dijous, de setembre 20, 2007

POLÍTICA DE VECINDAD EUROPEA


Esta semana hemos tenido en el pleno del Congreso de los diputados un nuevo debate en materia energética. Es sabido que el tema se ha situado como uno de los centros de mayor interés para la Unión Europea, especialmente después del Plan de Política Energética de la Comisión aprobado el 10 de enero de este año.

Habría, como ya he escrito en otros artículos de este blog, tres ejes fundamentales que marcan esta política energética de la UE: el aumento de la competitividad, en primer lugar, en segundo lugar, la sostenibilidad y, en tercer lugar, el asegurar el suministro de energía para todos los países. Para ello es fundamental que los Estados miembros apostemos por la disminución de la dependencia con respecto de otros países, generando más energía propia, a poder ser además apostando por las energías renovables, pero lo cierto es que esta dependencia es por el momento lo que marca la realidad actual y lo que nos obliga, en cierto modo, a tener buenas relaciones con países suministradores de regímenes turbios.

En este sentido, Rusia, es uno de los países clave para la UE. En la aproximación de la Unión han trabajado las instituciones comunitarias.

Sin ir más lejos, El Parlamento Europeo aprobó una recomendación al Consejo el 26 de febrero de 2007 y la COSAC aprobó una resolución el 15 de mayo también de este año en las que se ponía énfasis en la necesidad de tener una buena relación con la región del Cáucaso, ya no sólo por cuestiones de necesidad de energía, sino por Política de vecindad: una de las políticas vertebradoras de la UE. Recordemos, que además de los países del este de Europa y Cáucaso meridional, la política de vecindad se focaliza en el área Mediterránea.

Pero también se han trabajado las relaciones bilaterales de Estados como Alemania o como Francia, que han estrechado sus relaciones con Rusia, conscientes de la importancia estratégica que ello conlleva.

Nosotros, desde España, reclamamos compromiso de los países del norte y del centro de Europa con la ribera sur del Mediterráneo, porque pensamos que la vecindad es de Europa entera con el resto, así pues, es importante que España, a su vez, deje claro con gestos concretos que para nosotros también es importante la política de vecindad con los países que nos quedan geográficamente lejos: porque nuestro compromiso debe ir más allá de la cercanía física. Si queremos exigir responsabilidad de todos los países de la Unión con el sur nos hace falta credibilidad, credibilidad que la ganamos estrechando también las relaciones con países que no son frontera directa con nosotros.
Con el objetivo de proteger y garantizar los intereses de nuestro país allí y además dando cumplimiento a esta política de vecindad diseñada por la Unión Europea, España ha estrechado durante toda esta legislatura sus vínculos con Rusia. Las relaciones bilaterales se han producido en sus distintas dimensiones: la dimensión política, con visitas de los Presidentes Rodríguez Zapatero y Putin a los respectivos países (la última se producirá por parte de nuestro Presidente del Gobierno el 28 de este mes) y reuniones de los Ministros de Exteriores; en la dimensión técnica, habiéndose producido consultas a nivel de Directores Generales de Exteriores sobre Oriente Medio, América Latina, OSCE o Naciones Unidas; a nivel parlamentario; en el ámbito militar, donde los Jefes de estado Mayor han intercambiado visitas; en la cooperación de la lucha antiterrorista, creándose un Grupo interministerial de lucha antiterrorista que a partir de 2005 se viene reuniendo con carácter anual en Madrid o Moscú; y en el plano económico, con comercio bilateral, turismo y especial atención a las empresas españolas que son cada vez más activas en Rusia.

Asimismo, nuestra presidencia de la OSCE este año es una oportunidad que España está aprovechando para impulsar el diálogo y la cooperación con Rusia, en la medida en que este país es una de las piezas clave de esta organización.

dimecres, de setembre 12, 2007

LAS LENGUAS OFICIALES DEL ESTADO EN LA UNIÓN EUROPEA



Querría hablar esta semana sobre la promoción y presencia de las lenguas oficiales del Estado además del castellano en el ámbito de la Unión Europea. Es reconocido por todos los partidos políticos (incluso aquellos más exigentes en estas cuestiones) de que ningún otro gobierno ha adquirido más compromisos y ha tenido más iniciativa en esta materia que el actual.

El punto de partida se dio el 13 de diciembre de 2004 con la presentación en el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores el memorando por el que el Gobierno solicitaba el reconocimiento como lenguas oficiales en la Unión de todas las lenguas que tuvieran carácter oficial en España.

A raíz de esto se empezaron a negociar los acuerdos respectivos con los diferentes organismos e instituciones de la Unión, pudiéndose firmar estos Acuerdos:

con el Consejo el 7 de noviembre de 2005,
con el Comité de las Regiones el 16 de noviembre,
con el Defensor del Pueblo europeo el 30 de noviembre,
con la Comisión europea el 21 de diciembre y
con el Comité Económico y Social Europeo el 7 de junio.

A su vez, la mesa del Parlamento Europeo adoptó, en su reunión de 3 de julio de 2006, un acuerdo para dar cabida al uso de las lenguas oficiales españolas distintas del castellano en sus comunicaciones con los ciudadanos. Es cierto que todavía ahora los europarlamentarios catalanes, por ejemplo, no pueden dirigirse en la cámara en esta lengua, pero lo más importante, que es garantizar el derecho a todos los ciudadanos a dirigirse por escrito a la misma, sí lo está.

Finalmente, apuntar que en estos momentos está abierta la negociación de acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que previsiblemente en breve se abrirán también los trámites para un eventual acuerdo con el Tribunal de Cuentas. Con ello, habríamos abordado todas las instituciones comunitarias así como los principales organismos de la Unión.

Por tanto, podemos concluir que el avance en esta materia ha sido extraordinario, porque el compromiso del grupo socialista, en esta materia, ha sido y es incuestionable.

Una última nota: me gustaría poner de manifiesto de forma clara y firme de que los socialistas no necesitamos convencernos de la pluralidad de España ni de que el catalán, el gallego y el euskera son lenguas españolas y que como tal deben ser tratadas por el Gobierno… porque si alguien cree en esta riqueza, en esta convivencia y apuesta por un Estado Federal de verdad ese, precisamente, es nuestro partido, no los partidos nacionalistas.



dimecres, de setembre 05, 2007

LA MILLORA SILENCIOSA DE LA DEMOCRÀCIA

Som a l’era dels “governs del poble”, de la democràcia. Ningú no qüestiona (al menys de paraula) que aquest és el millor dels sistemes coneguts i en ell intentem desenvolupar les societats contemporànies, el benestar de les persones, el progrés, la qualitat de vida, el creixement econòmic... oblidant-nos sovint que per a tot plegat, és imprescindible creure en el sistema de veritat, no a mitges i a conveniència, sinó acomplint totes les regles del joc amb tenacitat, sense abaixar la guàrdia i sense escletxes. Un dia ens llevem i l’escletxa és forat, i per allà perdem anys de lluita de benestar, de valors conquerits. Perquè els sistemes més forts i menys qüestionats acaben fent aigua si no tenim cura d’ells.

Escoltant alguns debats de l’actualitat podem tenir la sensació que tot està fet, que pràcticament queden només serrells que esperen un perfeccionament. Quan el cert és que queden per desenvolupar regulacions cabdals que ens condueixin a una millora de la qualitat democràtica, que és la base sobre la que hem construït la resta. Convé no oblidar, com dèiem, que el major perill de les societats actuals és una desafecció envers la política i, en conseqüència, envers la democràcia.

Aquesta ha estat la intenció durant la legislatura, intentant donar compliment al nostre ordenament constitucional i a quelcom expressat pel Tribunal Constitucional a la sentència 14/2003, de 28 de gener, que estableix que “el govern té el deure fonamental d’informar sobre determinats assumptes que afecten a béns la protecció dels quals els hi està atribuïda”. Aquesta obligació constitucional no ha tingut fins ara una articulació legislativa en l’àmbit estatal.

Els polítics són sistemàticament criticats –cosa que potser és saludable, però és que quan es fa una cosa ben feta mai no resulta mediàtica i és silenciada i en conseqüència acaba passant desapercebuda. Píndar deia que “les grans gestes tenen set de càntics”, potser el tema al que em vull referir avui no pot tenir la consideració de “proesa” i és clar que aquest article tampoc no és cap càntic, però l’autolimitació del govern de l’Estat que ha practicat amb la llei de Publicitat i Comunicació Institucional sí mereix un reconeixement a la coherència i al compromís del president del govern. La llei, més enllà d’enfortir la confiança de la ciutadania en les institucions democràtiques -sempre necessari- estableix de manera clara allò que intuïtivament fa ja massa temps molts ciutadans vèiem: la necessitat de marcar una diferenciació diàfana entre les campanyes institucionals informatives que tot ciutadà d’un Estat democràtic té dret a rebre amb un ús adequat dels recursos públics i les campanyes partidistes encobertes amb l’única finalitat de treure un rèdit polític.

És legítim que els partits polítics vulguin guanyar unes eleccions o perdurar en el poder, per això hi concorren, però no pot valer tot: l’objectiu darrer ha de ser voler aplicar les polítiques que millor creus protegeixen l’interès general, la veracitat en la informació que es dóna trasllat a l’opinió pública, o la transparència en l’acció de govern, tots ells valors democràtics i per tant, presumptament compartits per tots. Això fa que no càpiga la deslleialtat institucional entre administracions (cosa que passa ara entre Ajuntaments, entre Comunitats Autònomes i també entre l’Estat i algunes CCAA). També és cert que amb una llei no es resol tot, canviar la manera de fer política d’alguns, avantposar la ciutadania als interessos propis són anys de vida pública i de pràctica responsable.

Escoltant les paraules de la vicepresidenta del Govern presentant aquest nou text legislatiu vaig pensar en Elias Canetti quan ens parla de l’”amenaça col·lectiva” que ens obliga sempre a estar alerta, que ens obliga a “no passar-la mai per alt ni a oblidar-la”. Ma Teresa Fernández de la Vega ens deia que “una democràcia de qualitat és aquella en la qual els poders públics actuen conscients que han de plantejar-se constantment quins són els límits del poder i quines regles poden millorar-se per a fer-lo més transparent i més subjecte al control dels ciutadans. Perquè la limitació del poder voluntàriament assumida, conscientment practicada i expressament regulada és un criteri bàsic de la qualitat democràtica”.