, instrumento favorecedor de esta actividad.

Señoras y señores diputados: hoy debatimos este proyecto de ley en el pleno de la cámara porque como país miembro de la UE se nos exige la trasposición de la directiva antes del 28 de diciembre, pero no solo por eso. Hoy debatimos este proyecto de ley, porque el gobierno y el grupo parlamentario socialista están convencidos de que el futuro de España pasa por la transformación de las AAPP como elemento potenciador de la actividad económica, la mejora de la productividad y como elemento primordial para garantizar la eficiencia y la eficacia de nuestra economía.

Prueba de ello son todas las iniciativas que en la misma dirección el gobierno socialista ha llevado a cabo durante las dos últimas legislaturas. Paradigmática es la ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos que proclamó por primera vez en nuestro país el derecho de los ciudadanos a comunicarse con las AAPP por medios electrónicos, lo que supuso la instauración de una nueva manera de entender las relaciones entre la sociedad y la administración. Se trata, como decía el Ministro Sevilla, de que la información y la documentación fluyan entre las Administraciones en vez de que sea el ciudadano el que vaya de ventanilla en ventanilla moviendo los papeles.

En la misma dirección debemos destacar también el Programa de mejora de la reglamentación, reducción de cargas y simplificación de los procedimientos que supone un avance en la modernización de las AAPP reduciendo los costes administrativos e incidiendo así en el aumento de la competitividad de las empresas. O la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios dando un paso en la consecución de la transparencia, la calidad y la eficiencia en la gestión de los servicios públicos.

Con todo ello, buscamos fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo, también, desde el sector público.

Señorías, el proceso de Modernización de España ha sido imparable durante los 30 años de democracia. Este proceso, permítanme que lo diga, ha estado caracterizado por dos elementos:

por un lado, hacer reformas estructurales, reformas profundas (como la que hoy traemos a debate). Muchas de ellas, así debemos reconocerlo, han venido de Europa, sin duda, un factor determinante para la modernización de un país que salía de 40 años de dictadura y de ausencia de libertades.
por otro lado, todas las reformas estructurales han tenido como hilo conductor la liberalización, la liberalización como factor de potenciación de la competencia, de potenciación y reconocimiento de derechos y libertades.

Este proyecto de ley, conocido como ley paraguas, es una primera fase de la trasposición de la directiva de servicios. Supone el marco general y el establecimiento de los principios básicos sobre los que deberemos desarrollar las futuras modificaciones del ordenamiento jurídico de adaptación a la normativa comunitaria. Así, este proyecto de ley, va a estar complementado por otro proyecto de ley llamado “ómnibus” que aborda las reformas sectoriales de 47 leyes estatales.

ENTRANDO EN EL CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.

Señorías, una de las bases sobre las que se sostiene la construcción de la Unión Europea son las 4 libertades ya aprobadas como tales en el Acta Única Europea de 1986: libertad de circulación de bienes, de capitales, de servicios y de personas. Este proyecto de ley que debatimos hoy aquí supone el avance y la plasmación de una de estas libertades fundamentales: la libertad de establecimiento y la libre prestación de los servicios con el objetivo de establecer un auténtico mercado interior.

El reconocimiento de esta libertad, en ningún caso, supone afectar a ningún otro derecho, ni derechos sociales, ni derecho de los trabajadores, ni derechos lingüísticos, ni derechos fundamentales. Éstos están ya regulados en otras normas de nuestro ordenamiento jurídico.

Para ser gráficos en lo que va a significar esta nueva regulación: si una norma establece que para abrir un taller de reparación de coches debo cumplir medidas sobre recogida del aceite o sobre el tratamiento de residuos tóxicos, ¿por qué hay que dar una licencia que diga que efectivamente se cumplen estas normas? El ciudadano conoce la ley y, por tanto, la debe cumplir. Aquí no hay autorregulación, la regulación existe y todos sabemos que debemos cumplirla. Además, hay después un control posterior por parte de la Administración que nos da seguridad.

Ahora bien, para esto, será necesario que todas las AAPP, las empresas, las organizaciones de consumidores y usuarios trabajemos conjuntamente haciendo un esfuerzo enorme de sistematización, de transparencia y de garantías de lo que se debe cumplir. Sólo así seremos capaces de crear un marco de seguridad que realmente potencie la actividad económica.

En paralelo, hay un eje clave que hay que abordar en serio: la modernización de las AAPP; esto es, simplificación de procedimientos, posibilidad de realizar todos los trámites electrónicamente o eliminación de trabas y barreras procedimentales. Como ya he comentado, tenemos buenos ejemplos en España de medidas en marcha como la red 060 y la creación en el Ministerio de industria de los Puntos de asesoramiento e inicio de tramitación (los llamados PAIT).

Asimismo, para alcanzar el objetivo de potenciación de la economía se suprimen los regímenes de autorización previa y también se suprimen los procedimientos y formalidades onerosos, que obstaculizan la libertad de establecimiento y la creación de nuevas empresas de servicios.

Esta ley va a suponer una pieza clave en pro de la lealtad institucional y la COOPERACIÓN interadministrativa. En primer lugar, una cooperación entre todos los Estados miembros que favorezca la mejora de la calidad de los servicios y la simplificación administrativa, pero también, en segundo lugar, una estrecha cooperación entre las Administraciones españolas. En la medida en que habrá una Administración (una ventanilla única electrónica o de acceso a distancia) responsable frente al ciudadano, más que nunca tendrá que haber un trabajo de colaboración estrecha puertas adentro, una relación de confianza entre AAPP con vocación de servicio.

Finalmente, el proyecto de ley se ocupa de garantizar la calidad de los servicios, comprometiéndose a elaborar políticas que garanticen esta calidad.

SOBRE LAS ENMIENDAS A LA TOTALIDAD PRESENTADAS POR IU Y BNG

Desde el grupo parlamentario socialista pensamos que las enmiendas a la totalidad presentadas no suponen un rechazo de plano de la iniciativa legislativa. No estamos ante la trasposición de la Directiva de Servicios Bolkestien neoliberal, sino ante una trasposición de una directiva Gebhardt socialdemócrata y liberal, que sufrió muchos cambios en la tramitación del Parlamento Europeo gracias al grupo socialista, potenciando la competitividad, pero al mismo tiempo la cohesión social, introduciendo elementos de protección del consumidor, excluyendo varios sectores como el derecho laboral, o eliminando el principio del país de origen. No hay desregulación, sino mejora de la regulación.

Asimismo, tampoco creemos que presentar este proyecto de ley como norma que invade competencias de las CCAA sea ajustado a la realidad. De hecho, las afirmaciones que se recogen son una presunción, casi un prejuicio político diría, a no ser que pensemos que la Unión Europea está invadiendo competencias, debate que escapa a esta intervención.

Por el contrario, se ha sido especialmente riguroso en el establecimiento de las bases, y el proyecto de ley no impide en absoluto que cada administración haga la correspondiente trasposición de acuerdo con sus propias competencias.

Pensamos, por todo lo dicho, que en estas enmiendas a la totalidad que hoy debatimos se plantean temas concretos que seguro pueden ser reconducidos en el trámite de enmiendas parciales.

Para finalizar, desde el grupo parlamentario socialista queremos aprovechar este trámite para:

en primer lugar, expresar nuestra satisfacción con la llegada de este proyecto de ley a la cámara por su contenido ambicioso, las ventajas que inspiran sus principios, que vienen entre otras cosas a reforzar el mercado comunitario, mejorar la productividad, el crecimiento y la competitividad, reducir las cargas administrativas, impulsar la modernización de las administraciones públicas o garantizar una mejor protección de los derechos de los consumidores y usuarios de servicios.
en segundo lugar, mostrar la satisfacción de estar construyendo Europa, una Europa que ha sido capaz de ponerse de acuerdo y que está dispuesta a armonizar sus respectivas legislaciones en esta materia, a cooperar y a colaborar a favor del ciudadano.
en tercer lugar, me gustaría que este trámite sirviera para poner las bases de inicio del trabajo parlamentario, de un proceso legislativo a la búsqueda del máximo consenso entre todos los grupos de la cámara.
y finalmente, para afirmar que estamos seguros de que con el trabajo conjunto y a la luz de todas las enmiendas presentadas, mejoraremos el texto.

Solo me gustaría pedirles a todos los grupos de la cámara que en esta tramitación aparquemos los miedos: el miedo al cambio, el miedo a la libertad y el miedo a la asunción de responsabilidad.

Muchas gracias.

MELILLA: TIERRA DE ALIANZA DE CIVILIZACIONES

(Intervención en la Comisión mixta para la Unión Europea 16/06/2009)

El grupo parlamentario socialista considera esta proposición no de ley especialmente oportuna y adecuada.

Tuve oportunidad de conocer bien Melilla en un viaje que hicimos un grupo de diputados del Congreso para acercar así la Península a Melilla. Fuimos en el marco de unas jornadas organizadas por el Partido Socialista llamadas “Comprometidos con Melilla” para conocer mejor una realidad que nos queda lejos geográficamente, pero no políticamente y no en cuanto al compromiso que los socialistas sentimos con la ciudad. Dionisio Muñoz, el secretario general del PSOE allí nos permitió conocer, dialogar y aprender de los ciudadanos melillenses.

Una de las cosas más palpables del viaje fue −además de las joyas arquitectónicas modernistas que hay diseminadas por toda la ciudad− precisamente como la realidad de allí nos muestra una tierra que es encrucijada de culturas, de civilizaciones, de lenguas, de tradiciones… y cómo la convivencia con toda esa riqueza y diversidad es posible.

Sin duda, uno de los retos del siglo XXI va a ser la gestión de la complejidad, la gestión de la diversidad, la gestión de la diferencia. Intentar homogeneizar el mundo es y va a ser imposible. Pero es que además de imposible, empobrecedor, conservador y poco ambicioso. Solo el miedo al diferente nos conduce a intentar combatirlo, a identificarlo como un problema, como un enemigo. Y ese no es el camino, porque es un camino sin salida.

En un mundo global como en el que estamos la apuesta por el respeto a la diferencia es un elemento fundamental, para evitar conflictos, pero también para resolver conflictos existentes enquistados. Y esta es la apuesta que hemos realizado desde el gobierno. Frente al choque de civilizaciones, que supone una actitud determinista y de resignación frente a las dificultades, apostamos por el entendimiento, apostamos por el diálogo y la alianza.

Desde esta concepción el Presidente del gobierno lanzó ya la anterior legislatura un concepto que pretende poner las bases relacionales entre los países: el concepto de la Alianza de Civilizaciones. Desde nuestro punto de vista muchas son las organizaciones internacionales que han estado trabajando en esa dirección durante décadas (pensemos en la propia Naciones Unidas o la UNESCO) haciendo que el conocimiento cultural, étnico, lingüístico, religioso ayudara al entendimiento mutuo, al respeto y a la paz.

Con la propuesta del gobierno de España de la Alianza de Civilizaciones, no se proponía tan solo un mero diálogo entre civilizaciones, sino un compromiso activo. Esto es, una acción frente a la intolerancia, el radicalismo o el fundamentalismo y al mismo tiempo una acción también por el reconocimiento, el respeto, el encuentro y la paz.

Lo podríamos resumir en dos premisas fundamentales que pronunciamos poco y que en abstracto podríamos formular de la siguiente manera:

1. debemos centrarnos en las similitudes, en lo que compartimos, más que en las diferencias o los conflictos (por ejemplo, todas las religiones tienen en común grandes conceptos: el amor al prójimo, la misericordia, la justicia…).

2. debemos pensar en todo lo que podemos aprender del otro (tener claro que es una relación bidireccional) y, al mismo tiempo, qué es lo que nos gustaría que el otro aprendiera de nosotros.

En este sentido, hay unos temas que debemos trabajar con absoluta prioridad:

Educación: el conocimiento del otro, el tener instrumentos intelectuales para enfrentarse a cualquier análisis, es imprescindible. La potencialidad de un país depende directamente de la formación que alcancen sus ciudadanos.
Juventud: es la franja poblacional por la que hay que apostar. Es importante que tengan posibilidad de formarse bien, pero al mismo tiempo, de viajar y de conocer. El intercambio y el poder construir relaciones personales con gente de otras sociedades será fundamental para la futura construcción de un diálogo fluido entre civilizaciones.
Religiones: debemos ser capaces de identificar acciones concretas que podamos desarrollar de forma común para construir en colaboración una seguridad compartida. La aportación espiritual, moral y social de las religiones, tal como hemos comentado, pueden tener mucho en común.
Medios de comunicación: son un instrumento primordial para fomentar el conocimiento mutuo de las distintas religiones, culturas y sociedades en general. Puede contribuir a hacer desaparecer las divisiones o las confrontaciones. Las nuevas tecnologías sin duda pueden contribuir también a un mayor entendimiento intercultural. Aun así, no olvidemos que también los medios pueden contribuir a todo lo contrario, reforzando estereotipos y dividiendo todavía más a las sociedades. Debemos trabajar para que esto último no ocurra.

Así, la ciudad autónoma de Melilla puede representar muy bien estos valores de convivencia y de entendimiento. Geográficamente la ciudad está en el continente africano, haciendo frontera con un país musulmán, con otra religión por tanto, otras costumbres, otra cultura, otras lenguas.

En este sentido, el punto primero de la iniciativa parlamentaria nos parece adecuado, puesto que es de manera singular una muy buena representación de la diversidad cultural mediterránea.

Respecto al segundo punto el grupo parlamentario socialista ha presentado una enmienda de modificación, ya que el redactado inicial no parece viable.

Nos parece pertinente apostar por hacer más presente a Melilla en la actividad de la Unión Europea. Por ello instamos al gobierno a que durante la presidencia europea se trabaje para que Melilla sea punto de encuentro para la celebración de foros de debate o seminarios en el ámbito de la cooperación de la UE.

PER UNA EUROPA SOCIAL, REFERENT DE L’ESTAT DEL BENESTAR


Ens trobem en un moment cabdal, PLE DE REPTES I PLE D’OPORTUNITATS. Aquests reptes en la seva major part són globals i per això cal articular també una ACCIÓ global, coordinada entre tots els nivells d’administracions, especialment amb la Unió Europea, si no, no farem res de res.

Hem de treballar perquè EUROPA NO SIGUI DÈBIL, i per contra, que s’erigeixi com un dels actors principals al món. Per això és important que els valors i principis socialdemòcrates siguin majoritaris a les seves institucions, perquè només així podrem treballar de debò pels ciutadans. Per això es fa imprescindible que:

Europa sigui governada pels que creiem en els poder públics (ara més que mai els ciutadans demanen respostes als poders públics). Segur que som imperfectes, però la immensa majoria treballem per l’interès general, pensant que cada decisió que prenem beneficiï al màxim de gent possible. El poder desaforat d’alguns sectors privats, recolzats per la dreta, ens han conduït on som.

Europa sigui governada pels que creiem en Europa, en l’acció conjunta i no merament individualista, perquè només units tindrem una sola veu que pugui ser escoltada per la resta del món: parlar amb els EEUU d’igual a igual, ara amb una administració Obama sensible al multilateralisme i a l’estat del benestar, i parlar al mateix temps amb altres actors internacionals com la Xina, la India, Rússia, amb els que ens haurem d’entendre.

Aquesta Europa unida es pot construir des del Partit Socialista Europeu, perquè som europeistes i internacionalistes, perquè treballem pel diàleg cultural (bon exemple d’això es l’Aliança de Civilitzacions) i perquè compartim plegats una manera d’entendre el món.

Europa sigui governada pels que no tenim por als canvis i potenciem sempre les regulacions que potencien nous models foragitant aquells que s’han demostrat fallits. Cal impulsar també des d’Europa, una economia sostenible, que acabi amb l’especulació i l’enriquiment d’uns pocs. Per això voldria oferir-vos algunes de les coses per les que treballarem tots els socialistes plegats a partir del 7 de juny i des del Parlament Europeu:

a) Un nou model financer i econòmic, més regulat, més transparent i més sòlid. Prioritzant la lluita contra el frau fiscal i fent desaparèixer els paradisos fiscals. Per aquest canvi de model serà cabdal abordar tres àmbits amb absoluta prioritat: les infraestructures (apostar per una política energètica comú i per unes millors comunicacions tecnològiques i logístiques); l’educació (hem d’acabar amb el fracàs escolar i potenciar la formació continua al llarg de la vida. Hem de dignificar la formació professional. I sobretot, cal prendre consciència que els joves del nostre país han d’estar ben preparats perquè actuen en un mercat global); innovació, desenvolupament, creativitat (només apostant per la recerca serem competitius).
b) Pacte Social Europeu de Progrés per tal de fixar estàndards educatius, sanitaris, socials i d’accés als serveis públics. Potenciar també la negociació col·lectiva en l’àmbit europeu. Fer que els drets dels treballadors siguin garantits arreu i sobretot que la igualtat entre home i dona en el món laboral sigui radical.
c) Potenciar l’aprovació d’una Directiva sobre els Drets en serveis sanitaris
d) Ampliar el Programa Erasmus per tal que també s’estengui a l’àmbit de la Formació Professional. Val la pena destacar aquí el projecte pioner que ha dut a terme l’Ajuntament de Barcelona en els darrers dies.
e) Proposar una estratègia de la UE sobre drets de la Infància
f) Enfortir el Pacte Europeu de la Joventut

Hi ha molts més temes pels que caldrà treballar dur els propers anys des del Parlament Europeu. Tots ells necessiten d’una visió progressista, d’uns valors i principis que prioritzin l’estat del benestar en benefici dels ciutadans que ha caracteritzat Europa fins ara. Europa no pot deixar de ser un model referent per la immensa majoria de països en vies de desenvolupament. Hem de ser capaços de demostrar-nos a nosaltres mateixos i a aquells que ens miren que el model social que hem impulsat és l’únic viable i és pel que val la pena seguir lluitant.

Anar a votar el 7 de juny per l’opció del socialisme és dir:

sí al sector públic davant d’un sector privat desbocat,
sí a les institucions de la Unió Europea, perquè creiem en polítiques globals pels reptes de futur i
sí a un canvi de model econòmic sostenible per fer que aquest respongui a les necessitats de la majoria, no a la cobdícia d’uns pocs.