LA POLÍTICA LO HACE POSIBLE

De un tiempo a esta parte las buenas noticias no han dejado de llegar desde Euskadi. Tiene especial valor ahora, cuando estas no abundan debido a la crisis y sus graves consecuencias. No voy a incurrir en el error de idealizar aquello que se observa desde la distancia, entre otras cosas porque no la siento así. No en balde quiero seguir compartiendo un espacio político común que nos permita seguir trabajando juntos. Por todo ello, voy a aportar la mirada de quien ve el bosque desde fuera, aprovechando la oportunidad que ofrece esta circunstancia.

¿Cómo se perfila ante mis ojos la Euskadi de hoy? Primero, como un lugar donde hay más libertad desde el fin del terrorismo. Aquellos que no hemos vivido la violencia en propia piel no somos capaces de dimensionar en sus justos términos lo que su fin ha supuesto. Se ha conseguido además sin ningún intento de capitalización del éxito y se ha priorizado así el éxito social al rédito electoral.

Segundo, es un territorio con más crecimiento económico debido a un esfuerzo colectivo. Todos -poderes públicos, empresarios y trabajadores- han hecho de la innovación y de la inversión en investigación ejes esenciales de su actuación. Ha habido acierto en la identificación de dónde se encontraba el valor añadido y cómo el captar conocimiento y apostar por los avances tecnológicos debían ser incorporados como prioridades.

En tercer lugar, ha sido posible, en consecuencia, una mayor cohesión social. Ese modelo económico más competitivo volcado en la generación de riqueza ha revertido después en la ciudadanía y su bienestar. Se ha mantenido una inversión social sobre el PIB en la media de la Unión Europea, muy por encima del resto de España; se prevé una renta básica de ciudadanía; hay un desempleo muy por debajo del resto del Estado, entorno al 12%. Y, además, el sistema educativo tiene unos resultados envidiables.

Cuarto, se ha trabajado para construir más sociedad y más ciudadanía. Lo mejor del Gobierno del lehendakari Patxi López han sido los intangibles: aligerar la atmósfera política con su “desnacionalización” y discutir sobre lo esencial: la política social, educativa, industrial o de inversión en innovación en una suerte de secularización de lo público frente a los que trasladan las reglas teológicas a la política.

Con todo, lo más destacable de la imagen que proyecta hoy Euskadi es que ha logrado estos activos sin deslumbramientos partidistas, ni acciones grandilocuentes. Ha sido consecuencia de algo que escuché a Felipe González cuando afirmaba que la política es “el arte de gestionar el espacio público que compartimos”. Y es que estos años de gobierno que han cambiado la faz de Euskadi han reflejado una concepción de la política en que las prioridades han descansado sobre la tenacidad en el trabajo; la búsqueda de la igualdad de oportunidades y la justicia social; la consagración de una libertad de todos y para todos, y siempre fiel al ideario del republicanismo cívico que sitúa al ciudadano en el corazón de las decisiones políticas.

Publicado el 5 de octubre de 2012 - Periódico Deia

Intervención - Comparecencia del Secretario de Estado de Administraciones Públicas para exlicar las líneas generales de actuación de su Departamento.

Señor presidente, creo que esta Comisión tiene como objetivo el control al Gobierno y espero que ejerza la Presidencia con generosidad, dada la amplitud de los temas tratados en la comparecencia. Señor secretario de Estado de Administraciones Públicas, señor Beteta, bienvenido a su Comisión en esta primera comparecencia que realiza en esta legislatura.

El Grupo Parlamentario Socialista quiere empezar trasladándole una preocupación, porque seguramente una de las cosas que compartimos todos los grupos parlamentarios de esta Cámara es la necesidad que tiene España de generar confianza frente a la Unión Europea y frente a los agentes económicos. Precisamente, uno de los parámetros fundamentales para la credibilidad de un país es el grado de fiabilidad de sus administraciones públicas que lo sostienen. Como usted decía, son la garantía de su solidez y de su estabilidad. En cambio, contrasta con lo que su Gobierno hace desde los cargos que ocupan, proyectando sombras de duda constantemente en todos los ámbitos que representan y que significan estas administraciones públicas.

Los funcionarios y los empleados públicos hacen más cosas, además de trabajar, y me refiero a comentarios que usted mismo hizo aunque después matizó. La Administración está sobredimensionada, hay demasiada estructura, hay demasiado personal, es ineficaz e ineficiente. En su comparecencia ha dicho literalmente que el buen funcionamiento sigue siendo un reto. Las comunidades autónomas serán intervenidas y no nos temblará la mano —en palabras suyas—, dando por hecho su mal hacer. Supongo que pensaba en el trabajo que usted hizo como consejero de Economía en la Comunidad de Madrid, porque extraviar 2.000 millones parece que no es muy fácil. Las entidades locales también sobran o tienen que fusionarse o son inviables o tienen que desaparecer o mermar su autonomía local, porque, al fin y al cabo, no son de fiar. Nos parece que este enfoque que afecta —como decía— a todos los ámbitos de su competencia no es un buen inicio en su trabajo en la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y precisamente porque solo llevamos seis meses de legislatura, desde el Grupo Parlamentario Socialista le pediríamos que cambiara esta actitud y que redireccionará un enfoque completamente distinto.

Vamos por partes. En mi intervención quiero hacer referencia a todos los temas que usted ha comentado, a la Función pública y a los empleados públicos, a la organización propiamente de la Administración pública, a la relación con las comunidades autónomas y a la relación con las entidades locales, y veamos que hay alternativas, que hay otra manera de hacer las cosas y que hay otros enfoques posibles. Sobre la Función pública, la verdadera mejora que se incluye en el Estatuto básico del empleado público es precisamente establecer y desarrollar un sistema de evaluación del desempeño. Usted solo ha hecho mención a ello cuando hablaba del estatuto del directivo, pero es que esta evaluación del desempeño precisamente lo que hace es asegurar una retribución variable asociada al mismo, al desempeño, algo que, sin proyectar sombras sobre el sistema actual, mejora la productividad, pues asocia directamente el gasto público con el cumplimiento de objetivos. Por ello el anterior Gobierno impulsó pruebas piloto y aplicación de esta evaluación del desempeño en distintos ámbitos. Nos gustaría saber cómo está este tema, porque después de las pruebas piloto lo que cabría esperar es que el Gobierno hubiera empezado a implantar de manera mucho más generalizada o al menos en determinados sectores esta evaluación del desempeño.

Por el contrario, el Gobierno exige —supuestamente— aumentar la presencia y los horarios —esa es su máxima obsesión—, pero sin proyectos en políticas públicas y sin ideas, lo cual a efectos de productividad parece un despropósito. Lo único que consigue esta medida, desde nuestro punto de vista, es precisamente la estigmatización del empleado público. Es pura y llanamente una medida punitiva que ahonda en su desprestigio; es trasladar a la ciudadanía que no trabajan lo suficiente. Tanto es así que una de las primeras medidas que su Gobierno aprobó fue un decreto-ley de diciembre de 2011 en el que establecía que el horario en la Administración General del Estado tenía que pasar de treinta y cinco a treinta y siete horas y media, ignorando por tanto totalmente que el horario en la Administración General del Estado ya era de treinta y siete horas y media. Pero no solo no hay rastro de la evaluación del desempeño, tampoco de un sistema de evaluación del cumplimiento de objetivos y una motivación de los recursos humanos para cumplir estos objetivos. Además ya previeron en los Presupuestos Generales del Estado la eliminación de la acción social y la disminución sustancial de las partidas para su formación. Usted ha hablado hoy de una mayor tecnificación. ¿Qué quiere decir? Porque si elimina la formación continúa que necesitan los empleados públicos, me parece que la tecnificación es difícil que se vaya a alcanzar. En definitiva, quiero trasladarle, señor Beteta, si de verdad se creen que así se conseguirá más eficiencia y calidad en la prestación de los servicios. Me gustaría saber cuál es la ganancia real de todas estas medidas impulsadas. Y por cierto, ¿van a recortar los sueldos de los funcionarios, como les recomienda el FMI, antes de fin de año? ¿Qué medidas va a tomar para la reducción de gastos de personal para 2013?

A todo esto le sumamos la regulación de una reforma laboral sobre despidos, a la que no quiero volver a hacer referencia porque se ha debatido en esta Cámara en otras ocasiones. La guinda ha sido la propuesta de resolución sobre ordenación del tiempo de trabajo personal al ser- vicio de la Administración General del Estado. En esta resolución —que ciertamente no ha sido aprobada todavía— se establece un código de buenas prácticas de los directivos públicos, que en realidad se resume simplemente al control del cumplimiento de los horarios, nuevamente haciendo que la gente sospeche sobre el cumplimiento de los horarios de los empleados públicos. Recoge el código de conducta que ya está establecido en el Estatuto básico del empleado público —por tanto en una ley, no entiendo por qué una resolución lo tiene que reproducir—. Afecta de plano a la conciliación. Se llenan la boca de ayuda a la natalidad, a los padres y madres que quieran tener hijos, pero hacen todo lo contrario cada vez que tienen ocasión aprobando alguna norma. Pretenden modificar extremos regulados por ley mediante esta resolución, como por ejemplo los días de antigüedad previstos en el artículo 51 de la Ley 53/2002. Señor secretario de Estado, no quiero ahondar en ello porque me imagino que está recibiendo un alud de sugerencias o de observaciones de todos los ministerios y que por tanto todo ello, y de manera mucho más extensa, ya se lo estarán trasladando.

En definitiva, en toda la secuencia de propuestas normativas que han impulsado hay una gran coherencia, que es el desprestigio de lo público, el estrangulamiento y la asfixia de las administraciones públicas, la devaluación del trabajo de los funcionarios y de los empleados públicos, promover el despido de los trabajadores, buscando por tanto una final privatización de los servicios públicos. El enfrentamiento que generan constantemente entre trabajadores del sector público y trabajadores del sector privado desde nuestro de vista es inadmisible, ya que merma la convivencia ciudadana y la visión positiva que las instituciones democráticas de nuestro país necesitan más que nunca.

Respecto al tema de las administraciones públicas también usted ha hecho referencia al incremento de personal, pero nunca especifica dónde ni en qué sectores se ha producido este incremento de personal. En todo caso, señor secretario de Estado, desde el Grupo Parlamentario Socialista no pensamos que las administraciones públicas de nuestro país estén sobredimensionadas o que sobren empleados públicos o que sobren administraciones públicas. (La señora Madrazo Díaz: Así estamos y así nos va). En absoluto, no lo están en comparación con Estados de nuestro entorno, según las estadísticas de la OCDE, pero tampoco lo están por las necesidades reales que los ciudadanos nos reclaman y necesitan cada día, máxime en una crisis económica, de servicios públicos a la altura para cubrir sus necesidades.

El anterior Gobierno implantó un cambio de modelo aprobando unas buenas bases que requieren desarrollo —y usted también ha hecho referencia a ello—, un Estatuto básico del empleado público. Ha hablado sobre una futura ley de empleados públicos o de una ley de Función pública de la Administración General del Estado y del estatuto del directivo. Nos ha hablado muy someramente de su contenido, por lo que, si puede ampliarlo, se lo agradeceríamos, y sobre todo nos gustaría que trasladase a la Cámara la previsión del calendario para estas normas.

Aprobamos también una Ley de Agencias que implicaba un cambio de paradigma de la evaluación del trabajo en el sector público, poniendo el énfasis en la obtención de resultados y en la rendición de cuentas. ¿Qué tienen previsto en esta materia? ¿Van a desarrollar esta Ley de Agencias? ¿Van a crear más? ¿Van a modificarla? ¿Van a optar por otra estrategia? También creamos la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos —ha hecho referencia a ello—, que ha permitido el desarrollo de un nuevo derecho, la agilización administrativa en muchos ámbitos y el mejor acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, gracias a una inversión continuada y muy fuerte que se hizo durante los primeros años de su desarrollo. Usted nos ha hablado de un plan estratégico aprobado, pero nos gustaría conocer en qué consiste este plan estratégico y qué tienen previsto para culminar el desarrollo y la aplicación definitiva de esta Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Había asimismo en la anterior etapa un Plan de reducción de cargas administrativas y simplificación administrativa, que de hecho venía ligado a un acuerdo del Consejo Europeo de primavera de 2007, en el que se decidió convertir la simplificación administrativa en una de las líneas de acción prioritarias en la política económica europea. En concreto, se acordó reducir estas cargas administrativas en un 25% para 2012, lo que suponía para España más o menos 15.000 millones de euros. En diciembre de 2011, tras seis acuerdos de Consejo de Ministros y varias medidas más, habíamos alcanzado ya los 11.000 millones de reducción. Nos gustaría saber qué están haciendo para alcanzar ese objetivo marcado del 25%, que imagino que es uno de los elementos que más les preocupa, porque medidas como esta suponen realmente una reducción del coste de manera nítida, facilitan la vida al ciudadano, respetan acuerdos europeos —por tanto, aumento de confianza y de credibilidad ante Europa— y modernizan y mejoran el funcionamiento de nuestra Administración pública, que es el objetivo que tenemos todos.

Respecto a las comunidades autónomas, es verdad que usted aquí ha hecho una soflama en favor de las mismas, pero es verdad que siempre que se habla de ellas exclusivamente hablamos de duplicidades en la representación, duplicidades administrativas, duplicidades en las competencias. Ha vuelto a repetir lo de una Administración, una competencia. Señor Beteta, desde el Grupo Parlamentario Socialista le pedimos encarecidamente que dejen la brocha gorda. ¿Qué quiere decir esto de una Administración, una competencia? Empecemos a concretar las cosas porque no sabemos de qué estamos hablando y por tanto el debate es imposible en esos términos. ¿Que un ayuntamiento, una comunidad autónoma y eventualmente el Estado hicieran una guardería es una duplicidad, es un solapamiento? Porque no hay guarderías suficientes para todos los niños que hay en estos momentos en España. ¿Que las tres administraciones desarrollen acciones culturales es una duplicidad, es un solapamiento? ¿Que ejerzan y presten servicios sociales es una duplicidad o es un solapamiento? ¿De qué estamos hablando exactamente cuando habla de una Administración, una competencia? Por no recordarle que la inmensa mayoría de las competencias tienen distintas funciones ejercidas por distintas administraciones y esa es la esencia medular de nuestro Estado autonómico. Por tanto, ¿de que estamos hablando cuando decimos una Administración, una competencia? La frase, el eslogan, el titular está muy bien, pero es que llevan seis meses con el titular. Empecemos a concretar, por favor, señor secretario de Estado.

Respecto a las entidades locales, de manera muy somera nos ha anunciado una nueva ley reguladora de bases de régimen local ambiciosa, pero en realidad lo único que hacen es aplicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, porque su ambición empieza y se agota con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Más allá de la sostenibilidad presupuestaria, la austeridad, la reducción del déficit y la reducción del gasto, no tienen ningún otro proyecto; de hecho, hasta incluso nos ha vuelto a explicar la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su intervención, cosa que no habría hecho falta porque creo que todos nos la hemos leído reiteradamente.

Con los entes locales pasa exactamente igual, señor Beteta. La reclamación de fondo del mundo local, el consenso unánime que existe en la Federación Española de Municipios y Provincias va mucho más allá de lo que usted está planteando. ¿Para cuándo vamos a abordar los grandes retos del siglo XXI de la Administración local, señor Beteta? Porque lo que usted ha anunciado aquí no representa ni da respuesta a las necesidades, a los problemas de fondo y al diagnóstico que desde hace años se ha hecho ya en el mundo local.

Respecto del pago a proveedores, no le voy a decir gran cosa. Sabe que compartíamos la medida, aunque pensamos que ha estado mal gestionada, mal diseñada y que finalmente ha sido muy cara, por lo que ustedes se habían comprometido con las entidades locales, pero le quiero decir que este grupo parlamentario ha trasladado al Gobierno más de quince preguntas parlamentarias, solicitudes de información en aplicación del artículo 7 del Reglamento, y las respuestas que ha obtenido del Gobierno —se lo digo en esta Cámara y con toda claridad— son vergonzosas. Hay más información en el Plan nacional de reformas de la que ustedes han trasladado al Parlamento español y creo que un diputado de esta Cámara no tiene que recibir más información vía un plan nacional de reformas enviado a Bruselas que mediante las preguntas que, en este caso, esta diputada ha formulado al Gobierno.

En definitiva —y con esto acabo, señor presidente—, la confianza que queremos recuperar precisamente en Europa y de los agentes económicos no vendrá de la confianza en el Gobierno sino de la confianza en el país, y por eso denigrar instituciones, denigrar a los empleados públicos no genera confianza en nuestro país. Todas las reformas que han propuesto hasta ahora y las que ha expuesto en su intervención tienen, como le decía, un único objetivo, un objetivo economicista, pero —como usted también ha dicho en otras ocasiones— hay que hacer las cosas por convicción no por necesidad. Por tanto, entiendo que su única convicción es la austeridad, es la reducción del gasto y la reducción del déficit, pero no tienen más proyecto. Este Parlamento esperaba más de su Gobierno, esperaba un auténtico plan nacional de reformas en profundidad, de reformas que no tuvieran el único objetivo de reducir gastos, sino también el de abordar los retos que necesitan nuestras administraciones públicas del siglo XXI. Su horizonte reformista, para entendernos, se agota en los ajustes, desde nuestro punto de vista. Es un momento de crisis económica —es verdad— y esos ajustes son necesarios, pero precisamente porque estamos en un momento de crisis económica hay más miedos, hay más incertidumbres, hay más desigualdad, más marginación, menos cohesión social y más necesidades. Desde nuestro punto de vista, solo hay un camino para afrontar esto, que es más política, más diálogo, más debate, más acuerdos, más visión de futuro, más tiro de largo alcance y más reformas en profundidad que vayan a los orígenes de los problemas, no a parchear la realidad. No ser capaces de trascender la coyuntura, de ser conscientes de las necesidades de fondo de nuestro país, hacer caso omiso a los ofrecimientos de consenso y de trabajo conjunto con las fuerzas políticas, que este grupo parlamentario ha mantenido y seguirá manteniendo con su Gobierno, no dialogar con los funcionarios, con los sindicatos, con todo el sector, en definitiva, pensamos que es debilitar la política, es debilitar el sector público y debilitar el servicio público, y eso, nítidamente, es una opción ideológica que usted toma por convicción, como le gusta decir. (Aplausos).

Intervención 19-junio-2012

Intervención Congreso de los Diputados - Proposición no de Ley sobre el reconocimiento del genocidio armenio.

Armenia, después de una historia convulsa durante todo el siglo xx, en estos momentos y desde hace un tiempo ya intenta consolidarse como un Estado democrático creando las estructuras políticas, jurídicas, económicas y sociales propias de una sociedad moderna, pero los problemas siguen siendo muchos, continúa teniendo muchos problemas internos en todos los ámbitos: en el ámbito institucional político, en el económico, de déficit y garantías democráticas, problemas propios precisamente de un país que está construyendo su propia identidad y su propia transición hacia la construcción de ese Estado de derecho tan necesario para el desarrollo de cualquier país. Y también tiene problemas externos, con diversos conflictos abiertos: inexistencia de relaciones exteriores con Turquía —y este es un poco el objeto de la proposición no de ley precisamente—, la guerra enquistada en Nagorno-Karabaj, con el consiguiente enfrentamiento con su vecino Azerbaiyán, que provocan y suponen una gran inestabilidad en el país y una gran pérdida de oportunidades económicas para toda la región, y que suponen añadir más dificultades a esas dificultades internas que anunciábamos en un primer momento. Esa es la realidad actual, esa es la realidad con la que nos encontramos en estos momentos.

Sobre la propuesta que hoy nos trae el Grupo Mixto para que aprobemos en la Comisión de Exteriores de esta Cámara, creemos que sería mucho más útil trabajar en dos direcciones. En primer lugar, precisamente porque existen todas las dificultades actuales citadas que hacen difícil el desarrollo de Armenia como Estado y de sus avances en democracia, y puesto que se produjo recientemente precisamente la apertura de la embajada de Armenia en Madrid, que ha permitido fortalecer y estrechar las relaciones bilaterales, pensamos que es más útil trabajar en profundizar en estas relaciones bilaterales. Cómo? En primer lugar, intensificando los contactos técnicos y políticos entre los dos países, proponiendo para empezar iniciar contactos entre altos funcionarios. En ese sentido creemos que la Administración pública española podría colaborar en los sectores en los que goza de probada experiencia, como puede ser la Hacienda pública o el control fronterizo y aduanero, los servicios de emergencia, el turismo, etcétera.

En segundo lugar, pensamos que España y Armenia podrían intensificar las relaciones económicas. El primer paso lo dimos ya con la firma del convenio para evitar la doble imposición y estamos convencidos de que el volumen de intercambios actual no responde al potencial de nuestro país. Así, deberíamos favorecer algún proyecto de inversión española en Armenia que actuase un poco de faro para atraer otras inversiones futuras. La presencia empresarial española en Armenia es muy pequeña y es preciso fomentar los contactos empresariales para identificar los campos en los que pueden existir oportunidades mutuas de negocio. Hay sectores en los que las empresas españolas son punteras a nivel mundial, como en el caso de las infraestructuras, de la construcción, en materia energética, energía en general y también energía renovable, telecomunicaciones, tratamiento de aguas y residuos, etcétera, y la coyuntura económica actual precisamente puede ser una oportunidad para hacer un esfuerzo en esta dirección y el Gobierno podría aprovechar y actuar como facilitador para la externalización de nuestras empresas. Aquí es donde el Gobierno debería concentrar sus esfuerzos en esa relación que decía España-Armenia.

El segundo gran punto o la segunda línea de actuación que pensamos que vale la pena explorar, que vale la pena trabajar y en la que vale la pena invertir esfuerzo es en intentar que el conflicto lo resuelvan las partes involucradas, en este caso Armenia y Turquía. El Grupo Parlamentario Socialista reconoce que este es un tema sensible y que es un capítulo trágico y doloroso de la historia de Armenia, pero también sabemos que lo fundamental es el acercamiento entre ellos, el acercamiento entre los dos países; de hecho, el Gobierno socialista apoyó decididamente este acercamiento, que comenzó con la firma en octubre de 2009 de los protocolos de Zurich. Consideramos, por tanto, que corresponde a ambos países fijar cómo gestionar ese desencuentro, ese conflicto, para poner fin a los episodios que pertenecen a su historia y hacerlo de la manera que estimen más oportuna. Esa es la única fórmula desde nuestro punto de vista para el avance real en la resolución de este conflicto de hace ya un siglo. De hecho, podríamos encontrarnos paradójicamente con que la aprobación por esta Cámara de esta proposición no de ley podría tener el efecto contrario del que los proponentes —no me cabe ninguna duda— pretenden. No ayudaría a disminuir la tensión, ni a llegar a un entendimiento entre Turquía y Armenia, ni a resolver los conflictos de la zona, ni contribuiría a los esfuerzos que están realizando todos los países, los organismos y la comunidad internacional, empeñados como están en la resolución de los mismos.

En definitiva desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que nuestras prioridades deberían ser las dos que he anunciado, una, que Armenia consiga ser un estado democrático consolidado, fuerte institucionalmente, fuerte económicamente, y fuerte socialmente, y dos, que el diálogo y los acuerdos entre Armenia y Turquía sean posibles, puesto que solo así habrá una resolución del conflicto de verdad, con una pacificación, normalización y una estabilidad de la región en el tiempo. Un conflicto entre dos —tenemos convencimiento—, solo lo pueden resolver y principalmente lo tienen que hacer las dos partes implicadas. terceros podemos facilitar, podemos acompañar, podemos intentar propiciar ese acuerdo, pero acuerdo todo va a ser muy complicado.

Comisión de Asuntos Exteriores. 23 de mayo de 2012

Gastos de Personal de la Administración General del Estado y Otras Administraciones Públicas

Señorías, en el titulo III de los Presupuestos Generales del Estado se establece el gasto de personal de la Administración General del Estado y en parte también de las otras administraciones públicas, la autonómica y la local, puesto que tiene varios preceptos básicos. En estos Presupuestos Generales del Estado se les pide de nuevo un gran esfuerzo a los funcionarios y a todos los empleados públicos. Se dice que solo se les congela el sueldo, pero todos sabemos que hay una pérdida real de poder adquisitivo; no solo debido a la subida del IRPF o a la prohibición de aportaciones a planes de pensiones, sino también a otras afectaciones por la nueva regulación, por ejemplo, en sanidad o en educación. De hecho, con los datos en la mano podríamos decir que este título III tiende a la extinción; igual que ustedes harían desaparecer las administraciones públicas, también harán desaparecer pronto el título III de gastos de personal de los Presupuestos Generales del Estado. Pero precisamente por esa coyuntura absolutamente excepcional y por solicitar ese esfuerzo a los empleados públicos, pensamos que más que nunca el Gobierno debería poner en valor el trabajo imprescindible que desarrollan y que acometen cada día con profesionalidad todos los empleados públicos. El Gobierno debería poner el máximo esfuerzo para prestigiar a los trabajadores del sector público y no jugar a la confrontación con el sector privado. Este título III es la base, el fundamento para garantizar un sector público fuerte, un sector público capaz de afrontar las necesidades de los ciudadanos que menos tienen y un sector público capaz de garantizar la prestación de servicios públicos básicos. Desde el Grupo Parlamentario Socialista pensamos que el título III que presentan en estos presupuestos no responde a estas demandas. Entre otras cosas, la obligación de mantener una oferta de empleo público del 0 % no ofrece en absoluto esas garantías de un sector público fuerte que dé respuesta a los más necesitados y que dé garantías de prestación de servicios públicos.

En materia de administraciones públicas son muchos los retos que tenemos por delante. Algunos, es cierto, vienen dados por la coyuntura de crisis económica, pero otros son de carácter estructural. Por eso, el ejercicio de responsabilidad que debe hacer el Gobierno es imprescindible. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, una vez más, ofrecemos esa responsabilidad, desde la oposición en este caso, conscientes del imprescindible consenso que se requiere en esta materia. Hago referencia solo a algunos de estos retos que percibimos con toda nitidez, que tenemos por delante y que tenemos que abordar con cierta premura. Son los siguientes. En primer lugar, hay una falta de recursos apropiados para llevar a cabo las políticas públicas que se quieren abordar y que la ciudadanía necesita. No pensamos que las administraciones públicas de nuestro país estén sobredimensionadas, en absoluto; ni lo están en términos comparativos con otros países ni lo están por las necesidades crecientes de los ciudadanos de recibir servicios por parte del sector público de nuestro país. Hay también un riesgo de privatización de la gestión de servicios públicos, fundamentalmente aquellos que constituyen el núcleo duro del Estado del bienestar, a partir del falso dogma de una mayor eficiencia de la gestión privada. En segundo lugar, manteniendo unas tasas de reposición del 0 %, será difícil que por parte de los empleados públicos se ofrezcan estos servicios. Por tanto, acabaremos cayendo irremediablemente en esta privatización. En tercer lugar, hay un problema también de pérdida de la consideración de la Administración como un elemento de cohesión social. En cuarto lugar, hay peligro de des-motivación de los empleados públicos, causada tanto por unas menores perspectivas de progreso en su carrera profesional como por la reducción de sus retribuciones, y ahora también tienen que soportar las frases de desprestigio que deslizan constantemente los miembros del actual Gobierno. Y hay también otro elemento preocupante, como es la desincentivación de posibles candidatos al acceso a la Función pública como consecuencia de las exiguas ofertas de empleo público, lo que puede llevar también a un envejecimiento y a una descapitalización de la Administración si la situación de reducción de las ofertas de empleo público se mantienen largo tiempo. Nos tememos que, por los antecedentes en los gobiernos anteriores del Partido Popular, ese será el caso.

El Grupo Parlamentario Socialista, partiendo de la conciencia de la necesidad de austeridad y desde la responsabilidad, como decía hace un momento, presenta un conjunto de enmiendas para su aprobación; y digo para su aprobación, porque pensamos honestamente que ofrecen un buen equilibrio entre la necesidad de austeridad pero también para cubrir las necesidades mínimas de los ciudadanos. Paso por ello a defender las enmiendas que mi grupo ha presentado. En primer lugar, elevamos la oferta de empleo público general del 0 % al 10 %. Es un porcentaje ciertamente modesto y excepcional, porque la coyuntura para este año así lo exige, pero para nada tiene que ser algo que se mantenga en el tiempo. Hacemos un esfuerzo de aplicar criterios muy estrictos de austeridad, pero buscamos al mismo tiempo priorizar y cubrir plazas allí donde sea necesario y evitar así la descapitalización de la Administración pública de nuestro país. Además, esta enmienda permitiría continuar con los procesos de consolidación de empleo respecto de funcionarios interinos que llevan muchos años prestando servicios en la Administración. En segundo lugar, elevamos la oferta de empleo público para aquellos sectores exceptuados, por considerarlos prioritarios, del 10 al 30 %. Para garantizar la prestación de los servicios esenciales fijados en el 23.1.2, es necesario que al menos las ofertas incluyan el 30 % de las vacantes, siendo conscientes de que continúa siendo un porcentaje insuficiente. En tercer lugar, añadimos dos sectores que el Gobierno no ha incluido como prioritarios, entiendo que por descuido, y pensamos que debe ser un descuido porque son necesidades evidentes para la ciudadanía, evidentes para todas sus señorías. Por un lado, la Administración de Justicia, de acuerdo con la Ley 38/1988, de Demarcación y de Planta Judicial. Es claro que el servicio público judicial no está a la altura de las necesidades de los ciudadanos y, por tanto, no tiene ningún sentido que se les aplique un 0 % de la tasa de reposición, es decir, cubrir cero de las vacantes que se produzcan en este sector. Por otro lado, el segundo gran ámbito que pensamos que debería incluirse y, por tanto, que se le aplicara este 30 % de tasa de reposición es el sistema de ciencia y tecnología, es decir, universidades públicas, organismos públicos de investigación y la Agencia Estatal CSIC, en cuanto a su personal docente e investigador, porque la pérdida de capital humano en este sector no podría recuperarse en el futuro por un mero aumento de recursos, por lo que es preciso evitar que esta pérdida irrecuperable se produzca. De ello depende en parte el futuro de nuestro país. Finalmente, proponemos una nueva disposición adicional con el objetivo de que el Gobierno presente en el Congreso de los Diputados, anualmente, un estudio de necesidades de recursos humanos de la Administración General del Estado tras un intenso y riguroso estado de la situación de las plantillas de personal. Si queremos que la oferta de empleo público de las administraciones públicas responda a criterios de racionalidad, equilibrio, proporcionalidad, austeridad y garantía de funcionamiento de los servicios públicos para los ciudadanos es imprescindible contar con esta información. Ya no solo que cuente con ella este Congreso de los Diputados, sino que la propia Administración pueda tener estos datos con claridad.

Para terminar, querría hacer alusión también a la enmienda 797, referida a la prohibición de las aportaciones a planes de pensiones recogida en el artículo 22 de la ley de presupuestos. Por lo que he entendido en el debate y en la intervención del señor Azpiazu, es equiparable a una enmienda presentada por el PNV. En esta prohibición de aportar cantidades a estos planes de pensiones no se especifica que afecte solo a planes de pensiones destinados a la cobertura de la contingencia de jubilación, que es el objetivo, por lo que quedan también prohibidas las aportaciones a la cobertura de otras contingencias, de riesgos como la invalidez o el fallecimiento. Así, algunos empleados públicos no solo se verán afectados por no recibir aportaciones a planes de jubilación estrictamente sino que también quedarán sin cobertura las otras contingencias. Por tanto, pedimos al Gobierno y al grupo parlamentario que le da suporte, al Grupo Popular, que modifiquen este grave error generador de discriminación y que acepten la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias.

(Intervención en pleno - Día 21 de mayo de 2012)

El Gobierno no respeta los Estatutos de Autonomía

Tanto la sección 32 como la 33 de este proyecto de Presupuestos Generales del Estado son reflejo de las líneas generales de todos los presupuestos. Carecen de una estrategia de crecimiento, sin construir las bases para el cambio del modelo productivo —de hecho, en lo que va de legislatura no ha habido ninguna reforma estructural de esas que tanto nos hablan—, contribuyen a generar desconfianza, una desconfianza que en este caso se refleja o se traslada al sector público, y aplican una austeridad indiscriminada, lineal, no selectiva, y por tanto afectando a inversiones estratégicas para el futuro de nuestro país. Dicen que son unos presupuestos excepcionales para una coyuntura, pero las medidas que contemplan son irreversibles. Estos presupuestos no responden a querer enfrentarse a una situación económica determinada, compleja, sino a una interpretación concreta de la realidad y, por tanto, a una concepción ideológica.

Decir incluso que no hay alternativa, como han manifestado algunos miembros del Gobierno desde esta tribuna a lo largo del día de hoy, responde a un planteamiento ideológico. Solo desde el determinismo, desde la convicción de poseer la verdad se pueden hacer estas afirmaciones. La política, por definición, tiene alternativa, porque la política se construye no con verdades, sino con diálogo y consensos y con cesión para aproximarse al otro. Si algo ha puesto de manifiesto la crisis económica es la reclamación de más política. Las expectativas de la ciudadanía crecen y la única manera de hacer frente a los miedos y a las inseguridades es con política. La ciudadanía reclama soluciones desde el sector público, soluciones negociadas y debatidas, de respeto, porque solo así se genera confianza y para eso, precisamente, necesitamos un sector público fuerte.

Señorías, la democracia es participación deliberativa, como diría Habermas, y esto significa lenguaje, intercambio inteligente de argumentos y contraste de los mismos mediante razonamientos participados. Qué mejor sitio que el Parlamento para plasmar esta participación deliberativa. Qué mejor política que la de respetar los acuerdos votados por esta Cámara. En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista cree necesario empezar dando cumplimiento a las previsiones contempladas en los estatutos de autonomía sobre inversiones del Estado y grandes actuaciones territoriales.

Para dar cumplimiento a las previsiones establecidas en los estatutos de autonomía de Andalucía, de Aragón, de Castilla y León, de Cataluña, de Extremadura y de las Illes Balears sobre inversiones del Estado, se ha optado por establecer un crédito global ampliable de 1.250 millones de euros, adjuntando los respectivos anexos de inversiones para cada una de las comunidades autónomas citadas. Asimismo, se han habilitado dos nuevas disposiciones adicionales. Una, para dar cumplimiento a las previsiones establecidas en el Estatuto de Andalucía sobre inversiones del Estado en lo relativo a las desviaciones definitivas en la ejecución de las inversiones del Estado en los ejercicios 2008 y 2009, que han sido certificadas por la Intervención General del Estado en un total de 1.504.540.000 euros. Y otra con el mismo objetivo, para cumplir el Estatuto de Cataluña, por un importe de 978 millones de euros. Por otro lado, se ha establecido mediante enmienda al articulado una nueva disposición adicional para cumplir con la denominada deuda histórica en Extremadura, que deberá determinarse antes del 28 de agosto del presente año. Finalmente, se ha recuperado un crédito de 43,2 millones de euros para las actuaciones a realizar por la Administración General del Estado directamente o mediante convenio en la Comunidad Autónoma de Canarias, en cumplimiento de lo establecido en materia de inversiones en la Ley 19/1994, de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias. Estas enmiendas que acabo de presentar en nombre del Grupo Parlamentario Socialista buscan la cooperación entre administraciones y piensan en los ciudadanos de nuestro país desde el fortalecimiento de su organización territorial y de sus instituciones públicas.

El incumplimiento en este proyecto de presupuestos de los estatutos de autonomía no es inconstitucional. No es un problema de inconstitucionalidad, sino que es un ataque político de primera magnitud a las instituciones democráticas de nuestro país, a lo aprobado por las Cortes Generales, a lo aprobado por los parlamentos autonómicos respectivos y, en algunos casos, incluso a lo votado por la ciudadanía en referendo. Les recuerdo cuando su grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, pedía desde esta tribuna el cumplimiento de las proposiciones no de ley. Supongo que cumplir las proposiciones no de ley en la oposición, sí, pero cumplir las leyes orgánicas en el Gobierno, no.

En definitiva, señorías, con estas enmiendas no se trata solo de dar cumplimiento jurídico a las normas institucionales básicas de las comunidades autónomas, que además son leyes orgánicas, sino de apostar por el respeto a estos pactos y a estos acuerdos, de apostar por la lealtad institucional entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas como partes de este Estado. Debilitar las comunidades autónomas, cuestionarlas, gestionarlas mal y engañar desde ellas es debilitar al propio Estado. Curiosamente, ahora escuchamos al secretario de Estado de Administraciones Públicas, exconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, que nos quiere dar lecciones y amenaza con intervenir a las comunidades autónomas cuando él desde su posición de consejero de Economía no dejó las cuentas de su comunidad autónoma especialmente claras.

Termino, señor presidente. En un momento de crisis económica en el que hay más miedos y más incertidumbres que nunca, más desigualdad, más marginación, menos cohesión social y más necesidades solo hay un camino: más política. Hacer caso omiso a los pactos políticos es debilitar la política y esa es también una opción ideológica que reflejan estos Presupuestos Generales del Estado. Gracias.
(Intervención en Pleno -  Día 22 de mayo de 2012)

Intervención Congreso Diputados. - Moción GPS s/ el impacto que tendrá la reforma laboral en el empleo público y en los servicios a los ciudadanos.

Señorías, presentamos esta moción, consecuencia de la interpelación sobre la reforma laboral en el sector público, todavía sorprendidos por las respuestas o, mejor dicho, por las no respuestas que obtuvimos del ministro en ese debate. Por eso, y antes de entrar en la materia de fondo, hay una cuestión que desde el Grupo Parlamentario Socialista nos parece imprescindible abordar, que es la defensa del sector público frente a una actitud irresponsable y populista que fue la mantenida por un miembro del Gobierno de España en esta tribuna. El ministro nos dijo que los ayuntamientos son oficinas de colocación. También nos dijo que las empresas públicas son nidos de corruptelas. Y yo me pregunto ¿en qué empresas públicas estaba pensando? ¿En Correos, en la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, en el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña o el Instituto Catalán de Oncología, en la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, en ADIF, en AENA? ¿A qué empresas se refería el ministro cuando decía que eran nidos de corruptelas? También dijo que el que tiene que tener miedo es aquel que ha sido contratado para darle un puesto de trabajo y tener los brazos cruzados, refiriéndose a los empleados públicos, por supuesto. ¿Todos los empleados públicos que serán despedidos han sido colocados para tener los brazos cruzados? ¿Pueden hacer esta afirmación desde el Grupo Parlamentario Popular? ¿Es que nos están diciendo que todos los despedidos que haya, como consecuencia de esta reforma laboral que presentan, son unos gandules o que han sido unos enchufados o que no están haciendo bien su trabajo? Finalmente, se refirió poniendo en duda el acceso del personal laboral al servicio de las administraciones públicas que se haya realizado precisamente por procedimientos objetivos fundados en los principios de igualdad, mérito y capacidad reconocidos en la Constitución.

Continuamos perplejos ante un ministro, el ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de España, que atribuye solo a los funcionarios el mérito y la capacidad, y desconoce de plano el artículo 55 del Estatuto básico del empleado público. Lo desconoce o, lo que es peor, juega a la confrontación deliberada entre trabajadores del sector público y trabajadores del sector privado. Me gustaría saber si el Grupo Parlamentario Popular va a tomar conciencia de lo peligroso que es esto y de lo peligroso que es jugar con el desprestigio de lo público. Insistimos, en la defensa de esta moción, en que lo público no es malo ni sospechoso, ni debe tener esa confrontación permanente con el sector privado buscando generar desconfianza. Lo público es esencial para la defensa del interés general, para la prestación de los servicios que una inmensa mayoría de los ciudadanos de este país necesitan. Y el personal laboral de las administraciones públicas no merece, porque es profundamente injusto, ser denigrado por el Gobierno de España.

El segundo elemento que fundamenta esta moción es que esta reforma laboral en el sector público no creará ni un solo empleo. El propio Gobierno ha reconocido que su reforma no va a crear ni un solo empleo en el sector privado a corto plazo. Pero yo les digo que en el sector público ni a corto ni a medio ni a largo plazo. Es una reforma con un artículo donde se prevé despidos colectivos y objetivos en las administraciones públicas y un segundo artículo donde se prohíbe la aplicación de otros mecanismos como es la suspensión de contratos o la reducción de jornadas. Eso es todo, ni un mecanismo para la contratación, ni un instrumento de los previstos en el Estatuto básico del empleado público, ni una alusión a los principios de derecho público, simplemente destrucción de empleo del personal laboral; un personal laboral con experiencia, con preparación y formado por la propia Administración. En definitiva, una reforma laboral en el sector público donde los ciudadanos van a perder derechos y prestación de servicios y donde los trabajadores perderán empleo. Por eso en esta moción presentamos medidas e instrumentos alternativos al despido puro y duro, que es lo que nos propone el Partido Popular. En vez de pedir planes de ajustes en decretos-leyes, pidan, por ejemplo, planes de necesidades que incluyan un análisis riguroso de la situación y de la dimensión de la plantilla para prestar los servicios públicos básicos. Esto permitirá adoptar medidas de reordenación del personal y fijar con objetividad la oferta de empleo público que se requiere en cada caso. En vez de facilitar el despido, desarrollen el Estatuto básico del empleado público y los instrumentos que se prevén en él, como la planificación de los recursos humanos, las medidas de flexibilidad interna en cada Administración, las medidas de movilidad interadministrativa, la reducción de jornada o la suspensión de contratos, si hay necesidad de llegar a este extremo. Esta precisamente fue una de las muchas preguntas que el ministro no contestó, el porqué de la prohibición de reducir jornada o suspender un contrato temporalmente por parte de las administraciones públicas, por qué obligarlas irremediablemente al despido.

Para concluir, con esta reforma, más los decretos-leyes de pago a los proveedores de los entes locales, cercenan las posibilidades de las administraciones públicas de buscar otras posibles salidas a la crisis que no pasen por la disminución de los servicios públicos, por el despido del personal laboral y por el aumento de tasas y precios públicos. Es decir, no hay alternativa a tomar estas tres medidas, tres medidas que perjudican y mucho a los ciudadanos. En segundo lugar, en toda la secuencia de propuestas normativas, como ya dije en la interpelación, hay una gran coherencia: desprestigio del sector público, estrangulamiento y asfixia de las administraciones públicas, despido de los trabajadores y privatización y enriquecimiento de unos pocos. Lo veremos con claridad con las entidades financieras que participarán en el Fondo de pago a proveedores.

Señorías del Grupo Popular, en su programa electoral hablaban de la Administración pública como motor económico. Este era un epígrafe de su programa electoral, la Administración pública como motor económico. Ustedes, desde el Gobierno, lo que han presentado en esta Cámara es una locomotora del despido.

Gracias.

Intervención Congreso Diputados. Interpelación s/ el impacto que tendrá la reforma laboral en el empleo público y en los servicios a los ciudadanos.

Señorías, señor ministro, subo a esta tribuna para convencer, para convencerle a usted y a su Gobierno, de que la reforma laboral en el sector público es mala, es francamente mala, y esperamos que durante su tramitación parlamentaria la mayoría de su grupo aproveche para mejorarla. Nosotros lo intentaremos. Es mala básicamente por tres razones. En primer lugar, porque va a ser ineficaz, no va a crear ni un solo empleo público, sino que por el contrario va a destruir empleo público. Es deficiente técnicamente, porque genera mucha más inseguridad jurídica y además prescinde totalmente de los principios constitucionales y del derecho público vigente. Es mala, en segundo lugar, porque en ella subyace una concepción sobre el sector público, las administraciones públicas y los empleados públicos de desconfianza, y lo público, señor ministro, no es malo, es esencial para defender los intereses generales. En tercer lugar, también pensamos que es mala por los efectos negativos que va a suponer para los ciudadanos de nuestro país, que se quedan sin ninguna garantía de seguir recibiendo los servicios básicos esenciales constitucionalmente garantizados. En definitiva, con esta reforma, señor ministro, los ciudadanos perderán servicios y derechos y los empleados públicos perderán puestos de trabajo.

¿Por qué es mala técnicamente y por qué va a ser ineficaz? Se ventilan ustedes la reforma laboral en el sector público con dos disposiciones, una simplemente para fijar que el despido va a ser por las mismas razones, por las mismas causas que el despido en el sector privado, sin más, con un pequeño matiz que luego apuntaré; y una segunda disposición que prohíbe poder ajustar de otra manera, prohíbe utilizar a las administraciones públicas otros instrumentos útiles que puedan resolver las dificultades en las que puedan estar coyunturalmente. Por tanto, es una reforma que lo único que hace es regular el despido; exclusivamente. Lo hacen además sin ni siquiera una sola referencia al derecho público ni una referencia al Estatuto básico del empleo público, que es precisamente la norma que tiene que regular las condiciones de los empleados públicos. Lo hacen sin ni siquiera una sola alusión a los principios constitucionales, y pienso especialmente en los principios de racionalidad y de proporcionalidad, que supongo que se deberán de respetar si es que no queremos llegar a la inconstitucionalidad por la vía de los hechos, señor ministro. Establecen el despido como la única medida posible en manos de las administraciones públicas para resolver sus problemas. No como la última medida o como una medida, sino como la única medida. Es decir, obligan al despido, a que procedan al despido las administraciones públicas. Prohíben explícitamente, como he dicho, el uso de la suspensión de contratos o de la reducción de jornada que podrían utilizar muchos entes locales o muchas administraciones autonómicas en aplicación del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Por qué prohíben utilizar estas medidas que además serían de cumplimiento del principio de proporcionalidad? Prohíben estas medidas, prohíben que una Administración pueda suspender coyunturalmente, provisionalmente, un contrato de trabajo o reducir una jornada, que nos parece que serían medidas mucho más adecuadas; ustedes, en cambio, prohíben utilizar estas medidas. Establecen además como causa económica que justifica el despido en las administraciones públicas que se produzca una situación —dicen literalmente— de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente. Y no definen ni lo que significa insuficiencia presupuestaria ni lo que significa sobrevenida. ¿Sobrevenida a qué, a partir de qué momento, por decisión de quién, debido a qué? La amplitud de esta causa y la ambigüedad de su regulación genera mucha inseguridad jurídica. Pero no solo genera inseguridad jurídica, sino que amparará despidos colectivos y objetivos a mansalva y aumentará la litigiosidad y el conflicto en los tribunales.

En segundo lugar, ¿por qué decíamos que es mala y peligrosa? Por la concepción del sector público que ustedes deslizan en esta regulación. Ustedes llevan mucho tiempo trazando una no tan sutil concepción de lo público que no compartimos en absoluto: dudas veladas sobre los empleados públicos, cuestionamiento permanente de las administraciones públicas, desprestigio en general de lo público, han sido una constante en sus declaraciones, pero sobre todo han sido una constante también en sus acciones. Le reconozco en este sentido una coherencia absoluta, creo que están diseñando, articulando un sistema con cambios normativos puntuales que efectivamente es coherente. Una reforma laboral en el sector público donde solo cabe despedir, por tanto obligando a despedir a las administraciones públicas; una fijación de una tasa de reposición del 0%; un decreto-ley que contempla la obligación de los entes locales a realizar un plan de ajuste que los va a llevar a un callejón sin salida de subida de tasas, despedir trabajadores públicos y eliminación de servicios —eso sí, para enriquecer a unas cuantas entidades financieras de paso—; y finalmente, una orden ministerial que contempla el modelo de plan de ajuste cuya primera medida —¡oh casualidad!— de ahorro de gasto es precisamente la reducción del coste de personal. Por tanto, señor ministro, toda la coherencia, pero también todo un ataque frontal a lo que el sector público de todo Estado social y democrático de derecho debe preservar. Le recuerdo, señor ministro, que la creación del Estado es una creación liberal y le recuerdo que la creación de un Estado social es un mandato constitucional que todos los demócratas deberíamos preservar y defender. Ese Estado social requiere empleo público, que tiene unas características, unas características no improvisadas que son fruto del esfuerzo y del trabajo conjunto de todas las fuerzas políticas. Unas características de imparcialidad, de independencia, de exigencia de conocimiento y, por ello precisamente, cuando contratamos a los empleados públicos les exigimos unas pruebas objetivas para su acceso y, por ello, la Constitución habla de mérito y capacidad. No se puede mediante dos disposiciones adicionales, mediante dos preceptos romper con este conocimiento acumulado, romper con este bagaje, romper con estas reglas y estas características esenciales y enmarcadas en nuestra Constitución. En definitiva, no se puede, señor ministro, eliminar todas las garantías constitucionales.

En tercer y último lugar, señor ministro, esta reforma laboral en el sector público es mala por los efectos negativos para los ciudadanos. Le diré una obviedad. Señorías, seguramente pensarán por lo que voy a decir es una obviedad, pero leyendo la reforma, leyendo la regulación que el Gobierno ha aprobado no parece tan obvio. Señor ministro, los servicios públicos, los bomberos, los policías, los hospitales, las escuelas, las atenciones domiciliarias necesitan trabajadores cualificados y preparados para ejercer y para ofrecer estos servicios a los ciudadanos. Si además de su oferta de empleo público del 0% sumamos esta reforma laboral que ustedes propician, va a llevar inexorablemente a un estrangulamiento de las administraciones públicas y, por tanto, a un deterioro de estos servicios. Mire, señor ministro, la Administración pública española no está sobredimensionada, a pesar de que ustedes nos intenten hacer creer lo contrario. Solo si creen que la Administración pública no tiene que ofrecer ningún servicio a ningún ciudadano, pueden pensar que está sobredimensionada. Hay estudios objetivos, como los de la OCDE, que sitúan a España por debajo de la media. Por tanto, si ustedes están llevando a este callejón sin salida a las administraciones públicas, que saben que les va a impedir cumplir con los servicios constitucionalmente garantizados, solo se me ocurren dos explicaciones: o bien porque ya les parece bien que no se presten estos servicios, o bien porque pretenden privatizarlos y externalizarlos, y entonces le sugiero, señor ministro, que lo digan con toda claridad y que podamos entender y conocer exactamente cuáles son sus verdaderas intenciones.

Para terminar, señor ministro, quería decirle que el Grupo Parlamentario Socialista por respeto a la Constitución, por respeto a los empleados públicos, por respeto a los ciudadanos vamos a hacer todo lo posible por modificar durante su tramitación esta reforma laboral, no solo ya con una enmienda a la totalidad, sino también con enmiendas parciales, porque queremos ser constructivos y esperamos que ustedes se avengan a ello. Una reforma laboral que, como he dicho, es ineficaz; mala desde el punto de vista jurídico-técnico; generadora de desempleo, porque lo único que regulan es el despido, y que además elimina todas las garantías y todos los derechos de los ciudadanos a recibir servicios públicos básicos que nuestra Constitución garantiza. Por todo ello, espero que se avengan a negociar constructivamente todas las enmiendas que nosotros presentamos durante su tramitación y que nos explique también en esta interpelación el porqué de esta reforma laboral en el sector público, el porqué de su pobreza, el porqué de su deficiencia técnica y el porqué del estrangulamiento que va a suponer para el resto de administraciones públicas.

Gracias.

Intervención Congreso de los Diputados. Proposición de Ley de Transparencia y Acceso a la información para los ciudadanos.

“Señorías, gobierno abierto, rendición de cuentas, transparencia, participación, mayor acceso a la información pública han pasado de ser conceptos positivos e importantes a ser una exigencia imprescindible para una democracia y una sociedad del siglo XXI. La mejora y la apuesta por una regulación del derecho de acceso a la información pública garantizarán elementos, a nuestro modo de ver, esenciales: más credibilidad para el sector público; hacer que sean mucho más difíciles situaciones de arbitrariedad e incluso de corrupción; ofrecer un marco de mayor libertad para los ciudadanos, cosa que al mismo tiempo ofrecerá que disminuya la desafección y la desconfianza; y un mejor funcionamiento y hábitos de las administraciones públicas, porque saber que su actividad va a ser controlada, transparente, que van a estar trabajando de alguna manera con una ventana abierta cara a la ciudadanía, va a provocar que sean más eficientes, que tengan una mejor y una mayor organización y que estén más incentivados a hacer un buen trabajo

Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos reconocer que no pudimos culminar con la regulación de esta proposición de ley en forma de proyecto de ley, que sí llegó a Consejo de Ministros, pero no por ello queríamos renunciar en este inicio de legislatura a traer un texto que nos parece prioritario, importante y relevante para la coyuntura actual. Presentando esta proposición de ley no pretendemos monopolizar el tema, al contrario; y tampoco pretendemos decir que pueda ser el mejor texto posible, pero pensamos que puede ser un buen elemento, un buen pretexto, para iniciar un debate para que entre todos busquemos las fórmulas más adecuadas. Señorías, hemos elegido esta primera proposición de ley porque, como ya he dicho, nos parece un tema de máxima prioridad y actualidad. Prueba de ello es que muchos gobiernos autonómicos, entre ellos el navarro y el extremeño, o incluso algunos informes importantes de instituciones públicas, como el Sindic de Greuges de Catalunya, han dado máxima prioridad a este tema y han presentado proyectos de ley o informes al respecto. Hemos presentado esta proposición de ley como la primera que queremos debatir en este Pleno porque hemos querido que la primera propuesta del Grupo Parlamentario Socialista sea una propuesta para el consenso, sabiendo que compartimos el objetivo con el resto de grupos parlamentarios, especialmente con el grupo mayoritario de la Cámara, que da soporte el Gobierno.

En tercer lugar, la hemos presentado porque estamos convencidos de que una ley de transparencia y de acceso a la información pública es uno de los grandes saltos cualitativos que nuestra democracia se merece, permitiendo además abordar algunos retos estructurales de nuestra Administración pública, como es la falta de rendición de cuentas o la descoordinación que existe; y en cuarto lugar, porque es una cuestión estrechamente ligada a la crisis económica. Precisamente uno de los peligros que se ha agravado con esta crisis ha sido el distanciamiento que se ha producido entre ciudadanía y política, y esta ley puede ser un instrumento que favorezca de nuevo el acercamiento, la confianza y el compromiso con las instituciones democráticas. Como dice el señor Jáuregui, una nueva ecuación entre política y economía y entre Estado y mercado está por hacer. En ese marco una democracia que no se aleje de los ciudadanos, que no acreciente la sensación de distanciamiento y que haga sentirse al margen a una parte de esta ciudadanía es fundamental, y para ello la transparencia va a ser uno de los instrumentos claves que tenemos en nuestras manos. Señorías, cuando hablamos de la necesidad de transparencia, querría, para profundizar un poco más en las cuestiones de fondo, hacer referencia al Libro Blanco de la gobernanza europea de la Unión Europea que se aprobó en 2001, en el que se decía literalmente que la necesidad de transparencia se producía con un objetivo claro: contribuir a un debate público informado. La idea kantiana del sapere aude, del piensa por ti mismo, requiere acceder la información de manera veraz para así poder hacer un análisis racional sobre cualquier cuestión, y eso conlleva irremediablemente a un ejercicio de responsabilidad; si no implica responsabilidad por parte del ciudadano se corre el peligro de convertirse en un instrumento al servicio del populismo o de la lectura e interpretación morbosa sin más. Esto no sirve ni al objetivo de fortalecer la democracia, que es uno de los que queremos resaltar en esta intervención, ni tampoco al debate público informado; al contrario. Por otro lado, esta nueva regulación implica una concepción en la relación entre administraciones públicas y ciudadanía distinta, en la que la Administración pública se desprende del paternalismo y asume que la información no le pertenece sino que la información pública pertenece a toda la ciudadanía. Está tendrá, es verdad, más información y más libertad, pero también, como decía, más responsabilidad; una responsabilidad que desde nuestro punto de vista deberá ejercerse con un compromiso activo de construir sociedad. Respecto del principal contenido que esta regulación presenta, querría destacar algunos puntos básicos. En primer lugar, apuesta por el principio de máxima publicidad, en el que la Administración pública debe ser proactiva, por tanto ofrecer el máximo de información posible sin necesidad de que el ciudadano se la reclame, y para eso será importante impulsar y desarrollar algunos elementos que ya tenemos aprobados como es la Ley de Acceso Electrónico, las páginas web de los ministerios o las redes 060 y SARA; en segundo lugar, la no exigencia de un interés legítimo por parte del peticionario, cosa que contempla la legislación actual; en tercer lugar, establecer que las excepciones a este derecho de acceso a la información se circunscriban, se limiten estrictamente a las constitucionalmente garantizadas. En este aspecto hemos avanzado mucho, prueba de ello es la Agencia de Protección de Datos que existe en el ámbito estatal y también las distintas agencias de protección de datos de las diferentes comunidades autónomas que vigilan el cumplimiento de esos límites. Ahora lo que debemos hacer es precisamente desarrollar el derecho de acceso a la información. En cuarto lugar, hay que dotar a la Administración pública de infraestructuras internas adecuadas para facilitar ese acceso y para cambiar esta relación con los ciudadanos. Les pondré un ejemplo. Ya hace mucho tiempo que desde el punto de vista legislativo se ha aprobado y se ha explicitado que la Administración no podrá requerir a ningún ciudadano un documento que ya esté en manos de esa misma Administración o de cualquier otra, en cambio no acaba de aplicarse esta normativa. Por tanto hay que dotar de instrumentos a las administraciones públicas para que también pueda haber esa comunicación necesaria, esa coordinación necesaria entre ellas. En quinto lugar, es importante también establecer la gratuidad o el precio de coste en la obtención de la información. Y, por último, seguramente será necesario establecer una autoridad independiente que actúe como garantía de revisión imparcial de la solicitud. Para ir terminando, señor presidente, señorías, quiero poner en valor la buena predisposición que ha mostrado el nuevo Gobierno a continuar participando en la iniciativa internacional del Open Government Partnership liderado por Estados Unidos, Brasil, Noruega, Reino Unido, México, entre otro países, y la predisposición que tiene que ir acompañada por el cumplimiento de algunos requisitos si queremos realmente apostar por esta iniciativa. Los requisitos que se solicitan a España y a todos aquellos países que quieran participar activamente en esta iniciativa son en primer lugar suscribir la declaración sobre Gobierno abierto, en segundo lugar presentar un plan de acción concreto y abierto a consulta pública y, finalmente, aceptar la evaluación externa de las medidas adoptadas. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, queremos mostrar el apoyo para que el Gobierno cumpla con estos requisitos, y creo que sería muy positivo involucrar desde ya a la sociedad civil en esa consulta pública que se prevé. Para terminar, querríamos pedir explícitamente el voto afirmativo a todos los grupos de la Cámara para su tramitación conjunta, en el caso de que llegara el proyecto de ley anunciado por el Gobierno, porque pensamos que compartimos objetivos —compartimos los objetivos que se recogen en esta proposición de ley—, porque es una iniciativa pensada para el consenso y porque sería una buena señal para la ciudadanía darle un mensaje de acuerdo en esta materia. Queremos pedir el voto afirmativo también porque pensamos que es bueno para nuestra democracia y, sobre todo, porque es bueno para acercar las instituciones públicas, el sector público, la política, a la ciudadanía, cosa que a todos nos debería preocupar. Muchas gracias".

La meitat del poder

Aquí us deixo l'article que avui ha sortit publicat a el Periodico i que signem 49 dones socialistes:


En aquests moments tan decisius per al socialisme català, a les portes del XIIè Congrés del PSC, declarem que som feministes perquè som socialistes, i perquè no volem ni podem viure d’esquenes a aquesta màxima que és tan nostra com de totes aquelles persones, dones i homes, que han lluitat per la igualtat de gènere al llarg de la història. El seu llegat és tan valuós que no pot caure en l’oblit, és un pilar ideològic de primer ordre al qual ens devem, tant en la reivindicació com en l’acció.

La nostra és una contribució a la igualtat entre tots els éssers humans, en tots els àmbits. Ho és ara i ho ha estat sempre. Noms imprescindibles per a la lluita pels drets de les dones però també per a l’emancipació de totes les persones com la Clara Zetkin o la Clara Campoamor en són un exemple, com també ho són els de les socialistes Mercè Sala, Marta Mata o Francesca Martin.


La batalla és discursiva, és argumentada, és dialogada, no busca vèncer però sí convèncer. La famosa afirmació de Kate Millet “allò que és personal és polític” dóna sentit a la nostra vocació política, i gràcies a aquesta tradició feminista hem plantejat en el passat qüestions de màxima importància com la vindicació del talent de les dones i de la seva capacitat de lideratge en els àmbits social, polític i econòmic; la necessitat de conciliació de la vida personal i laboral, tant la nostra com la d’ells, i la coresponsabilitat en l’àmbit privat; l’eliminació de la bretxa salarial; la defensa dels drets sexuals i reproductius; i l’eradicació total i definitiva de totes les manifestacions i formes de la violència masclista, entre d’altres. I és cert que hem cercat aliances i complicitats també amb els nostres companys. Per això, volem agrair l’empatia vers la causa que -insistim- ha de continuar essent comuna. Però el feminisme no és conformista, és valent. No volem escudar-nos en eufemismes. Ho diem clar: “La meitat del cel, la meitat de la terra, la meitat del poder”. Només així dones i homes podrem conviure en condicions de plena justícia social.


Ens erigim, doncs, en peu d’igualtat, per recordar que som la meitat i aspirem a una direcció plural, on la cúpula de la comissió executiva es conformi tenint en compte el principi d’equilibri de sexes, entre d’altres. És cert que les quotes ens han donat accés a l’assumpció de responsabilitats, però també s’ha demostrat que no són un instrument que garanteixi completament el repartiment paritari del poder. Per això, és necessari un acord polític que, en el marc del proper congrés, consolidi la democràcia paritària com un dels fonaments ideològics i estratègics del Partit dels Socialistes de Catalunya. Nosaltres jugarem aquest partit.

Signen:


Mònica Almiñana, Maria Badia, Montserrat Badia, Meritxell Batet, Maria Josep Beltran, Sara Berbel, Laia Bonet, Emilia Briones, Mertitxell Cabezón, Montserrat Capdevila, Magda Casamitjana, Rosa Mª Caselles, Cristina Cardenete, Carme Carmona, Carme Chacón, Aintzane Conesa, Tere Cunillera, Isabel Darder, Pilar Diaz, Esperança Esteve, Anna del Frago, Jordina Freixanet, Carme Garcia Lores, Marina Geli, Eva Granados, Mònica Lafuente, Isabel López, Raquel López, Manuela de Madre, Glòria Mans, Núria Marín, Eva Martínez, Rocío Martinez-Sempere, Caterina Mieras, Imma Moraleda, Lourdes Muñoz, Gisela Navarro, Teresa Padrós, Agnès Pardell, Núria Parlón, Josefa Peiró, Iolanda Pineda, Consol Prados, Esther Pujol, Lídia Santos, Núria Segú, Lucia Solis, Montserrat Tura i Núria Ventura.

El personal de la Administración Pública

Para finalizar la serie de post en los que, al hilo del debate organizado por la Asociación de antiguos alumnos del INAP, hemos analizado diversos aspectos relacionados con la Administración Pública, vamos a terminar atendiendo a aspectos relacionados con la convivencia en la Administración de directivos, políticos y altos funcionarios. ¿Ha de articularse mejor esa convivencia? ¿Tiene un efecto positivo sobre la calidad del Gobierno la profesionalidad de la función pública directiva?

Desde luego sí considero que una profesionalización de los titulares de órganos directivos redundaría en una mayor calidad de gobierno.

El principio meritocrático, la idea de selección de los mejores, debe estar presente para los nombramientos en este sector. Asimismo, parece pertinente exigir una motivación, en el sentido de una justificación racional de la decisión de dicho nombramiento, acabando así con la libre designación.

Entre la esfera de la política –reforzado o ayudado por el personal eventual− y la esfera de la gestión pura desarrollada por profesionales seleccionados única y exclusivamente por mérito debe existir un tipo de personal capaz de realizar funciones directivas. Para la elaboración de las políticas públicas que un gobierno quiera llevar a cabo será fundamental la participación de altos funcionarios si queremos que se articule bien (que se adapte a la realidad administrativa) y que se aplique posteriormente bien. Lo normal, por tanto, será que la mayoría de este personal directivo acabe procediendo de la función pública, aunque esa no deba ser una característica establecida como obligatoria.

El EBEP diseña con carácter general y abstracto el régimen jurídico de los directivos públicos, aunque no establece un marco normativo exhaustivo, dadas las propias características de la función, que no son homogéneas en el conjunto de las administraciones ni en los diferentes sectores que la componen.

El EBEP sí enfatiza los dos elementos esenciales para caracterizar este colectivo de manera precisa y rigurosa:

1. no es necesario ser funcionario.
2. configurar la condición de profesionalidad (se rompe con el puesto de libre designación por razones de confianza, que durante tanto tiempo ha imperado en la administración)

Así, la designación queda abierta a personas ajenas a la administración. No se reserva exclusivamente a los funcionarios, pero debe atender a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad en relación con el puesto concreto –esto es, valoración de la experiencia previa y de las habilidades concretas−, debiéndose llevar a cabo por procedimientos de selección competitiva.

Otro de los rasgos esenciales del directivo, recogido en esta norma, es su sujeción a la evaluación de su actividad, con control de sus resultados y la exigencia de responsabilidad por su gestión.

¿Responde Administración Pública en España a las expectativas de los ciudadanos?

Hablar en términos generales es muy complicado porque las encuestas de satisfacción son muy variables según servicios. Hay algunos servicios públicos que están muy bien valorados (p.e: sanidad). Sin embargo detecto dos fenómenos que cada vez se están mostrando más agudamente:

- Los ciudadanos ya no se ven a sí mismos como sujetos pasivos de la acción administrativa, reclaman cada vez con más fuerza una mayor participación en la toma de decisiones y exigen una mayor transparencia en la gestión y una verdadera rendición de cuentas. Cada vez con mayor intensidad son conscientes de su protagonismo como “contribuyentes” y a la vez clientes de los servicios públicos.
También reclaman las mínimas cargas administrativas, una mayor coordinación de las diferentes administraciones competentes que redunde en mayor claridad y facilidad de los trámites que tienen que realizar.

- Cierta deslegitimación de los políticos (y por extensión de los servidores públicos en general), a los que consideran lejanos, influidos por grupos de intereses o preocupados por sus problemas y, en cambio, no preocupados por las “auténticas” exigencias ciudadanas.

Intentar revertir esta tendencia debe ser uno de los objetivos principales de la acción pública en los próximos años

Los principales problemas a los que se enfrenta la Administración Pública en la actualidad (II)

En los debates organizados por la Asociación de antiguos alumnos del INAP también se planteó si tras los sucesivos procesos de modernización abordados en los últimos años y en el actual contexto de crisis económica e institucional era necesaria una nueva reforma de la Administración Pública en España. En caso de que creyésemos esto necesario se nos interpeló sobre deberían ser los principales elementos a tener en cuenta.

No me parece positivo plantearse reformas de gran calado para un contexto económico concreto. Creo que habría que revitalizar las “reformas” cuyas bases legales se aprobaron en la VIII legislatura.

En primer lugar, creo necesario impulsar e implantar el modelo de agencia estatal (ralentizado en los últimos años). Este modelo ha sido el último intento de superar el modelo weberiano de “ejecución burocrática de la ley” e implantar un nuevo modelo de Administración Pública que, más allá de la descentralización funcional, responda a los siguientes criterios:

a) una diferenciación nítida entre la dirección estratégica –nivel político−, que formula los objetivos, y la gestión operativa (función directiva);
b) una financiación de dichas unidades vinculadas al cumplimiento de los objetivos marcados;
c) control dirigido fundamentalmente a la evaluación de sus actividades y al cumplimiento de objetivos.

Esto es, implantar el modelo de Agencia que se caracteriza por la gestión por objetivos, previamente determinados y cuantificados, responsabilización por resultados, mayor nivel de autonomía –con capacidad de decisión sobre los recursos asignados− y reforzamiento de los mecanismos de control.

Vemos pues que no es sólo una cuestión de cambio de nombre, no es una operación cosmética mediante la que se pretende crear un tipo más de organismo público para añadir a la ya rica tipología presente en el paisaje institucional español. La apuesta por las agencias pretende cambiar las bases sobre las que tradicionalmente se ha estructurado la relación entre la instancia de elaboración de políticas y la instancia operativa. Por ello su instrumentación se formula mediante el contrato de gestión.

En este contrato se determinan los compromisos que asume la Agencia y los medios necesarios para cumplirlos; refleja el equilibrio entre las dos notas características del modelo organizativo: autonomía y responsabilidad. El contrato de gestión ha de contener: i) los objetivos, y los resultados que se han de obtener; ii) planes para desarrollar los objetivos con marcos temporales, y los proyectos que se han de desarrollar: iii) indicadores para evaluar los resultados obtenidos; iv) los efectos asociados al cumplimiento de objetivos así como los mecanismos que permitan la exigencia de responsabilidad.

La autonomía de gestión se manifiesta fundamentalmente en la gestión del personal -selección y remuneraciones- en el régimen presupuestario –carácter limitativo de la cuantía total y estimativo en su distribución interna−, y en el sistema de control –modelo de auditoría y no de control previo−.

Además la implantación de este modelo potenciará la evaluación de las políticas públicas y de los servicios públicos y el sistema de rendición de cuentas.

En segundo lugar, el desarrollo de aquellos aspectos del EBEP que tienen como finalidad fundamental una “optimización” de los recursos humanos existentes, la motivación del personal, la mejora de los objetivos asignados a cada organización, o lo que en definitiva podemos denominar “el compromiso del servidor público con la res pública”.

Vaya por delante el reconocimiento que los aspectos más novedosos del EBEP no se han implantado, en parte por la falta de la legislación de desarrollo tanto estatal como autonómica.

Para ello considero necesario hacer hincapié en algunos de estos aspectos más novedosos:

o Mejorar los sistemas de acceso a la función pública, adecuando el contenido de las pruebas selectivas y de los cursos y periodos de prácticas a las funciones que se han de desempeñar.
o Generalizar la evaluación del desempeño que será el criterio determinante para la carrera administrativa, la provisión de puestos de trabajo y la promoción interna. Determinará asimismo una parte sustancial de las retribuciones variables y será un instrumento esencial para el mantenimiento del puesto de trabajo e incluso de la condición de funcionario público.
o Implantar con carácter general de la carrera administrativa, incidiendo en la carrera horizontal como sistema de incentivación del funcionario sin necesidad de hipertrofiar la estructura administrativa.
o Profesionalizar la “función directiva pública”.

En tercer lugar, una mayor coordinación y cooperación entre las administraciones públicas, incluida la europea. La cooperación interadministrativa es un clamor. Eso permitiría al mismo tiempo su simplificación y su modernización. Se han hecho cosas importantes como la ley de acceso electrónico o el plan de reducción de cargas, pero sin duda queda mucho por hacer. Conseguir la lealtad institucional y aparcar la desconfianza entre las AAPP será uno de los elementos que más avances pueden aportar en esta dirección.

En cuarto lugar, la mejora de la administración electrónica y dar el paso a la Administración y Gobierno abierto. Para ello es imprescindible aplicar en toda su extensión la ley de acceso electrónico por parte de todas las AAPP, así como las leyes que transponen la directiva de servicios, las que conocemos como ley paraguas y ley ómnibus. Hay que aprovechar que ello sirva para cambiar las organizaciones y los procedimientos, porque lo que hay detrás es un cambio de paradigma, un cambio en la concepción de la relación que debe establecerse entre las AAPP y los ciudadanos. Podría decir que incluso es una relación más democrática. Me explico. La administración se desprende del paternalismo y la desconfianza hacia el ciudadano, otorgándole mayor libertad mediante menor control previo, cosa que acarrea necesariamente la asunción de más responsabilidad por parte del ciudadano. La proximidad y la transparencia que puede facilitar un gobierno abierto facilita la acción política y administrativa y eso hay que saber aprovecharlo.

En quinto lugar, hacer mención expresa de la necesidad de una Ley de transparencia y acceso a la información pública, cuyos principios generales básicos querría mencionar:

- Máxima publicidad (transparencia activa)
- Régimen de excepciones (que debe limitarse a los constitucionalmente establecidos)
- Ausencia de un interés legítimo
- Dotarse de infraestructuras internas adecuadas para facilitar el acceso a la información
- Órgano de garantía del cumplimiento de este derecho al acceso a la información
- Gratuidad o precio de coste en la obtención de la información

Los principales problemas a los que se enfrenta la Administración Pública en la actualidad

Otra de las cuestiones surgidas en el debate organizado por la Asociación de antiguos alumnos del INAP tiene que ver con los principales problemas a los que se enfrenta la Administración Pública en la actualidad.

Distinguiría entre los problemas de la Administración Pública derivados directamente de la actual crisis económica, y en concreto de la necesidad de reducción del déficit público, y aquellos otros de un carácter más estructural.

En todo caso hay uno que sobrevuela transversalmente y es la necesidad de revalorizar “lo público”. La desafección y el distanciamiento de la ciudadanía de los políticos pueden dar un salto adelante irreversible que es la desafección con la Política en sentido amplio. Para ello será fundamental que todos los que nos movemos en el sector público hagamos un esfuerzo de diálogo, de respeto y valoración mutua para sumar. No tiene sentido alimentar las reticencias o desconfianzas que puedan existir entre los empleados públicos y los políticos.

Adicionalmente creo que hay tres elementos que deberíamos enfatizar para mejorar esta relación con los ciudadanos:

Racionalidad: tratarlos de igual a igual, haciendo que la máxima kantiana de la lucha emancipadora para que los hombres alcancen una mayoría de edad crítica y autoconsciente sea interiorizada por el sector público. Huir del pim-pam-pum y la mercadotecnia.

Participación, como sinónimo de implicación y corresponsabilidad.

Desarrollo del vector republicano, de manera que el ciudadano se sienta implicado en la construcción de lo colectivo, más allá del desarrollo de los derechos individuales.

Entre los retos derivados de la actual crisis económica (o no) destaco los siguientes:

- Falta de recursos apropiados para llevar a cabo las políticas públicas que se quiere. (Cabría hablar en profundidad de: sistema fiscal, lucha contra el fraude y la corrupción).

- riesgo de privatización de la gestión de servicios públicos, fundamentalmente aquéllos que constituyen el núcleo duro del Estado de Bienestar, a partir del falso “dogma” de una mayor eficiencia de la gestión privada.

- pérdida de la consideración de la Administración como un elemento de cohesión social y consecuente falta de apoyo ciudadano.

- desmotivación de los empleados públicos causada tanto por unas menores perspectivas de progreso en su carrera profesional como por la reducción de sus retribuciones.

- desincentivación de posibles candidatos al acceso a la función pública como consecuencia de las exiguas ofertas de empleo público, lo que puede llevar también a un envejecimiento y descapitalización de la Administración si la situación de reducción de las ofertas de empleo público se mantiene largo tiempo.

En cuanto a los retos estructurales destaco:

- una falta de flexibilidad en la gestión administrativa, o lo que es lo mismo, la ausencia de criterios gerenciales.

- las deficiencias en cuanto a transparencia en la toma de decisiones y en la gestión,

- falta de rendición de cuentas de los administradores a los ciudadanos.

- determinadas descoordinaciones entre los cuatro niveles de administración pública (europea, española, autonómica y local)

- resolver bien la carrera funcionarial, potenciando la promoción horizontal como una vía de incentivación

- poner énfasis en la formación que permita adaptarse a los cambios de los nuevos tiempos. Se puede avanzar mucho legislativamente, pero después hay que pasar de lo jurídico a lo real y ese paso acostumbra a ser más difícil.

¿La Administración Pública española está sobredimensionada?

En el marco de un debate organizado por la Asociación de antiguos alumnos del INAP se nos permitió reflexionar sobre cuestiones de fondo absolutamente necesarias para las Administraciones Públicas y el futuro del sector público en general en nuestro país. Voy a ir colgando algunas de las cuestiones principales que se suscitaron. Hoy publico la primera de ellas, sobre la "dimensión" que una administración debe tener.

Para determinar si la administración está sobredimensionada, teniendo en cuenta que este término tiene una connotación comparativa, me plantearía dos cuestiones adicionales: a) comparada con qué y; b) para hacer qué. Si somos capaces de responder a estas preguntas podremos llegar a una conclusión.

Respecto a la sobredimensión comparada con otros países. Si nos atenemos a los datos del Registro de Personal que no incluyen trabajadores de sociedades estatales (como ya señaló el profesor Villoria) y a indicadores cuantitativos como son los porcentajes de empleo público sobre población ocupada y sobre población en general, observamos que España, en cuanto al tamaño del empleo público, es un país intermedio entre los desarrollados, que se sitúa por debajo de la media de la OCDE. Dicho de otra manera, hay países de nuestro entorno con más empleados públicos porcentualmente, por ejemplo: Francia, Reino Unido, Italia o Suecia, entre otros.

Diferente es que pueda existir sobredimensión de estructuras administrativas o duplicidad de organismos públicos pertenecientes a la misma o distinta administración realizando las mismas funciones o prestando similares servicios públicos. También cabría hacer un análisis sobre la eficiencia y la eficacia en la prestación de los servicios. Obviamente ya no estaríamos hablando de reducción de la Administración, sino de racionalización y reordenación.

En cualquier caso, sí creo conveniente un análisis riguroso y amplio sobre las diferentes administraciones públicas en España –estatal, autonómica y local− que permitiera tener una “fotografía” del número de estructuras, sus funciones, empleados públicos adscritos a cada una de ellas, etc. Serviría como base para cualquier racionalización o reordenación de funciones incluida la solución de eventuales duplicidades, racionalización de funciones de la que se podría derivar la reestructuración organizativa. En este sentido, quiero recordar que la Agencia de Evaluación de Políticas y Servicios Públicos está realizando un estudio que, a mi juicio, servirá para adoptar decisiones tanto de organización como de funcionamiento en las Administraciones Públicas.

En segundo lugar, habría que plantearse para qué queremos la Administración Pública. La dimensión de cualquier administración es cuestión también de valoración política e ideológica, esto es, del papel que se quiera otorgar al sector público como proveedor de servicios; qué servicios se quieren prestar y de qué modo se quiere hacer, así como considerarla elemento de cohesión social y garante de los derechos y libertades de los ciudadanos.

No creo que tenga sentido decir: sobran profesores o abogados del estado o policías. Dependerá de la configuración que queramos hacer de estos servicios públicos.

Por poner un ejemplo: con la aplicación de las leyes que transpusieron la directiva de servicios donde la regla general de autorización previa desaparece sería conveniente, quizás, que el servicio de licencias pasara progresivamente a inspectores de trabajo o inspectores de cada servicio

La immersió lingüística a l’escola és la millor garantia per al bilingüisme real

El Congrés dels Diputats avala avui el model català a l’escola

El Congrés aprova avui una iniciativa pactada pel PSC que avala el model d’immersió lingüística vigent en l’educació a Catalunya. La immersió és el model pel que va apostar Catalunya per unanimitat ja l’any 1983. És “curiós” que ara aquesta unanimitat es trenqui per part del PP o s’intenti ideologitzar un tema que no és ideològic. Els termes en els quals ens hem d’aproximar a aquesta qüestió són els pedagògics i els socials, els mateixos arguments que els socialistes que vam utilitzar des del primer moment per defensar aquest model.

El model d’immersió lingüística actual permet la cohesió social, no la segregació, i promou la igualtat d’oportunitats real, on no hi hagi diferència entre els que només parlen castellà i els que sí que han tingut accés a la llengua catalana i que per tant, són competents en ambdues llengües. És un model que garanteix el bilingüisme real: tots els nens i totes les nenes de Catalunya parlen, entenen, llegeixen i es poden relacionar tant en català com en castellà quan finalitzen els seus estudis. Aquest és el bilingüisme real, el que garanteix la llibertat de l’alumnat en el futur. El coneixement farà més lliures als ciutadans i ciutadanes de Catalunya del futur i aquest és el model educatiu que millor ho garanteix: això ho mostren els resultats i el reconeixement internacional obtinguts.

LA IMPORTANCIA DE PRESERVAR DERECHOS FUNDAMENTALES

Tener un buen debate de fondo, casi de historia política y democrática son oportunidades que no se dan tanto en sede parlamentaria. Este, por ejemplo, es un buen debate para hablar de Libertad positiva y Libertad negativa de los ciudadanos, entendida, esta última como la disposición de espacios personales donde el Estado no puede acceder y los límites, por tanto, a los que también los poderes públicos están sometidos. No hace falta que destaquemos en esta cámara la importancia de ello, asociándolo al reconocimiento de un catálogo de derechos fundamentales con el máximo de garantías y protección.

Uno de esos derechos en nuestra Constitución es el derecho a la intimidad, reconocido en el artículo 18 y en cierto modo una excepción que contempla nuestro ordenamiento jurídico a este derecho es la existencia precisamente del Padrón municipal donde constan los datos de todos los vecinos de un municipio. Es un elemento que se ha mostrado absolutamente necesario para:

- Acreditar la residencia habitual.
- Conocer el número de vecinos de un municipio.
- Conocer la participación en los tributos de un ayuntamiento dado que está basada en el número de habitantes.
- Calcular el número de concejales a las elecciones locales o
- Establecer los Servicios mínimos a prestar por los Ayuntamientos y, por tanto, poder dimensionar correctamente los servicios públicos que deben ofrecer.

Por ello se contempla la obligatoriedad de inscripción en el Padrón, porque es fundamental para los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía. Ahora bien, con la conciencia de excepcionalidad y teniendo muy bien definidas cuales son sus funciones se concibe también con muchas limitaciones:

· Solo tiene acceso a él la Administración Municipal y las otras Administraciones Públicas cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o domicilio sean relevantes o para efectos estadísticos (como puede ser el censo electoral). Es decir, que el padrón no ha sido diseñado, en ningún caso, para que accedan particulares.
· En segundo lugar, se recoge la regla general de la necesidad de consentimiento previo del interesado y solo excepcionalmente se pueden ceder datos sin ese consentimiento.

Me permitirán una reflexión previa antes de entrar en el contenido de la proposición de ley. Seguramente fue en 1890 la primera vez que se escribía sobre este “nuevo” derecho a la intimidad “The right to be let alone”. Warren y Brandeis introdujeron la necesidad de la privacidad y a partir de entonces la lucha por ella ha sido clave en la evolución de las sociedades democráticas. Por otro lado, muy anteriores son los primeros censos que conocemos y que se dieron, por ejemplo en el Egipto de los faraones o en la China de la dinastía Han donde se contó ya, hace unos 4.000 años, el número de habitantes.

Más recientemente, en 1967 se constituyó en el seno del Consejo de Europa una Comisión Consultiva de la que surgió la Resolución 509 “Sobre los Derechos Humanos y los nuevos logros científicos y técnicos”. Creo que no es exagerado afirmar que esta Resolución fue el detonante de la legislación que desde entonces ha ido desarrollando Europa en materia de protección de datos.

En este sentido, nos podríamos detener en la jurisprudencia del TEDH en la que considera indisoluble el derecho a la intimidad con el derecho a la protección de datos. Asimismo, quiero destacar el artículo 8 del CEDH porque ya su propia redacción nos indica como principal objetivo garantizar este derecho frente a los poderes públicos (en tanto que tenedores de información privilegiada) dando por supuesto que, por inaccesible, la intimidad ante otros particulares está garantizada.

Con todo lo expuesto no quería otra cosa que mostrar a la cámara y a la ciudadanía que no estamos hablando de una reforma menor, ni de una cuestión colateral de nuestro ordenamiento jurídico, sino de la columna vertebral de la configuración de un estado democrático de derecho, del catálogo de derechos fundamentales que todas las sociedades abiertas han tenido y siguen teniendo reconocidos, donde lo que está en juego es la dignidad de las personas.

Quizás está muy bien que tengamos 24 horas de Gran Hermano en TV (ese, en todo caso, sería otro debate), pero sería intolerable para todos el Gran hermano de Orwell que las administraciones públicas −en lo que calificaríamos de abuso de poder− aprovechara información nuestra para usos fuera de los tasados legalmente. Pero mucho peor sería poner a disposición de un particular esos datos. Abrir esa puerta no es una decisión que debamos tomar a la ligera.

La Proposición de Ley que hoy tratamos tiene por objeto reconocer a los propietarios de inmuebles el acceso a los datos del Padrón Municipal y ello con el objetivo de poder conocer las personas empadronadas en el mismo y controlar así el cumplimiento de los contratos de arrendamiento que hayan celebrado.

La intención del grupo catalán parece estar orientada a aumentar la protección y la seguridad de los propietarios que hayan decidido alquilar una vivienda.

Creemos que el objetivo es loable pero desproporcionado, porque se violarían datos protegidos del arrendatario.

Estamos pues ante una proposición de ley que queriendo arreglar un problema, que no negamos, se plantea cambiar las reglas del juego respecto a la protección de un derecho fundamental: el grupo parlamentario socialista considera errar la vía en la búsqueda de una solución.

Además, como ya he dicho, nos parece desproporcionado que para velar por el cumplimiento de un contrato entre privados se conculque o se cercene un derecho fundamental. Sería tanto como decir que aquellos que tienen propiedad tienen derecho a la intimidad, mientras que cualquiera que tiene un piso de alquiler su derecho a la intimidad es menor. No parece que una graduación de este tipo cuando se trata de en un derecho fundamental se justifique.

Pero es que además, el voto del grupo socialista será negativo a la toma en consideración de esta proposición de ley no solo por estas cuestiones de fondo: técnico-jurídicas, de concepción profunda del estado democrático y del imperio de ley, sino porque además estamos convencidos de que no ofrece solución al problema que se pretende abordar.

Señorías, utilizar el padrón municipal para otros objetivos más allá de los determinados hasta el momento puede tener consecuencias imprevisibles. No voy a detenerme en futuribles ni en disquisiciones sobre cosas que desconocemos, pero permítanme apuntar simplemente una reflexión que todos ustedes comprenderán.

Cualquier persona que sepa que el padrón puede ser utilizado por un particular, aunque sea simplemente para denunciar un contrato de arrendamiento el efecto que provocará inmediatamente es que los empadronamientos bajarán, que no el problema de fondo que se pretende solucionar.

Por todo ello pensamos que el análisis de la problemática existente, no la podemos abordar a través de esta proposición de ley,

. porque no es un instrumento válido para atajar ese problema
. porque el derecho a la propiedad, que defendemos sin fisuras, no puede prevalecer sobre un derecho fundamental, que es lo que CiU nos propone en esta iniciativa
. y porque supone cuestionar un sistema de garantías consolidado y necesario para preservar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, de todos los ciudadanos por igual.