“Señorías, me parece especialmente oportuno que en un mismo día hayamos tenido la ocasión de realizar dos debates sobre el mismo tema desde ópticas, además, completamente contrapuestas. Sin duda, es una oportunidad para que el Grupo Parlamentario Socialista manifieste una vez más el apoyo a la realidad plurilingüe del Estado, al modelo del Estado de las autonomías que nos ofrece nuestra Constitución y a la legalidad vigente. Es una oportunidad para dejar constancia de cuál es nuestra concepción del Estado. Desde este grupo parlamentario queremos, una vez más, manifestar el orgullo que sentimos de vivir en un país plural, con distintas culturas y distintas lenguas. Para nosotros todas las lenguas españolas, como vehículo de comunicación, como identidad, como motor cultural y, en definitiva, como conocimiento, son importantes; son dignas de protección y de promoción; son parte de nuestra riqueza. Vivir en un territorio donde hay dos lenguas oficiales no es una condena, se lo aseguro. Al contrario, conocer y poder expresarse en dos lenguas en vez de una, o de tres en vez de dos, o de tantas como sea posible, sin duda, nos ayuda a ser más libres. Para los socialistas el conocimiento es garantía de libertad. Desde el inicio de la democracia y con la creación del Estado de las autonomías, cada comunidad autónoma ha ido creando su modelo lingüístico de acuerdo con sus competencias. De acuerdo con el artículo 3 de la Constitución, las distintas lenguas de España son patrimonio cultural de todos, por lo que deben ser objeto de especial respeto y protección. En otras palabras, todas las lenguas españolas son una cuestión de todos, no solo de algunas comunidades autónomas. Los que creemos de verdad en este patrimonio, que muy pocos países pueden exhibir, no nos podemos permitir el lujo de dejar de reiterarlo. Por eso, el traslado de esa sensibilidad a todos los pueblos de España es una labor también ineludible de las instituciones del Estado. Estas, en su quehacer, deben velar para que la existencia de esta diversidad no se transforme en un punto de desencuentro, sino en factor de cohesión y unión en la diferencia. Seguramente actitudes un poco más constructivas por parte de aquellos que supuestamente quieren lo mismo ayudaría.
El sistema autonómico implica diversidad y diferencias. Señorías, el Estado autonómico no genera desigualdad per se; permite la diferencia porque la diversidad es implícita a la autonomía. No entender esto es no entender nuestro modelo constitucional y, en realidad, es ir contra él.En este sentido, los Gobiernos socialistas y este grupo parlamentario han avanzado significativamente en la difusión, la promoción y el reconocimiento de todas las lenguas oficiales. Lo hemos hecho por convicción, no por oportunidad, y mucho menos por oportunismo. El compromiso socialista ha sido y continuará siendo ser exigentes para que nadie sea discriminado por razón de la lengua que utilice.
Conociendo y apoyando esta realidad, en la anterior legislatura nuestro Estado, concretamente el Gobierno, creó un órgano nuevo en el marco del Ministerio de Administraciones Públicas, como es el Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado y la Oficina de Lenguas Oficiales. La existencia de estos organismos supone un paso de gigante en la adaptación y en la concienciación de toda la Administración General del Estado, en la necesidad de ofrecer en los territorios con dos lenguas oficiales un servicio público auténticamente bilingüe a los ciudadanos, que garantice los derechos de opción lingüística de esta ciudadanía. En ese contexto pensamos, tal como proponemos en nuestra enmienda, en la necesidad de activar con celeridad los trabajos del Consejo y de la Oficina de las Lenguas. Hemos creado ese instrumento porque creemos en él y en el papel que puede desarrollar. Además la enmienda socialista centra su prioridad en los derechos de los ciudadanos, supone un avance en la garantía de los derechos de opción lingüística de la ciudadanía, no solo en su relación con la Administración General del Estado, sino también con los órganos constitucionales, tal como determina el artículo 33.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Señorías, con esta enmienda ofrecemos un texto para el acuerdo de avance hacia objetivos comunes. Hemos perdido esta oportunidad y nosotros lo lamentamos. No queremos hacer del tema lingüístico un tema de enfrentamiento. Nos conviene a todos hacer un tratamiento amable y a favor de la convivencia a la hora de abordar las políticas lingüísticas. Solo así será posible avanzar en positivo. Solo así se demuestra la voluntad de construir juntos un futuro.
La legítima acción parlamentaria de los grupos que dan prioridad a estos temas no la discuto, pero los invito a la siguiente reflexión. Parece que al final lo que nos debería importar es la eficacia de la aplicación de los avances en estos temas, y pensamos muy sinceramente que podemos encontrar de forma conjunta mecanismos que nos lleven a mejores conclusiones. Con la confrontación y posiciones maximalistas no serán posibles los acuerdos necesarios para impulsar el plurilingüísmo por el que apostamos. Tenemos una legislatura por delante y no vamos a dejar de trabajar con rigor y sensatez como hasta ahora.
Termino, señora presidenta, diciendo que el tratamiento de la realidad plurilingüe es también el tratamiento de la convivencia. Esa es nuestra apuesta. Como dije en su día, desde una óptica federalista la política lingüística es pedagogía de la pluralidad y con su actitud no ayudan a las otras lenguas oficiales distintas del castellano".
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