DECISIONES DIFÍCILES TOMADAS CON RESPONSABILIDAD

La honradez es la mejor política: y no hay nada más honrado en un gobierno que asumir la responsabilidad de sus decisiones. Así, el gobierno de España ha tomado, frente a esta coyuntura difícil, medidas desde la ética de la responsabilidad. La misma responsabilidad y la misma convicción que ha llevado a este gobierno a plantear y abordar grandes reformas que nuestro país tenía y tiene que acometer. Hoy podemos aseverar que nos ampara la credibilidad, porque la hoja de servicios de este gobierno es larga. Por apuntar tan solo algunos puntos relevantes destacaré:

- la aprobación en 2005 de varias leyes para el impulso de la productividad.
- La ley del suelo de 2007 que puso las bases para frenar la burbuja inmobiliaria alimentada por las políticas populares de crecimiento fácil, cuando decían que España iba bien.
- La reestructuración del sistema financiero, la única reforma estructural pactada con el PP, por cierto, a pesar de que las reclaman cada día
- La liberalización del sector servicios, con la transposición de la Directiva europea (con una posición por parte del partido que se autodenomina liberal que parecía dispuesto a aprobar planes quinquenales)
- Una ley de puertos,
- Una Reforma laboral aprobada la semana pasada,
- O la persecución de un Pacto sobre la Educación, conscientes de lo que ello significaría para el futuro de nuestro país, lo que significaría tener un marco estable y consensuado para formar a los ciudadanos del mañana. Así, el gobierno acaba de aprobar un Plan de Acción con objetivos bien definidos y con una financiación adecuada. También en esto se han quedado fuera señorías del grupo popular.

En el sector estrictamente de las AAPP también podemos poner en valor el trabajo bien hecho, con la aprobación de:

- una ley de Agencias, que implica mayor flexibilidad organizativa y que supone un cambio en la concepción de la Administración Pública, pensando más en una búsqueda de resultados
- una nueva ley de contratos del sector público
- Estatuto Básico del Empleado Público, reclamado durante todos estos años de democracia
- Y una Ley de acceso electrónico, buscando la modernización de la Adm. pero también su eficiencia y su eficacia en su labor de servicio público y reducir las cargas para los ciudadanos y empresas

Y vamos a seguir aprobando y trayendo a la cámara otras reformas estructurales que se deben llevar a cabo, esperamos con el consenso del principal partido de la oposición, como la

. Reforma de la legislación de las cajas de ahorro (LORCA) para mejorar la profesionalización de sus órganos de gobierno y aumentar sus recursos propios.
. Reforma del sistema de pensiones, para afrontar el reto demográfico y garantizar así su sostenibilidad en el futuro.
. O la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado.

Por tanto, hemos trabajado desde el primer día en la buena dirección y lo seguiremos haciendo, conscientes de que la ejecución de estas reformas será decisiva para las próximas décadas.

MEDIDAS DIFÍCILES EN TODOS LOS PAÍSES EUROPEOS

En ese contexto, en un contexto de trabajo de fondo llevado a cabo durante 6 años de gobierno, −de los cuales los últimos han sido arrollados por una crisis económica fortísima− y en un contexto Europeo de apuesta por reforzar la coordinación económica para combatir más eficazmente esta crisis e impulsar la recuperación, llegamos a las medidas para la reducción del déficit público que afectan a los funcionarios públicos como medidas de choque.

Todas estas medidas tomadas, todas ellas, son medidas no impuestas, sino compartidas con otros Estados miembros de la Unión Europea. Todos los países han puesto en marcha un plan de austeridad entre mayo y junio de este año.

No sé qué mecanismo de razonamiento opera en aquellos que defienden que las medidas tomadas por Cameron (como la subida de impuestos, por cierto) son una decisión del gobierno británico; o que las decisiones tomadas por la Canciller alemana, Angela Merkel y anunciadas el pasado 7 de junio de reducir en 10.000 los empleados públicos y bajarles a los que quedan el salario un 2,5% de media es un plan de ajuste muy Alemán y muy adecuadas en el tiempo, o que Italia congele los salarios de los funcionarios durante 3 años es una decisión valiente y atinada de Berlusconi.

Decía que no sé qué razonamiento se sigue para decir esto y al mismo tiempo reiterar que las decisiones tomadas por el gobierno de España, por el Presidente Rodríguez Zapatero son fruto de una imposición europea a la vez que improvisada y tardía. Solo desde el complejo se puede pensar y defender esto. Solo desde la voluntad de desacreditar a nuestro país se puede defender.

Si hubiéramos comenzado el ajuste presupuestario hace 2 años, en plena recesión, como dice que hubiera hecho el Partido Popular, habríamos sido el único país del G-20 en no tomar medidas de estímulo fiscal para amortiguar la caída de la actividad. Si les hubiésemos hecho caso lo que habría pasado es fácil de predecir: caída libre del crecimiento y más desempleo. Por eso ahora hemos sido de los primeros países en iniciar y acelerar el proceso de consolidación fiscal.

La verdad es que no hay vez que se hable de política exterior o de relaciones de España con terceros países que la derecha no saque a relucir la palabra ridículo. El PP se avergüenza, pero con una vergüenza que solo tiene que ver con su inseguridad. La inseguridad de cuando eres adolescente y todo lo que hacen tus padres y la gente cercana te parece ridículo. No porque este sentimiento tenga que ver con las condiciones objetivas de la actitud de tus padres, igual que en política exterior no tiene que ver con la actitud objetiva que tiene el gobierno, sino por simple inseguridad, la inseguridad que da la inmadurez de la adolescencia. El PP es la derecha adolescente de Europa, por eso también les cuesta tanto asumir responsabilidades.

En definitiva, todos los países europeos, TODOS, han tomado medidas que van en la misma dirección y las han tomado además al mismo tiempo que el nuestro. Todas estas reformas son una parte clave para aumentar la confianza y la credibilidad de nuestra economía.

¿Quizás es que todos estamos dando bandazos o cambios de rumbo? No, yo creo que se trata de otra cosa.

COHERENCIA IDEOLÓGICA: COHERENCIA POLÍTICA Y DE VALORES.
MEDIDAS POR OBLIGACIÓN, NO POR DEVOCIÓN

Estas son medidas excepcionales para unas circunstancias excepcionales, por lo que no se trata de cambiar de criterio o mover la posición de uno, es que imperativamente hay que hacerlo porque los hechos lo exigen, porque eso es lo que se espera de los políticos, de los gobernantes: que sean capaces de afrontar las situaciones con determinación gusten o no gusten, sean previsibles o imprevisibles y en este último caso que seamos capaces de reaccionar. Debemos ser capaces de identificar el interés general y defenderlo y nuestra responsabilidad (la de todos) es ser capaces de explicárselo a los ciudadanos.

Hemos gastado hasta donde hemos podido para reactivar la economía. Hemos primado el mantenimiento de todas las políticas que estaban en marcha hasta que la deuda ha llegado a una cantidad que ya no se podía incrementar más. Si nuestro objetivo, como es, es el mantenimiento de la cohesión social y el impulso de las políticas del bienestar sabemos que es necesario no endeudarnos más, para que en un futuro la inversión en estas políticas sociales no se vea mermada por el pago de deuda.

En todo caso, las líneas políticas del gobierno socialista no han cambiado: la búsqueda de la justicia social y el tener un sector público y unas AAPP fuertes, al servicio del ciudadano, que puedan garantizar la igualdad de oportunidades son lo que perseguimos.

Nosotros los recortes los hacemos por obligación, otros los harían por devoción.

Nosotros los hacemos para salvar el estado del bienestar, otros lo harían para debilitarlo, porque son devotos del Estado mínimo y del mercado máximo. Por eso, el Sr. Rajoy hablaba la semana pasada de la sobredimensión del sector público.

Con esta voluntad de afrontar decisiones difíciles ahora, para que mañana podamos mantener las políticas sociales, el gobierno ha presentado el Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

EL DECRETO LEY COMO CULMINACIÓN DE UN PROCESO

Este Decreto ley no viene además de manera aislada, sino que se enmarca en un contexto de austeridad en las AAPP, de racionalización de las estructuras administrativas y de una contención severa del gasto:

En 2009 se aplicó a los Presupuestos un acuerdo de no disponibilidad que afectaba a todos los ministerios de 2.500 millones de euros.

Este año hemos aprobado el Plan de Acción Inmediata 2010 que supuso un recorte de gasto de 5.000 millones de euros adicional al recogido ya en los Presupuestos Generales del Estado y
El Plan de Austeridad de la AGE 2011-2013, que plantea un recorte generalizado del gasto con un impacto equivalente al 2,6% del PIB hasta 2013.

Hemos aplicado por tanto:

1. la reducción de la oferta del empleo público al 10%
2. la reducción de altos cargos en 33 y la congelación de sus sueldos durante 2 años consecutivos
3. la reducción de 29 empresas públicas
4. la racionalización de las fundaciones y las empresas públicas estatales y
5. en particular, la racionalización de las estructuras de las delegaciones del gobierno.

Así, junto a estas medidas que ya estaban en marcha, el Gobierno presentó el Decreto Ley 8/2010 con la necesidad de aplicar un recorte en los salarios de los empleados públicos, un decremento equitativo que distribuye los esfuerzos con un criterio de progresividad, de tal manera que, siendo el recorte medio de un 5%, en la Administración General del Estado la reducción de retribuciones oscila entre el 7% para los funcionarios del grupo A1 y el 0,56% para los funcionarios del grupo E (o 2,75% para los del grupo C2). Y recordemos que en un ejercicio de ejemplaridad, el recorte de las retribuciones de los miembros del Gobierno, que son inferiores a las que en muchos casos perciben altos funcionarios, ha sido del 15%.

EL VALOR DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS COMO SERVIDORES

Todas estas medidas no tienen nada que ver con no creer en los funcionarios públicos. Al contrario. Creemos y sabemos que hacen un gran trabajo, un trabajo cotidiano demasiadas veces poco reconocido, y lo hacen por compromiso con lo público, con vocación de servicio. De ahí nuestra apuesta por introducir todas las reformas que hemos introducido en estos años desde el gobierno para mejorar en profundidad las AAPP. No necesitamos decir que estamos al lado de los trabajadores y de los funcionarios, nuestras políticas, cuando ostentamos el gobierno, así lo acreditan.

Asimismo, también sabemos que no son la parte más débil: los más débiles son los que se han quedado (o ya estaban) en el paro con responsabilidades familiares, los que trabajan en condiciones precarias, con horarios y condiciones lamentables, los que no saben si el mes que viene van a poder continuar en este trabajo precario: los más débiles son los que viven de manera cruenta la incertidumbre, la inseguridad del día después… porque esa incertidumbre es lo que nos hace más vulnerables.

Porque sabemos todo esto, pensamos que la inamovilidad, la seguridad del puesto de trabajo y ese compromiso con lo público hace que la inmensa mayoría de los funcionarios entiendan esta petición de un esfuerzo extraordinario, porque su esfuerzo repercutirá en un beneficio colectivo, en que no se haya de pedir un sacrificio mayor a otros ciudadanos.

Por otro lado, honestamente, no creo que el principal partido de la oposición esté en condiciones de criticar esta medida. Durante el periodo de 8 años que gobernaron 1996-2004, hubo un incremento nominal acumulado del 15,3%, mientras que el IPC acumulado en ese mismo periodo tuvo un incremento del 22,8%: los empleados públicos perdieron 7,5 puntos porcentuales de poder adquisitivo durante los gobiernos del PP; mientras que entre 2005 y 2009 tuvo lugar un incremento nominal acumulado del 16%, con un IPC del 12,8%, por lo que los empleados públicos ganaron un poder adquisitivo de 3,2 puntos porcentuales.

Parece que si en situación de bonanza congelaron los salarios y no fueron capaces de al menos, mantener el poder adquisitivo de aquellos que ofrecen un servicio público a todos los ciudadanos, y mantuvieron una tasa de reposición del 25% casi todos los años, en una situación como la que estamos viviendo no sé qué decisiones hubiesen tomado en este ámbito.

En todo caso, lo que sí sé, es que la credibilidad del PP para defender al sector público está ciertamente mermada, más con su líder diciendo que la Administración Pública está sobredimensionada.

Pero esta es solo la punta del iceberg de la concepción que tiene el PP de las personas. El grueso del problema es que la única conclusión posible después de escuchar sus declaraciones e intervenciones es que no creen en las personas ni en el país: ¿acaso pensaban que los empleados públicos no iban a entender la petición de este esfuerzo? La derecha española tiene en poca estima el compromiso cívico de los funcionarios, su comprensión de los problemas de nuestra sociedad, su madurez, su razonabilidad. Además, jamás apelan a esta madurez y compromiso de los funcionarios, sino a su egoísmo más romo, hacen política de egoísmo.

Apelar al egoísmo, pensar que solo hay vicios privados… es una muestra de lo que piensan de la gente. Los ciudadanos son más virtuosos de lo que el PP cree. Los ciudadanos son capaces de comprender que un esfuerzo personal puede redundar en un beneficio colectivo. Esa es nuestra convicción y desde ella gobernamos… ¿el tema está en preguntarnos desde dónde pretenden gobernar ellos?

Nosotros gobernamos desde la confianza en las personas, gobernamos y les pedimos que saquen lo mejor de ellas mismas. No se puede pretender gobernar apelando a lo peor de las personas, alentando y esperando de ellas tan solo egoísmo, simplemente, porque los ciudadanos españoles no son así.