dimecres, de novembre 10, 2010

ESTATUTO AVANZADO MARRUECOS-UNIÓN EUROPEA. Fundació Campalans, 5 de noviembre de 2010.




El Estatuto Avanzado que nace en octubre de 2008 es el embrión programático de un nuevo marco jurídico e institucional entre la UE y Marruecos, un instrumento para contribuir a la profundización de las relaciones entre ambos, sin convertirse en miembro propiamente de la UE.

El EA es un objetivo político a alcanzar, formulado como una declaración de voluntad, de intenciones de ambas partes de conseguir esos objetivos, pero carente de valor jurídico.

En esta dirección hay tres planos que quería destacara como introducción porque creo que nos interesan especialmente:

1. Papel de España como actor promotor de esta iniciativa en el seno de la UE:

España tiene el reto de consolidar ante la UE, pero muy especialmente ante Marruecos su papel de puente. Está claro que España tiene un interés especial por la cooperación en materia de seguridad y el control de flujos migratorios, debido, sobre todo, a la presión sobre las fronteras de Ceuta y Melilla. Aún así, los intereses comerciales y económicos en general también tienen un papel protagonista, así como el interés por el desarrollo de este país.

En este sentido, cabe destacar la Cumbre en Granada los días 6 y 7 de marzo de 2010 durante la presidencia española de la UE. Esta fue la primera cumbre con un país del sur del Mediterráneo y el primer país árabe que tiene una cumbre con la UE. Fue una magnífica ocasión para subrayar el compromiso de la UE a favor de la cooperación multilateral, encarnada hoy por la Unión por el Mediterráneo.

En esta cumbre se trataron muchos temas, (¿quizás demasiados?) principalmente enmarcados en los ejes de la democratización y el buen gobierno económico, la modernización y la cohesión social de Marruecos, así como el abordar los grandes desafíos globales, en los que inevitablemente, si queremos resultados, habrá que trabajar conjuntamente: el cambio climático, la crisis económica y financiera o las migraciones, por citar algunos aspectos.

Cabe destacar también que en paralelo se celebró la primera Cumbre Empresarial UE-Marruecos, auspiciada por el Ministerio de Exteriores, la Junta de Andalucía, Casa Árabe, al Confederación de empresarios de Andalucía y la Confederación General de empresarios de Marruecos.

Por tanto, España tiene que asumir la responsabilidad y el peso del impulso de este EA en el marco de la UE.


2. El estatuto avanzado supone un referente que puede ser interesante para otros países del sur y del este del Mediterráneo.

El éxito del estatuto avanzado sin duda provocará que otros estados vean con buenos ojos estrechar sus relaciones con la UE alcanzando una mayor integración y esa es una excelente oportunidad para que la UE consiga que estos estados lleven a cabo reformas institucionales y políticas más ambiciosas, donde la construcción de un Estado de Derecho y la protección de los DDHH deben estar en el frontispicio.

También es cierto que este trato diferenciado y “privilegiado” con Marruecos puede tener una lectura negativa por parte de los otros países del Magreb. ¿Cómo hay que trabajar para que surja una competición positiva entre ellos y no negativa, que acabe debilitando la Unión del Magreb Árabe?

3. Y en tercer lugar, lo más importante, es fundamental el Impacto interno que puede tener para la vida política y económica de Marruecos que puede también beneficiarse, al fin y al cabo, de la política de cohesión de la UE.

Ello ha de concretarse en acciones y avances determinados.


EL CAMINO HECHO

He hablado de la Cumbre celebrada en Granada el pasado mes de marzo, pero esta cumbre supone un paso más de un proceso de acercamiento entre Marruecos y la UE que viene de lejos. Por destacar los principales (no únicos) logros alcanzados:

1960 inicio de las relaciones diplomáticas entre CEE y Marruecos
1969 acuerdo comercial
1976 primer acuerdo de cooperación
1996 acuerdo de asociación, en vigor desde el 1 de marzo de 2000
2005-2010 Plan de acción de la política europea de vecindad que engarza y se refuerza con la Unión para el Mediterráneo. Este año justamente hay que renovar este Plan de Acción de Vecindad y es una oportunidad para establecer buenas bases en todos los sentidos para avanzar en la buena dirección.


CENTRARNOS EN EL FUTURO

Estamos en la mesa redonda que se va a ocupar de abordar las implicaciones económicas que para Marruecos tiene, ha tenido y sobre todo, puede tener el estatuto avanzado. Sin duda, esta dimensión económico-financiera y social es la de mayor calado.

En el capítulo económico financiero se establecen que las acciones conjuntas se centrarán en 4 ejes:

1. la adaptación de la legislación marroquí a las normas europeas (al acervo comunitario)
2.realizar un Acuerdo de libre cambio global y profundo, en el sentido que ya he apuntado
3.establecer una cooperación económica y social fluida
4.la Adhesión de Marruecos a las redes e infraestructuras transeuropeas de transporte y la cooperación sectorial en áreas como la energía, las tecnologías de la información y la comunicación, la agricultura, la pesca, las minas, el medio ambiente o el agua.

(1) Con la adaptación de la legislación marroquí a las normas europeas se pretende facilitar la integración de Marruecos en el mercado interior de la Unión. Además, se considera que contribuirá a estimular las reformas estructurales, el crecimiento económico y al mismo tiempo reducirá la pobreza y desarrollará la cohesión social y el empleo. Constituye pues un objetivo ambicioso que se desarrollará incorporando progresivamente el acervo comunitario a través de un mecanismo conjunto que sistematizará el encaje legislativo en todos los sectores.

(2) Un Acuerdo de Libre Comercio permitirá la libre circulación de mercancías, servicios y la presencia temporal de personas físicas con fines profesionales.

Las negociaciones actuales se centran en la liberalización del comercio de servicios y productos agrícolas, así como el derecho de establecimiento.

NOTA: tengamos en cuneta que los propios EEMM de la UE han tardado años en aprobar la directiva de servicios y a duras penas los 27 hemos realizado la transposición de esta directiva. En España se hizo principalmente a través de dos leyes conocidas como; la ley paraguas (donde se establecían los principios generales) y la ley ómnibus (de modificación de más de 40 leyes sectoriales)

En relación al futuro inmediato, las nuevas negociaciones se desarrollarán considerando las sensibilidades de los sectores económicos afectados e incluirán el intercambio de productos industriales, movimientos de capitales y patentes, medidas sanitarias y fitosanitarias, derechos de propiedad intelectual, protección del consumidor y aspectos medioambientales, entre otros.

(3) En el eje de la cooperación económica y social, se ha sugerido un grupo de trabajo compuesto por representantes de la patronal y emprendedores de la UE y Marruecos que ayude a detectar cualquier obstáculo. Se establece trabajar además en la normalización y reglamentación técnica y en la propiedad industrial. La intención de las medidas de este eje se orientan a facilitar las inversiones (para lo que la seguridad jurídica será primordial).

También se ha abierto un diálogo sobre empleo, trabajo y asuntos sociales que contempla la igualdad de géneros, adaptación de cualificaciones o el trabajo infantil.

(4) El último eje de actuación es la adhesión de Marruecos a las redes e infraestructuras transeuropeas de transporte y la cooperación sectorial en áreas como la energía, las tecnologías de la información y la comunicación, la agricultura, la pesca, las minas, el medio ambiente o el agua.

Como iniciativas más relevantes, se ha confirmado la voluntad de ambas partes de cooperar para mejorar las conexiones por todos los medios de transporte otorgando a Marruecos un estatus que les permita tomar parte en las decisiones y aproximando las reglamentaciones. Por ejemplo, el “Cielo Único”, las “Autopistas del Mar” o la posibilidad de construir una vía de alta velocidad sobre el estrecho de Gibraltar. También hay compromisos para reforzar la perspectiva medioambiental en las leyes marroquíes, la preservación de la calidad del agua, o la modernización de su agricultura en tanto que emplea a un 40% de la población activa.

Habiendo apuntado someramente las previsiones del EA en materia económica querría lanzar algunas preguntas para el debate.


ALGUNAS PREGUNTAS QUE TODAVÍA NO TIENEN RESPUESTA

¿Todos estos avances en materia económica serán sostenibles en el tiempo sin una auténtica democracia en Marruecos?

Lo digo porque el EA no incluye ningún tipo de condicionalidad democrática ni sobre la cuestión del Sáhara Occidental. De esta manera, se ha perdido la posibilidad de ejercer presión y exigir reformas a cambio de la concesión de un estatuto diferenciado en comparación con todo el Magreb y de recibir financiación. ¿Se trata realmente de una ocasión perdida o creen que el crecimiento y desarrollo de la sociedad y la economía alauí ejercerán por si solos de palanca de cambio hacia la democratización?

A pesar de los avances registrados en inversiones extranjeras, la inseguridad jurídica y la corrupción siguen siendo obstáculos importantes. Por ejemplo, Marruecos descendió 9 puestos en el índice de percepción de la Corrupción 2009 (puesto 89ª). ¿Los escollos de la inseguridad jurídica y de la corrupción pueden acabar debilitando este trayecto iniciado?

Más allá de los discursos es patente que la UE ha tratado los países del norte de África por separado y de manera diferenciada, nunca a nivel regional a través de la Unión del Magreb Árabe (UMA). ¿Creen que el modelo aplicado con Marruecos se convertirá en un modelo a imitar en el norte de África, es decir que generará una competencia beneficiosa entre países, o se tratará de una competición negativa contraria a la revitalización del UMA?

Una generalización de relaciones especiales ¿Desincentivará las reformas en regímenes inmovilistas? ¿Las políticas multilaterales continuarán teniendo sentido? ¿Cómo conjugaremos todas estas acciones que funcionan en paralelo?

dimarts, de setembre 28, 2010

SOLIDARIDAD Y COMPROMISO: ÁFRICA COMO PRIORIDAD



Por razones históricas (y seguramente justificadas) la África subsahariana no había sido una prioridad en la política exterior española. Nuestra relación especial con Iberoamérica y con los países Mediterráneos de la ribera sur parecía que centraban la acción exterior y de cooperación.

Sin dejar de lado en absoluto estas regiones, los gobiernos socialistas han tenido la voluntad de conceder a África una atención preferente.

Un primer paso importante fue la creación de la Casa África, resultado del primer Plan África 2006-2008, que supuso poder gozar de un instrumento esencial en la nueva política exterior española hacia el continente vecino. Un espacio abierto y global, por el que las respectivas sociedades civiles de España y de los países africanos puedan mejorar su conocimiento recíproco. Es importante, en este sentido, que no tengamos la concepción exclusiva de aportar cosas, sino que tengamos la humildad suficiente de pensar que también podemos aprender mucho, porque así es.

El II Plan África, aprobado para el período 2009-2012, implica un compromiso cumplido e incide en tres grandes ámbitos:

. El respeto de los derechos humanos,
. La promoción de la igualdad de género y
. La sostenibilidad medioambiental.

A estos ámbitos se unen, evidentemente, los objetivos generales como son:

. el apoyo a los procesos de consolidación de la democracia
. la construcción de la paz y la seguridad en África,
. la contribución a la lucha contra la pobreza o
. la promoción de las relaciones comerciales entre España y África y el desarrollo económico africano.

Está bien tener objetivos y tener un horizonte ambicioso trazado, porque es la única manera de avanzar, pero seamos también honestos con nosotros mismos: hablar de África hoy sigue siendo hablar en primer lugar y como prioridad absoluta de la lucha contra la pobreza y del desarrollo humano y sostenible, en definitiva, de la necesidad de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por Naciones Unidas.

Querría destacar, en todo caso, algunos datos que muestran este vuelco de la política exterior de nuestro país hacia África en algunos ejes concretos:

Las cifras de la Ayuda Oficial al Desarrollo reflejan el incremento progresivo y constante de los recursos destinados a nuestros vecinos: por ejemplo, de una media anual de 150 millones de 2000 a 2004, pasamos en 2007 a 1190 millones de euros.

El incremento exponencial de acuerdos bilaterales de protección recíproca de inversiones, fomentando las misiones comerciales y la participación en reuniones y foros, impulsando iniciativas y planes desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, como el Plan África de Infraestructuras o el Plan de impulso a la actividad empresarial en África Subsahariana.

En tercer lugar, nuestra presencia institucional se ha visto incrementada sustancialmente con seis nuevas embajadas, cinco de ellas en África occidental y otra en Sudán. Del mismo modo, se han creado representaciones en Gambia y en Liberia, y un consulado general en Dakar. Paralelamente, se ha impulsado la creación de nuevas oficinas técnicas de cooperación, consejerías económicas y comerciales y agregadurías sectoriales de los ministerios de Interior, Defensa y Trabajo y Asuntos Sociales, con el objetivo de reforzar el despliegue ya existente.

El compromiso de España con la paz y la seguridad en el continente ha sido especialmente notable en el Cuerno de África, región en la que España se ha comprometido con la estabilización de Somalia. Cabe destacar la participación de la armada española en la operación de lucha contra la piratería en el Océano Índico, lo que conocemos como Operación ATALANTA.

Sin duda, la vecindad y sobre todo los futuros retos globales han marcado la determinación del gobierno de España de dejar de mirar por el rabillo del ojo y mirar de frente al continente africano.

Hay intereses y objetivos imposibles de alcanzar si no es con mayor trabajo conjunto, buscando la cooperación y la coordinación de todos los países desarrollados. Se ha dicho en esta cámara en distintos debates cómo ha cambiado la dimensión de los problemas. Estaremos todos de acuerdo en que la promoción y la protección de los intereses comunes han pasado a ser algo que debe abordarse de manera global, porque los Estados individualmente cada vez tenemos menos peso, conseguir:

. La paz y la seguridad
. El respeto a los derechos humanos
. La calidad ambiental
. Un crecimiento económico equitativo
. Una estabilidad económica y financiera
. La justicia internacional,
. Un control de los flujos migratorios o
. El derecho a la alimentación y a recursos básicos como el agua o la energía para todas las personas del planeta

No son cuestiones que podamos abordar por separado, ni siquiera países de la dimensión de EEUU, sino que apremia el trabajo conjunto, en unidad de acción, apremia, en definitiva, el trabajo multilateral.

La Presidencia de turno española, así como la belga y la húngara, en el marco del trío de presidencias, se han concebido como una oportunidad más para reforzar las relaciones mutuas y para profundizar en los desafíos de la UE en África. Para ello, España ha liderado el diálogo político Unión Europea-África en el marco del Acuerdo de Cotonou. El papel de nuestro país va a ser importante para la preparación de la III Cumbre Unión Europea-África que tendrá lugar a finales de 2010.

Este es el reto más inmediato que tenemos por delante.

Es necesario, para concluir, situar a África en los debates parlamentarios y en consecuencia, en un tema importante para los españoles, porque lo es bajo muchos puntos de vista. Esta iniciativa tenía, este objetivo.

dilluns, de juliol 19, 2010

DEBAT SOBRE EL FUTUR DE LES ESQUERRES I LA DESAFECCIÓ POLÍTICA
Meritxell Batet, Barcelona, UPEC, 16 de juliol de 2010.


La institució de la política és una institució humana, com l’amistat, el matrimoni o la família... hi ha divorcis, baralles entre amics i separacions... però això no vol dir que haguem d’acabar amb la institució, de fet, cada dia es casa gent, cada dia fem amics, cada dia ens plantegem compartir la vida amb algú altre. Amb la política passa el mateix, no ens podem plantejar acabar amb la institució i ens equivoquem quan ens referim a ella com un ens abstracte aliè a nosaltres.

Ara parlem molt de desafecció, però honestament crec que no n’hi ha per tant. Vull dir que Catalunya està més o menys com tots els països del nostre entorn.

És important el fet que totes les enquestes també mostren una dada fonamental: el descrèdit i la crítica va dirigida, en tot cas, als polítics, en canvi, hi ha una mostra de confiança i suport a les institucions democràtiques. És clar que el perill, com apuntava Wolin, és acabar tenint una “democràcia sense ciutadans”, que funciona per inèrcia de les institucions existents... caldrà treballar, per tant, per evitar això.

Per tant, la primera conclusió que volia apuntar és que no hi ha tant cansament, és a dir, no hi ha tanta desafecció i, en tot cas, potser quelcom cíclic que canviï amb petits canvis circumstancials (com pot ser l’aparició d’un líder que entusiasmi o preses de decisions que motivin un vot massiu, etc).

Dues dades a tenir en compte

El respecte i la confiança en les institucions democràtiques no sempre és així
p.e: Iberoamèrica (veure llatinobaròmetre on apareix la preferència per un règim dictatorial si això comporta una millora directa de la meva vida)

També varia molt la confiança en les institucions democràtiques depenent de l’opció política (veure estadística del CIS): si 1 és molt d’esquerres i 10 és molt de dretes els percentatges tenen la següent distribució:

1-2 80%
3-4 88%
7- 8 72%
9-10 54%

En tot cas, el que no tenim (encara) i hem d’evitar és una crisi institucional: la desafecció, de moment, té a veure amb els actors i a més amb una ideologia. No deixa de ser una estratègia de les dretes, el parlar de desafecció. És a elles a qui més convé promoure el distanciament de la ciutadania amb allò públic.

Això vol dir que no ens hem de preocupar o que no hem d’abordar el tema? No. La mostra són debats com aquest. Són necessaris i útils per prendre consciència.

Forma part del nostre ideari, de l’ideari de l’esquerra, la millora de la qualitat democràtica i la participació ciutadana a la vida pública. Perquè sabem que res no és etern i malgrat pensar que som una democràcia consolidada (que ho som) no vol dir que no l’haguem de cuidar. Pensem en el llibre de Stefan Zweig El mundo de ayer quan ens explica com el seu món va desaparèixer pràcticament d’un dia per l’altre. Per això ho hem de cuidar i som precisament les formacions d’esquerres les que en tenim més consciència:

Perquè la democràcia i l’imperi de la llei és el més valuós que tenim i no podem prescindir d’ell en tant que és el que ens dóna la llibertat (Ciceró).
Per coherència amb el discurs de valors i principis que propugnem.
Per tenir més legitimitat front tercers.
Per evitar desafecció de la societat.

Permeteu-me que apunti que hi ha molts factors i molt complexes que ajuden als ciutadans a sentir-se més allunyats i és la confluència d’aquests diferents factors els que ho provoquen. Mai no és una resposta senzilla o simple (com per exemple el sistema electoral) i no és conjuntural, ni propi de Catalunya.

Però hi ha una combinació especialment nefasta perquè aquesta sensació de distanciament s’incrementi:

Manca de Transparència
Exemplaritat
Honestedat
Autenticitat
+
Partits polítics només preocupats pels vots
+
Mitjans de comunicació només preocupats pel compte de resultats

L’esquerra té una responsabilitat cívica per desenvolupar a les societats avançades del segle XXI. La seva, la Nostra principal tasca és la lluita contra la indiferència i la neutralització dels anhels de justícia i canvi social que pesen sobre el dia a dia de les nostres societats. Hem de ser capaços de traslladar l’èpica del treball per aquests valors.

És indubtable que la crisi econòmica és en aquests moments la principal preocupació de l’esquerra. Però cal tenir clar que aquesta prioritat, diguem-ne material, ha d’anar acompanyada d’una intensa tasca cívica. Davant les dificultats cal més i millor participació de les institucions públiques, precisament per impedir que la gravetat de la crisi provoqui:

1. una fractura social entre la política democràtica i els nous desafavorits per pèrdua de benestar.
2. que aquesta fractura no desemboqui en una escletxa abrupta degut a un patiment col·lectiu alineat amb un clima d’indiferència ciutadana que portem arrossegant a les espatlles les societats democràtiques des de fa molts anys, molt abans que es produís la crisi econòmica.

La suma d’aquests factors pot donar lloc a una equació política perillosa pel futur de la democràcia i el manteniment de l’estructura de justícia construït en les darreres dècades: la suma de la indiferència i la marginalitat econòmica i social pot donar lloc a la desafecció democràtica, o dit d’una altra manera, pot donar lloc a l’entrada als populismes. Aquest punt d’inflexió és el realment greu.

Ara bé, com deia, crec que sempre hi hagut desafecció o abstencionisme o desencís:

Quan els polítics han tingut millor opinió per part dels ciutadans?
Sempre hi hagut ciutadans sense interès en allò públic, en la res pública.

I també aquí hi ha diferències significatives en els posicionaments (hem vist l’enquesta del CIS sense anar més lluny).

Així,

Les esquerres: posem èmfasi en el compromís cívic, en l’assumpció de responsabilitat per part de les persones, en la qualitat de la ciutadania i la seva implicació en la societat més enllà dels individus.

Les dretes: no tenen aquesta preocupació o aquest objectiu com una de les polítiques a desenvolupar quan governen... el perill l’agreuja i per això potser ara en parlem més de desafecció, quan el fenomen sociològic passa a ser estratègia política, quan passa a ser un instrument en mans d’una opció política--> l’ultra o l’extrema dreta, que a més compta amb la complicitat de determinats mitjans de comunicació. La coneguda màxima neoliberal “l’Estat és el problema i el mercat la solució” té com objectiu exercir aquesta pluja fina de descrèdit d’allò públic: la idea neoliberal viu en una paradoxa: que sent una opció política és en realitat l’antipolítica i això és el populisme.

Podem fer una altra aproximació:

Vector liberal: que prima els drets civils dels individus i l’obligació de l’Estat de respectar-los i protegir-los. (Paradoxalment potenciat també per les esquerres, reconeixent nous drets civils com el matrimoni homosexual, o millorant la llei de l’avortament o accelerant el tràmit del divorci...)

Vector republicà: que posa l’accent en els drets polítics dels ciutadans, els quals, en l’exercici de la seva autonomia pública, estan cridats ha exercir aquests drets per així participar en el govern de la societat.

En el desenvolupament de les democràcies europees en general els individus s’han bolcat més en el desplegament i gaudi de la seva autonomia privada que en l’exercici compromès de la seva autonomia pública. Segurament des de les institucions públiques tampoc no s’ha potenciat el suficient el vector republicà.

A aquest desequilibri entre els components liberals i republicans de la democràcia se li afegeix el desprestigi alimentat d’allò públic i amb tot plegat ja tenim el caldo de cultiu de la desafecció política.

Els valors de racionalitat i participació vinculats a un discurs republicà d’afirmació virtuosa d’una idea de llibertat positiva, han de ser els elements de canvi i de transformació que reivindica l’esquerra en un context com el que he dibuixat.

Racionalitat, perquè la Il·lustració y la vella màxima kantiana de la lluita emancipadora per tal que els homes assolissin una majoria d’edat crítica y autoconscient ha de ser un instrument d’acció política irrenunciable.

Als homes els hem de seguir parlant en el segle XXI com a ciutadans i això significa invocar la raó (no les vísceres), apel·lar al millor d’ells mateixos (no als més baixos sentiments) i utilitzar una estructura narrativa racional en els relats que defensem políticament. No es tracta de dir o defensar el que la gent vol sentir, sinó allò que pensem que és millor per la defensa de l’interès general.

Els sentiments i la imatge no són un fi, sinó un instrument al servei d’un discurs racional amb finalitats racionals.

La indiferència i el populisme moltes vegades neixen del ressentiment amb el que la gent sent que és tractada, quan és objecte d’una espècie de pim-pam-pum emocional, que els manipula i utilitza com a objectes sensibles de consum i mercadotècnia política... quan es redueixen a ser clients o consumidors.

Participació, perquè relacionat amb el que he dit hem d’afegir que la democràcia es desenvolupa en el fòrum, en el debat públic, en la presència quotidiana en els afers que delimiten l’interès general. La democràcia és participació deliberativa (Habermas) i això significa llenguatge, intercanvi intel·ligent d’arguments i contrast dels mateixos mitjançant raonaments participats on la dignitat equiparable i igualitària dels participants és condició sine qua non del procés.

El respecte per l’altre; LA MESURA, que ens permet la convivència ha de ser present en els nostres debats. De fet, el Parlament és el temple de la llibertat d’expressió, de la paraula, del debat i, en canvi, determinades paraules poden ser tallades. És més, fins i tot poden desaparèixer del diari de sessions i ningú no pensa que això atempti a la llibertat d’expressió. Per què? Perquè sabem que la llibertat d’expressió no és il·limitada i hi ha altres valors, altres llibertats o altres drets que han de prevaldre.

És curiós quan intentem fer aquest exercici o aplicar aquests paràmetres a la majoria de tertúlies que es desenvolupen d’un temps cap a aquí a certs mitjans de comunicació: ni respecte, ni mesura, ni empatia, ni ànim d’acord: ser devastadors és l’objectiu.

Discurs republicà, això és, assumir que es governa per el poble i pel poble, sent aquest l’ens polític sobre el que es construeix la sobirania i al que es subordinen les institucions, que han de ser controlades pels ciutadans mitjançant una capacitat d’interlocució directa i transparent amb els governants. Tanmateix, aquests han de saber tractar al poble amb la dignitat que es mereix i, per això, res millor que ser exemplars en la defensa virtuosa de la seva pròpia representació: autoexigència, responsabilitat i racionalitat en l’ús dels arguments i en l’apel·lació a la ciutadania per tal que aquesta participi: que participi en llibertat i se senti tractada com una igual, com algú a qui s’escolta i atén.

Recuperació de la Utopia, les esquerres hauríem de recuperar la utopia entesa com l’exploració d’allò possible front l’acceptació del que ens és donat.

Davant les incerteses i les pors (de la crisi econòmica, els canvis constants, la heterogeneïtat de la societat...)

Davant la injustícia, la intolerància, la marginació, la violència, la fam...

Només hi ha un camí, un camí que tots els membres d’aquesta taula compartim: més política, més acció política d’esquerres.

dijous, de juliol 08, 2010

DECISIONES DIFÍCILES TOMADAS CON RESPONSABILIDAD



La honradez es la mejor política: y no hay nada más honrado en un gobierno que asumir la responsabilidad de sus decisiones. Así, el gobierno de España ha tomado, frente a esta coyuntura difícil, medidas desde la ética de la responsabilidad. La misma responsabilidad y la misma convicción que ha llevado a este gobierno a plantear y abordar grandes reformas que nuestro país tenía y tiene que acometer. Hoy podemos aseverar que nos ampara la credibilidad, porque la hoja de servicios de este gobierno es larga. Por apuntar tan solo algunos puntos relevantes destacaré:

- la aprobación en 2005 de varias leyes para el impulso de la productividad.

- La ley del suelo de 2007 que puso las bases para frenar la burbuja inmobiliaria alimentada por las políticas populares de crecimiento fácil, cuando decían que España iba bien.
- La reestructuración del sistema financiero, la única reforma estructural pactada con el PP, por cierto, a pesar de que las reclaman cada día
- La liberalización del sector servicios, con la transposición de la Directiva europea (con una posición por parte del partido que se autodenomina liberal que parecía dispuesto a aprobar planes quinquenales)
- Una ley de puertos,
- Una Reforma laboral aprobada la semana pasada,
- O la persecución de un Pacto sobre la Educación, conscientes de lo que ello significaría para el futuro de nuestro país, lo que significaría tener un marco estable y consensuado para formar a los ciudadanos del mañana. Así, el gobierno acaba de aprobar un Plan de Acción con objetivos bien definidos y con una financiación adecuada. También en esto se han quedado fuera señorías del grupo popular.

En el sector estrictamente de las AAPP también podemos poner en valor el trabajo bien hecho, con la aprobación de:

- una ley de Agencias, que implica mayor flexibilidad organizativa y que supone un cambio en la concepción de la Administración Pública, pensando más en una búsqueda de resultados
- una nueva ley de contratos del sector público
- Estatuto Básico del Empleado Público, reclamado durante todos estos años de democracia
- Y una Ley de acceso electrónico, buscando la modernización de la Adm. pero también su eficiencia y su eficacia en su labor de servicio público y reducir las cargas para los ciudadanos y empresas

Y vamos a seguir aprobando y trayendo a la cámara otras reformas estructurales que se deben llevar a cabo, esperamos con el consenso del principal partido de la oposición, como la

. Reforma de la legislación de las cajas de ahorro (LORCA) para mejorar la profesionalización de sus órganos de gobierno y aumentar sus recursos propios.
. Reforma del sistema de pensiones, para afrontar el reto demográfico y garantizar así su sostenibilidad en el futuro.
. O la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado.

Por tanto, hemos trabajado desde el primer día en la buena dirección y lo seguiremos haciendo, conscientes de que la ejecución de estas reformas será decisiva para las próximas décadas.

MEDIDAS DIFÍCILES EN TODOS LOS PAÍSES EUROPEOS

En ese contexto, en un contexto de trabajo de fondo llevado a cabo durante 6 años de gobierno, −de los cuales los últimos han sido arrollados por una crisis económica fortísima− y en un contexto Europeo de apuesta por reforzar la coordinación económica para combatir más eficazmente esta crisis e impulsar la recuperación, llegamos a las medidas para la reducción del déficit público que afectan a los funcionarios públicos como medidas de choque.

Todas estas medidas tomadas, todas ellas, son medidas no impuestas, sino compartidas con otros Estados miembros de la Unión Europea. Todos los países han puesto en marcha un plan de austeridad entre mayo y junio de este año.

No sé qué mecanismo de razonamiento opera en aquellos que defienden que las medidas tomadas por Cameron (como la subida de impuestos, por cierto) son una decisión del gobierno británico; o que las decisiones tomadas por la Canciller alemana, Angela Merkel y anunciadas el pasado 7 de junio de reducir en 10.000 los empleados públicos y bajarles a los que quedan el salario un 2,5% de media es un plan de ajuste muy Alemán y muy adecuadas en el tiempo, o que Italia congele los salarios de los funcionarios durante 3 años es una decisión valiente y atinada de Berlusconi.

Decía que no sé qué razonamiento se sigue para decir esto y al mismo tiempo reiterar que las decisiones tomadas por el gobierno de España, por el Presidente Rodríguez Zapatero son fruto de una imposición europea a la vez que improvisada y tardía. Solo desde el complejo se puede pensar y defender esto. Solo desde la voluntad de desacreditar a nuestro país se puede defender.

Si hubiéramos comenzado el ajuste presupuestario hace 2 años, en plena recesión, como dice que hubiera hecho el Partido Popular, habríamos sido el único país del G-20 en no tomar medidas de estímulo fiscal para amortiguar la caída de la actividad. Si les hubiésemos hecho caso lo que habría pasado es fácil de predecir: caída libre del crecimiento y más desempleo. Por eso ahora hemos sido de los primeros países en iniciar y acelerar el proceso de consolidación fiscal.

La verdad es que no hay vez que se hable de política exterior o de relaciones de España con terceros países que la derecha no saque a relucir la palabra ridículo. El PP se avergüenza, pero con una vergüenza que solo tiene que ver con su inseguridad. La inseguridad de cuando eres adolescente y todo lo que hacen tus padres y la gente cercana te parece ridículo. No porque este sentimiento tenga que ver con las condiciones objetivas de la actitud de tus padres, igual que en política exterior no tiene que ver con la actitud objetiva que tiene el gobierno, sino por simple inseguridad, la inseguridad que da la inmadurez de la adolescencia. El PP es la derecha adolescente de Europa, por eso también les cuesta tanto asumir responsabilidades.

En definitiva, todos los países europeos, TODOS, han tomado medidas que van en la misma dirección y las han tomado además al mismo tiempo que el nuestro. Todas estas reformas son una parte clave para aumentar la confianza y la credibilidad de nuestra economía.

¿Quizás es que todos estamos dando bandazos o cambios de rumbo? No, yo creo que se trata de otra cosa.

COHERENCIA IDEOLÓGICA: COHERENCIA POLÍTICA Y DE VALORES.
MEDIDAS POR OBLIGACIÓN, NO POR DEVOCIÓN


Estas son medidas excepcionales para unas circunstancias excepcionales, por lo que no se trata de cambiar de criterio o mover la posición de uno, es que imperativamente hay que hacerlo porque los hechos lo exigen, porque eso es lo que se espera de los políticos, de los gobernantes: que sean capaces de afrontar las situaciones con determinación gusten o no gusten, sean previsibles o imprevisibles y en este último caso que seamos capaces de reaccionar. Debemos ser capaces de identificar el interés general y defenderlo y nuestra responsabilidad (la de todos) es ser capaces de explicárselo a los ciudadanos.

Hemos gastado hasta donde hemos podido para reactivar la economía. Hemos primado el mantenimiento de todas las políticas que estaban en marcha hasta que la deuda ha llegado a una cantidad que ya no se podía incrementar más. Si nuestro objetivo, como es, es el mantenimiento de la cohesión social y el impulso de las políticas del bienestar sabemos que es necesario no endeudarnos más, para que en un futuro la inversión en estas políticas sociales no se vea mermada por el pago de deuda.

En todo caso, las líneas políticas del gobierno socialista no han cambiado: la búsqueda de la justicia social y el tener un sector público y unas AAPP fuertes, al servicio del ciudadano, que puedan garantizar la igualdad de oportunidades son lo que perseguimos.

Nosotros los recortes los hacemos por obligación, otros los harían por devoción.

Nosotros los hacemos para salvar el estado del bienestar, otros lo harían para debilitarlo, porque son devotos del Estado mínimo y del mercado máximo. Por eso, el Sr. Rajoy hablaba la semana pasada de la sobredimensión del sector público.

Con esta voluntad de afrontar decisiones difíciles ahora, para que mañana podamos mantener las políticas sociales, el gobierno ha presentado el Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

EL DECRETO LEY COMO CULMINACIÓN DE UN PROCESO

Este Decreto ley no viene además de manera aislada, sino que se enmarca en un contexto de austeridad en las AAPP, de racionalización de las estructuras administrativas y de una contención severa del gasto:

En 2009 se aplicó a los Presupuestos un acuerdo de no disponibilidad que afectaba a todos los ministerios de 2.500 millones de euros.

Este año hemos aprobado el Plan de Acción Inmediata 2010 que supuso un recorte de gasto de 5.000 millones de euros adicional al recogido ya en los Presupuestos Generales del Estado y
El Plan de Austeridad de la AGE 2011-2013, que plantea un recorte generalizado del gasto con un impacto equivalente al 2,6% del PIB hasta 2013.

Hemos aplicado por tanto:

1.
la reducción de la oferta del empleo público al 10%
2. la reducción de altos cargos en 33 y la congelación de sus sueldos durante 2 años consecutivos
3. la reducción de 29 empresas públicas
4. la racionalización de las fundaciones y las empresas públicas estatales y
5. en particular, la racionalización de las estructuras de las delegaciones del gobierno.

Así, junto a estas medidas que ya estaban en marcha, el Gobierno presentó el Decreto Ley 8/2010 con la necesidad de aplicar un recorte en los salarios de los empleados públicos, un decremento equitativo que distribuye los esfuerzos con un criterio de progresividad, de tal manera que, siendo el recorte medio de un 5%, en la Administración General del Estado la reducción de retribuciones oscila entre el 7% para los funcionarios del grupo A1 y el 0,56% para los funcionarios del grupo E (o 2,75% para los del grupo C2). Y recordemos que en un ejercicio de ejemplaridad, el recorte de las retribuciones de los miembros del Gobierno, que son inferiores a las que en muchos casos perciben altos funcionarios, ha sido del 15%.

EL VALOR DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS COMO SERVIDORES

Todas estas medidas no tienen nada que ver con no creer en los funcionarios públicos. Al contrario. Creemos y sabemos que hacen un gran trabajo, un trabajo cotidiano demasiadas veces poco reconocido, y lo hacen por compromiso con lo público, con vocación de servicio. De ahí nuestra apuesta por introducir todas las reformas que hemos introducido en estos años desde el gobierno para mejorar en profundidad las AAPP. No necesitamos decir que estamos al lado de los trabajadores y de los funcionarios, nuestras políticas, cuando ostentamos el gobierno, así lo acreditan.

Asimismo, también sabemos que no son la parte más débil: los más débiles son los que se han quedado (o ya estaban) en el paro con responsabilidades familiares, los que trabajan en condiciones precarias, con horarios y condiciones lamentables, los que no saben si el mes que viene van a poder continuar en este trabajo precario: los más débiles son los que viven de manera cruenta la incertidumbre, la inseguridad del día después… porque esa incertidumbre es lo que nos hace más vulnerables.

Porque sabemos todo esto, pensamos que la inamovilidad, la seguridad del puesto de trabajo y ese compromiso con lo público hace que la inmensa mayoría de los funcionarios entiendan esta petición de un esfuerzo extraordinario, porque su esfuerzo repercutirá en un beneficio colectivo, en que no se haya de pedir un sacrificio mayor a otros ciudadanos.

Por otro lado, honestamente, no creo que el principal partido de la oposición esté en condiciones de criticar esta medida. Durante el periodo de 8 años que gobernaron 1996-2004, hubo un incremento nominal acumulado del 15,3%, mientras que el IPC acumulado en ese mismo periodo tuvo un incremento del 22,8%: los empleados públicos perdieron 7,5 puntos porcentuales de poder adquisitivo durante los gobiernos del PP; mientras que entre 2005 y 2009 tuvo lugar un incremento nominal acumulado del 16%, con un IPC del 12,8%, por lo que los empleados públicos ganaron un poder adquisitivo de 3,2 puntos porcentuales.

Parece que si en situación de bonanza congelaron los salarios y no fueron capaces de al menos, mantener el poder adquisitivo de aquellos que ofrecen un servicio público a todos los ciudadanos, y mantuvieron una tasa de reposición del 25% casi todos los años, en una situación como la que estamos viviendo no sé qué decisiones hubiesen tomado en este ámbito.

En todo caso, lo que sí sé, es que la credibilidad del PP para defender al sector público está ciertamente mermada, más con su líder diciendo que la Administración Pública está sobredimensionada.

Pero esta es solo la punta del iceberg de la concepción que tiene el PP de las personas. El grueso del problema es que la única conclusión posible después de escuchar sus declaraciones e intervenciones es que no creen en las personas ni en el país: ¿acaso pensaban que los empleados públicos no iban a entender la petición de este esfuerzo? La derecha española tiene en poca estima el compromiso cívico de los funcionarios, su comprensión de los problemas de nuestra sociedad, su madurez, su razonabilidad. Además, jamás apelan a esta madurez y compromiso de los funcionarios, sino a su egoísmo más romo, hacen política de egoísmo.

Apelar al egoísmo, pensar que solo hay vicios privados… es una muestra de lo que piensan de la gente. Los ciudadanos son más virtuosos de lo que el PP cree. Los ciudadanos son capaces de comprender que un esfuerzo personal puede redundar en un beneficio colectivo. Esa es nuestra convicción y desde ella gobernamos… ¿el tema está en preguntarnos desde dónde pretenden gobernar ellos?

Nosotros gobernamos desde la confianza en las personas, gobernamos y les pedimos que saquen lo mejor de ellas mismas. No se puede pretender gobernar apelando a lo peor de las personas, alentando y esperando de ellas tan solo egoísmo, simplemente, porque los ciudadanos españoles no son así.

dimecres, de juny 16, 2010

LA EUROPA DE LOS CIUDADANOS: MÁS GARANTÍAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS



La entrada en vigor del Tratado de Lisboa supone cambios de calado en el entramado institucional de la Unió Europea que habrá que ir desarrollando en los próximos años y que suponen un avance importante en el acercamiento de dichas instituciones a la ciudadanía europea.

La presidencia española de la UE quiso poner énfasis en algunos de estos aspectos (más allá de compartir por primera vez esta presidencia de turno con la figura de un Presidente de la Unión el Sr. Van Rompuy y una Alta representante de la Unión para asuntos exteriores y política de seguridad, la Sra. Ashton).

Precisamente uno de estos objetivos perseguidos por nuestra presidencia en relación a los aspectos institucionales era la adhesión de la UE al Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH). Estos 6 meses hemos avanzado significativamente en las negociaciones entre la propia UE y el Consejo de Europa, formado por 47 Estados miembros. Este proceso tendrá que culminarse en los próximos meses.

Desde el Parlamento y concretamente desde la Comisión Mixta para la UE hemos querido apoyar y poner de manifiesto la importancia de este paso, por lo que todos los grupos parlamentarios hemos suscrito una proposición no de ley.

La importancia política de este paso es indiscutible: la UE no es solo una unión económica o de intereses, sino que también es una unión de valores compartidos, como son los derechos humanos. En este sentido el nuevo Tratado avanza en paralelo con dos iniciativas recogidas en su articulado:

1º. El reconocimiento de la carta de derechos fundamentales como derecho primario europeo.

2º. La previsión de la adhesión de la UE al Convenio de derechos humanos reconociendo previamente personalidad jurídica a la Unión.

Nos centramos ahora en este segundo elemento. Me gustaría simplemente destacar los principales argumentos a favor de esta adhesión, así como sus principales consecuencias:

Supone un avance en el proceso de integración europea e implica un paso importante hacia la Unión política.
La UE será la parte contratante número 48 del Convenio, aunque no sea formalmente un miembro más del Consejo de Europa.
Da un mensaje de coherencia entre la Unión y los países pertenecientes al Consejo de Europa, otorgándole mayor credibilidad frente a países terceros, a los que constantemente les pedimos que respeten el CEDH.
Reconoce un nuevo recurso para los ciudadanos contra la UE si valoran vulneración de DDHH. Así, se reconoce para los ciudadanos europeos una protección frente a actos de la UE análoga a la protección que ya tienen frente a los actos de todos los EEMM.
Va a suponer el desarrollo de una cultura común en la UE en el ámbito de los derechos fundamentales, cosa que, como ya he apuntado, dará una imagen de coherencia y credibilidad frente a terceros países que la UE necesita más que nunca.
En sexto lugar, y más concretamente, se producirá el desarrollo armonioso de la legislación y la jurisprudencia en materia de derechos humanos entre los ordenamientos jurídicos. Sin duda el diálogo y una buena cooperación entre los tribunales será fundamental para garantizar esta sintonía.
Supone un control judicial adicional y externo de todas las actividades de la Unión en lo que hace referencia a la protección de los DDHH de los ciudadanos europeos.

Sabemos que esta adhesión no está exenta de complejidades técnicas que deben resolverse bien, para que no generen confusión, y por el contrario, que redunden en beneficio de los ciudadanos. Algunas de estas dificultades técnicas fueron apuntadas de manera pormenorizada por don Luis Romero, de la Comisión europea y Don Luis López Guerra, juez en el tribunal Europeo de Derechos Humanos y catedrático de derecho constitucional en las comparecencias realizadas en la propia Comisión Mixta para la UE. Podemos destacar algunas de estas cuestiones, por ejemplo: qué protocolos del CEDH va a ratificar la UE, dilucidar bien las competencias del TJUE y el TEDH, si procede la elección de un juez de la Unión (que parece claro que sí), designar miembros por parte del Parlamento europeo a la asamblea del Consejo de Europa cuando ésta tenga que votar entre los tres candidatos presentados a juez, el derecho a participar en el Comité de Ministros del Consejo de Europa a través de la Comisión europea, y un largo etc.

Pero al margen de los temas concretos que deberemos resolver sabemos también que lo más importante para que algo se haga es tener la voluntad política de hacerlo. El del gobierno de España con el apoyo de todos los grupos de las cámaras del Congreso y del Senado muestran esta voluntad política.

dimecres, de maig 19, 2010

LA INDIA COMO HORIZONTE


Algunos analistas establecen una dicotomía, a la que parece los países emergentes deben enfrentarse: o desarrollarse económicamente o ser una democracia. Partimos de la no aceptación de esa premisa, dicho de otra manera, debemos trabajar para que el desarrollo y crecimiento en bienestar sea compatible con la consolidación de una democracia sostenida por un Estado de Derecho, el reconocimiento de libertades y el respeto a los derechos humanos.

Por eso hoy he querido hablar de La India: La India como paradigma de país emergente que no está dispuesto a renunciar ni al desarrollo ni a la democracia. Quizás su crecimiento será menos vertiginoso que el de otros países del grupo de los BRICs (que tampoco es cierto, si nos ceñimos a los datos), pero no abandonar la democracia multipartidista y laica por la que apostaron desde el inicio es lo fundamental y es lo que lo hace especial. Su primera Constitución de 26 de enero de 1950 ya encarnó la síntesis entre la modernidad y la tradición y con ella han alcanzado 60 años de historia democrática ininterrumpida. Con casi 1.200 millones de habitantes, India es la democracia más grande del mundo. Aunque llamada a menudo una “democracia ruidosa” sin duda, la solidez institucional de sus fuerzas armadas, cuerpos de seguridad o de algunos servicios públicos como el de correos, por ejemplo, hace que partan con mucha ventaja respecto de otros países.

No quiero decir con esto que su desarrollo haya estado o esté exento de severos retos. De hecho, afronta numerosos problemas internos, entre ellos la extendida pobreza (aunque ésta no deja de bajar), la falta de infraestructura básica (aunque tiene un sistema ferroviario que se debería potenciar), la corrupción, un alto grado de diferenciación social relacionado con el sistema de castas (aunque ha sido capaz de desafiar ese sistema abriendo la administración y la política a los llamados intocables), una difícil cohesión territorial, desequilibrios regionales, o incluso problemas de terrorismo interno.

Sin embargo, cabe destacar que, entre los países emergentes, India es el que tiene menor índice de desigualdad y una mayor clase media que cada día aumenta.

Además, cuenta con dos grandes recursos, dos grandes complicidades con Occidente que muestran el creciente papel global de India: su modelo democrático con una economía de mercado relativamente abierta, como ya he dicho; y el dominio del inglés, por tenerlo como lengua oficial, que facilita la difusión de su cultura y su influencia internacional.

La interculturalidad de India, la diversidad religiosa (hindúes, musulmanes, cristianos, budistas, zoroastristas o judíos, entre otros, conviven), la diversidad lingüística (con más de 400 lenguas reconocidas) o la gran diversidad étnica, ha potenciado una milenaria tradición de diálogo y tolerancia extraordinaria.

Pero la importancia de India es poliédrica; lo es por al menos, 5 cuestiones estratégicas a las que queremos referirnos:

En primer lugar, lo es por su posición geoestratégica.

El papel que desarrolle India en la región es crucial en las relaciones con Pakistán, Irán o Afganistán y para la seguridad internacional.

En segundo lugar, lo es por su potencia económica, comercial y turística.

Qué duda cabe de que en una coyuntura como la actual tiene más sentido que nunca abordar un debate sobre la ampliación y profundización de nuestras relaciones económicas y comerciales, especialmente con un país emergente.

El gobierno español ha puesto en funcionamiento el Plan Integral de Desarrollo del Mercado español en India con el fin de fomentar las relaciones económicas y comerciales.

Las empresas españolas empiezan a abrir brecha en el mercado indio, donde existen grandes oportunidades en determinados sectores como el de la energía solar o los trenes de alta velocidad.

El comercio bilateral se ha doblado respecto al 2004, pero sigue en niveles bajos para el potencial de ambos países. Tenemos que aprovechar la coyuntura difícil por la que pasamos para potenciar los intercambios.

Hay que tratar de aumentar el turismo que se dirige a España desde India. Mejorar el conocimiento de la imagen de España y de su oferta.

En tercer lugar por la potencial cooperación científica y tecnológica.

En este sentido, se tiene previsto la organización de reuniones científicas conjuntas para fortalecer las relaciones entre investigadores de India y España, que fructifiquen en el desarrollo de proyectos de investigación. El CSIC también ha firmado acuerdos para la investigación conjunta en los ámbitos de matemáticas y astronomía.

En cuarto lugar, por la potencia del intercambio cultural.

Es el momento de reforzar las relaciones culturales y académicas aprovechando la presencia del Instituto Cervantes en Nueva Delhi. De esta manera, se puede jugar un papel decisivo en el intercambio idiomático y laboral potenciando el español como segunda lengua occidental en la India. También es importante la recientemente creada Fundación Consejo España-India de mano de entidades privadas y públicas.

Asimismo, es relevante el papel de Casa de la India y de la propia Casa Asia.

Y en quinto lugar, hay que estrechar lazos para la lucha contra el terrorismo.

La cooperación en materia de lucha contra el terrorismo es apremiante, no solo por los ataques terroristas que ha sufrido ese país recientemente, sino también por el terrorismo interno de los naxalitas en algunos estados del norte.


CONCLUSIÓN

En definitiva, en la cotidianidad de India se hace palpable la posibilidad del entendimiento, de la convivencia y del respeto de oriente y occidente. India es aquel lugar donde la alianza de civilizaciones alcanza todo su sentido, toda su dimensión, un ejemplo de la capacidad de unir aquello que es diferente y encontrar así la posibilidad de construir un camino conjunto. Un infinito global irrumpe en India y éste se mezcla con su infinita riqueza y complejidad interior.

España y la UE deben virar la mirada y depositarla sobre Asia y sobre India con intensidad, tal y como ya lo ha hecho EEUU. Porque el futuro se discernirá en ese polo, incorporando a los países asiáticos en pie de igualdad con europeos y norteamericanos en la formulación de las reglas globales.

Estratégicamente para España es central potenciar unas relaciones bilaterales fuertes porque se trata:

. de nuestra seguridad exterior,
. del aumento de nuestras exportaciones,
. de la expansión de nuestras empresas
. de la creación de empleo,
. de la captación de inversiones,
. del desarrollo de la cooperación técnica y
. de fomentar el intercambio cultural y social

La dimensión asiática es, junto con la Iberoamericana y la Mediterránea, la clave para reforzar la posición internacional de España en el marco de la UE. Pero es que además el intercambio y el enriquecimiento a todos los niveles que puede suponer esta relación será clave para nuestro propio desarrollo futuro.

dijous, d’abril 29, 2010


El pasado 13 de abril debatíamos en pleno sobre Cuba, igual que hemos hecho otras tantas veces esta legislatura: en mayo del 2008, junio, octubre, noviembre y diciembre de 2009 o febrero de este año.

Pero el pasado día 13 no solo debatimos sobre Cuba, sino que fuimos capaces de aprobar un texto con el consenso de la inmensa mayoría de esta Cámara, igual que pasó en el Senado, demostrando que si compartimos la lucha por la democracia, la lucha por los derechos humanos y la lucha por la libertad, también somos capaces de compartir una resolución que mande un mensaje inequívoco.

Podría recordarles que la lucha por la libertad es una de las señas de identidad del grupo al que represento, el grupo socialista: no solo para conseguir la libertad de otros, sino la de nuestro país. Así es que no vamos a admitir, porque es moralmente deshonesto, que nos acusen de actitud complaciente ante vulneraciones en materia de libertades y derechos humanos o de connivencia y relativismo en la defensa de la libertad, o nos acusen de pasividad.

En la posición del gobierno socialista no hay nada de eso. Puede que muchos discrepen en el método, pero eso no les autoriza a hacer tales afirmaciones.

Precisamente por nuestra experiencia, por nuestra memoria, sabemos, mejor que muchos, la importancia de dar mensajes de conjunto que fortalecen nuestra credibilidad.

Sí, nosotros creemos que la Comunidad Internacional debe actuar multilateralmente, mediante consensos, porque la actuación conjunta y unida le dará mucha más fuerza.

Y sí, también creemos que la unidad interna de las fuerzas políticas españolas, en especial en el caso de Cuba por los lazos históricos que nos unen a la isla, nos permitirá tener un mayor impacto de las posiciones que defendamos.

El PP dice buscar más presión contra el régimen cubano, pero lo único que buscan es usar como arma política partidista un tema tan trascendente como este. ¿Creen que puede haber una mayor y más intensa presión que una posición de acuerdo? Al PP, no le interesa la libertad y la democracia en Cuba, si no, respetarían los acuerdos alcanzados.

Conseguimos este acuerdo hace apenas dos semanas en el Congreso y también en el Senado, como ya he dicho, pero hoy, se busca reabrir el tema y, sinceramente, no creo que la comisión de exteriores esté para enmendar al pleno. Se busca reabrir el tema además sin ninguna justificación: han pasado tan solo unos días, y no ha habido ningún cambio que pudiera justificar debatir de nuevo lo acordado.

Porque el valor es el pacto, señorías, más allá de la literalidad de las frases, mantener la “llama”, es mantener la unidad.

Miren señorías, ninguna política con Cuba logrará acertar en el sentido de obtener de forma inmediata los frutos que todos deseamos para el pueblo cubano, pero lo que ha quedado meridianamente claro es que la técnica de la confrontación (por cierto, en la que el régimen cubano se siente como pez en el agua, porque es la única que conocen y la que avivan por conveniencia) la técnica de la confrontación, decía, defendida por los gobiernos populares no dio ni un resultado. Ni uno solo: hubo más presos políticos que nunca (la primavera negra de 2003 es un buen ejemplo de ello) y ni una liberación, ninguna apertura en reconocimiento de libertades, ningún avance en potenciar instituciones democráticas, NADA. Absolutamente nada.

A estas alturas, mi pregunta es por qué, por qué si compartimos el diagnóstico y compartimos los objetivos, aunque difiramos en el método, por qué si hemos sido capaces de, en algún momento, ponernos de acuerdo en transmitir un mensaje de unidad y hemos alcanzado un consenso, seguimos debatiendo un texto, por qué seguimos buscando un texto que ya hemos encontrado.

La Sra. Valenciano, portavoz socialista decía al final de su intervención en el pleno: “vamos a tratar de construir entre todos un texto que sea, de verdad, la expresión plural y mayoritaria de esta Cámara. Esa es nuestra propuesta, eso es lo que hemos pretendido con nuestra enmienda de sustitución y a ello convocamos a sus señorías”.

Pues bien señorías, ya tenemos un texto, tenemos ese texto que reclamábamos, el que aprobamos en el Pleno. Trabajemos todos en la dirección que éste marca para desarrollarlo, para conseguir que cada uno de los puntos aprobados por esta cámara, por una mayoría aplastante, se haga realidad. Ese es el auténtico sentido de Estado, del que tanto se habla y tan poco se encuentra y esa es la mayor presión que este legislativo puede ejercer.

¿Qué mayor paso adelante hay que un acuerdo?
Para conseguir la libertad de todos, hace falta la unidad de todos.
Mandar mensajes de apoyo continuo requiere el pacto, no romper el pacto.

divendres, d’abril 16, 2010

Intervención en la Comisión Mixta para la Unión Europea 23 de marzo de 2010.



Aprovecharé para explicar el grado de cumplimiento, por parte del Gobierno, de los artículos del Estatuto de Autonomía de Catalunya que regulan las relaciones entre la Generalitat y la Unión Europea, es decir, el cumplimiento concretamente de los artículos 184 al 192 de ese Estatuto.

Empezaré diciendo que los avances en estas dos legislaturas de gobierno Socialista han sido espectaculares. Cuando algunas fuerzas políticas dicen que no nos hemos movido ni un ápice o que estamos como estábamos, yo les preguntaría desde cuándo y cuál es su punto de referencia, porque en los últimos seis años los avances en todos los niveles, desde el reconocimiento institucional, el reconocimiento de lenguas, la participación de las comunidades autónomas en procesos de decisión por parte del Estado en relación con la Unión Europea, la asistencia a reuniones, el participar en la fijación de posición del Estado frente a la Unión, cooperar y coordinarse constantemente, en definitiva, en la colaboración en la construcción de una concepción federal del Estado donde todos somos Estado —el Gobierno de España y el Gobierno de las comunidades autónomas—, reflejan un período de nuestra democracia sin parangón alguno.

Lo primero que quiero hacer, por tanto, es poner de relieve el esfuerzo y el compromiso que ha demostrado este Gobierno, el Gobierno socialista, tanto en la anterior legislatura como en esta, para avanzar en la que nosotros valoramos como la buena dirección. Y lo hemos hecho por sensibilidad y por convicción del Gobierno y de este grupo parlamentario respecto a nuestro modelo de Estado. Es un modelo de Estado descentralizado —profundamente descentralizado—, y ha habido avances que muestran esta sensibilidad y esta convicción desde todos los puntos de vista.

Uno de los elementos fundamentales que viene al caso es la propia aprobación del Estatuto de Autonomía de Catalunya, porque si el Grupo Socialista y el Gobierno socialista no hubiesen apostado y trabajado sin fisuras para aprobar esta norma, si no la hubiesen apoyado, en estos momentos no tendríamos Estatuto de Autonomía de Catalunya y no podríamos estar discutiendo en los términos en que lo estamos haciendo. El Grupo Parlamentario Socialista tuvo, y sigue teniendo, la convicción de sacar adelante el Estatuto de Autonomía de Catalunya y de desarrollar su articulado, porque creemos en él desde el punto de vista jurídico y, sobre todo, creemos en él desde el punto de vista político, como norma pactada entre Catalunya y el resto de España.

Está muy bien que otras fuerzas políticas que no lo votaron ahora reclamen su desarrollo y su aplicación, porque esto nos indica el acierto en el camino elegido por los socialistas.

Por otro lado, vale la pena recordar que el capítulo segundo del título V, que es el que hace referencia a esta participación o relación entre la Generalitat y la Unión Europea ha sido recurrido, prácticamente de forma íntegra, por el Grupo Parlamentario Popular ante el Tribunal Constitucional, a pesar de poder encontrar artículos idénticos en otros estatutos de autonomía.

Quiero hacer una relación muy somera y rápida de los artículos que hacen referencia a este capítulo segundo: el 184, que es el primero, es una cláusula general, por tanto, no cabe análisis sobre su aplicación o no.

El artículo 185 nos indica que cuando se produzca una modificación de un tratado de la Unión Europea, las comunidades autónomas, o Catalunya en este caso, tendrán que participar o ayudar a que el Gobierno de España se posicione. Todavía no ha pasado desde la aprobación del EAC pero cuando se dé no me cabe duda de que así se hará. Por tanto, no es, en absoluto por el momento, un artículo incumplido.

El artículo 186, que trata de la participación en las posiciones del Gobierno, se ha aplicado más que nunca, porque la cooperación multilateral, a través de conferencias de Presidentes, de relaciones entre ministros y consejeros respectivos, de conferencias sectoriales, se ha multiplicado con respecto a otros periodos, funcionan con normalidad, con intensidad y con periodicidad y está permitiendo precisamente la consolidación de estos órganos de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas.

El artículo 187 hace referencia a la participación en instituciones y organismos europeos. Como ya se ha referido a él el secretario de Estado, no me voy a alargar, pero se prevé la participación permanente de consejeros autonómicos en la Reper, se ha participado en los consejos y el propio conseller de Agricultura tiene prevista su participación en breve. Por tanto, ya se ha puesto en marcha y se está consolidando.

El artículo 188, el único seguramente que hacía necesario un desarrollo legislativo específico, se refiere precisamente a la participación de las comunidades autónomas en el control del principio de subsidiariedad y proporcionalidad, regulado en el Tratado de Lisboa. Para ello, se ha modificado la ley de 1994 de creación de la Comisión Mixta de la Unión Europea y se ha aprobado una ley, por cierto, por unanimidad, con el voto de todos los grupos parlamentarios poniendo en marcha esta participación de las comunidades autónomas en relación con el principio de subsidiariedad.

El artículo 189 se refiere al desarrollo y a la aplicación del derecho de la Unión Europea. Establece que este desarrollo no puede implicar una invasión competencial y que, por tanto, tiene que mantenerse y respetarse la distribución competencial que viene dada por el bloque de constitucionalidad, por nuestra Constitución y los estatutos de autonomía. Así ha sido y así seguirá siendo. Personalmente, he llevado varias transposiciones de directivas europeas y en ellas siempre han sido escrupulosamente respetadas todas las competencias de las comunidades autónomas. Por ejemplo, las dos leyes que transponía la Directiva de servicios, la Ley Paraguas y la Ley Ómnibus, así como la Ley Audiovisual, son buenos ejemplos de ello.

El artículo 190 trata de la gestión de los fondos europeos. Ya se hacía, y se seguirá haciendo por parte de las CCAA, en la medida en que haya fondos, claro.

El artículo 191 trata de las acciones frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, supeditado a lo que prevea el derecho europeo. Por tanto, tampoco ha habido incumplimiento, ya que no depende tanto del derecho interno, sino de que el propio derecho europeo reconozca la legitimidad de los entes subestatales.

El artículo 192 habla de la delegación de la Generalitat en Bruselas, que ya teníamos, pero ahora se reconoce estatutariamente. Así, la institución seguirá trabajando con intensidad en un marco normativo más seguro.

Los nuevos estatutos de autonomía, los de nueva generación, tienen de positivo que hemos podido introducir aspectos que ya funcionaban con normalidad pero que ahora tienen un reconocimiento estatutario.

En resumen, el gobierno y el grupo Parlamentario Socialista han cumplido escrupulosamente los artículos 184 a 192 del EAC. Respecto a las lenguas, tema al que me he referido en otros escritos, solo quiero añadir que todos los acuerdos que el Gobierno de España podía cerrar con las distintas instituciones de la Unión Europea se han cerrado. Todos: acuerdo con el Consejo Europeo, con la Comisión, con el Comité de las Regiones, con el Tribunal de Justicia, incluso con el Parlamento Europeo en lo que afecta a los ciudadanos y a la comunicación de estos con las instituciones europeas.

Por tanto, no podemos dejar de felicitar al Gobierno por esta apuesta, por este compromiso y por el cumplimiento que ha dado a todos estos acuerdos. Quizá (seguro) haya que corregir algunos elementos que quedan por ajustar. En todo caso, existen los acuerdos y existe el marco legal, el marco normativo que nos permite llevar a cabo estos objetivos, y eso es lo que hay que destacar en este momento.

dilluns, de març 15, 2010

PACTO CONTRA LA CRISIS: UNA OPORTUNIDAD PARA EL PAÍS



La principal preocupación de los socialistas durante toda la legislatura ha sido combatir la crisis económica. Una crisis que azota internacionalmente a todos los países del mundo y que en España pone de manifiesto las flaquezas de nuestro modelo de crecimiento.

Para ello el gobierno ha puesto en marcha medidas de choque, de ayuda directa a sectores estratégicos; a facilitar liquidez a Pimes y autónomos a través del ICO, a crear fondos de inversión gestionados por los Entes Locales que intentan dinamizar el sector más castigado por el paro como es el de la construcción.

Pero también ha impulsado reformas estructurales que ponen las bases para cambiar el modelo de crecimiento económico y el modelo de productividad: por ejemplo, la ley del suelo que termina con las especulaciones urbanísticas, la liberalización del sector servicios, simplificando la apertura de comercios, una ley de economía sostenible que busca un equilibrio económico, social y medioambiental, o planteando una reforma laboral, una reforma de las pensiones o proponiendo un Pacto por la Educación.

La crisis tiene que ser una oportunidad para cambiar lo que ha fallado, aunque sabemos que este tipo de medidas tienen efecto a medio y largo plazo. Hay que cambiar lo que ha fallado sin perder de vista el objetivo último: mantener la cohesión social. Nuestro modelo de crecimiento era malo, muy malo y se ha mostrado fallido. Hay que dar el combate de fondo apostando por la educación, la formación o la inversión en innovación e investigación.

Aun no siendo ni mucho menos los únicos causantes de la crisis, el Presidente del gobierno no ha tenido ningún reparo en asumir plenamente la responsabilidad. Eso es gobernar y liderar. Pero inmediatamente después ha ofrecido a todas las fuerzas políticas, y especialmente al principal partido de la oposición, unir esfuerzos para ser capaces de dar una respuesta común. Se ofrece consenso porque estamos convencidos de que solo unidos saldremos de ésta.

Un país demuestra que es un país cuando sus fuerzas políticas superan el interés partidista y son capaces de dar una respuesta conjunta.

El poder trabajar juntos, además, generará de manera inmediata confianza. Confianza en los mercados internacionales y en la economía española, pero sobre todo, confianza para todos aquellos ciudadanos que deben enfrentarse cotidianamente a decisiones difíciles.

Es el momento, sin duda, de mostrar el compromiso con el país. Creo que sería una pena no poder contar con el PP en este esfuerzo compartido que la ciudadanía nos reclama cada día.

dilluns, de març 08, 2010

UN PLAN DE AUSTERIDAD PARA UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE


Nos encontramos inmersos en una profunda crisis económica que ha determinado que el Gobierno aprobara el 29 de enero el Programa de Crecimiento y Estabilidad, que incluye un programa de consolidación fiscal con dos ejes que afectan a la Administración General del Estado: el Plan de Acción Inmediata 2010 y el Plan de Austeridad 2011-2013.

Como todos sabemos estos programas, que pretenden corregir el déficit público y buscar el equilibrio de las cuentas públicas, van a suponer un importante recorte del gasto presupuestado para este año; además, el ajuste estructural que ha de hacer la Administración General del Estado se sitúa en el 5,2% PIB hasta final de 2013. Para llegar a este objetivo el Gobierno trabajará principalmente con instrumentos como: una oferta de empleo público muy reducida (ahora del 10%), una moderación salarial, la reducción del sector público empresarial o la racionalización de los altos cargos, entre otros.

En principio parecería que estamos en una situación que podría impedir, o al menos obstaculizar, el despliegue de los proyectos previstos en este ámbito (desarrollo de los acuerdos alcanzados con los agentes sociales o la ley de la Función Pública etc.). Sin embargo, esto no va a ocurrir.

Las crisis económicas, muchos lo han dicho, pueden ser también una oportunidad. Cuando la necesidad acucia, como ahora, es el momento de primar uno de los principios que rigen el funcionamiento y organización de la Administración General del Estado, la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Si el objetivo que persiguen las medidas adoptadas es la reducción del déficit, el principio que debe regir su aplicación (es decir, qué programas presupuestarios se recortan, qué puestos vacantes se ofertan, qué organismos se suprimen o refunden con otros) es el de eficiencia. Y una administración más eficiente es también una mejor administración.

Además, hay razones que invitan al optimismo, a pensar que la puesta en práctica de esta política de austeridad, que tan de lleno atañe a la Administración, no va a suponer detrimento alguno del funcionamiento de la Administración ni de los servicios públicos que los ciudadanos reciben. No debe ni puede suponer un detrimento. Porque precisamente es en los momentos de dificultad, cuando más se le exige al sector público y solo con un entramado institucional fuerte se podrá estar a la altura de las demandas.

Nos encontramos en una buena situación de partida. El gobierno socialista ha puesto las bases para ello. Durante estos años pasados, y a través del despliegue y desarrollo de la ley de acceso electrónico a los servicios públicos, se ha conseguido una auténtica y profunda modernización del funcionamiento de la Administración. No es el momento de exponer lo que ha supuesto esta ley, ya la debatimos la legislatura pasada. Baste decir que actualmente se puede acceder al 96,4% de los trámites de la Administración a través de medios electrónicos. También en enero pasado el Consejo de Ministros aprobó sendos reales decretos que, aunque de carácter muy técnico tienen un gran impacto: la regulación del Esquema Nacional de Seguridad y la regulación del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Estos decretos van a permitir, en un marco seguro, ofrecer al ciudadano un servicio unificado de realización de trámites administrativos sin importar cual sea la Administración competente.

También ha favorecido, y va a favorecer aun más, la mejora del funcionamiento de la Administración la aprobación y aplicación de la Ley “Ómnibus”. Esta ley exige que se simplifiquen los procedimientos, se eviten dilaciones innecesarias, se reduzcan las cargas administrativas que pesan sobre todos los prestadores de servicios y establece la figura de la ventanilla única. Establece, en fin, el principio de intervención mínima necesaria −en base al principio de proporcionalidad− de la administración en el sector servicios.

Quiero con ello poner de manifiesto que estamos ante una administración ágil, que está funcionando con rapidez, que responde con presteza a los ciudadanos.

Por ello creo que estamos en una buena situación de salida, situación que va a permitir que nuestra Administración pueda asumir sin dificultades las medidas de austeridad aprobadas:

1.- La reducción de la oferta de Empleo Público, hasta el límite del 10% de la tasa de reposición. (Recordemos que el PP en época de bonanza económica siempre había fijado la tasa de reposición por debajo del 25%)

Cualquier limitación de la oferta de empleo público siempre supone sacrificios, pero si su elaboración está determinada por el principio de eficiencia, si la selección de puestos se realiza con buenos criterios y se hace además después de haber impulsado reformas estructurales, de calado como se ha hecho por parte de este Gobierno, no se va a impedir el funcionamiento ágil de la Administración o la prestación de servicios públicos.

Así, hay áreas de la Administración donde sobran funcionarios; otras que los necesitan. Por ello nos parece que en este contexto adquiere pleno sentido el trabajo ya iniciado por el Gobierno para la elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Humanos. En este marco, una oferta de empleo público, tan limitada como la de este año, es perfectamente asumible.

2.- Un plan de racionalización de las estructuras de la Administración General del Estado y del sector público empresarial, plan que conllevará la supresión, refundición o reestructuración de los órganos que resulten necesarios.

Apoyamos plenamente estas medidas. Creemos que constituyen el camino para conseguir una Administración más austera, eficiente y más fuerte a la vez.

El PP la coyuntura la quieren aprovechar para privatizar y debilitar el sector público. Nosotros para racionalizar el trabajo, los medios y los recursos para conseguir mayor eficiencia y modernidad del sector público.

Este es el camino y no las propuestas demagógicas que hemos debatido en el Congreso, en estos meses pasados: la reducción del número de altos cargos de la Administración General del Estado o la reducción de ministerios.

Esas propuestas no solucionan nada. Una reducción de un 25% de altos cargos, como se proponía, o se sigue proponiendo no conduce a nada. Era y es una propuesta efectista, que no se sustenta en un verdadero diagnóstico de la administración, una propuesta que no determina qué cargos habría que suprimir, por qué habría que suprimirlos, una propuesta que falsea (manipula) datos y, sobre todo, una propuesta que no tiene en cuenta los grandes esfuerzos de austeridad que ya se han puesto en práctica –acuerdo de no disponibilidad de partidas presupuestarias o la congelación de retribuciones de los altos cargos por dos años consecutivos, por poner algunos ejemplos-. En definitiva, una propuesta que hierra el tiro.

Me preocupa porque estos debates y las soluciones tan simplistas que ofrecen pueden provocar en la ciudadanía un deterioro de su confianza en las clases políticas, en las instituciones. Pueden fomentar un clima que nos conduzca a una crisis institucional. Además en momentos de crisis económica, momentos donde es tan fácil que surja el populismo creo que nuestra tarea como diputados no es precisamente alentar la desconfianza en las instituciones, en la Administración General del Estado. Todo lo contrario.

Entiendo la tentación cuando se está en la oposición de pensar que estas críticas perjudican al partido que gobierna, pero les aseguro que no es así. No traspasar determinados límites me parece importante y a la larga, les aseguro que beneficioso para la sociedad.

Una auténtica política de austeridad no significa tratar de imponer por parte del Congreso de los Diputados al Gobierno la eliminación de esta o aquella vicepresidencia, de este o aquel ministerio o que tenga que suprimirse la cuarta parte de los altos cargos. No. Eso son gestos de cara a la galería, gestos peligrosos, que todos sabemos además que no solucionan los problemas de fondo.

Lo sabemos y lo saben los del Grupo Popular que, en la Asamblea de Madrid, donde se presentó una propuesta idéntica –con el único objetivo de situarles frente al espejo, de que reconocieran sus contradicciones, de parar estos pasos demagógicos- la rechazaron. Y eso que hay datos que indican que en la Administración de la Comunidad de Madrid, pese a que últimamente se ha reducido el número de consejerías, sin embargo el número de altos cargos, de cargos directivos se ha duplicado. Los gastos de personal se han incrementado exponencialmente. Es un buen ejemplo de cómo las políticas de austeridad en materia de personal no están directamente relacionadas con el número de consejerías o departamentos ministeriales.

Son las medidas anunciadas por parte de la Vicepresidenta y a las que antes me he referido las que constituyen un auténtico programa de austeridad para la Administración General del Estado.

También, como creemos que en este gran esfuerzo de saneamiento de las finanzas públicas han de estar involucradas todas las administraciones, apoyamos la propuesta del Gobierno de someter al Consejo de Política Fiscal y Financiera un acuerdo marco con las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía sobre sostenibilidad de las finanzas públicas que incluye un plan de racionalización de estructuras administrativas y el compromiso de racionalización de recursos humanos. Espero que tanto las Comunidades Autónomas como los Entes locales lo estudien, lo mejoren y podamos asumirlo entre todos. No hace falta que diga que siempre haciéndolo desde el respeto de las facultades de autoorganización de cada una. En definitiva con dichos planes no se trata de eliminar funciones ni servicios públicos; no: todo lo contrario. Se trata de buscar la EFICIENCIA a toda costa.
Si somos capaces de trabajar en la misma dirección todos los grupos parlamentarios seguro que los resultados que alcance el Gobierno también serán mejores.

dilluns, de febrer 22, 2010

EL CONSEJO DE EUROPA CON LA UNIÓN PARA EL MEDITERRÁNEO



La Unión para el Mediterráneo retoma con impulso renovado un proceso que viene de lejos, iniciado con el conocido Proceso de Barcelona: la búsqueda de la cooperación entre las dos riveras del Mare Nostrum.
La concepción de esta cooperación debería ser:

1. Bidireccional, de aportación mútua. No caigamos en la tentación de pensar que solo nosotros podemos aportar algo a la rivera sur, porque también de ellos tenemos mucho que aprender.
2. Equilibrada. No podemos caer en el paternalismo, ni en la ingerencia, pero tampoco podemos ser condescendientes en lo esencial, sino exigentes.
3. Priorizada, en cuanto a las ayudas, los programas y los objetivos. Es absurdo exigir en demasía a países que están en procesos de desarrollo y democratización.





El pleno del Consejo de Europa, como asamblea que tiene como prioridad la lucha a favor de la Democracia, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho, buscamos que estos valores compartidos que nos permiten vivir en libertad y convivir en la diferencia lleguen a todas partes del planeta.

Este objetivo, por tanto, es bueno en sí. Con él tenemos, o deberíamos tener suficiente.

Pero además, tenemos interés directo en el caso del Mediterráneo: apostar por la mejora y la búsqueda de la igualdad con nuestros vecinos sin duda revertirá en un mayor bienestar colectivo, además de obtener una mayor dignidad como sociedad.

El Consejo de Europa ha ayudado a muchos países a transitar hacia regímenes democráticos, ¿por qué no también con los países mediterráneos? Su cercanía geográfica y su cultura compartida justifican la implicación de esta institución en este proyecto, una implicación que debe ser en todo caso coordinada con la Unión Europea. No se trata de competir entre organizaciones internacionales, ni pecar de ansia de protagonismo o de colgarse medallas: si somos capaces de trabajar juntos, avanzaremos más, más deprisa y mejor.

No volvamos a hacer grandes declaraciones sobre todo lo que vamos a hacer. Partamos de un análisis pormenorizado de cuáles han sido nuestros objetivos con el Proceso de Barcelona hasta ahora y cuáles los resultados alcanzados. Empecemos por autoexigirnos una rendición de cuentas y partamos con el reconocimiento de nuestros errores o limitaciones, porque solo así habrá pasos hacia adelante. Necesitamos diagnósticos claros. En base a a ese aprendizaje volvamos a fijar nuevas metas. No partamos de cero.

El Consejo de Europa tiene mucho que aportar, sobre todo en aquello que precisamente debería ser la base sobre la que empezar a construir: la existencia de instituciones y reglas democráticas que permiten desarrollar políticas propias en todos los ámbitos.

Estoy segura que desde la Presidencia española de la UE se va a facilitar e impulsar esta cooperación tan necesaria y será un trabajo que tendrá continuidad con las presidencias venideras.

dijous, de febrer 11, 2010

HAY OTRA OPOSICIÓN POSIBLE


El grupo popular en el Congreso se ha abonado a las propuestas demagógicas. Cada semana presentan algo del mismo tenor con un oportunismo y una falta de imaginación alarmante. Ni siquiera fueron los primeros en hacerlo. Primero fue el PNV y ahora se limitan a plagiar cada semana el tema para ver si ganan una votación y así poder aplaudir un minutito al final del pleno. No solo es infantil, sino que es patético.

¿De verdad no tienen ninguna iniciativa que valga la pena para discutir en el pleno? ¿sobre ninguna materia? ¿No se les ocurre nada constructivo para contribuir a la recuperación económica del país? ¿No son capaces de trabajar en la misma dirección y sintonía con el Gobierno, de sumar esfuerzos, de presentar mejoras a propuestas hechas?


La propuesta de reducir un 25% de altos cargos y asesores es demagógica, arbitraria e inviable. ¿Por qué el 25%? ¿Por qué no el 20 o el 30? ¿Por qué no mejor hacer desaparecer a los Altos Cargos? Los de los gobiernos socialistas, claro, porque lo que son los del PP se hinchan por semanas en las CCAA donde gobiernan.

Miren señorías, les voy a facilitar solo un dato: más del 79% de los Altos Cargos en estos momentos son funcionarios del Estado. Son trabajadores públicos que en cualquier caso seguirían trabajando en la Administración General del Estado. Por tanto, echar, echar, solo podríamos echar en todo caso, a menos del 25%. ¿Esa es su propuesta? ¿Crear unos cuantos parados más?


La crisis no se aborda con propuestas simplistas, porque su complejidad necesita respuestas también complejas, no demagógicas.

Seamos serios. Algunos datos importantes que debemos conocer:

. Cuando llegamos al gobierno modificamos el Decreto que marca el número de asesores por Ministerio. Lo redujimos de 7 a 5 (léase el Real Decreto 562/2004).

. Redujimos el gasto en publicidad institucional, aprobando una ley sobre la materia.

. En el año 2009 y 2010 ha habido congelación de los sueldos de los Altos Cargos.

. En 2009, se presentaron dos grandes recortes de gasto corriente por un valor de 1000 y 1500 millones de euros respectivamente.


. Ha habido medidas paliativas de choque contra la crisis económica como los Fondos de Inversión Local, ayudas a sectores industriales… pero también propuestas de reformas estructurales de calado (por cierto, no apoyadas por el PP, como las 3 leyes que transponen la directiva de servicios o la ley del suelo, o la ley de economía sostenible).

En esta dirección el gobierno ha presentado un Plan de Acción Inmediata para 2010 mucho más ambicioso, completo y racional que la iniciativa popular (¿o debería decir populista?). Se pide en él que la estrategia de austeridad seguida para la AGE se extienda a todas las Administraciones Públicas (Comunidades Autónomas y Entes Locales). Solo en la medida en que cada uno asuma su responsabilidad, evitaremos un deterioro adicional de la economía. En nuestra propuesta se insta al Gobierno a iniciar, con carácter inmediato, un proceso de reequilibrio de las cuentas públicas que incluya:

a) una reestructuración del gasto público en la Administración General del Estado y el sector público empresarial, que implique una revisión exhaustiva de los programas de gasto, y específicamente una reducción de los gastos de personal y del gasto corriente,

b) la adecuación de la estructura y organización de la Administración General del Estado a los principios de eficacia y economía en el gasto así como al reparto de las competencias establecido por el Título VIII de la Constitución y los Estatutos de Autonomía, suprimiendo, refundiendo o reestructurando los órganos que sea necesario,

c) la adopción de medidas urgentes que supongan para este mismo año una reducción del gasto inicialmente presupuestado equivalente al 0.5% del PIB,


Por el contrario, en las CCAA en las que gobierna el PP parece que les preocupa poco el aumento del gasto. Por poner algún ejemplo, en la Comunidad de Madrid el gasto presupuestado para los altos cargos se ha incrementado un 46% y el gasto en publicidad y propaganda un 130% o en la Comunidad Valenciana de 117 Altos cargos con el Presidente Lerma se ha pasado a 238 (un 103% más), por no hablar de la Diputación de Ourense o de Castelló…


Pero las contradicciones del PP no terminan en el demagógico porcentaje del 25%, o de hacer todo lo contrario ahí donde gobiernan, sino que lo más contradictorio de su discurso es dárselas de patrióticos cuando solo piensan en el poder.


Se llenan la boca de España pero ¿qué es España para ustedes? ¿Una banderita? Parece que sí. Pues miren, para mi España es su Presidente del Gobierno, su Gobierno, su cuerpo burocrático, las CCAA, las AAPP, los servidores públicos… su entramado institucional, en definitiva. No hace falta haber leído a Max Weber, para tomar conciencia de la importancia de las instituciones y de las estructuras que permiten tener y mantener un Estado democrático.

La defensa que practica el PP de un estado mínimo y de un sector público débil está demodé, porque un país se construye y se hace crecer con una Administración y unas instituciones fuertes, respetadas por todas las fuerzas políticas, eficaces y eficientes y al servicio de la ciudadanía (pienso en el servicio exterior de otros países de la Unió Europea, por ejemplo, en Gran Bretaña hay 14.900 personas o en Francia 16.000… lejos estamos de alcanzar estas cifras).

En plena crisis económica el PP trabaja para intentar generar una crisis institucional… la política de oposición que conciben no va más allá de esto, incluso les parece lo normal, y sin pudor así lo manifiestan: nos gritan desde la tribuna ¡váyanse! (como si la legitimación democrática no fuera con ellos) o nos dicen con todo descaro estoy aquí para intentar hacer caer el Gobierno, para criticarlo todo, para poner al Gobierno y al grupo parlamentario que sostiene al gobierno las cosas difíciles… pues miren, no. La oposición puede estar para otras cosas, se lo aseguro. Todo depende de la concepción de la que partan, la suya es equivocada, además de irresponsable y dañina para el país.

Los ciudadanos esperan de todos nosotros un esfuerzo compartido, no la confrontación, y menos, pantomimas parlamentarias como las que debemos sufrir cada semana.