Querría hablar esta semana sobre la promoción y presencia de las lenguas oficiales del Estado además del castellano en el ámbito de la Unión Europea. Es reconocido por todos los partidos políticos (incluso aquellos más exigentes en estas cuestiones) de que ningún otro gobierno ha adquirido más compromisos y ha tenido más iniciativa en esta materia que el actual.
El punto de partida se dio el 13 de diciembre de 2004 con la presentación en el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores el memorando por el que el Gobierno solicitaba el reconocimiento como lenguas oficiales en la Unión de todas las lenguas que tuvieran carácter oficial en España.
A raíz de esto se empezaron a negociar los acuerdos respectivos con los diferentes organismos e instituciones de la Unión, pudiéndose firmar estos Acuerdos:
con el Consejo el 7 de noviembre de 2005,
con el Comité de las Regiones el 16 de noviembre,
con el Defensor del Pueblo europeo el 30 de noviembre,
con la Comisión europea el 21 de diciembre y
con el Comité Económico y Social Europeo el 7 de junio.
A su vez, la mesa del Parlamento Europeo adoptó, en su reunión de 3 de julio de 2006, un acuerdo para dar cabida al uso de las lenguas oficiales españolas distintas del castellano en sus comunicaciones con los ciudadanos. Es cierto que todavía ahora los europarlamentarios catalanes, por ejemplo, no pueden dirigirse en la cámara en esta lengua, pero lo más importante, que es garantizar el derecho a todos los ciudadanos a dirigirse por escrito a la misma, sí lo está.
Finalmente, apuntar que en estos momentos está abierta la negociación de acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que previsiblemente en breve se abrirán también los trámites para un eventual acuerdo con el Tribunal de Cuentas. Con ello, habríamos abordado todas las instituciones comunitarias así como los principales organismos de la Unión.
Por tanto, podemos concluir que el avance en esta materia ha sido extraordinario, porque el compromiso del grupo socialista, en esta materia, ha sido y es incuestionable.
Una última nota: me gustaría poner de manifiesto de forma clara y firme de que los socialistas no necesitamos convencernos de la pluralidad de España ni de que el catalán, el gallego y el euskera son lenguas españolas y que como tal deben ser tratadas por el Gobierno… porque si alguien cree en esta riqueza, en esta convivencia y apuesta por un Estado Federal de verdad ese, precisamente, es nuestro partido, no los partidos nacionalistas.
1 comentari:
PAra un verdadero debate sobre las otras lenguas españolas, es cierto que ustedes plantean una posición distinta a la del PP, aunque a mi modo de ver, poco arriesgada:
-Permiten su uso limitado en la cámara baja.
- Hablan de posible reforma en el reglamento.
-HAblan de federalismo en esta materia.
Todo esto es un paso adelante, pero para un verdadero federalismo, el término puro hacen falta muchos cambios, señora diputada:
En primer lugar, el lógico cambio del reglamento de la cámara.
En segundo lugar la traducción de todos los documentos oficiales del estado a las lenguas oficiales, reconociendo que dichas lenguas son del Estado, tal como se hace en Canadá, por ejemplo. También la libertad de dirigirse a la administración general del Estado en la lengua que el ciudadano elija. ¿Por qué en Holanda si yo escribo una denuncia en inglés (no oficial), el estado me responde?
En tercer lugar, la creación (o reforma) del Instituto Cervantes. Es decir, mecanismos de promoción y reconocimiento cultural de los otros idiomas.
En cuarto lugar, el reconocimiento cultural en los medios de comunicación públicos. No es normal que de cada 5 manifestaciones españoles, 4 sean sevillanas, flamenco y canción ligera y que de cada 4 escritores españoles, los 4 sean por obras escritas en castellano (como mínimo un 15% de la literatura publicada en nuestras librerías se hace en otras lenguas españolas).
Evidentemente habrán contrargumentos sobre estas medidas en virtud de la eficiencia, los costes económicos, la bondad de una lengua común, etc. Pero esos argumentos no los ha votado ningún grupo político en Estrasburgo, con lo cual su validez política es limitada. Por tanto, cualquier rechazo a las cuatro reformas antes explicadas imp
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