Proposición de Ley de modificación del artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Orgánica)

Quiero empezar también dando la bienvenida a los diputados autonómicos que vienen a defender el texto aprobado en la Asamblea legislativa de Cataluña. Bienvenidos, don Jaime Bosch, doña Nuria de Gispert, amigo y compañero don David Pérez.
Esta es una de las tres proposiciones de ley de Parlamento de Cataluña que propone modificar la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la segunda que vemos en el Pleno en este periodo de sesiones. En este caso el Parlamento autonómico nos propone la modificación del artículo 53 de dicha ley, que recoge las competencias de los entes locales, pretendiendo la ampliación de estas competencias municipales en su apartado g) y atribuyendo con carácter genérico funciones de prevención y evitación de actos delictivos y los imprescindibles para el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana.
Voy a fundamentar mi exposición en tres elementos básicos, sin entrar, de todos modos, al debate de fondo de la propuesta, ya que seguramente será más adecuado plantearnos las líneas generales del modelo policial que el Grupo Socialista, al que represento, defenderá en el momento en que se aborde, de manera genérica a integral, y no parcial como hoy, este tema.
Por tanto, los elementos en los que fundamentaré mi intervención serán los siguientes, y seré muy breve. En primer lugar, la desaparición de la oportunidad política de esta iniciativa legislativa autonómica. En segundo lugar, la necesidad de abordar en un debate profundo y de mayor calado, la reforma completa de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tal y como se está planteando en estos momentos ya el Ministerio del Interior. En tercer lugar, la coincidencia sustantiva en el modelo policial que se defiende desde el Gobierno del Estado, desde el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña. Es obligado en este caso, y refiriéndome al primer punto, hacer referencia al contexto en el que se aprobó esta proposición de ley y compararlo con el contexto en el que nos encontramos actualmente. Hay que tener en cuenta, sobre todo, que han pasado dos años entremedio. Es más, como apuntaba el señor Pérez, esta iniciativa entra en el Parlamento de Cataluña el año 1999, por tanto, estaríamos hablando de seis años de diferencia a la hora de analizar el contenido de esta proposición de ley. Ayer el presidente del Congreso hacía alusión en una conferencia en Barcelona, que dio en Tribuna Barcelona, al tiempo parlamentario y lo difícil que es, a menudo, adaptarlo a las necesidades reales de los ciudadanos. Bien, el caso que nos ocupa esta tarde es paradigmático. Dos años después, o seis años, si hacemos referencia al momento en el que entra la iniciativa en el Parlamento de Cataluña, es complicado hacer la misma valoración, el mismo análisis o la misma aproximación al texto de la proposición de ley. En las circunstancias que se daban en el momento de aprobar esta proposición en el Parlamento de Cataluña, 5 de junio de 2003, tal y como apuntaba el señor Pérez también, hay un repliegue de Policía Nacional y de Guardia Civil, se pasa de 17.000 efectivos a 7.000 y paralelamente el despliegue de los Mossos d'Esquadra, que se tenía que ir dando, no se lleva a cabo en la misma medida, de manera que no alcanza a cubrir ni tan sólo el 30 por ciento de la población catalana, previendo la totalidad de su despliegue para el año 2011. Las circunstancias actuales son completamente distintas. Desde el punto de vista de efectivos policiales se han incrementado los agentes de la Policía Nacional, por un lado, y el despliegue de los Mossos d'Esquadra sí que se está llevando a buen puerto. Se está cubriendo ya más del 60 por ciento de la población y se prevé terminar este despliegue en Barcelona ciudad este mismo noviembre, en 2005, y en la totalidad en el 2008. También desde el punto de vista formal estamos frente a otras circunstancias, redactando un nuevo estatuto de autonomía en el que se hace una reflexión general sobre la distribución de competencias entre Estado y comunidades autónoma, y los que creemos en esta reforma, no como otras intervenciones que se han hecho en esta tribuna, no minusvaloramos este contexto, sí que creemos que es un contexto que cambia las circunstancias.
En segundo lugar, hay previsión de modificación de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hay de hecho el compromiso, mediante el programa electoral del Partido Socialista y también el compromiso directo del presidente del Gobierno, que así lo anunció en su discurso de investidura el 15 de abril al señalar precisamente la necesidad de reforzar las competencias de las policías locales y una mayor coordinación de todas las estructuras policiales del país. Es en ese sentido, como decía, en el que el Ministerio del Interior trabaja ya en el texto de reforma de esta ley.
La proposición de ley que hoy se debate en esta Cámara responde, por tanto, a una motivación puramente política, de exigencia de encontrar soluciones para un tema al que no se le veía salida. Se valoró la urgencia de garantizar la seguridad de los ciudadanos de todas aquellas áreas donde los efectivos policiales iban desapareciendo y sin ser sustituidos por otros. En este caso se valoró que tenía que repensarse el papel de la policía local para cubrir el vacío que se estaba produciendo.
Con respecto al texto de la proposición de ley, no quiero entrar a fondo, ya lo he dicho. Apunto tan solo que jurídicamente no habría impedimento para sacar adelante esta propuesta, el artículo 104.2 de la Constitución permite llevar a cabo la modificación que se propone, ya que tan solo nos remite a la regulación de una ley orgánica sin poner más condicionamientos. Ahora bien, desde la misma oportunidad política por la que se valoró en su día a votar a favor esta proposición de ley en el Parlamento de Cataluña no podemos defender la toma en consideración de esta proposición de ley autonómica. Ha habido un cambio de circunstancias absoluto, desde el punto de vista material, debido, como decía, a las necesidades de seguridad de la ciudadanía, y también desde el punto de vista formal teniendo abierto un debate de fondo sobre la Ley Orgánica que nos ocupa. Estos cambios nos obligan a adaptarnos a ellos. La coherencia política, señor Guinart o señora Sánchez-Camacho, pasa por tener claros los objetivos a alcanzar en beneficio de la sociedad, en este caso la seguridad de la ciudadanía, y tener la capacidad de adaptarse a los cambios que nos ofrece la realidad. No se es más coherente defendiendo la misma posición siempre, sino que la coherencia pasa por saberse adaptar a las nuevas necesidades, lo otro es un simple anclaje en determinados posicionamientos, y si no pregunten a sus alcaldes qué es lo que harían en esta proposición de ley.
Ahora, como apuntaba al inicio de la intervención, lo que se hace necesario es pensar de manera global en el modelo de seguridad que el Gobierno quiere y para ello es preciso modificar la Ley Orgánica en sus. Será entonces, en la reflexión general sobre la modificación de la ley orgánica cuando hablemos del fondo. En cualquier caso parece claro que los Gobiernos de España y Cataluña comparten que hace falta modernizar y reforzar nuestro sistema de seguridad, el sistema policial español. Será vital en este sentido la cooperación en los ámbitos tanto operativos como de inteligencia de todos los cuerpos policiales, estatales, autonómicos y también municipales. Un buen ejemplo de esto es la reunión del Consejo de Política de Seguridad celebrada el pasado 28 de febrero.
Además, otra cuestión a tener en cuenta, y parece que algunos representantes de otros partidos políticos lo desconocen, es que en el ínterin se aprobó la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas de modernización del Gobierno local, que apunta precisamente la reforma en la línea propuesta. En esta norma se prevé ya la potenciación de los Cuerpos de Policía Local en el mantenimiento de la seguridad ciudadana como policía de proximidad. Todo ello, como decía, se abordará con la reforma general de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que próximamente conoceremos en el Congreso. Esa es la manera de poner orden y coherencia a cualquier regulación.