Han pasado ya dos años de
Gobierno popular, dos años que se han caracterizado, bajo el pretexto de la crisis económica, por una gran
obsesión: reducir y eliminar Administración pública, mermando así en realidad los servicios a los
ciudadanos y contribuyendo al desprestigio de lo público. Jibarizar el sector público, suprimir, fusionar,
recentralizar, introducir criterios empresariales o privatizar directamente son
las únicas ideas
que han sido capaces de traer a esta Cámara en materia de Administración
pública. Hoy tenemos la
oportunidad de situar a la Administración pública en el centro del debate pero
con otros parámetros.
En un país en crisis y con escasez de recursos parece que tiene sentido más que
nunca profundizar
y repensar el papel de la Administración y en particular, y de acuerdo con el
debate que hoy nos ocupa, el papel protagonista
que debería jugar en el ámbito de la responsabilidad social empresarial pasando de ser un mero regulador
o recomendador a ser un facilitador y un promotor de la misma. Por eso, abogamos por una
Administración pública ejemplarizante, de referencia, transparente y moderna, que potencie un cambio de cultura
empresarial; una Administración pública motor económico —sí—, teniendo en cuenta los costes
—sí, también—, pero sobre todo y principalmente que busque la calidad de los servicios, porque los
conceptos de eficiencia y eficacia aplicados a la Administración tienen necesariamente una dimensión
distinta. Finalmente, también una Administración pública vertebradora de la responsabilidad social. De
esta manera la innovación social en el ámbito público debe desarrollarse para dar mejores respuestas a las
necesidades ciudadanas. Pero es que además, desde el Grupo Parlamentario Socialista, estamos
convencidos de que esa apuesta no supone y no debe suponer una carga para las empresas, sino que esa
cultura innovadora repercutirá en la construcción de un modelo más competitivo y más productivo
a esfera global y brindará también a la sociedad un valor adicional.
Parece que la posición de la
Unión Europea hasta ahora —lo han dicho otros intervinientes— era ciertamente rígida. Está
cambiando y avanza en este camino, cosa que ayudará a los Estados miembros que así lo quieran a incorporar
de manera más clara nuevos elementos. Esperamos que ese sea el caso de España. No nos sirve ya el
argumento de que discriminar positivamente determinados comportamientos empresariales afecta a la libre
competencia o que es proteccionista en sí, como decía el señor Anchuelo. No es así o no tiene por qué ser
así. Por tanto, se pueden poner las garantías para que no se llegue a esa patología, pero en todo caso no
nos sirve como pretexto para negar una evidencia. Ante la definición de un modelo parece lógico primar a
aquellos que lo sustentan y que cumplen con él, de la misma manera que favorecemos, por ejemplo, a
aquellas empresas que apuestan por la I+D y nadie cuestiona este punto. Si me permiten el
paralelismo, en el fondo es aplicar a las empresas la máxima de tratar igual a
los iguales y
diferente a los diferentes.
Más allá del cambio en Europa y
centrándonos en nuestra propia legislación, parece importante que tomemos en consideración todas
las políticas sectoriales aprobadas en este Parlamento y que han supuesto avances sociales
significativos, bien como obligaciones, bien como recomendaciones. Teniendo en cuenta que en los países
europeos la contratación, compras, concesiones o adjudicaciones de la Administración pueden representar
alrededor del 20 % del PIB —el señor Campuzano lo situaba en España en el 18 % del PIB—, que
esa actuación estuviese inspirada en las cláusulas sociales significaría sin duda uno de los estímulos más
importantes para la RSE. Así, como ya he dicho, la Administración debe estar al frente de la promoción y
aplicación de todos y cada uno de estos avances. Ni es ni puede ser mero regulador ni mero
observador en aquello referido al empleo de las personas con discapacidad o al empleo de las personas en
riesgo de exclusión social en el sentido ya apuntado por el señor Campuzano. Pero pensemos también en todo
aquello aprobado en materias como la igualdad entre hombres y mujeres, la integración de las minorías,
la higiene y la seguridad, el medioambiente, el desarrollo sostenible o las condiciones laborales de los
trabajadores. En este sentido, es una lástima que Convergència i Unió apoyara una reforma laboral, que
también cuestionaría seguramente en algunos aspectos la OIT, que hace desaparecer la negociación
colectiva, garantía precisamente de un modelo como el que defiende esta proposición de ley. Además
de situar a la Administración en el centro de los avances en materia de responsabilidad social
empresarial, hay que pedir también la generalización de la evaluación de las actuaciones de las
administraciones y de los contratos, de las subvenciones, de las concesiones y
demás relaciones
entre el mundo empresarial y la Administración. Tan importante es conocer y ser
transparente y cuidadoso
en el momento inicial de la relación de la Administración con las empresas,
como el seguimiento de la evolución de las condiciones de
esta relación. Las empresas tienen que tener un compromiso de mejora y un estímulo a esta mejora, de
manera que los pliegos de condiciones puedan ser cada vez más exigentes en el triple reporter. Por eso, ya anunciamos que si esta proposición de ley se toma en consideración —esperamos que así
sea, igual que los otros grupos que han intervenido—, el Grupo Parlamentario Socialista
presentará enmiendas importantes para fomentar e impulsar la transparencia informativa. En ese sentido, por
ejemplo, entre otras cosas, nos parece que sería un gran avance incorporar la obligatoriedad de presentación
de memorias como elemento cualitativo, porque es el mecanismo para medir precisamente la no
exigencia puramente legal.
Como grupo parlamentario y
también desde el Gobierno nuestro compromiso con la responsabilidad social empresarial está más que
acreditado. Aspiramos a una sociedad cohesionada, para lo que estamos convencidos de que hay que
potenciar aquellas políticas favorecedoras de un bien común; y eso lo aporta precisamente la responsabilidad
social empresarial. En otras palabras, la responsabilidad social empresarial es una herramienta
para la consecución de los objetivos por los que siempre hemos luchado como partido político. Asimismo,
cabe destacar que ahora ya se pueden incorporar en los pliegos de condiciones para compras y contrataciones
muchos de estos elementos y tenemos buenos ejemplos de ellos, que ya han sido citados. El
Ayuntamiento de Barcelona lleva muchos años siendo pionero en este sector. Pero es verdad también
que tenemos ejemplos como la concesión de recogida de basuras realizada por el Ayuntamiento de Madrid y
por eso precisamente qué duda cabe de que contemplarlo en una ley ofrece mayores garantías de
cumplimiento y efectividad. Así, en los pliegos se debería ponderar adecuadamente el esfuerzo por
parte de las empresas proveedoras o contratantes o subvencionadas en las condiciones laborales que
ofrecen a sus trabajadores, el esfuerzo en contratación de discapacitados o personas con riesgo de
exclusión social, en prevención de riesgos medioambientales o en igualdad de trato entre hombres y mujeres,
entre otras cosas. Eso estimularía a las empresas a ser más sostenibles y responsables socialmente y, al
mismo tiempo, sería una señal inequívoca del modelo empresarial y económico por el que se opta y
se defiende desde el sector público. Por eso, es importante, precisamente, la toma en consideración por esta
Cámara de esta proposición de ley.
Señorías, en una cultura integral
de responsabilidad social empresarial, el diálogo entre el mundo empresarial y el municipio ha
sido hasta ahora fundamental. Estamos convencidos de que para la sensibilización de la sociedad y
la incorporación de estos valores la Administración más próxima es clave. Desgraciadamente, la nueva
reforma de la Ley reguladora de bases de régimen local aprobada va en la dirección contraria, hace
desaparecer para la mayoría de ayuntamientos de este país la capacidad de prestación de muchos servicios
sociales, mermando así la posibilidad de difundir entre la ciudadanía estos valores y dinamizar y fomentar
desde la proximidad un tejido empresarial socialmente responsable ligado a los problemas laborales,
medioambientales y sociales del entorno, y no me refiero a las empresas locales, pero sí a esa
sensibilización social general que hace falta introducir todavía hoy en este
ámbito. Fijémonos,
sin ir más lejos, en la cultura británica que lleva desarrollándose desde hace
tantos años. Y de lo local
paso a hacer una reflexión de lo internacional, porque también la acción
exterior de apoyo a las empresas españolas, la
cooperación al desarrollo, la diplomacia económica y, en definitiva, la marca España, de la que tanto hablan
con ustedes mismos, debe tener también como elemento clave la exigencia y supeditación a la
responsabilidad social de las empresas. Así, a través de esa responsabilidad
social empresarial,
se puede articular uno de los ejes para democratizar la globalización, con la
complicidad absoluta,
además, de Naciones Unidas. Eso, sin duda, proyectaría una imagen positiva del
país.
En definitiva, señorías,
preocupados porque en los últimos años ha habido una cierta parálisis, ciertamente, en la expansión de
la responsabilidad social empresarial, sea bienvenida esta proposición de Convergència i Unió, sea
bienvenido el desarrollo del Estado social, en mayúsculas, del artículo 1 de nuestra Constitución, sea
bienvenido el debate sobre el modelo empresarial que desde las administraciones públicas nos comprometemos a
potenciar y sea bienvenido el impulso de la responsabilidad social y medioambiental de las empresas
que sin duda contribuirá a un desarrollo más sostenible, más productivo y más sensible y cohesionador a
la hora de ofrecer servicios a los ciudadanos. El Grupo Parlamentario Socialista votará favorablemente
la toma en consideración de esta proposición de ley.
Gracias. (Aplausos).
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