dilluns, de maig 28, 2012

El Gobierno no respeta los Estatutos de Autonomía


Tanto la sección 32 como la 33 de este proyecto de Presupuestos Generales del Estado son reflejo de las líneas generales de todos los presupuestos. Carecen de una estrategia de crecimiento, sin construir las bases para el cambio del modelo productivo —de hecho, en lo que va de legislatura no ha habido ninguna reforma estructural de esas que tanto nos hablan—, contribuyen a generar desconfianza, una desconfianza que en este caso se refleja o se traslada al sector público, y aplican una austeridad indiscriminada, lineal, no selectiva, y por tanto afectando a inversiones estratégicas para el futuro de nuestro país. Dicen que son unos presupuestos excepcionales para una coyuntura, pero las medidas que contemplan son irreversibles. Estos presupuestos no responden a querer enfrentarse a una situación económica determinada, compleja, sino a una interpretación concreta de la realidad y, por tanto, a una concepción ideológica.

Decir incluso que no hay alternativa, como han manifestado algunos miembros del Gobierno desde esta tribuna a lo largo del día de hoy, responde a un planteamiento ideológico. Solo desde el determinismo, desde la convicción de poseer la verdad se pueden hacer estas afirmaciones. La política, por definición, tiene alternativa, porque la política se construye no con verdades, sino con diálogo y consensos y con cesión para aproximarse al otro. Si algo ha puesto de manifiesto la crisis económica es la reclamación de más política. Las expectativas de la ciudadanía crecen y la única manera de hacer frente a los miedos y a las inseguridades es con política. La ciudadanía reclama soluciones desde el sector público, soluciones negociadas y debatidas, de respeto, porque solo así se genera confianza y para eso, precisamente, necesitamos un sector público fuerte.

Señorías, la democracia es participación deliberativa, como diría Habermas, y esto significa lenguaje, intercambio inteligente de argumentos y contraste de los mismos mediante razonamientos participados. Qué mejor sitio que el Parlamento para plasmar esta participación deliberativa. Qué mejor política que la de respetar los acuerdos votados por esta Cámara. En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista cree necesario empezar dando cumplimiento a las previsiones contempladas en los estatutos de autonomía sobre inversiones del Estado y grandes actuaciones territoriales.

Para dar cumplimiento a las previsiones establecidas en los estatutos de autonomía de Andalucía, de Aragón, de Castilla y León, de Cataluña, de Extremadura y de las Illes Balears sobre inversiones del Estado, se ha optado por establecer un crédito global ampliable de 1.250 millones de euros, adjuntando los respectivos anexos de inversiones para cada una de las comunidades autónomas citadas. Asimismo, se han habilitado dos nuevas disposiciones adicionales. Una, para dar cumplimiento a las previsiones establecidas en el Estatuto de Andalucía sobre inversiones del Estado en lo relativo a las desviaciones definitivas en la ejecución de las inversiones del Estado en los ejercicios 2008 y 2009, que han sido certificadas por la Intervención General del Estado en un total de 1.504.540.000 euros. Y otra con el mismo objetivo, para cumplir el Estatuto de Cataluña, por un importe de 978 millones de euros. Por otro lado, se ha establecido mediante enmienda al articulado una nueva disposición adicional para cumplir con la denominada deuda histórica en Extremadura, que deberá determinarse antes del 28 de agosto del presente año. Finalmente, se ha recuperado un crédito de 43,2 millones de euros para las actuaciones a realizar por la Administración General del Estado directamente o mediante convenio en la Comunidad Autónoma de Canarias, en cumplimiento de lo establecido en materia de inversiones en la Ley 19/1994, de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias. Estas enmiendas que acabo de presentar en nombre del Grupo Parlamentario Socialista buscan la cooperación entre administraciones y piensan en los ciudadanos de nuestro país desde el fortalecimiento de su organización territorial y de sus instituciones públicas.

El incumplimiento en este proyecto de presupuestos de los estatutos de autonomía no es inconstitucional. No es un problema de inconstitucionalidad, sino que es un ataque político de primera magnitud a las instituciones democráticas de nuestro país, a lo aprobado por las Cortes Generales, a lo aprobado por los parlamentos autonómicos respectivos y, en algunos casos, incluso a lo votado por la ciudadanía en referendo. Les recuerdo cuando su grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, pedía desde esta tribuna el cumplimiento de las proposiciones no de ley. Supongo que cumplir las proposiciones no de ley en la oposición, sí, pero cumplir las leyes orgánicas en el Gobierno, no.

En definitiva, señorías, con estas enmiendas no se trata solo de dar cumplimiento jurídico a las normas institucionales básicas de las comunidades autónomas, que además son leyes orgánicas, sino de apostar por el respeto a estos pactos y a estos acuerdos, de apostar por la lealtad institucional entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas como partes de este Estado. Debilitar las comunidades autónomas, cuestionarlas, gestionarlas mal y engañar desde ellas es debilitar al propio Estado. Curiosamente, ahora escuchamos al secretario de Estado de Administraciones Públicas, exconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, que nos quiere dar lecciones y amenaza con intervenir a las comunidades autónomas cuando él desde su posición de consejero de Economía no dejó las cuentas de su comunidad autónoma especialmente claras.

Termino, señor presidente. En un momento de crisis económica en el que hay más miedos y más incertidumbres que nunca, más desigualdad, más marginación, menos cohesión social y más necesidades solo hay un camino: más política. Hacer caso omiso a los pactos políticos es debilitar la política y esa es también una opción ideológica que reflejan estos Presupuestos Generales del Estado. Gracias.
(Intervención en Pleno -  Día 22 de mayo de 2012)