UN PLAN DE AUSTERIDAD PARA UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE

Nos encontramos inmersos en una profunda crisis económica que ha determinado que el Gobierno aprobara el 29 de enero el Programa de Crecimiento y Estabilidad, que incluye un programa de consolidación fiscal con dos ejes que afectan a la Administración General del Estado: el Plan de Acción Inmediata 2010 y el Plan de Austeridad 2011-2013.

Como todos sabemos estos programas, que pretenden corregir el déficit público y buscar el equilibrio de las cuentas públicas, van a suponer un importante recorte del gasto presupuestado para este año; además, el ajuste estructural que ha de hacer la Administración General del Estado se sitúa en el 5,2% PIB hasta final de 2013. Para llegar a este objetivo el Gobierno trabajará principalmente con instrumentos como: una oferta de empleo público muy reducida (ahora del 10%), una moderación salarial, la reducción del sector público empresarial o la racionalización de los altos cargos, entre otros.

En principio parecería que estamos en una situación que podría impedir, o al menos obstaculizar, el despliegue de los proyectos previstos en este ámbito (desarrollo de los acuerdos alcanzados con los agentes sociales o la ley de la Función Pública etc.). Sin embargo, esto no va a ocurrir.

Las crisis económicas, muchos lo han dicho, pueden ser también una oportunidad. Cuando la necesidad acucia, como ahora, es el momento de primar uno de los principios que rigen el funcionamiento y organización de la Administración General del Estado, la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Si el objetivo que persiguen las medidas adoptadas es la reducción del déficit, el principio que debe regir su aplicación (es decir, qué programas presupuestarios se recortan, qué puestos vacantes se ofertan, qué organismos se suprimen o refunden con otros) es el de eficiencia. Y una administración más eficiente es también una mejor administración.

Además, hay razones que invitan al optimismo, a pensar que la puesta en práctica de esta política de austeridad, que tan de lleno atañe a la Administración, no va a suponer detrimento alguno del funcionamiento de la Administración ni de los servicios públicos que los ciudadanos reciben. No debe ni puede suponer un detrimento. Porque precisamente es en los momentos de dificultad, cuando más se le exige al sector público y solo con un entramado institucional fuerte se podrá estar a la altura de las demandas.

Nos encontramos en una buena situación de partida. El gobierno socialista ha puesto las bases para ello. Durante estos años pasados, y a través del despliegue y desarrollo de la ley de acceso electrónico a los servicios públicos, se ha conseguido una auténtica y profunda modernización del funcionamiento de la Administración. No es el momento de exponer lo que ha supuesto esta ley, ya la debatimos la legislatura pasada. Baste decir que actualmente se puede acceder al 96,4% de los trámites de la Administración a través de medios electrónicos. También en enero pasado el Consejo de Ministros aprobó sendos reales decretos que, aunque de carácter muy técnico tienen un gran impacto: la regulación del Esquema Nacional de Seguridad y la regulación del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Estos decretos van a permitir, en un marco seguro, ofrecer al ciudadano un servicio unificado de realización de trámites administrativos sin importar cual sea la Administración competente.

También ha favorecido, y va a favorecer aun más, la mejora del funcionamiento de la Administración la aprobación y aplicación de la Ley “Ómnibus”. Esta ley exige que se simplifiquen los procedimientos, se eviten dilaciones innecesarias, se reduzcan las cargas administrativas que pesan sobre todos los prestadores de servicios y establece la figura de la ventanilla única. Establece, en fin, el principio de intervención mínima necesaria −en base al principio de proporcionalidad− de la administración en el sector servicios.

Quiero con ello poner de manifiesto que estamos ante una administración ágil, que está funcionando con rapidez, que responde con presteza a los ciudadanos.

Por ello creo que estamos en una buena situación de salida, situación que va a permitir que nuestra Administración pueda asumir sin dificultades las medidas de austeridad aprobadas:

1.- La reducción de la oferta de Empleo Público, hasta el límite del 10% de la tasa de reposición. (Recordemos que el PP en época de bonanza económica siempre había fijado la tasa de reposición por debajo del 25%)

Cualquier limitación de la oferta de empleo público siempre supone sacrificios, pero si su elaboración está determinada por el principio de eficiencia, si la selección de puestos se realiza con buenos criterios y se hace además después de haber impulsado reformas estructurales, de calado como se ha hecho por parte de este Gobierno, no se va a impedir el funcionamiento ágil de la Administración o la prestación de servicios públicos.

Así, hay áreas de la Administración donde sobran funcionarios; otras que los necesitan. Por ello nos parece que en este contexto adquiere pleno sentido el trabajo ya iniciado por el Gobierno para la elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Humanos. En este marco, una oferta de empleo público, tan limitada como la de este año, es perfectamente asumible.

2.- Un plan de racionalización de las estructuras de la Administración General del Estado y del sector público empresarial, plan que conllevará la supresión, refundición o reestructuración de los órganos que resulten necesarios.

Apoyamos plenamente estas medidas. Creemos que constituyen el camino para conseguir una Administración más austera, eficiente y más fuerte a la vez.

El PP la coyuntura la quieren aprovechar para privatizar y debilitar el sector público. Nosotros para racionalizar el trabajo, los medios y los recursos para conseguir mayor eficiencia y modernidad del sector público.

Este es el camino y no las propuestas demagógicas que hemos debatido en el Congreso, en estos meses pasados: la reducción del número de altos cargos de la Administración General del Estado o la reducción de ministerios.

Esas propuestas no solucionan nada. Una reducción de un 25% de altos cargos, como se proponía, o se sigue proponiendo no conduce a nada. Era y es una propuesta efectista, que no se sustenta en un verdadero diagnóstico de la administración, una propuesta que no determina qué cargos habría que suprimir, por qué habría que suprimirlos, una propuesta que falsea (manipula) datos y, sobre todo, una propuesta que no tiene en cuenta los grandes esfuerzos de austeridad que ya se han puesto en práctica –acuerdo de no disponibilidad de partidas presupuestarias o la congelación de retribuciones de los altos cargos por dos años consecutivos, por poner algunos ejemplos-. En definitiva, una propuesta que hierra el tiro.

Me preocupa porque estos debates y las soluciones tan simplistas que ofrecen pueden provocar en la ciudadanía un deterioro de su confianza en las clases políticas, en las instituciones. Pueden fomentar un clima que nos conduzca a una crisis institucional. Además en momentos de crisis económica, momentos donde es tan fácil que surja el populismo creo que nuestra tarea como diputados no es precisamente alentar la desconfianza en las instituciones, en la Administración General del Estado. Todo lo contrario.

Entiendo la tentación cuando se está en la oposición de pensar que estas críticas perjudican al partido que gobierna, pero les aseguro que no es así. No traspasar determinados límites me parece importante y a la larga, les aseguro que beneficioso para la sociedad.

Una auténtica política de austeridad no significa tratar de imponer por parte del Congreso de los Diputados al Gobierno la eliminación de esta o aquella vicepresidencia, de este o aquel ministerio o que tenga que suprimirse la cuarta parte de los altos cargos. No. Eso son gestos de cara a la galería, gestos peligrosos, que todos sabemos además que no solucionan los problemas de fondo.

Lo sabemos y lo saben los del Grupo Popular que, en la Asamblea de Madrid, donde se presentó una propuesta idéntica –con el único objetivo de situarles frente al espejo, de que reconocieran sus contradicciones, de parar estos pasos demagógicos- la rechazaron. Y eso que hay datos que indican que en la Administración de la Comunidad de Madrid, pese a que últimamente se ha reducido el número de consejerías, sin embargo el número de altos cargos, de cargos directivos se ha duplicado. Los gastos de personal se han incrementado exponencialmente. Es un buen ejemplo de cómo las políticas de austeridad en materia de personal no están directamente relacionadas con el número de consejerías o departamentos ministeriales.

Son las medidas anunciadas por parte de la Vicepresidenta y a las que antes me he referido las que constituyen un auténtico programa de austeridad para la Administración General del Estado.

También, como creemos que en este gran esfuerzo de saneamiento de las finanzas públicas han de estar involucradas todas las administraciones, apoyamos la propuesta del Gobierno de someter al Consejo de Política Fiscal y Financiera un acuerdo marco con las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía sobre sostenibilidad de las finanzas públicas que incluye un plan de racionalización de estructuras administrativas y el compromiso de racionalización de recursos humanos. Espero que tanto las Comunidades Autónomas como los Entes locales lo estudien, lo mejoren y podamos asumirlo entre todos. No hace falta que diga que siempre haciéndolo desde el respeto de las facultades de autoorganización de cada una. En definitiva con dichos planes no se trata de eliminar funciones ni servicios públicos; no: todo lo contrario. Se trata de buscar la EFICIENCIA a toda costa.
Si somos capaces de trabajar en la misma dirección todos los grupos parlamentarios seguro que los resultados que alcance el Gobierno también serán mejores.