El Gobierno no respeta los Estatutos de Autonomía

Tanto la sección 32 como la 33 de este proyecto de Presupuestos Generales del Estado son reflejo de las líneas generales de todos los presupuestos. Carecen de una estrategia de crecimiento, sin construir las bases para el cambio del modelo productivo —de hecho, en lo que va de legislatura no ha habido ninguna reforma estructural de esas que tanto nos hablan—, contribuyen a generar desconfianza, una desconfianza que en este caso se refleja o se traslada al sector público, y aplican una austeridad indiscriminada, lineal, no selectiva, y por tanto afectando a inversiones estratégicas para el futuro de nuestro país. Dicen que son unos presupuestos excepcionales para una coyuntura, pero las medidas que contemplan son irreversibles. Estos presupuestos no responden a querer enfrentarse a una situación económica determinada, compleja, sino a una interpretación concreta de la realidad y, por tanto, a una concepción ideológica.

Decir incluso que no hay alternativa, como han manifestado algunos miembros del Gobierno desde esta tribuna a lo largo del día de hoy, responde a un planteamiento ideológico. Solo desde el determinismo, desde la convicción de poseer la verdad se pueden hacer estas afirmaciones. La política, por definición, tiene alternativa, porque la política se construye no con verdades, sino con diálogo y consensos y con cesión para aproximarse al otro. Si algo ha puesto de manifiesto la crisis económica es la reclamación de más política. Las expectativas de la ciudadanía crecen y la única manera de hacer frente a los miedos y a las inseguridades es con política. La ciudadanía reclama soluciones desde el sector público, soluciones negociadas y debatidas, de respeto, porque solo así se genera confianza y para eso, precisamente, necesitamos un sector público fuerte.

Señorías, la democracia es participación deliberativa, como diría Habermas, y esto significa lenguaje, intercambio inteligente de argumentos y contraste de los mismos mediante razonamientos participados. Qué mejor sitio que el Parlamento para plasmar esta participación deliberativa. Qué mejor política que la de respetar los acuerdos votados por esta Cámara. En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista cree necesario empezar dando cumplimiento a las previsiones contempladas en los estatutos de autonomía sobre inversiones del Estado y grandes actuaciones territoriales.

Para dar cumplimiento a las previsiones establecidas en los estatutos de autonomía de Andalucía, de Aragón, de Castilla y León, de Cataluña, de Extremadura y de las Illes Balears sobre inversiones del Estado, se ha optado por establecer un crédito global ampliable de 1.250 millones de euros, adjuntando los respectivos anexos de inversiones para cada una de las comunidades autónomas citadas. Asimismo, se han habilitado dos nuevas disposiciones adicionales. Una, para dar cumplimiento a las previsiones establecidas en el Estatuto de Andalucía sobre inversiones del Estado en lo relativo a las desviaciones definitivas en la ejecución de las inversiones del Estado en los ejercicios 2008 y 2009, que han sido certificadas por la Intervención General del Estado en un total de 1.504.540.000 euros. Y otra con el mismo objetivo, para cumplir el Estatuto de Cataluña, por un importe de 978 millones de euros. Por otro lado, se ha establecido mediante enmienda al articulado una nueva disposición adicional para cumplir con la denominada deuda histórica en Extremadura, que deberá determinarse antes del 28 de agosto del presente año. Finalmente, se ha recuperado un crédito de 43,2 millones de euros para las actuaciones a realizar por la Administración General del Estado directamente o mediante convenio en la Comunidad Autónoma de Canarias, en cumplimiento de lo establecido en materia de inversiones en la Ley 19/1994, de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias. Estas enmiendas que acabo de presentar en nombre del Grupo Parlamentario Socialista buscan la cooperación entre administraciones y piensan en los ciudadanos de nuestro país desde el fortalecimiento de su organización territorial y de sus instituciones públicas.

El incumplimiento en este proyecto de presupuestos de los estatutos de autonomía no es inconstitucional. No es un problema de inconstitucionalidad, sino que es un ataque político de primera magnitud a las instituciones democráticas de nuestro país, a lo aprobado por las Cortes Generales, a lo aprobado por los parlamentos autonómicos respectivos y, en algunos casos, incluso a lo votado por la ciudadanía en referendo. Les recuerdo cuando su grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, pedía desde esta tribuna el cumplimiento de las proposiciones no de ley. Supongo que cumplir las proposiciones no de ley en la oposición, sí, pero cumplir las leyes orgánicas en el Gobierno, no.

En definitiva, señorías, con estas enmiendas no se trata solo de dar cumplimiento jurídico a las normas institucionales básicas de las comunidades autónomas, que además son leyes orgánicas, sino de apostar por el respeto a estos pactos y a estos acuerdos, de apostar por la lealtad institucional entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas como partes de este Estado. Debilitar las comunidades autónomas, cuestionarlas, gestionarlas mal y engañar desde ellas es debilitar al propio Estado. Curiosamente, ahora escuchamos al secretario de Estado de Administraciones Públicas, exconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, que nos quiere dar lecciones y amenaza con intervenir a las comunidades autónomas cuando él desde su posición de consejero de Economía no dejó las cuentas de su comunidad autónoma especialmente claras.

Termino, señor presidente. En un momento de crisis económica en el que hay más miedos y más incertidumbres que nunca, más desigualdad, más marginación, menos cohesión social y más necesidades solo hay un camino: más política. Hacer caso omiso a los pactos políticos es debilitar la política y esa es también una opción ideológica que reflejan estos Presupuestos Generales del Estado. Gracias.
(Intervención en Pleno -  Día 22 de mayo de 2012)

Intervención Congreso Diputados. - Moción GPS s/ el impacto que tendrá la reforma laboral en el empleo público y en los servicios a los ciudadanos.

Señorías, presentamos esta moción, consecuencia de la interpelación sobre la reforma laboral en el sector público, todavía sorprendidos por las respuestas o, mejor dicho, por las no respuestas que obtuvimos del ministro en ese debate. Por eso, y antes de entrar en la materia de fondo, hay una cuestión que desde el Grupo Parlamentario Socialista nos parece imprescindible abordar, que es la defensa del sector público frente a una actitud irresponsable y populista que fue la mantenida por un miembro del Gobierno de España en esta tribuna. El ministro nos dijo que los ayuntamientos son oficinas de colocación. También nos dijo que las empresas públicas son nidos de corruptelas. Y yo me pregunto ¿en qué empresas públicas estaba pensando? ¿En Correos, en la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, en el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña o el Instituto Catalán de Oncología, en la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, en ADIF, en AENA? ¿A qué empresas se refería el ministro cuando decía que eran nidos de corruptelas? También dijo que el que tiene que tener miedo es aquel que ha sido contratado para darle un puesto de trabajo y tener los brazos cruzados, refiriéndose a los empleados públicos, por supuesto. ¿Todos los empleados públicos que serán despedidos han sido colocados para tener los brazos cruzados? ¿Pueden hacer esta afirmación desde el Grupo Parlamentario Popular? ¿Es que nos están diciendo que todos los despedidos que haya, como consecuencia de esta reforma laboral que presentan, son unos gandules o que han sido unos enchufados o que no están haciendo bien su trabajo? Finalmente, se refirió poniendo en duda el acceso del personal laboral al servicio de las administraciones públicas que se haya realizado precisamente por procedimientos objetivos fundados en los principios de igualdad, mérito y capacidad reconocidos en la Constitución.

Continuamos perplejos ante un ministro, el ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de España, que atribuye solo a los funcionarios el mérito y la capacidad, y desconoce de plano el artículo 55 del Estatuto básico del empleado público. Lo desconoce o, lo que es peor, juega a la confrontación deliberada entre trabajadores del sector público y trabajadores del sector privado. Me gustaría saber si el Grupo Parlamentario Popular va a tomar conciencia de lo peligroso que es esto y de lo peligroso que es jugar con el desprestigio de lo público. Insistimos, en la defensa de esta moción, en que lo público no es malo ni sospechoso, ni debe tener esa confrontación permanente con el sector privado buscando generar desconfianza. Lo público es esencial para la defensa del interés general, para la prestación de los servicios que una inmensa mayoría de los ciudadanos de este país necesitan. Y el personal laboral de las administraciones públicas no merece, porque es profundamente injusto, ser denigrado por el Gobierno de España.

El segundo elemento que fundamenta esta moción es que esta reforma laboral en el sector público no creará ni un solo empleo. El propio Gobierno ha reconocido que su reforma no va a crear ni un solo empleo en el sector privado a corto plazo. Pero yo les digo que en el sector público ni a corto ni a medio ni a largo plazo. Es una reforma con un artículo donde se prevé despidos colectivos y objetivos en las administraciones públicas y un segundo artículo donde se prohíbe la aplicación de otros mecanismos como es la suspensión de contratos o la reducción de jornadas. Eso es todo, ni un mecanismo para la contratación, ni un instrumento de los previstos en el Estatuto básico del empleado público, ni una alusión a los principios de derecho público, simplemente destrucción de empleo del personal laboral; un personal laboral con experiencia, con preparación y formado por la propia Administración. En definitiva, una reforma laboral en el sector público donde los ciudadanos van a perder derechos y prestación de servicios y donde los trabajadores perderán empleo. Por eso en esta moción presentamos medidas e instrumentos alternativos al despido puro y duro, que es lo que nos propone el Partido Popular. En vez de pedir planes de ajustes en decretos-leyes, pidan, por ejemplo, planes de necesidades que incluyan un análisis riguroso de la situación y de la dimensión de la plantilla para prestar los servicios públicos básicos. Esto permitirá adoptar medidas de reordenación del personal y fijar con objetividad la oferta de empleo público que se requiere en cada caso. En vez de facilitar el despido, desarrollen el Estatuto básico del empleado público y los instrumentos que se prevén en él, como la planificación de los recursos humanos, las medidas de flexibilidad interna en cada Administración, las medidas de movilidad interadministrativa, la reducción de jornada o la suspensión de contratos, si hay necesidad de llegar a este extremo. Esta precisamente fue una de las muchas preguntas que el ministro no contestó, el porqué de la prohibición de reducir jornada o suspender un contrato temporalmente por parte de las administraciones públicas, por qué obligarlas irremediablemente al despido.

Para concluir, con esta reforma, más los decretos-leyes de pago a los proveedores de los entes locales, cercenan las posibilidades de las administraciones públicas de buscar otras posibles salidas a la crisis que no pasen por la disminución de los servicios públicos, por el despido del personal laboral y por el aumento de tasas y precios públicos. Es decir, no hay alternativa a tomar estas tres medidas, tres medidas que perjudican y mucho a los ciudadanos. En segundo lugar, en toda la secuencia de propuestas normativas, como ya dije en la interpelación, hay una gran coherencia: desprestigio del sector público, estrangulamiento y asfixia de las administraciones públicas, despido de los trabajadores y privatización y enriquecimiento de unos pocos. Lo veremos con claridad con las entidades financieras que participarán en el Fondo de pago a proveedores.

Señorías del Grupo Popular, en su programa electoral hablaban de la Administración pública como motor económico. Este era un epígrafe de su programa electoral, la Administración pública como motor económico. Ustedes, desde el Gobierno, lo que han presentado en esta Cámara es una locomotora del despido.

Gracias.

Intervención Congreso Diputados. Interpelación s/ el impacto que tendrá la reforma laboral en el empleo público y en los servicios a los ciudadanos.

Señorías, señor ministro, subo a esta tribuna para convencer, para convencerle a usted y a su Gobierno, de que la reforma laboral en el sector público es mala, es francamente mala, y esperamos que durante su tramitación parlamentaria la mayoría de su grupo aproveche para mejorarla. Nosotros lo intentaremos. Es mala básicamente por tres razones. En primer lugar, porque va a ser ineficaz, no va a crear ni un solo empleo público, sino que por el contrario va a destruir empleo público. Es deficiente técnicamente, porque genera mucha más inseguridad jurídica y además prescinde totalmente de los principios constitucionales y del derecho público vigente. Es mala, en segundo lugar, porque en ella subyace una concepción sobre el sector público, las administraciones públicas y los empleados públicos de desconfianza, y lo público, señor ministro, no es malo, es esencial para defender los intereses generales. En tercer lugar, también pensamos que es mala por los efectos negativos que va a suponer para los ciudadanos de nuestro país, que se quedan sin ninguna garantía de seguir recibiendo los servicios básicos esenciales constitucionalmente garantizados. En definitiva, con esta reforma, señor ministro, los ciudadanos perderán servicios y derechos y los empleados públicos perderán puestos de trabajo.

¿Por qué es mala técnicamente y por qué va a ser ineficaz? Se ventilan ustedes la reforma laboral en el sector público con dos disposiciones, una simplemente para fijar que el despido va a ser por las mismas razones, por las mismas causas que el despido en el sector privado, sin más, con un pequeño matiz que luego apuntaré; y una segunda disposición que prohíbe poder ajustar de otra manera, prohíbe utilizar a las administraciones públicas otros instrumentos útiles que puedan resolver las dificultades en las que puedan estar coyunturalmente. Por tanto, es una reforma que lo único que hace es regular el despido; exclusivamente. Lo hacen además sin ni siquiera una sola referencia al derecho público ni una referencia al Estatuto básico del empleo público, que es precisamente la norma que tiene que regular las condiciones de los empleados públicos. Lo hacen sin ni siquiera una sola alusión a los principios constitucionales, y pienso especialmente en los principios de racionalidad y de proporcionalidad, que supongo que se deberán de respetar si es que no queremos llegar a la inconstitucionalidad por la vía de los hechos, señor ministro. Establecen el despido como la única medida posible en manos de las administraciones públicas para resolver sus problemas. No como la última medida o como una medida, sino como la única medida. Es decir, obligan al despido, a que procedan al despido las administraciones públicas. Prohíben explícitamente, como he dicho, el uso de la suspensión de contratos o de la reducción de jornada que podrían utilizar muchos entes locales o muchas administraciones autonómicas en aplicación del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Por qué prohíben utilizar estas medidas que además serían de cumplimiento del principio de proporcionalidad? Prohíben estas medidas, prohíben que una Administración pueda suspender coyunturalmente, provisionalmente, un contrato de trabajo o reducir una jornada, que nos parece que serían medidas mucho más adecuadas; ustedes, en cambio, prohíben utilizar estas medidas. Establecen además como causa económica que justifica el despido en las administraciones públicas que se produzca una situación —dicen literalmente— de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente. Y no definen ni lo que significa insuficiencia presupuestaria ni lo que significa sobrevenida. ¿Sobrevenida a qué, a partir de qué momento, por decisión de quién, debido a qué? La amplitud de esta causa y la ambigüedad de su regulación genera mucha inseguridad jurídica. Pero no solo genera inseguridad jurídica, sino que amparará despidos colectivos y objetivos a mansalva y aumentará la litigiosidad y el conflicto en los tribunales.

En segundo lugar, ¿por qué decíamos que es mala y peligrosa? Por la concepción del sector público que ustedes deslizan en esta regulación. Ustedes llevan mucho tiempo trazando una no tan sutil concepción de lo público que no compartimos en absoluto: dudas veladas sobre los empleados públicos, cuestionamiento permanente de las administraciones públicas, desprestigio en general de lo público, han sido una constante en sus declaraciones, pero sobre todo han sido una constante también en sus acciones. Le reconozco en este sentido una coherencia absoluta, creo que están diseñando, articulando un sistema con cambios normativos puntuales que efectivamente es coherente. Una reforma laboral en el sector público donde solo cabe despedir, por tanto obligando a despedir a las administraciones públicas; una fijación de una tasa de reposición del 0%; un decreto-ley que contempla la obligación de los entes locales a realizar un plan de ajuste que los va a llevar a un callejón sin salida de subida de tasas, despedir trabajadores públicos y eliminación de servicios —eso sí, para enriquecer a unas cuantas entidades financieras de paso—; y finalmente, una orden ministerial que contempla el modelo de plan de ajuste cuya primera medida —¡oh casualidad!— de ahorro de gasto es precisamente la reducción del coste de personal. Por tanto, señor ministro, toda la coherencia, pero también todo un ataque frontal a lo que el sector público de todo Estado social y democrático de derecho debe preservar. Le recuerdo, señor ministro, que la creación del Estado es una creación liberal y le recuerdo que la creación de un Estado social es un mandato constitucional que todos los demócratas deberíamos preservar y defender. Ese Estado social requiere empleo público, que tiene unas características, unas características no improvisadas que son fruto del esfuerzo y del trabajo conjunto de todas las fuerzas políticas. Unas características de imparcialidad, de independencia, de exigencia de conocimiento y, por ello precisamente, cuando contratamos a los empleados públicos les exigimos unas pruebas objetivas para su acceso y, por ello, la Constitución habla de mérito y capacidad. No se puede mediante dos disposiciones adicionales, mediante dos preceptos romper con este conocimiento acumulado, romper con este bagaje, romper con estas reglas y estas características esenciales y enmarcadas en nuestra Constitución. En definitiva, no se puede, señor ministro, eliminar todas las garantías constitucionales.

En tercer y último lugar, señor ministro, esta reforma laboral en el sector público es mala por los efectos negativos para los ciudadanos. Le diré una obviedad. Señorías, seguramente pensarán por lo que voy a decir es una obviedad, pero leyendo la reforma, leyendo la regulación que el Gobierno ha aprobado no parece tan obvio. Señor ministro, los servicios públicos, los bomberos, los policías, los hospitales, las escuelas, las atenciones domiciliarias necesitan trabajadores cualificados y preparados para ejercer y para ofrecer estos servicios a los ciudadanos. Si además de su oferta de empleo público del 0% sumamos esta reforma laboral que ustedes propician, va a llevar inexorablemente a un estrangulamiento de las administraciones públicas y, por tanto, a un deterioro de estos servicios. Mire, señor ministro, la Administración pública española no está sobredimensionada, a pesar de que ustedes nos intenten hacer creer lo contrario. Solo si creen que la Administración pública no tiene que ofrecer ningún servicio a ningún ciudadano, pueden pensar que está sobredimensionada. Hay estudios objetivos, como los de la OCDE, que sitúan a España por debajo de la media. Por tanto, si ustedes están llevando a este callejón sin salida a las administraciones públicas, que saben que les va a impedir cumplir con los servicios constitucionalmente garantizados, solo se me ocurren dos explicaciones: o bien porque ya les parece bien que no se presten estos servicios, o bien porque pretenden privatizarlos y externalizarlos, y entonces le sugiero, señor ministro, que lo digan con toda claridad y que podamos entender y conocer exactamente cuáles son sus verdaderas intenciones.

Para terminar, señor ministro, quería decirle que el Grupo Parlamentario Socialista por respeto a la Constitución, por respeto a los empleados públicos, por respeto a los ciudadanos vamos a hacer todo lo posible por modificar durante su tramitación esta reforma laboral, no solo ya con una enmienda a la totalidad, sino también con enmiendas parciales, porque queremos ser constructivos y esperamos que ustedes se avengan a ello. Una reforma laboral que, como he dicho, es ineficaz; mala desde el punto de vista jurídico-técnico; generadora de desempleo, porque lo único que regulan es el despido, y que además elimina todas las garantías y todos los derechos de los ciudadanos a recibir servicios públicos básicos que nuestra Constitución garantiza. Por todo ello, espero que se avengan a negociar constructivamente todas las enmiendas que nosotros presentamos durante su tramitación y que nos explique también en esta interpelación el porqué de esta reforma laboral en el sector público, el porqué de su pobreza, el porqué de su deficiencia técnica y el porqué del estrangulamiento que va a suponer para el resto de administraciones públicas.

Gracias.

Intervención Congreso de los Diputados. Proposición de Ley de Transparencia y Acceso a la información para los ciudadanos.

“Señorías, gobierno abierto, rendición de cuentas, transparencia, participación, mayor acceso a la información pública han pasado de ser conceptos positivos e importantes a ser una exigencia imprescindible para una democracia y una sociedad del siglo XXI. La mejora y la apuesta por una regulación del derecho de acceso a la información pública garantizarán elementos, a nuestro modo de ver, esenciales: más credibilidad para el sector público; hacer que sean mucho más difíciles situaciones de arbitrariedad e incluso de corrupción; ofrecer un marco de mayor libertad para los ciudadanos, cosa que al mismo tiempo ofrecerá que disminuya la desafección y la desconfianza; y un mejor funcionamiento y hábitos de las administraciones públicas, porque saber que su actividad va a ser controlada, transparente, que van a estar trabajando de alguna manera con una ventana abierta cara a la ciudadanía, va a provocar que sean más eficientes, que tengan una mejor y una mayor organización y que estén más incentivados a hacer un buen trabajo

Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos reconocer que no pudimos culminar con la regulación de esta proposición de ley en forma de proyecto de ley, que sí llegó a Consejo de Ministros, pero no por ello queríamos renunciar en este inicio de legislatura a traer un texto que nos parece prioritario, importante y relevante para la coyuntura actual. Presentando esta proposición de ley no pretendemos monopolizar el tema, al contrario; y tampoco pretendemos decir que pueda ser el mejor texto posible, pero pensamos que puede ser un buen elemento, un buen pretexto, para iniciar un debate para que entre todos busquemos las fórmulas más adecuadas. Señorías, hemos elegido esta primera proposición de ley porque, como ya he dicho, nos parece un tema de máxima prioridad y actualidad. Prueba de ello es que muchos gobiernos autonómicos, entre ellos el navarro y el extremeño, o incluso algunos informes importantes de instituciones públicas, como el Sindic de Greuges de Catalunya, han dado máxima prioridad a este tema y han presentado proyectos de ley o informes al respecto. Hemos presentado esta proposición de ley como la primera que queremos debatir en este Pleno porque hemos querido que la primera propuesta del Grupo Parlamentario Socialista sea una propuesta para el consenso, sabiendo que compartimos el objetivo con el resto de grupos parlamentarios, especialmente con el grupo mayoritario de la Cámara, que da soporte el Gobierno.

En tercer lugar, la hemos presentado porque estamos convencidos de que una ley de transparencia y de acceso a la información pública es uno de los grandes saltos cualitativos que nuestra democracia se merece, permitiendo además abordar algunos retos estructurales de nuestra Administración pública, como es la falta de rendición de cuentas o la descoordinación que existe; y en cuarto lugar, porque es una cuestión estrechamente ligada a la crisis económica. Precisamente uno de los peligros que se ha agravado con esta crisis ha sido el distanciamiento que se ha producido entre ciudadanía y política, y esta ley puede ser un instrumento que favorezca de nuevo el acercamiento, la confianza y el compromiso con las instituciones democráticas. Como dice el señor Jáuregui, una nueva ecuación entre política y economía y entre Estado y mercado está por hacer. En ese marco una democracia que no se aleje de los ciudadanos, que no acreciente la sensación de distanciamiento y que haga sentirse al margen a una parte de esta ciudadanía es fundamental, y para ello la transparencia va a ser uno de los instrumentos claves que tenemos en nuestras manos. Señorías, cuando hablamos de la necesidad de transparencia, querría, para profundizar un poco más en las cuestiones de fondo, hacer referencia al Libro Blanco de la gobernanza europea de la Unión Europea que se aprobó en 2001, en el que se decía literalmente que la necesidad de transparencia se producía con un objetivo claro: contribuir a un debate público informado. La idea kantiana del sapere aude, del piensa por ti mismo, requiere acceder la información de manera veraz para así poder hacer un análisis racional sobre cualquier cuestión, y eso conlleva irremediablemente a un ejercicio de responsabilidad; si no implica responsabilidad por parte del ciudadano se corre el peligro de convertirse en un instrumento al servicio del populismo o de la lectura e interpretación morbosa sin más. Esto no sirve ni al objetivo de fortalecer la democracia, que es uno de los que queremos resaltar en esta intervención, ni tampoco al debate público informado; al contrario. Por otro lado, esta nueva regulación implica una concepción en la relación entre administraciones públicas y ciudadanía distinta, en la que la Administración pública se desprende del paternalismo y asume que la información no le pertenece sino que la información pública pertenece a toda la ciudadanía. Está tendrá, es verdad, más información y más libertad, pero también, como decía, más responsabilidad; una responsabilidad que desde nuestro punto de vista deberá ejercerse con un compromiso activo de construir sociedad. Respecto del principal contenido que esta regulación presenta, querría destacar algunos puntos básicos. En primer lugar, apuesta por el principio de máxima publicidad, en el que la Administración pública debe ser proactiva, por tanto ofrecer el máximo de información posible sin necesidad de que el ciudadano se la reclame, y para eso será importante impulsar y desarrollar algunos elementos que ya tenemos aprobados como es la Ley de Acceso Electrónico, las páginas web de los ministerios o las redes 060 y SARA; en segundo lugar, la no exigencia de un interés legítimo por parte del peticionario, cosa que contempla la legislación actual; en tercer lugar, establecer que las excepciones a este derecho de acceso a la información se circunscriban, se limiten estrictamente a las constitucionalmente garantizadas. En este aspecto hemos avanzado mucho, prueba de ello es la Agencia de Protección de Datos que existe en el ámbito estatal y también las distintas agencias de protección de datos de las diferentes comunidades autónomas que vigilan el cumplimiento de esos límites. Ahora lo que debemos hacer es precisamente desarrollar el derecho de acceso a la información. En cuarto lugar, hay que dotar a la Administración pública de infraestructuras internas adecuadas para facilitar ese acceso y para cambiar esta relación con los ciudadanos. Les pondré un ejemplo. Ya hace mucho tiempo que desde el punto de vista legislativo se ha aprobado y se ha explicitado que la Administración no podrá requerir a ningún ciudadano un documento que ya esté en manos de esa misma Administración o de cualquier otra, en cambio no acaba de aplicarse esta normativa. Por tanto hay que dotar de instrumentos a las administraciones públicas para que también pueda haber esa comunicación necesaria, esa coordinación necesaria entre ellas. En quinto lugar, es importante también establecer la gratuidad o el precio de coste en la obtención de la información. Y, por último, seguramente será necesario establecer una autoridad independiente que actúe como garantía de revisión imparcial de la solicitud. Para ir terminando, señor presidente, señorías, quiero poner en valor la buena predisposición que ha mostrado el nuevo Gobierno a continuar participando en la iniciativa internacional del Open Government Partnership liderado por Estados Unidos, Brasil, Noruega, Reino Unido, México, entre otro países, y la predisposición que tiene que ir acompañada por el cumplimiento de algunos requisitos si queremos realmente apostar por esta iniciativa. Los requisitos que se solicitan a España y a todos aquellos países que quieran participar activamente en esta iniciativa son en primer lugar suscribir la declaración sobre Gobierno abierto, en segundo lugar presentar un plan de acción concreto y abierto a consulta pública y, finalmente, aceptar la evaluación externa de las medidas adoptadas. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, queremos mostrar el apoyo para que el Gobierno cumpla con estos requisitos, y creo que sería muy positivo involucrar desde ya a la sociedad civil en esa consulta pública que se prevé. Para terminar, querríamos pedir explícitamente el voto afirmativo a todos los grupos de la Cámara para su tramitación conjunta, en el caso de que llegara el proyecto de ley anunciado por el Gobierno, porque pensamos que compartimos objetivos —compartimos los objetivos que se recogen en esta proposición de ley—, porque es una iniciativa pensada para el consenso y porque sería una buena señal para la ciudadanía darle un mensaje de acuerdo en esta materia. Queremos pedir el voto afirmativo también porque pensamos que es bueno para nuestra democracia y, sobre todo, porque es bueno para acercar las instituciones públicas, el sector público, la política, a la ciudadanía, cosa que a todos nos debería preocupar. Muchas gracias".

La meitat del poder

Aquí us deixo l'article que avui ha sortit publicat a el Periodico i que signem 49 dones socialistes:


En aquests moments tan decisius per al socialisme català, a les portes del XIIè Congrés del PSC, declarem que som feministes perquè som socialistes, i perquè no volem ni podem viure d’esquenes a aquesta màxima que és tan nostra com de totes aquelles persones, dones i homes, que han lluitat per la igualtat de gènere al llarg de la història. El seu llegat és tan valuós que no pot caure en l’oblit, és un pilar ideològic de primer ordre al qual ens devem, tant en la reivindicació com en l’acció.

La nostra és una contribució a la igualtat entre tots els éssers humans, en tots els àmbits. Ho és ara i ho ha estat sempre. Noms imprescindibles per a la lluita pels drets de les dones però també per a l’emancipació de totes les persones com la Clara Zetkin o la Clara Campoamor en són un exemple, com també ho són els de les socialistes Mercè Sala, Marta Mata o Francesca Martin.


La batalla és discursiva, és argumentada, és dialogada, no busca vèncer però sí convèncer. La famosa afirmació de Kate Millet “allò que és personal és polític” dóna sentit a la nostra vocació política, i gràcies a aquesta tradició feminista hem plantejat en el passat qüestions de màxima importància com la vindicació del talent de les dones i de la seva capacitat de lideratge en els àmbits social, polític i econòmic; la necessitat de conciliació de la vida personal i laboral, tant la nostra com la d’ells, i la coresponsabilitat en l’àmbit privat; l’eliminació de la bretxa salarial; la defensa dels drets sexuals i reproductius; i l’eradicació total i definitiva de totes les manifestacions i formes de la violència masclista, entre d’altres. I és cert que hem cercat aliances i complicitats també amb els nostres companys. Per això, volem agrair l’empatia vers la causa que -insistim- ha de continuar essent comuna. Però el feminisme no és conformista, és valent. No volem escudar-nos en eufemismes. Ho diem clar: “La meitat del cel, la meitat de la terra, la meitat del poder”. Només així dones i homes podrem conviure en condicions de plena justícia social.


Ens erigim, doncs, en peu d’igualtat, per recordar que som la meitat i aspirem a una direcció plural, on la cúpula de la comissió executiva es conformi tenint en compte el principi d’equilibri de sexes, entre d’altres. És cert que les quotes ens han donat accés a l’assumpció de responsabilitats, però també s’ha demostrat que no són un instrument que garanteixi completament el repartiment paritari del poder. Per això, és necessari un acord polític que, en el marc del proper congrés, consolidi la democràcia paritària com un dels fonaments ideològics i estratègics del Partit dels Socialistes de Catalunya. Nosaltres jugarem aquest partit.

Signen:


Mònica Almiñana, Maria Badia, Montserrat Badia, Meritxell Batet, Maria Josep Beltran, Sara Berbel, Laia Bonet, Emilia Briones, Mertitxell Cabezón, Montserrat Capdevila, Magda Casamitjana, Rosa Mª Caselles, Cristina Cardenete, Carme Carmona, Carme Chacón, Aintzane Conesa, Tere Cunillera, Isabel Darder, Pilar Diaz, Esperança Esteve, Anna del Frago, Jordina Freixanet, Carme Garcia Lores, Marina Geli, Eva Granados, Mònica Lafuente, Isabel López, Raquel López, Manuela de Madre, Glòria Mans, Núria Marín, Eva Martínez, Rocío Martinez-Sempere, Caterina Mieras, Imma Moraleda, Lourdes Muñoz, Gisela Navarro, Teresa Padrós, Agnès Pardell, Núria Parlón, Josefa Peiró, Iolanda Pineda, Consol Prados, Esther Pujol, Lídia Santos, Núria Segú, Lucia Solis, Montserrat Tura i Núria Ventura.

El personal de la Administración Pública

Para finalizar la serie de post en los que, al hilo del debate organizado por la Asociación de antiguos alumnos del INAP, hemos analizado diversos aspectos relacionados con la Administración Pública, vamos a terminar atendiendo a aspectos relacionados con la convivencia en la Administración de directivos, políticos y altos funcionarios. ¿Ha de articularse mejor esa convivencia? ¿Tiene un efecto positivo sobre la calidad del Gobierno la profesionalidad de la función pública directiva?

Desde luego sí considero que una profesionalización de los titulares de órganos directivos redundaría en una mayor calidad de gobierno.

El principio meritocrático, la idea de selección de los mejores, debe estar presente para los nombramientos en este sector. Asimismo, parece pertinente exigir una motivación, en el sentido de una justificación racional de la decisión de dicho nombramiento, acabando así con la libre designación.

Entre la esfera de la política –reforzado o ayudado por el personal eventual− y la esfera de la gestión pura desarrollada por profesionales seleccionados única y exclusivamente por mérito debe existir un tipo de personal capaz de realizar funciones directivas. Para la elaboración de las políticas públicas que un gobierno quiera llevar a cabo será fundamental la participación de altos funcionarios si queremos que se articule bien (que se adapte a la realidad administrativa) y que se aplique posteriormente bien. Lo normal, por tanto, será que la mayoría de este personal directivo acabe procediendo de la función pública, aunque esa no deba ser una característica establecida como obligatoria.

El EBEP diseña con carácter general y abstracto el régimen jurídico de los directivos públicos, aunque no establece un marco normativo exhaustivo, dadas las propias características de la función, que no son homogéneas en el conjunto de las administraciones ni en los diferentes sectores que la componen.

El EBEP sí enfatiza los dos elementos esenciales para caracterizar este colectivo de manera precisa y rigurosa:

1. no es necesario ser funcionario.
2. configurar la condición de profesionalidad (se rompe con el puesto de libre designación por razones de confianza, que durante tanto tiempo ha imperado en la administración)

Así, la designación queda abierta a personas ajenas a la administración. No se reserva exclusivamente a los funcionarios, pero debe atender a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad en relación con el puesto concreto –esto es, valoración de la experiencia previa y de las habilidades concretas−, debiéndose llevar a cabo por procedimientos de selección competitiva.

Otro de los rasgos esenciales del directivo, recogido en esta norma, es su sujeción a la evaluación de su actividad, con control de sus resultados y la exigencia de responsabilidad por su gestión.

¿Responde Administración Pública en España a las expectativas de los ciudadanos?

Hablar en términos generales es muy complicado porque las encuestas de satisfacción son muy variables según servicios. Hay algunos servicios públicos que están muy bien valorados (p.e: sanidad). Sin embargo detecto dos fenómenos que cada vez se están mostrando más agudamente:

- Los ciudadanos ya no se ven a sí mismos como sujetos pasivos de la acción administrativa, reclaman cada vez con más fuerza una mayor participación en la toma de decisiones y exigen una mayor transparencia en la gestión y una verdadera rendición de cuentas. Cada vez con mayor intensidad son conscientes de su protagonismo como “contribuyentes” y a la vez clientes de los servicios públicos.
También reclaman las mínimas cargas administrativas, una mayor coordinación de las diferentes administraciones competentes que redunde en mayor claridad y facilidad de los trámites que tienen que realizar.

- Cierta deslegitimación de los políticos (y por extensión de los servidores públicos en general), a los que consideran lejanos, influidos por grupos de intereses o preocupados por sus problemas y, en cambio, no preocupados por las “auténticas” exigencias ciudadanas.

Intentar revertir esta tendencia debe ser uno de los objetivos principales de la acción pública en los próximos años