¿QUÉ ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUIERE EL PP?

Ante un proyecto de ley que lleva por título “la racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa” vale la pena empezar centrando el debate. Empiezo, pues, con algunas preguntas que parecen pertinentes ¿Cuál es la reforma de AP que presenta el Gobierno? ¿Cuál es su modelo? ¿Qué sector público nos presentan en este proyecto de ley? ¿Qué sector público quieren y qué servicios quieren prestar con él? ¿Cuáles son las propuestas para mejorar su calidad? ¿Cuáles son los principios básicos de funcionamiento? ¿Cuáles son los mecanismos para generalizar la rendición de cuentas de este sector público?

Parecería sensato pensar que encontraremos respuestas a estas preguntas, pero la realidad es que no. No se da repuesta a ninguna de estas cuestiones. Ni en este proyecto de ley, ni en el informe CORA, ni en ningún otro proyecto de ley que hayan traído a esta cámara. Tras frases hechas y lugares comunes llevan dos años de generación de expectativas no cumplidas.

Cuando una persona lee el título del proyecto de Ley que hoy debatimos, espera una Ley prolija, abundante, que mire al futuro. Con un contenido y un número de artículos acorde a la magnitud de su tarea. Por el contrario, se encuentra un auténtico batiburrillo de medidas inconexas y sin alcance alguno. El PP había prometido “La” gran reforma de la Administración, y se ha quedado en una torpe poda superficial de algunos organismos (como la integración del Servicio Militar de Construcciones en el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, con lo que quizá nos ahorremos un sueldo; la reforma, que no supresión, de la Obra Pía de los Santos Lugares o la utilización conjunta de los recursos del Coro de RTVE y de los Coros dependientes del INAEM, por poner algunos ejemplos.

Este proyecto de ley, señorías, está lejos de acercarse si quiera a una verdadera reforma. Es un intento de enjuagar la incapacidad de un Gobierno que se debate entre dos tendencias, una que sostiene con el orgullo ideológico de un mal entendido liberalismo la reducción de la Administración a su mínima expresión, y otra que aparenta defender algún servicio público pero quiere que se preste por entidades privadas. Unos la quieren matar y otros quieren hacer negocio con ella.

Quizás, efectivamente, ese es el modelo para el sector público que nos presentan: Convertirlo en mera anécdota.

En el texto que hoy debatimos se nos presentan veinticinco artículos, más algunas disposiciones. Artículos sin conexión que deberían ser meras disposiciones adicionales de un auténtico proyecto de reforma o bien deberían estar en un simple reglamento, puesto que por rango sería suficiente.  

Señores del Gobierno, incluso el Consejo de Estado en su dictamen señaló enfáticamente lo inadecuado del título de este proyecto. El Consejo de Ministros puso ese título y pidió a los Ministros el contenido, pero sin criterio ni instrucción. Y ha salido un sin sentido, un envoltorio ampuloso para una caja vacía.

O casi vacía. Porque junto al contenido insignificante, hay algún elemento revelador de su orden de prioridades. Suprimir órganos que tienen fines sociales no es ahorro, es ideología. Profundizar en el desmantelamiento de lo público no es mejora de la gestión, sino más ideología.

La transformación en entidad privada del Consejo de la Juventud o la desaparición de órganos y funciones que tienen que ver con la igualdad de las mujeres y hombres son elementos reveladores de esa ideología. El ahorro inapreciable en estas medidas no puede jamás justificar la pérdida en términos de participación social o en la tarea de promoción de la igualdad de los poderes públicos. La revelación, señorías, es que de nuevo bajo criterios economicistas se quiere dar la espalda a la sociedad.

La reforma de la AP que nos ha propuesto el gobierno hasta el momento no es más que la gestión de flecos. No hay ni una sola medida de auténtica reforma. No hay ni una sola medida que se base en

·         una mejora de la calidad del servicio al ciudadano,

·         en la innovación administrativa o

·         en una clara exigencia de rendición de cuentas.

¿Cuáles son entonces los principios y criterios de su reforma?

Reformar o racionalizar las Administraciones no es una tarea que resulte sencilla ni rápida. Somos muy conscientes de ello. Pero es que llevan más de dos años gobernando, dos años en los que les hemos ofrecido colaboración, acuerdo, análisis riguroso y consenso en esta materia y todavía esperamos respuesta.

Si la Administración importa para este Gobierno, es para recortar su presupuesto, para adelgazar su coste y presentarla como una carga para la sociedad. Se olvida de que la Administración construye esa sociedad, la hace más justa e igualitaria, favorece la participación y hace efectivos los derechos y las libertades de sus miembros.

Presidente, señorías.

El proyecto de ley pone de manifiesto algunas evidencias que querría resaltar:

1ª no hay modelo, ni criterios para una reforma de la AP: no tienen un modelo alternativo al que nosotros pusimos en marcha. Y como en realidad no creen en la AP tampoco se han tomado la molestia en desarrollar y profundizar el que hay. En realidad todo se reduce a la reducción. Tenemos menos servicios, menos derechos y la calidad ha caído en picado. Ha habido eliminación de empleo y reducción de salarios. Y honestamente, el ahorro del que presumen no se donde está. Desde luego, inexistente con lo que proponen en este proyecto de ley.

Su llamada reforma de las administraciones solo persigue el adelgazamiento de las estructuras, no que cumplan mejor su cometido constitucional: “servir con objetividad los intereses generales”.

2ª evidencia, no hay diálogo ni político ni institucional: parten de otra frase vacua como es eliminar duplicidades… lo que parece de sentido común, pero es que esto lo traducen en recentralización y deslealtad institucional. En otras palabras, que los demás eliminen servicios o estructuras que yo lo mantengo todo. Parecería lógico que si pretenden modificar cuestiones que afectan a  otras administraciones hablen con ellas. Y parecería lógico también que si pretenden hacer cambios estructurales hablaran con el resto de fuerzas políticas que estamos llamadas a gobernar y, por tanto, a aplicar estos cambios.

Tenemos algunos ejemplos en el proyecto de ley que nos ocupa como el despropósito de la licencia única deportiva, con cuya regulación rompen con la distribución de competencias entre Estado y CCAA,

Por no hablar de la nueva regulación de los consorcios que nos proponen. Por la vía del vaciamiento económico se quieren desentender de las competencias que tienen obligación de atender, vulnerando el principio de irrenunciabilidad. En ningún ámbito del OJ se contempla que el incumplimiento de terceros pueda comportar la exoneración de obligaciones propias. Es tanto como decir que yo no pago mi comunidad porque un vecino no paga. Señorías, esta previsión va en contra de los principios generales del derecho.

Para que nos entendamos: si la Generalitat de Catalunya incumple con su aportación económica al consorcio del Gran Teatre del Liceu, como de hecho hace, en una muestra del respeto que procesa a las instituciones culturales de Catalunya, resulta que el Estado deja de estar obligado a cumplir, con lo que nos encontraríamos que la suma de dos irresponsables se cargan la institución.

El anterior Gobierno impulsó importantes Reformas en las Administraciones Públicas y comenzó importantes tareas de diagnóstico y de transformación. Nada más lejos de nosotros que el inmovilismo en materia de organización y funcionamiento de la Administración. Se iniciaron trabajos profundos de simplificación administrativa y de procedimientos, de racionalización de estructuras y de reducción de cargas para empresas y ciudadanos, se creó la red SARA y se hicieron grandes inversiones (ahora inexistentes) en las nuevas tecnologías.

Se aprobaron Leyes avanzadas como el Estatuto Básico del Empleado Público, con fundamento para que los empleados públicos tengan una verdadera carrera profesional, la certeza de que su esfuerzo se recompensa con una perspectiva de mejora en su puesto, incentivos y reconocimiento.

Reconocimiento e incentivos, que no tienen nada que ver con el desprecio de un jefe que les reprocha tomar café o leer la prensa.

Aprobamos asimismo, la Ley de Agencias o la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, incorporando así la sociedad del conocimiento y las nuevas tecnologías a la relación entre la ciudadanía y la Administración. Todo ello, en definitiva, ofrecía cambios necesarios que daban respuesta a nuevos derechos, nuevos servicios, nuevos sistemas de prestación de los servicios y nuevas exigencias ciudadanas sobre el funcionamiento de la Administración.

Los organismos internacionales como la ONU y la UE reconocieron este gran avance de nuestras Administraciones llevando a España al puesto número 9 en 2010 desde el 39 que ocupaba en 2005 en el desarrollo electrónico de la Administración pública.

Señorías, estas fueron algunas de las reformas que el gobierno socialista impulsó, desde la convicción de que una reforma ambiciosa de la Administración es aquella que la hace eficiente, sí, pero sobre todo es una reforma que la hace mejor y más eficaz. El Partido Popular quiere una Administración Pública menos costosa y más pequeña. Solo atiende al tamaño, y ahí se queda. Con la excusa del control del déficit público, se nos propone la destrucción del empleo público y recortar, suprimir, fusionar o restructurar organismos, pero seguimos sin saber cómo quiere el Gobierno que actúe el sector público.

Señorías

Racionalizar la administración es un proceso permanente de adaptación a la realidad. En un mundo en cambio vertiginoso la Administración debe tener cada vez más y más rápidas adaptaciones si queremos que cumpla con sus fines. Pero cuidado! La Administración necesita adaptarse, no cambiar o pervertir su finalidad.

Racionalizar las administraciones requiere

-       en primer lugar, distinguir las esferas de actuación pública y privada sabiendo que hay esferas públicas que no deben ser privatizadas porque son fundamento de la igualdad entre todos, como la sanidad, la educación, la seguridad, y como tantas otras que ustedes están “racionalizando” o “reformando”

-       en segundo lugar, más coordinación sí, pero no más centralización. Detrás de su discurso sobre las duplicidades hay demasiado populismo, me temo.

-       En tercer lugar, menos burocracia innecesaria sí, pero no menos organismos y servicios públicos que realizan tareas sociales. Entre eliminar cargas administrativas y suprimir el Consejo de la Juventud hay un abismo.

-       En cuarto lugar, organizar los recursos humanos y adaptarlos a las necesidades, pero eso no significa ridiculizar a los empleados públicos con regañinas que dañan su imagen, sino ofrecer una justa evaluación de su trabajo y una carrera profesional motivante.

-       Y por último, racionalizar la administración requiere, sin duda otras muchas cosas, como más transparencia y más conexión con la ciudadanía, y sobre todo requiere altura de miras, algo ausente en esta Ley y en la tarea de este Gobierno.

En definitiva, los socialistas queremos una reforma administrativa que no sea un mero parche descosido y coyuntural con el que aparentar que se cumple una promesa electoral poco meditada. Queremos continuar con las reformas emprendidas, que ayuden a la recuperación de los servicios perdidos o en peligro, que haga al aparato público más cercano y transparente y que esté servida por profesionales prestigiados socialmente y conscientes de su esencial papel de garantía de la igualdad y la equidad sociales.

Cuando quieran nos sentamos. Mientras, pueden seguir trayendo proyectos de ley sinsentido que saldrán adelante con su mayoría absoluta, pero que no aportan nada a la cuestión que nos ocupa.

 

Intervención en la toma en consideración de la Proposiciones de Ley sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública.

Han pasado ya dos años de Gobierno popular, dos años que se han caracterizado, bajo el pretexto de la crisis económica, por una gran obsesión: reducir y eliminar Administración pública, mermando así en realidad los servicios a los ciudadanos y contribuyendo al desprestigio de lo público. Jibarizar el sector público, suprimir, fusionar, recentralizar, introducir criterios empresariales o privatizar directamente son las únicas ideas que han sido capaces de traer a esta Cámara en materia de Administración pública. Hoy tenemos la oportunidad de situar a la Administración pública en el centro del debate pero con otros parámetros. En un país en crisis y con escasez de recursos parece que tiene sentido más que nunca profundizar y repensar el papel de la Administración y en particular, y de acuerdo con el debate que hoy nos ocupa, el papel protagonista que debería jugar en el ámbito de la responsabilidad social empresarial pasando de ser un mero regulador o recomendador a ser un facilitador y un promotor de la misma. Por eso, abogamos por una Administración pública ejemplarizante, de referencia, transparente y moderna, que potencie un cambio de cultura empresarial; una Administración pública motor económico —sí—, teniendo en cuenta los costes —sí, también—, pero sobre todo y principalmente que busque la calidad de los servicios, porque los conceptos de eficiencia y eficacia aplicados a la Administración tienen necesariamente una dimensión distinta. Finalmente, también una Administración pública vertebradora de la responsabilidad social. De esta manera la innovación social en el ámbito público debe desarrollarse para dar mejores respuestas a las necesidades ciudadanas. Pero es que además, desde el Grupo Parlamentario Socialista, estamos convencidos de que esa apuesta no supone y no debe suponer una carga para las empresas, sino que esa cultura innovadora repercutirá en la construcción de un modelo más competitivo y más productivo a esfera global y brindará también a la sociedad un valor adicional.

Parece que la posición de la Unión Europea hasta ahora —lo han dicho otros intervinientes— era ciertamente rígida. Está cambiando y avanza en este camino, cosa que ayudará a los Estados miembros que así lo quieran a incorporar de manera más clara nuevos elementos. Esperamos que ese sea el caso de España. No nos sirve ya el argumento de que discriminar positivamente determinados comportamientos empresariales afecta a la libre competencia o que es proteccionista en sí, como decía el señor Anchuelo. No es así o no tiene por qué ser así. Por tanto, se pueden poner las garantías para que no se llegue a esa patología, pero en todo caso no nos sirve como pretexto para negar una evidencia. Ante la definición de un modelo parece lógico primar a aquellos que lo sustentan y que cumplen con él, de la misma manera que favorecemos, por ejemplo, a aquellas empresas que apuestan por la I+D y nadie cuestiona este punto. Si me permiten el paralelismo, en el fondo es aplicar a las empresas la máxima de tratar igual a los iguales y diferente a los diferentes.

Más allá del cambio en Europa y centrándonos en nuestra propia legislación, parece importante que tomemos en consideración todas las políticas sectoriales aprobadas en este Parlamento y que han supuesto avances sociales significativos, bien como obligaciones, bien como recomendaciones. Teniendo en cuenta que en los países europeos la contratación, compras, concesiones o adjudicaciones de la Administración pueden representar alrededor del 20 % del PIB —el señor Campuzano lo situaba en España en el 18 % del PIB—, que esa actuación estuviese inspirada en las cláusulas sociales significaría sin duda uno de los estímulos más importantes para la RSE. Así, como ya he dicho, la Administración debe estar al frente de la promoción y aplicación de todos y cada uno de estos avances. Ni es ni puede ser mero regulador ni mero observador en aquello referido al empleo de las personas con discapacidad o al empleo de las personas en riesgo de exclusión social en el sentido ya apuntado por el señor Campuzano. Pero pensemos también en todo aquello aprobado en materias como la igualdad entre hombres y mujeres, la integración de las minorías, la higiene y la seguridad, el medioambiente, el desarrollo sostenible o las condiciones laborales de los trabajadores. En este sentido, es una lástima que Convergència i Unió apoyara una reforma laboral, que también cuestionaría seguramente en algunos aspectos la OIT, que hace desaparecer la negociación colectiva, garantía precisamente de un modelo como el que defiende esta proposición de ley. Además de situar a la Administración en el centro de los avances en materia de responsabilidad social empresarial, hay que pedir también la generalización de la evaluación de las actuaciones de las administraciones y de los contratos, de las subvenciones, de las concesiones y demás relaciones entre el mundo empresarial y la Administración. Tan importante es conocer y ser transparente y cuidadoso en el momento inicial de la relación de la Administración con las empresas, como el seguimiento de la evolución de las condiciones de esta relación. Las empresas tienen que tener un compromiso de mejora y un estímulo a esta mejora, de manera que los pliegos de condiciones puedan ser cada vez más exigentes en el triple reporter. Por eso, ya anunciamos que si esta proposición de ley se toma en consideración —esperamos que así sea, igual que los otros grupos que han intervenido—, el Grupo Parlamentario Socialista presentará enmiendas importantes para fomentar e impulsar la transparencia informativa. En ese sentido, por ejemplo, entre otras cosas, nos parece que sería un gran avance incorporar la obligatoriedad de presentación de memorias como elemento cualitativo, porque es el mecanismo para medir precisamente la no exigencia puramente legal.

Como grupo parlamentario y también desde el Gobierno nuestro compromiso con la responsabilidad social empresarial está más que acreditado. Aspiramos a una sociedad cohesionada, para lo que estamos convencidos de que hay que potenciar aquellas políticas favorecedoras de un bien común; y eso lo aporta precisamente la responsabilidad social empresarial. En otras palabras, la responsabilidad social empresarial es una herramienta para la consecución de los objetivos por los que siempre hemos luchado como partido político. Asimismo, cabe destacar que ahora ya se pueden incorporar en los pliegos de condiciones para compras y contrataciones muchos de estos elementos y tenemos buenos ejemplos de ellos, que ya han sido citados. El Ayuntamiento de Barcelona lleva muchos años siendo pionero en este sector. Pero es verdad también que tenemos ejemplos como la concesión de recogida de basuras realizada por el Ayuntamiento de Madrid y por eso precisamente qué duda cabe de que contemplarlo en una ley ofrece mayores garantías de cumplimiento y efectividad. Así, en los pliegos se debería ponderar adecuadamente el esfuerzo por parte de las empresas proveedoras o contratantes o subvencionadas en las condiciones laborales que ofrecen a sus trabajadores, el esfuerzo en contratación de discapacitados o personas con riesgo de exclusión social, en prevención de riesgos medioambientales o en igualdad de trato entre hombres y mujeres, entre otras cosas. Eso estimularía a las empresas a ser más sostenibles y responsables socialmente y, al mismo tiempo, sería una señal inequívoca del modelo empresarial y económico por el que se opta y se defiende desde el sector público. Por eso, es importante, precisamente, la toma en consideración por esta Cámara de esta proposición de ley.

Señorías, en una cultura integral de responsabilidad social empresarial, el diálogo entre el mundo empresarial y el municipio ha sido hasta ahora fundamental. Estamos convencidos de que para la sensibilización de la sociedad y la incorporación de estos valores la Administración más próxima es clave. Desgraciadamente, la nueva reforma de la Ley reguladora de bases de régimen local aprobada va en la dirección contraria, hace desaparecer para la mayoría de ayuntamientos de este país la capacidad de prestación de muchos servicios sociales, mermando así la posibilidad de difundir entre la ciudadanía estos valores y dinamizar y fomentar desde la proximidad un tejido empresarial socialmente responsable ligado a los problemas laborales, medioambientales y sociales del entorno, y no me refiero a las empresas locales, pero sí a esa sensibilización social general que hace falta introducir todavía hoy en este ámbito. Fijémonos, sin ir más lejos, en la cultura británica que lleva desarrollándose desde hace tantos años. Y de lo local paso a hacer una reflexión de lo internacional, porque también la acción exterior de apoyo a las empresas españolas, la cooperación al desarrollo, la diplomacia económica y, en definitiva, la marca España, de la que tanto hablan con ustedes mismos, debe tener también como elemento clave la exigencia y supeditación a la responsabilidad social de las empresas. Así, a través de esa responsabilidad social empresarial, se puede articular uno de los ejes para democratizar la globalización, con la complicidad absoluta, además, de Naciones Unidas. Eso, sin duda, proyectaría una imagen positiva del país.

En definitiva, señorías, preocupados porque en los últimos años ha habido una cierta parálisis, ciertamente, en la expansión de la responsabilidad social empresarial, sea bienvenida esta proposición de Convergència i Unió, sea bienvenido el desarrollo del Estado social, en mayúsculas, del artículo 1 de nuestra Constitución, sea bienvenido el debate sobre el modelo empresarial que desde las administraciones públicas nos comprometemos a potenciar y sea bienvenido el impulso de la responsabilidad social y medioambiental de las empresas que sin duda contribuirá a un desarrollo más sostenible, más productivo y más sensible y cohesionador a la hora de ofrecer servicios a los ciudadanos. El Grupo Parlamentario Socialista votará favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley.

Gracias. (Aplausos).

 

 

Intervención en Pleno 19 de marzo de 2013. "Lucha contra la corrupción"

Es necesario partir de la necesidad, sentida en amplios sectores de la sociedad, de encarar, de una vez por todas, la problemática de la corrupción política. En la coyuntura actual, existe una innegable sensibilización social sobre este tema. Las encuestas del CIS, insistentemente, nos recuerdan este dato. Según el Barómetro del CIS del mes de enero, el 77,4% de los encuestados califican la situación política de España de Mala o Muy mala, el 43% cree que es peor que hace un año y el 33% cree que el año que viene será aún peor. Al enumerar los principales problemas del país en la actualidad, la corrupción y el fraude ocupan el cuarto lugar y los partidos políticos y la política en general el tercero, sólo después del paro y los problemas de índole económico.

Estos datos han sufrido modificaciones evidentes tras el conocimiento del denominado “caso BÁRCENAS”: en el barómetro de febrero la corrupción constituye ya el segundo mayor problema del país para los ciudadanos y todo ello ante la pasividad y el silencio del Gobierno y del partido que lo sustenta.


En definitiva, el problema de la corrupción, que arrastramos desde la “burbuja inmobiliaria” ha acabado afectando negativamente a los partidos políticos e, incluso, a las instituciones del Estado democrático.

Hace unos años, el CIS ya mostraba una opinión de los ciudadanos desfavorable hacia los políticos, pero no hacia la Política y la Democracia (cosa que pasa en otras regiones del mundo como en parte de Iberoamérica). Pero ese punto de inflexión se está dando y cuando se llega a ese grado de desafección tiene un punto de no retorno ciertamente peligroso. No puede ser que sea la propia Democracia la que se cuestione, porque entonces estaremos instalados en la antipolítica.

Esta corrupción que sufre el país nos afecta a todos y nos desprestigia a todos. Es más, tiene un efecto devastador en todos aquellos que actúan conforme a la ley y que cumplen con sus obligaciones. La “amnistía fiscal” ha hecho mucho daño también en este sentido.

Por todo ello, el grupo parlamentario socialista está plenamente de acuerdo en la absoluta necesidad de abordar este tema cuanto antes, YA!, para ser más precisos.



En los 8 años de gobierno socialista se impulsaron reformas del CP, se fortaleció la prevención del fraude fiscal y del blanqueo de capitales, endurecimos la regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos cargos de la AGE, mejoramos la ley de contratos del sector público, la de financiación de partidos políticos o la reforma de la ley del suelo, entre muchas otras cosas.

Y también, al margen de reformas normativas, se incrementó el número de Juzgados y de efectivos en la Fiscalía Anticorrupción y, en el ámbito del Ministerio del Interior, se creó el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y se introdujeron importantes actuaciones de mejora de sus sistemas de información.


Se hizo mucho, pero claramente insuficiente. Somos tan conscientes de esta insuficiencia que en el último Debate del Estado de la Nación propusimos nuevas y concretas medidas de lucha contra la corrupción. Las propusimos con la intención de llegar a un amplio acuerdo con todas las fuerzas políticas. No fue posible. El Grupo Popular votó en contra de todas las propuestas presentadas por el resto de grupos.


El GPS, consciente de la desafección creciente de la ciudadanía quiere hacer su aportación positiva. No se trata de no abordar o no hablar de esta desafección, pero nos parece necesario destacar que lo que no se puede compartir ni alimentar, de forma demagógica, es la desconfianza y la crítica constante hacia la política y los políticos en general. No haría sino perjudicar la legitimidad y fortaleza de nuestro sistema democrático.


Cualquier medida que vaya dirigida a fortalecer, enriquecer y generar confianza en la relación entre gobernantes y gobernados o representantes y representados ha de ser compartida. Los ejemplos son infinitos: reforma electoral para mejorar la representatividad del sistema; mejora y multiplicación de los mecanismos de participación directa de la ciudadanía en las instituciones o la regulación de la transparencia y la rendición de cuentas de las Administraciones, por poner algunos ejemplos.



El grupo parlamentario de Izquierda Plural ha presentado una Proposición de Ley Orgánica para la lucha contra la corrupción que plantea, con este objetivo, la reforma de numerosas leyes.

Una de las virtudes que tiene la iniciativa que debatimos hoy, y sin ánimo de entrar en el contenido concreto que se recoge en ella, es que aborda los cuatro ejes donde principalmente se pueden producir casos de corrupción:

• Financiación de partidos políticos

• Urbanismo

• Contratos en el sector público

• Ayudas o subvenciones


Por todo lo expuesto el criterio del GPS para la toma en consideración de esta Proposición de Ley es favorable.

Acabo con cuatro ideas que me gustaría compartir con el resto de los grupos parlamentarios:


Las reformas contra la corrupción no abordan todo el problema. Son medidas necesarias, pero no son todas las que tenemos que adoptar. Solo con ellas no se gana la confianza de los ciudadanos. Para ello, necesitamos reformas en distintos ámbitos que recompongan, como ya he dicho, la relación entre representante y representado. La desafección hacia la política es más compleja y afecta a más cosas y debemos ser conscientes de ello.


Las reformas legales y la mejora del ordenamiento jurídico están bien. De hecho, lo hemos abordado desde hace años, hemos tipificado más conductas, hemos endurecido regimenes de incompatibilidades, hemos elevado penas… y sin embargo, constatamos que no es suficiente. Deberíamos iniciar una reflexión profunda para explorar otras vías de actuación.

En la lucha contra la corrupción hay que empezar cuanto antes mejor. Hay que ir rápido en la toma de medidas concretas, porque el diagnóstico lo tenemos hecho. Crear una ponencia en la Comisión de Reglamento, crear una Subcomisión en el marco de la Comisión Constitucional o seguir con el grupo de trabajo impulsado por el gobierno en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales no nos puede llevar a la inactividad.

Pero sobre todo, las medidas adoptadas tienen que reflejarse en un cambio de actitudes. No se trata únicamente de no incurrir en la ilegalidad, sino en ejercer el poder con responsabilidad y con ejemplaridad.

Y finalmente, creo que este tema, como otros, compete a todas las fuerzas políticas, mucho más cuando la situación económica general está tan degradada y, en cambio, el partido del Gobierno parece que no quiere ser consciente de ello. El PP ha decidido limitar su legitimidad a la mayoría absoluta parlamentaria que tiene, que no es poco, por supuesto, pero claramente insuficiente cuando estamos hablando de este tema. Les pido más ambición y más generosidad. No abordar esto con consenso no nos permitirá solucionar este grave problema que afecta a la esencia de la Democracia.

SOBRE LA INDEPENDENCIA DE CATALUNYA: UNA APROXIMACIÓN

Partiendo de una perspectiva jurídica, en primer lugar, hay que descartar el derecho internacional como derecho aplicable al caso. Así, hay que hablar de secesión y en ningún caso de autodeterminación.

Para referirnos al derecho de autodeterminación hay que acudir a la Carta de Naciones Unidas (artículos 1.2 y 55 principalmente) y al documento explicativo de la Carta donde explícitamente se apunta que en ningún caso el articulado ofrece un reconocimiento del derecho de secesión. La Resolución 2625, entre otras, reitera que en la Carta de Naciones Unidas no hay ningún derecho de secesión.

Así, la autodeterminación como concepto propio del derecho internacional establece un marco en el que en ningún caso Catalunya se encuentra y por ello no le es aplicable: estamos en un Estado democrático y de derecho. No estamos, en otras palabras, ni en un supuesto de vulneración de Derechos Humanos, ni de dominación colonial, ni estamos privados del ejercicio democrático interno (elecciones periódicas, autogobierno…).

Dicho esto, y siempre en el plano jurídico, debemos acudir al derecho constitucional. Lo primero que nos interesa conocer es que no hay constituciones escritas que reconozcan de manera explícita el derecho de secesión de una de sus partes. Seguramente es pertinente, después de esta constatación, preguntarnos el porqué en más de dos siglos de historia el constitucionalismo democrático no nos ofrece ejemplos en esa dirección.
De hecho, en el proceso de aprobación del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa (finalmente rechazado en referéndum por Francia y Holanda, cosa que dio lugar al actual Tratado de Lisboa) uno de los argumentos que se utilizó para defender que se trataba en realidad de un Tratado internacional y no de una Constitución es que en su artículo I-60 (actual 35) se permite a los Estados miembros la retirada voluntaria de la UE. Algunos autores destacaron que esa era precisamente la línea que separa una “Unión de Estados” de un “Estado Federal”.
Tres son las razones que nos pueden ayudar a entender el porqué los textos constitucionales no incluyen el derecho de secesión en su texto:

1. el Estado cuando se constituye (la Constitución como norma constitutiva de esa realidad) lo hace con vocación de perpetuidad (así lo dijo ya Lincoln en su discurso de toma de posesión como Presidente de EEUU en marzo de 1861)

2. el Estado busca permanencia y estabilidad. El mero hecho de preveer una cláusula de ese tipo generaría inestabilidad.

3. en momentos clave de toma de decisiones estratégicas por parte de un Estado podría actuar como cláusula de chantaje de una de las partes del territorio.


Así pues, parece que el derecho constitucional tampoco nos ofrece excesiva claridad a la hora de intentar resolver situaciones en las que una parte de un Estado quiere formar un nuevo Estado. De hecho, en todos los casos que podemos ver a nuestro alrededor (pienso especialmente en Escocia y Canadá) la solución tiene un fundamento político y no jurídico. Así, hay una base negociada entre las partes, en la que la dimensión social debe ser prioritaria. En definitiva, poner de manifiesto algo que sabemos y es que la cuestión que estamos tratando no es meramente jurídica y por ello la solución que ofrezcamos tampoco lo puede ser.


CATALUNYA COMO ESTADO INDEPENDIENTE Y LA UNIÓN EUROPEA

Me centraré en tres cuestiones: 1) Catalunya quedaría fuera de la UE; 2) si quisiera formar parte de la UE Catalunya debería iniciar un proceso de adhesión y; 3) los ciudadanos de Catalunya (y del resto de España) sufrirían consecuencias muy negativas durante un tiempo indefinido en distintos ámbitos.
1. Catalunya quedaría fuera de la UE y del resto de Organismos Internacionales.

Si bien es cierto que no hay ningún antecedente que nos pueda servir de referencia para llegar a esta afirmación, sí tenemos algunas respuestas formales que la Comisión europea ha tenido oportunidad de responder.
En febrero de 2004 la eurodiputada galesa Morgan formuló la pregunta explícita a la Comisión sobre una eventual independencia de una parte de un Estado miembro. La respuesta de Prodi fue inequívoca: “cuando una parte del territorio de un Estado miembro deja de formar parte de ese Estado los Tratados se dejan de aplicar a ese nuevo Estado”.
En abril de 2012 otra europarlamentaria, Mara Bizzoto, presentó una iniciativa ciudadana europea pidiendo a la Comisión la tramitación de una propuesta de ley para poder “ampliar internamente” la UE sin pasar por el procedimiento de adhesión. La respuesta entonces de Day-al fue rechazar de plano la tramitación de esta propuesta por considerar que estaba fuera de las competencias de la UE. Además, apuntó las siguientes dos consideraciones: a) la ciudadanía europea va asociada solo a la nacionalidad de un Estado miembro, si ésta se pierde también se pierde automáticamente la europea, b) si hay secesión de una parte esta parte quedaría fuera de la UE.
En noviembre de 2012, finalmente, el Secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo ha mandado una carta a la Comisión planteando el tema. La comisaria Reding enmendándose a ella misma tuvo que reconocer, por escrito, que efectivamente un eventual estado independiente debería pasar todo el proceso previsto en los Tratados para volver a formar parte de la UE.


2. Catalunya debería iniciar el proceso de adhesión.

El artículo 49 del Tratado de la Unión Europea prevé la solicitud de adhesión que debe realizar cualquier tercer Estado que quiera ingresar en la Unión. Allí se indica que para la admisión se deberán cumplir las condiciones establecidas por el artículo 2, además de las condiciones objetivas (los criterios de Maastricht) y aquellas que se fijen para el caso concreto. En este sentido, dos apuntes: en primer lugar, para evaluar si cumplimos el artículo 2 del Tratado tenemos que tener, al menos, una Constitución (en otras palabras, hasta que no tuviéramos un texto constitucional no podrían hacer esa evaluación), y en segundo lugar, en estos momentos Catalunya no cumpliría las criterios de Maastricht, aunque es cierto que no lo hacen la inmensa mayoría de los Estados miembros por la situación de crisis económica.
En segundo lugar, Esta solicitud debe obtener el voto unánime del Consejo (recordemos, el voto por tanto de los gobiernos de los 27 Estados miembros), previa consulta a la Comisión y la aprobación por mayoría absoluta del Parlamento europeo.
Finalmente, una vez superado el trámite en las tres instituciones europeas hace falta la ratificación de esa solicitud de adhesión de cada uno de los Estados miembros uno a uno, mediante el procedimiento que en su derecho interno se contemple (voto en el Parlamento, referéndum…). Por ejemplo, hace unas semanas en España se votó por el Parlamento la solicitud de Croacia.

Todo lo descrito hasta aquí es solo para admitir a trámite la solicitud de adhesión, después vendría el proceso de adhesión propiamente. Está claro, pues, que no son las 48 horas que el Presidente de la Generalitat anunció. De hecho, seamos realistas, la UE es incapaz de tomar ninguna decisión en 48 horas.


3. Los ciudadanos de Catalunya (y del resto de España) sufrirían consecuencias muy negativas durante un tiempo indefinido en distintos ámbitos.

No quiero alargarme en este apartado, que requeriría un análisis más cuidadoso. Me limitaré a listar algunos aspectos sobre los que habría una incidencia clara:

En el ámbito institucional

Se perdería la ciudadanía europea,

Se perdería la representación en las instituciones de la UE y

La pertenencia en el resto de organismos internacionales.


En el ámbito económico

No se aplicaría la libre circulación de mercancías (esto podría suponer el establecimiento de aranceles o restricciones cuantitativas…)

No se aplicaría la libre circulación de empresas

No se aplicaría la libre prestación de servicios


En el ámbito social

No habría libre circulación de personas y trabajadores

Desaparecerían los fondos y los subsidios (por ejemplo, la PAC)

Habría que volver a negociar la entrada en el programa Erasmus

Vemos pues como esta dimensión social, sin duda la prioritaria, requiere mucho más tiempo para su evaluación, aunque ya se intuye el impacto que podría tener para todos nosotros.

ÚLTIMA REFLEXIÓN

Frente a este análisis encontramos reacciones de distinta naturaleza por parte de líderes de otros partidos políticos:

1) la negación: “esto no es así, porque no puede ser así” confundiendo los deseos con la realidad, pero sin aportar ni un antecedente, ni un dato, ni una norma que desmienta lo expuesto.

2) Acusar de hacer un discurso del miedo: yo diría que es más bien un discurso de la consciencia y del rigor y todo lo demás es vivir en un mundo irreal y querer confundir a la ciudadanía. Negar la realidad no la va a cambiar.

3) Ya negociaremos para que no sea así: porque el enfoque del problema, efectivamente (y en eso les doy la razón) es político, no jurídico. Pero, ¿de verdad alguien se puede creer que es más fácil negociar con la UE −sus instituciones más 27 Estados miembros entre los que está España− que solo con España para construir un Estado Federal?