Señorías, señor ministro, subo a esta tribuna para convencer, para convencerle a usted y a su Gobierno, de que la reforma laboral en el sector público es mala, es francamente mala, y esperamos que durante su tramitación parlamentaria la mayoría de su grupo aproveche para mejorarla. Nosotros lo intentaremos. Es mala básicamente por tres razones. En primer lugar, porque va a ser ineficaz, no va a crear ni un solo empleo público, sino que por el contrario va a destruir empleo público. Es deficiente técnicamente, porque genera mucha más inseguridad jurídica y además prescinde totalmente de los principios constitucionales y del derecho público vigente. Es mala, en segundo lugar, porque en ella subyace una concepción sobre el sector público, las administraciones públicas y los empleados públicos de desconfianza, y lo público, señor ministro, no es malo, es esencial para defender los intereses generales. En tercer lugar, también pensamos que es mala por los efectos negativos que va a suponer para los ciudadanos de nuestro país, que se quedan sin ninguna garantía de seguir recibiendo los servicios básicos esenciales constitucionalmente garantizados. En definitiva, con esta reforma, señor ministro, los ciudadanos perderán servicios y derechos y los empleados públicos perderán puestos de trabajo.
¿Por qué es mala técnicamente y por qué va a ser ineficaz? Se ventilan ustedes la reforma laboral en el sector público con dos disposiciones, una simplemente para fijar que el despido va a ser por las mismas razones, por las mismas causas que el despido en el sector privado, sin más, con un pequeño matiz que luego apuntaré; y una segunda disposición que prohíbe poder ajustar de otra manera, prohíbe utilizar a las administraciones públicas otros instrumentos útiles que puedan resolver las dificultades en las que puedan estar coyunturalmente. Por tanto, es una reforma que lo único que hace es regular el despido; exclusivamente. Lo hacen además sin ni siquiera una sola referencia al derecho público ni una referencia al Estatuto básico del empleo público, que es precisamente la norma que tiene que regular las condiciones de los empleados públicos. Lo hacen sin ni siquiera una sola alusión a los principios constitucionales, y pienso especialmente en los principios de racionalidad y de proporcionalidad, que supongo que se deberán de respetar si es que no queremos llegar a la inconstitucionalidad por la vía de los hechos, señor ministro. Establecen el despido como la única medida posible en manos de las administraciones públicas para resolver sus problemas. No como la última medida o como una medida, sino como la única medida. Es decir, obligan al despido, a que procedan al despido las administraciones públicas. Prohíben explícitamente, como he dicho, el uso de la suspensión de contratos o de la reducción de jornada que podrían utilizar muchos entes locales o muchas administraciones autonómicas en aplicación del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Por qué prohíben utilizar estas medidas que además serían de cumplimiento del principio de proporcionalidad? Prohíben estas medidas, prohíben que una Administración pueda suspender coyunturalmente, provisionalmente, un contrato de trabajo o reducir una jornada, que nos parece que serían medidas mucho más adecuadas; ustedes, en cambio, prohíben utilizar estas medidas. Establecen además como causa económica que justifica el despido en las administraciones públicas que se produzca una situación —dicen literalmente— de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente. Y no definen ni lo que significa insuficiencia presupuestaria ni lo que significa sobrevenida. ¿Sobrevenida a qué, a partir de qué momento, por decisión de quién, debido a qué? La amplitud de esta causa y la ambigüedad de su regulación genera mucha inseguridad jurídica. Pero no solo genera inseguridad jurídica, sino que amparará despidos colectivos y objetivos a mansalva y aumentará la litigiosidad y el conflicto en los tribunales.
En segundo lugar, ¿por qué decíamos que es mala y peligrosa? Por la concepción del sector público que ustedes deslizan en esta regulación. Ustedes llevan mucho tiempo trazando una no tan sutil concepción de lo público que no compartimos en absoluto: dudas veladas sobre los empleados públicos, cuestionamiento permanente de las administraciones públicas, desprestigio en general de lo público, han sido una constante en sus declaraciones, pero sobre todo han sido una constante también en sus acciones. Le reconozco en este sentido una coherencia absoluta, creo que están diseñando, articulando un sistema con cambios normativos puntuales que efectivamente es coherente. Una reforma laboral en el sector público donde solo cabe despedir, por tanto obligando a despedir a las administraciones públicas; una fijación de una tasa de reposición del 0%; un decreto-ley que contempla la obligación de los entes locales a realizar un plan de ajuste que los va a llevar a un callejón sin salida de subida de tasas, despedir trabajadores públicos y eliminación de servicios —eso sí, para enriquecer a unas cuantas entidades financieras de paso—; y finalmente, una orden ministerial que contempla el modelo de plan de ajuste cuya primera medida —¡oh casualidad!— de ahorro de gasto es precisamente la reducción del coste de personal. Por tanto, señor ministro, toda la coherencia, pero también todo un ataque frontal a lo que el sector público de todo Estado social y democrático de derecho debe preservar. Le recuerdo, señor ministro, que la creación del Estado es una creación liberal y le recuerdo que la creación de un Estado social es un mandato constitucional que todos los demócratas deberíamos preservar y defender. Ese Estado social requiere empleo público, que tiene unas características, unas características no improvisadas que son fruto del esfuerzo y del trabajo conjunto de todas las fuerzas políticas. Unas características de imparcialidad, de independencia, de exigencia de conocimiento y, por ello precisamente, cuando contratamos a los empleados públicos les exigimos unas pruebas objetivas para su acceso y, por ello, la Constitución habla de mérito y capacidad. No se puede mediante dos disposiciones adicionales, mediante dos preceptos romper con este conocimiento acumulado, romper con este bagaje, romper con estas reglas y estas características esenciales y enmarcadas en nuestra Constitución. En definitiva, no se puede, señor ministro, eliminar todas las garantías constitucionales.
En tercer y último lugar, señor ministro, esta reforma laboral en el sector público es mala por los efectos negativos para los ciudadanos. Le diré una obviedad. Señorías, seguramente pensarán por lo que voy a decir es una obviedad, pero leyendo la reforma, leyendo la regulación que el Gobierno ha aprobado no parece tan obvio. Señor ministro, los servicios públicos, los bomberos, los policías, los hospitales, las escuelas, las atenciones domiciliarias necesitan trabajadores cualificados y preparados para ejercer y para ofrecer estos servicios a los ciudadanos. Si además de su oferta de empleo público del 0% sumamos esta reforma laboral que ustedes propician, va a llevar inexorablemente a un estrangulamiento de las administraciones públicas y, por tanto, a un deterioro de estos servicios. Mire, señor ministro, la Administración pública española no está sobredimensionada, a pesar de que ustedes nos intenten hacer creer lo contrario. Solo si creen que la Administración pública no tiene que ofrecer ningún servicio a ningún ciudadano, pueden pensar que está sobredimensionada. Hay estudios objetivos, como los de la OCDE, que sitúan a España por debajo de la media. Por tanto, si ustedes están llevando a este callejón sin salida a las administraciones públicas, que saben que les va a impedir cumplir con los servicios constitucionalmente garantizados, solo se me ocurren dos explicaciones: o bien porque ya les parece bien que no se presten estos servicios, o bien porque pretenden privatizarlos y externalizarlos, y entonces le sugiero, señor ministro, que lo digan con toda claridad y que podamos entender y conocer exactamente cuáles son sus verdaderas intenciones.
Para terminar, señor ministro, quería decirle que el Grupo Parlamentario Socialista por respeto a la Constitución, por respeto a los empleados públicos, por respeto a los ciudadanos vamos a hacer todo lo posible por modificar durante su tramitación esta reforma laboral, no solo ya con una enmienda a la totalidad, sino también con enmiendas parciales, porque queremos ser constructivos y esperamos que ustedes se avengan a ello. Una reforma laboral que, como he dicho, es ineficaz; mala desde el punto de vista jurídico-técnico; generadora de desempleo, porque lo único que regulan es el despido, y que además elimina todas las garantías y todos los derechos de los ciudadanos a recibir servicios públicos básicos que nuestra Constitución garantiza. Por todo ello, espero que se avengan a negociar constructivamente todas las enmiendas que nosotros presentamos durante su tramitación y que nos explique también en esta interpelación el porqué de esta reforma laboral en el sector público, el porqué de su pobreza, el porqué de su deficiencia técnica y el porqué del estrangulamiento que va a suponer para el resto de administraciones públicas.
Gracias.
¿Por qué es mala técnicamente y por qué va a ser ineficaz? Se ventilan ustedes la reforma laboral en el sector público con dos disposiciones, una simplemente para fijar que el despido va a ser por las mismas razones, por las mismas causas que el despido en el sector privado, sin más, con un pequeño matiz que luego apuntaré; y una segunda disposición que prohíbe poder ajustar de otra manera, prohíbe utilizar a las administraciones públicas otros instrumentos útiles que puedan resolver las dificultades en las que puedan estar coyunturalmente. Por tanto, es una reforma que lo único que hace es regular el despido; exclusivamente. Lo hacen además sin ni siquiera una sola referencia al derecho público ni una referencia al Estatuto básico del empleo público, que es precisamente la norma que tiene que regular las condiciones de los empleados públicos. Lo hacen sin ni siquiera una sola alusión a los principios constitucionales, y pienso especialmente en los principios de racionalidad y de proporcionalidad, que supongo que se deberán de respetar si es que no queremos llegar a la inconstitucionalidad por la vía de los hechos, señor ministro. Establecen el despido como la única medida posible en manos de las administraciones públicas para resolver sus problemas. No como la última medida o como una medida, sino como la única medida. Es decir, obligan al despido, a que procedan al despido las administraciones públicas. Prohíben explícitamente, como he dicho, el uso de la suspensión de contratos o de la reducción de jornada que podrían utilizar muchos entes locales o muchas administraciones autonómicas en aplicación del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Por qué prohíben utilizar estas medidas que además serían de cumplimiento del principio de proporcionalidad? Prohíben estas medidas, prohíben que una Administración pueda suspender coyunturalmente, provisionalmente, un contrato de trabajo o reducir una jornada, que nos parece que serían medidas mucho más adecuadas; ustedes, en cambio, prohíben utilizar estas medidas. Establecen además como causa económica que justifica el despido en las administraciones públicas que se produzca una situación —dicen literalmente— de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente. Y no definen ni lo que significa insuficiencia presupuestaria ni lo que significa sobrevenida. ¿Sobrevenida a qué, a partir de qué momento, por decisión de quién, debido a qué? La amplitud de esta causa y la ambigüedad de su regulación genera mucha inseguridad jurídica. Pero no solo genera inseguridad jurídica, sino que amparará despidos colectivos y objetivos a mansalva y aumentará la litigiosidad y el conflicto en los tribunales.
En segundo lugar, ¿por qué decíamos que es mala y peligrosa? Por la concepción del sector público que ustedes deslizan en esta regulación. Ustedes llevan mucho tiempo trazando una no tan sutil concepción de lo público que no compartimos en absoluto: dudas veladas sobre los empleados públicos, cuestionamiento permanente de las administraciones públicas, desprestigio en general de lo público, han sido una constante en sus declaraciones, pero sobre todo han sido una constante también en sus acciones. Le reconozco en este sentido una coherencia absoluta, creo que están diseñando, articulando un sistema con cambios normativos puntuales que efectivamente es coherente. Una reforma laboral en el sector público donde solo cabe despedir, por tanto obligando a despedir a las administraciones públicas; una fijación de una tasa de reposición del 0%; un decreto-ley que contempla la obligación de los entes locales a realizar un plan de ajuste que los va a llevar a un callejón sin salida de subida de tasas, despedir trabajadores públicos y eliminación de servicios —eso sí, para enriquecer a unas cuantas entidades financieras de paso—; y finalmente, una orden ministerial que contempla el modelo de plan de ajuste cuya primera medida —¡oh casualidad!— de ahorro de gasto es precisamente la reducción del coste de personal. Por tanto, señor ministro, toda la coherencia, pero también todo un ataque frontal a lo que el sector público de todo Estado social y democrático de derecho debe preservar. Le recuerdo, señor ministro, que la creación del Estado es una creación liberal y le recuerdo que la creación de un Estado social es un mandato constitucional que todos los demócratas deberíamos preservar y defender. Ese Estado social requiere empleo público, que tiene unas características, unas características no improvisadas que son fruto del esfuerzo y del trabajo conjunto de todas las fuerzas políticas. Unas características de imparcialidad, de independencia, de exigencia de conocimiento y, por ello precisamente, cuando contratamos a los empleados públicos les exigimos unas pruebas objetivas para su acceso y, por ello, la Constitución habla de mérito y capacidad. No se puede mediante dos disposiciones adicionales, mediante dos preceptos romper con este conocimiento acumulado, romper con este bagaje, romper con estas reglas y estas características esenciales y enmarcadas en nuestra Constitución. En definitiva, no se puede, señor ministro, eliminar todas las garantías constitucionales.
En tercer y último lugar, señor ministro, esta reforma laboral en el sector público es mala por los efectos negativos para los ciudadanos. Le diré una obviedad. Señorías, seguramente pensarán por lo que voy a decir es una obviedad, pero leyendo la reforma, leyendo la regulación que el Gobierno ha aprobado no parece tan obvio. Señor ministro, los servicios públicos, los bomberos, los policías, los hospitales, las escuelas, las atenciones domiciliarias necesitan trabajadores cualificados y preparados para ejercer y para ofrecer estos servicios a los ciudadanos. Si además de su oferta de empleo público del 0% sumamos esta reforma laboral que ustedes propician, va a llevar inexorablemente a un estrangulamiento de las administraciones públicas y, por tanto, a un deterioro de estos servicios. Mire, señor ministro, la Administración pública española no está sobredimensionada, a pesar de que ustedes nos intenten hacer creer lo contrario. Solo si creen que la Administración pública no tiene que ofrecer ningún servicio a ningún ciudadano, pueden pensar que está sobredimensionada. Hay estudios objetivos, como los de la OCDE, que sitúan a España por debajo de la media. Por tanto, si ustedes están llevando a este callejón sin salida a las administraciones públicas, que saben que les va a impedir cumplir con los servicios constitucionalmente garantizados, solo se me ocurren dos explicaciones: o bien porque ya les parece bien que no se presten estos servicios, o bien porque pretenden privatizarlos y externalizarlos, y entonces le sugiero, señor ministro, que lo digan con toda claridad y que podamos entender y conocer exactamente cuáles son sus verdaderas intenciones.
Para terminar, señor ministro, quería decirle que el Grupo Parlamentario Socialista por respeto a la Constitución, por respeto a los empleados públicos, por respeto a los ciudadanos vamos a hacer todo lo posible por modificar durante su tramitación esta reforma laboral, no solo ya con una enmienda a la totalidad, sino también con enmiendas parciales, porque queremos ser constructivos y esperamos que ustedes se avengan a ello. Una reforma laboral que, como he dicho, es ineficaz; mala desde el punto de vista jurídico-técnico; generadora de desempleo, porque lo único que regulan es el despido, y que además elimina todas las garantías y todos los derechos de los ciudadanos a recibir servicios públicos básicos que nuestra Constitución garantiza. Por todo ello, espero que se avengan a negociar constructivamente todas las enmiendas que nosotros presentamos durante su tramitación y que nos explique también en esta interpelación el porqué de esta reforma laboral en el sector público, el porqué de su pobreza, el porqué de su deficiencia técnica y el porqué del estrangulamiento que va a suponer para el resto de administraciones públicas.
Gracias.
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