“Señorías, uno de los principales problemas de la economía en estos momentos es el mantenimiento y la potenciación de nuestro tejido empresarial. Para ello el Gobierno ha puesto en marcha distintas medidas: la creación de liquidez mediante líneas de préstamos del ICO en buenas condiciones, con 37.900 millones de euros disponibles para 2009; la concesión desde la Agencia Tributaria de aplazamientos de 2008 a 2009 por importe de unos 1.200 millones de euros, y en lo que va de año hemos diferido de 2009 a 2010 otros 1.200 millones de euros; la puesta en marcha de la devolución mensual del IVA, lo que supone a estas alturas del año la devolución de 760 millones de euros que en otras circunstancias no hubiesen recibido las empresas hasta 2010. Así, la financiación y la liquidez de las empresas y en especial de los autónomos es una preocupación clara de este Gobierno y de este grupo parlamentario.
En paralelo a este problema hay otra cuestión, que es la financiación de los entes locales. Sobre el diseño de un nuevo modelo de financiación local está habiendo una negociación intensa entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias que estamos convencidos de que llegará a buen puerto. Además, el Gobierno socialista abrió en 2007 un fondo especial para municipios de menos de 20.000 habitantes, procediendo este año al adelanto de los pagos, lo que supone una cuantía de 60 millones de euros, un 50 por ciento superior a la cuantía del año anterior; ha procedido también al adelanto de los pagos de la liquidación correspondiente a 2007 para los municipios con población inferior a 75.000 habitantes, aportando una liquidez de 470 millones de euros, y aprobó, por cierto sin el apoyo del Grupo Popular, el Fondo estatal de inversión local de 8.000 millones de euros para la activación económica y el fomento del empleo, la mayor inversión en las corporaciones locales que se ha hecho en treinta años de democracia. De esta manera, la suficiencia financiera de las corporaciones locales ha sido y es una preocupación clara del Gobierno y de este grupo parlamentario y para su consecución se han tomado medidas importantes.
Pero no es este el debate que se suscita hoy aquí. De lo que estamos hablando es de cómo las corporaciones locales y las administraciones públicas en general pueden ayudar o, en todo caso, no perjudicar al tejido empresarial. La falta de liquidez de estas administraciones públicas hace que este objetivo sea a veces difícil de cumplir. Es en esta coyuntura excepcional, de problemas sobrevenidos por la crisis, en la que el Gobierno debe responder y así lo hace, no asumiendo una deuda que no es suya -lo que vulneraría la autonomía local y financiera reconocida en la propia Constitución-, pero sí ofreciendo fórmulas facilitadoras a administraciones públicas, a pymes y autónomos. No se trata pues de pagar la deuda, sino de facilitar liquidez y sobre todo de que terceros de buena fe, los proveedores, no sufran la morosidad en el pago. Nuestra enmienda en este sentido muestra que a los socialistas nos preocupan y nos ocupan tanto las pymes y los autónomos como las administraciones locales. Por eso defendemos en primer lugar el diálogo entre el Gobierno y la FEMP, como piedra angular de todas las decisiones que se deben tomar en torno a los entes locales; en segundo lugar, posibilitar un mayor endeudamiento para que todas las administraciones públicas garanticen cumplir con sus compromisos, y en tercer lugar, establecer la posibilidad de refinanciación de la deuda de las entidades locales por un lado y por otro abrir una línea de descuento para las empresas mediante garantía del ICO, todo ello priorizando, evidentemente, las deudas con PYMES y autónomos, con el objetivo de garantizar al mismo tiempo el mantenimiento o la generación de empleo.
En definitiva, hemos hecho un esfuerzo para trabajar en la dirección de la enmienda presentada por el Grupo Socialista para llegar a una transaccional orientada al pacto y el acuerdo, pensando que con el esfuerzo de todos y la asunción de las responsabilidades que cada Administración pública contrae en su toma de decisiones podamos avanzar juntos para superar los momentos de dificultad. Las administraciones públicas, todas, no van a ser un problema, sino que serán contribuyentes a una solución conjunta en una situación de dificultad.”
En paralelo a este problema hay otra cuestión, que es la financiación de los entes locales. Sobre el diseño de un nuevo modelo de financiación local está habiendo una negociación intensa entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias que estamos convencidos de que llegará a buen puerto. Además, el Gobierno socialista abrió en 2007 un fondo especial para municipios de menos de 20.000 habitantes, procediendo este año al adelanto de los pagos, lo que supone una cuantía de 60 millones de euros, un 50 por ciento superior a la cuantía del año anterior; ha procedido también al adelanto de los pagos de la liquidación correspondiente a 2007 para los municipios con población inferior a 75.000 habitantes, aportando una liquidez de 470 millones de euros, y aprobó, por cierto sin el apoyo del Grupo Popular, el Fondo estatal de inversión local de 8.000 millones de euros para la activación económica y el fomento del empleo, la mayor inversión en las corporaciones locales que se ha hecho en treinta años de democracia. De esta manera, la suficiencia financiera de las corporaciones locales ha sido y es una preocupación clara del Gobierno y de este grupo parlamentario y para su consecución se han tomado medidas importantes.
Pero no es este el debate que se suscita hoy aquí. De lo que estamos hablando es de cómo las corporaciones locales y las administraciones públicas en general pueden ayudar o, en todo caso, no perjudicar al tejido empresarial. La falta de liquidez de estas administraciones públicas hace que este objetivo sea a veces difícil de cumplir. Es en esta coyuntura excepcional, de problemas sobrevenidos por la crisis, en la que el Gobierno debe responder y así lo hace, no asumiendo una deuda que no es suya -lo que vulneraría la autonomía local y financiera reconocida en la propia Constitución-, pero sí ofreciendo fórmulas facilitadoras a administraciones públicas, a pymes y autónomos. No se trata pues de pagar la deuda, sino de facilitar liquidez y sobre todo de que terceros de buena fe, los proveedores, no sufran la morosidad en el pago. Nuestra enmienda en este sentido muestra que a los socialistas nos preocupan y nos ocupan tanto las pymes y los autónomos como las administraciones locales. Por eso defendemos en primer lugar el diálogo entre el Gobierno y la FEMP, como piedra angular de todas las decisiones que se deben tomar en torno a los entes locales; en segundo lugar, posibilitar un mayor endeudamiento para que todas las administraciones públicas garanticen cumplir con sus compromisos, y en tercer lugar, establecer la posibilidad de refinanciación de la deuda de las entidades locales por un lado y por otro abrir una línea de descuento para las empresas mediante garantía del ICO, todo ello priorizando, evidentemente, las deudas con PYMES y autónomos, con el objetivo de garantizar al mismo tiempo el mantenimiento o la generación de empleo.
En definitiva, hemos hecho un esfuerzo para trabajar en la dirección de la enmienda presentada por el Grupo Socialista para llegar a una transaccional orientada al pacto y el acuerdo, pensando que con el esfuerzo de todos y la asunción de las responsabilidades que cada Administración pública contrae en su toma de decisiones podamos avanzar juntos para superar los momentos de dificultad. Las administraciones públicas, todas, no van a ser un problema, sino que serán contribuyentes a una solución conjunta en una situación de dificultad.”
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