dijous, de març 22, 2012

Intervención Congreso de los Diputados. Proposición de Ley de Transparencia y Acceso a la información para los ciudadanos.




“Señorías, gobierno abierto, rendición de cuentas, transparencia, participación, mayor acceso a la información pública han pasado de ser conceptos positivos e importantes a ser una exigencia imprescindible para una democracia y una sociedad del siglo XXI. La mejora y la apuesta por una regulación del derecho de acceso a la información pública garantizarán elementos, a nuestro modo de ver, esenciales: más credibilidad para el sector público; hacer que sean mucho más difíciles situaciones de arbitrariedad e incluso de corrupción; ofrecer un marco de mayor libertad para los ciudadanos, cosa que al mismo tiempo ofrecerá que disminuya la desafección y la desconfianza; y un mejor funcionamiento y hábitos de las administraciones públicas, porque saber que su actividad va a ser controlada, transparente, que van a estar trabajando de alguna manera con una ventana abierta cara a la ciudadanía, va a provocar que sean más eficientes, que tengan una mejor y una mayor organización y que estén más incentivados a hacer un buen trabajo

Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos reconocer que no pudimos culminar con la regulación de esta proposición de ley en forma de proyecto de ley, que sí llegó a Consejo de Ministros, pero no por ello queríamos renunciar en este inicio de legislatura a traer un texto que nos parece prioritario, importante y relevante para la coyuntura actual. Presentando esta proposición de ley no pretendemos monopolizar el tema, al contrario; y tampoco pretendemos decir que pueda ser el mejor texto posible, pero pensamos que puede ser un buen elemento, un buen pretexto, para iniciar un debate para que entre todos busquemos las fórmulas más adecuadas. Señorías, hemos elegido esta primera proposición de ley porque, como ya he dicho, nos parece un tema de máxima prioridad y actualidad. Prueba de ello es que muchos gobiernos autonómicos, entre ellos el navarro y el extremeño, o incluso algunos informes importantes de instituciones públicas, como el Sindic de Greuges de Catalunya, han dado máxima prioridad a este tema y han presentado proyectos de ley o informes al respecto. Hemos presentado esta proposición de ley como la primera que queremos debatir en este Pleno porque hemos querido que la primera propuesta del Grupo Parlamentario Socialista sea una propuesta para el consenso, sabiendo que compartimos el objetivo con el resto de grupos parlamentarios, especialmente con el grupo mayoritario de la Cámara, que da soporte el Gobierno.

En tercer lugar, la hemos presentado porque estamos convencidos de que una ley de transparencia y de acceso a la información pública es uno de los grandes saltos cualitativos que nuestra democracia se merece, permitiendo además abordar algunos retos estructurales de nuestra Administración pública, como es la falta de rendición de cuentas o la descoordinación que existe; y en cuarto lugar, porque es una cuestión estrechamente ligada a la crisis económica. Precisamente uno de los peligros que se ha agravado con esta crisis ha sido el distanciamiento que se ha producido entre ciudadanía y política, y esta ley puede ser un instrumento que favorezca de nuevo el acercamiento, la confianza y el compromiso con las instituciones democráticas. Como dice el señor Jáuregui, una nueva ecuación entre política y economía y entre Estado y mercado está por hacer. En ese marco una democracia que no se aleje de los ciudadanos, que no acreciente la sensación de distanciamiento y que haga sentirse al margen a una parte de esta ciudadanía es fundamental, y para ello la transparencia va a ser uno de los instrumentos claves que tenemos en nuestras manos. Señorías, cuando hablamos de la necesidad de transparencia, querría, para profundizar un poco más en las cuestiones de fondo, hacer referencia al Libro Blanco de la gobernanza europea de la Unión Europea que se aprobó en 2001, en el que se decía literalmente que la necesidad de transparencia se producía con un objetivo claro: contribuir a un debate público informado. La idea kantiana del sapere aude, del piensa por ti mismo, requiere acceder la información de manera veraz para así poder hacer un análisis racional sobre cualquier cuestión, y eso conlleva irremediablemente a un ejercicio de responsabilidad; si no implica responsabilidad por parte del ciudadano se corre el peligro de convertirse en un instrumento al servicio del populismo o de la lectura e interpretación morbosa sin más. Esto no sirve ni al objetivo de fortalecer la democracia, que es uno de los que queremos resaltar en esta intervención, ni tampoco al debate público informado; al contrario. Por otro lado, esta nueva regulación implica una concepción en la relación entre administraciones públicas y ciudadanía distinta, en la que la Administración pública se desprende del paternalismo y asume que la información no le pertenece sino que la información pública pertenece a toda la ciudadanía. Está tendrá, es verdad, más información y más libertad, pero también, como decía, más responsabilidad; una responsabilidad que desde nuestro punto de vista deberá ejercerse con un compromiso activo de construir sociedad. Respecto del principal contenido que esta regulación presenta, querría destacar algunos puntos básicos. En primer lugar, apuesta por el principio de máxima publicidad, en el que la Administración pública debe ser proactiva, por tanto ofrecer el máximo de información posible sin necesidad de que el ciudadano se la reclame, y para eso será importante impulsar y desarrollar algunos elementos que ya tenemos aprobados como es la Ley de Acceso Electrónico, las páginas web de los ministerios o las redes 060 y SARA; en segundo lugar, la no exigencia de un interés legítimo por parte del peticionario, cosa que contempla la legislación actual; en tercer lugar, establecer que las excepciones a este derecho de acceso a la información se circunscriban, se limiten estrictamente a las constitucionalmente garantizadas. En este aspecto hemos avanzado mucho, prueba de ello es la Agencia de Protección de Datos que existe en el ámbito estatal y también las distintas agencias de protección de datos de las diferentes comunidades autónomas que vigilan el cumplimiento de esos límites. Ahora lo que debemos hacer es precisamente desarrollar el derecho de acceso a la información. En cuarto lugar, hay que dotar a la Administración pública de infraestructuras internas adecuadas para facilitar ese acceso y para cambiar esta relación con los ciudadanos. Les pondré un ejemplo. Ya hace mucho tiempo que desde el punto de vista legislativo se ha aprobado y se ha explicitado que la Administración no podrá requerir a ningún ciudadano un documento que ya esté en manos de esa misma Administración o de cualquier otra, en cambio no acaba de aplicarse esta normativa. Por tanto hay que dotar de instrumentos a las administraciones públicas para que también pueda haber esa comunicación necesaria, esa coordinación necesaria entre ellas. En quinto lugar, es importante también establecer la gratuidad o el precio de coste en la obtención de la información. Y, por último, seguramente será necesario establecer una autoridad independiente que actúe como garantía de revisión imparcial de la solicitud. Para ir terminando, señor presidente, señorías, quiero poner en valor la buena predisposición que ha mostrado el nuevo Gobierno a continuar participando en la iniciativa internacional del Open Government Partnership liderado por Estados Unidos, Brasil, Noruega, Reino Unido, México, entre otro países, y la predisposición que tiene que ir acompañada por el cumplimiento de algunos requisitos si queremos realmente apostar por esta iniciativa. Los requisitos que se solicitan a España y a todos aquellos países que quieran participar activamente en esta iniciativa son en primer lugar suscribir la declaración sobre Gobierno abierto, en segundo lugar presentar un plan de acción concreto y abierto a consulta pública y, finalmente, aceptar la evaluación externa de las medidas adoptadas. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, queremos mostrar el apoyo para que el Gobierno cumpla con estos requisitos, y creo que sería muy positivo involucrar desde ya a la sociedad civil en esa consulta pública que se prevé. Para terminar, querríamos pedir explícitamente el voto afirmativo a todos los grupos de la Cámara para su tramitación conjunta, en el caso de que llegara el proyecto de ley anunciado por el Gobierno, porque pensamos que compartimos objetivos —compartimos los objetivos que se recogen en esta proposición de ley—, porque es una iniciativa pensada para el consenso y porque sería una buena señal para la ciudadanía darle un mensaje de acuerdo en esta materia. Queremos pedir el voto afirmativo también porque pensamos que es bueno para nuestra democracia y, sobre todo, porque es bueno para acercar las instituciones públicas, el sector público, la política, a la ciudadanía, cosa que a todos nos debería preocupar. Muchas gracias".