El proyecto de ley que debatimos hoy en el pleno supone un cambio de paradigma, un cambio de concepción de la relación que debe establecerse entre las AAPP y los ciudadanos.
De la regla general de exigencia de autorización previa para todo: por tanto, partiendo de una relación de desconfianza y de proteccionismo
Pasaremos definitivamente a un Estado que se fía de sus ciudadanos, porque los considera parte de él mismo, que les ofrece más libertad y les atribuye responsabilidades y que establece mecanismos de control, potenciando así la inspección posterior del cumplimiento de la ley.
Se establece, pues, una relación más democrática, propia de un Estado de derecho maduro: se da más poder, más libertad y más capacidad de acción a la ciudadanía al mismo tiempo que se le exige, también, una mayor responsabilidad.
Así, la relación entre el triángulo:
Aprobación de normas (por parte del Parlamento)
Cumplimiento de las normas (obligación que ahora recaerá en el ciudadano) y
Control de este cumplimiento (este es el papel reservado para la Administración)
Es una relación más equilibrada, donde la ciudadanía obtiene el protagonismo de uno de sus vértices.
La Administración deja de ser el centro sobre el que pivota toda acción, pasando a ser un instrumento al servicio de la ciudadanía. Es, pues, el ciudadano el centro de la economía y de su dinamización; y el Estado, instrumento favorecedor de esta actividad.
Señoras y señores diputados: hoy debatimos este proyecto de ley en el pleno de la cámara porque como país miembro de la UE se nos exige la trasposición de la directiva antes del 28 de diciembre, pero no solo por eso. Hoy debatimos este proyecto de ley, porque el gobierno y el grupo parlamentario socialista están convencidos de que el futuro de España pasa por la transformación de las AAPP como elemento potenciador de la actividad económica, la mejora de la productividad y como elemento primordial para garantizar la eficiencia y la eficacia de nuestra economía.
Prueba de ello son todas las iniciativas que en la misma dirección el gobierno socialista ha llevado a cabo durante las dos últimas legislaturas. Paradigmática es la ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos que proclamó por primera vez en nuestro país el derecho de los ciudadanos a comunicarse con las AAPP por medios electrónicos, lo que supuso la instauración de una nueva manera de entender las relaciones entre la sociedad y la administración. Se trata, como decía el Ministro Sevilla, de que la información y la documentación fluyan entre las Administraciones en vez de que sea el ciudadano el que vaya de ventanilla en ventanilla moviendo los papeles.
En la misma dirección debemos destacar también el Programa de mejora de la reglamentación, reducción de cargas y simplificación de los procedimientos que supone un avance en la modernización de las AAPP reduciendo los costes administrativos e incidiendo así en el aumento de la competitividad de las empresas. O la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios dando un paso en la consecución de la transparencia, la calidad y la eficiencia en la gestión de los servicios públicos.
Con todo ello, buscamos fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo, también, desde el sector público.
Señorías, el proceso de Modernización de España ha sido imparable durante los 30 años de democracia. Este proceso, permítanme que lo diga, ha estado caracterizado por dos elementos:
por un lado, hacer reformas estructurales, reformas profundas (como la que hoy traemos a debate). Muchas de ellas, así debemos reconocerlo, han venido de Europa, sin duda, un factor determinante para la modernización de un país que salía de 40 años de dictadura y de ausencia de libertades.
por otro lado, todas las reformas estructurales han tenido como hilo conductor la liberalización, la liberalización como factor de potenciación de la competencia, de potenciación y reconocimiento de derechos y libertades.
Este proyecto de ley, conocido como ley paraguas, es una primera fase de la trasposición de la directiva de servicios. Supone el marco general y el establecimiento de los principios básicos sobre los que deberemos desarrollar las futuras modificaciones del ordenamiento jurídico de adaptación a la normativa comunitaria. Así, este proyecto de ley, va a estar complementado por otro proyecto de ley llamado “ómnibus” que aborda las reformas sectoriales de 47 leyes estatales.
ENTRANDO EN EL CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.
Señorías, una de las bases sobre las que se sostiene la construcción de la Unión Europea son las 4 libertades ya aprobadas como tales en el Acta Única Europea de 1986: libertad de circulación de bienes, de capitales, de servicios y de personas. Este proyecto de ley que debatimos hoy aquí supone el avance y la plasmación de una de estas libertades fundamentales: la libertad de establecimiento y la libre prestación de los servicios con el objetivo de establecer un auténtico mercado interior.
El reconocimiento de esta libertad, en ningún caso, supone afectar a ningún otro derecho, ni derechos sociales, ni derecho de los trabajadores, ni derechos lingüísticos, ni derechos fundamentales. Éstos están ya regulados en otras normas de nuestro ordenamiento jurídico.
Para ser gráficos en lo que va a significar esta nueva regulación: si una norma establece que para abrir un taller de reparación de coches debo cumplir medidas sobre recogida del aceite o sobre el tratamiento de residuos tóxicos, ¿por qué hay que dar una licencia que diga que efectivamente se cumplen estas normas? El ciudadano conoce la ley y, por tanto, la debe cumplir. Aquí no hay autorregulación, la regulación existe y todos sabemos que debemos cumplirla. Además, hay después un control posterior por parte de la Administración que nos da seguridad.
Ahora bien, para esto, será necesario que todas las AAPP, las empresas, las organizaciones de consumidores y usuarios trabajemos conjuntamente haciendo un esfuerzo enorme de sistematización, de transparencia y de garantías de lo que se debe cumplir. Sólo así seremos capaces de crear un marco de seguridad que realmente potencie la actividad económica.
En paralelo, hay un eje clave que hay que abordar en serio: la modernización de las AAPP; esto es, simplificación de procedimientos, posibilidad de realizar todos los trámites electrónicamente o eliminación de trabas y barreras procedimentales. Como ya he comentado, tenemos buenos ejemplos en España de medidas en marcha como la red 060 y la creación en el Ministerio de industria de los Puntos de asesoramiento e inicio de tramitación (los llamados PAIT).
Asimismo, para alcanzar el objetivo de potenciación de la economía se suprimen los regímenes de autorización previa y también se suprimen los procedimientos y formalidades onerosos, que obstaculizan la libertad de establecimiento y la creación de nuevas empresas de servicios.
Esta ley va a suponer una pieza clave en pro de la lealtad institucional y la COOPERACIÓN interadministrativa. En primer lugar, una cooperación entre todos los Estados miembros que favorezca la mejora de la calidad de los servicios y la simplificación administrativa, pero también, en segundo lugar, una estrecha cooperación entre las Administraciones españolas. En la medida en que habrá una Administración (una ventanilla única electrónica o de acceso a distancia) responsable frente al ciudadano, más que nunca tendrá que haber un trabajo de colaboración estrecha puertas adentro, una relación de confianza entre AAPP con vocación de servicio.
Finalmente, el proyecto de ley se ocupa de garantizar la calidad de los servicios, comprometiéndose a elaborar políticas que garanticen esta calidad.
SOBRE LAS ENMIENDAS A LA TOTALIDAD PRESENTADAS POR IU Y BNG
Desde el grupo parlamentario socialista pensamos que las enmiendas a la totalidad presentadas no suponen un rechazo de plano de la iniciativa legislativa. No estamos ante la trasposición de la Directiva de Servicios Bolkestien neoliberal, sino ante una trasposición de una directiva Gebhardt socialdemócrata y liberal, que sufrió muchos cambios en la tramitación del Parlamento Europeo gracias al grupo socialista, potenciando la competitividad, pero al mismo tiempo la cohesión social, introduciendo elementos de protección del consumidor, excluyendo varios sectores como el derecho laboral, o eliminando el principio del país de origen. No hay desregulación, sino mejora de la regulación.
Asimismo, tampoco creemos que presentar este proyecto de ley como norma que invade competencias de las CCAA sea ajustado a la realidad. De hecho, las afirmaciones que se recogen son una presunción, casi un prejuicio político diría, a no ser que pensemos que la Unión Europea está invadiendo competencias, debate que escapa a esta intervención.
Por el contrario, se ha sido especialmente riguroso en el establecimiento de las bases, y el proyecto de ley no impide en absoluto que cada administración haga la correspondiente trasposición de acuerdo con sus propias competencias.
Pensamos, por todo lo dicho, que en estas enmiendas a la totalidad que hoy debatimos se plantean temas concretos que seguro pueden ser reconducidos en el trámite de enmiendas parciales.
Para finalizar, desde el grupo parlamentario socialista queremos aprovechar este trámite para:
en primer lugar, expresar nuestra satisfacción con la llegada de este proyecto de ley a la cámara por su contenido ambicioso, las ventajas que inspiran sus principios, que vienen entre otras cosas a reforzar el mercado comunitario, mejorar la productividad, el crecimiento y la competitividad, reducir las cargas administrativas, impulsar la modernización de las administraciones públicas o garantizar una mejor protección de los derechos de los consumidores y usuarios de servicios.
en segundo lugar, mostrar la satisfacción de estar construyendo Europa, una Europa que ha sido capaz de ponerse de acuerdo y que está dispuesta a armonizar sus respectivas legislaciones en esta materia, a cooperar y a colaborar a favor del ciudadano.
en tercer lugar, me gustaría que este trámite sirviera para poner las bases de inicio del trabajo parlamentario, de un proceso legislativo a la búsqueda del máximo consenso entre todos los grupos de la cámara.
y finalmente, para afirmar que estamos seguros de que con el trabajo conjunto y a la luz de todas las enmiendas presentadas, mejoraremos el texto.
Solo me gustaría pedirles a todos los grupos de la cámara que en esta tramitación aparquemos los miedos: el miedo al cambio, el miedo a la libertad y el miedo a la asunción de responsabilidad.
Muchas gracias.
De la regla general de exigencia de autorización previa para todo: por tanto, partiendo de una relación de desconfianza y de proteccionismo
Pasaremos definitivamente a un Estado que se fía de sus ciudadanos, porque los considera parte de él mismo, que les ofrece más libertad y les atribuye responsabilidades y que establece mecanismos de control, potenciando así la inspección posterior del cumplimiento de la ley.
Se establece, pues, una relación más democrática, propia de un Estado de derecho maduro: se da más poder, más libertad y más capacidad de acción a la ciudadanía al mismo tiempo que se le exige, también, una mayor responsabilidad.
Así, la relación entre el triángulo:
Aprobación de normas (por parte del Parlamento)
Cumplimiento de las normas (obligación que ahora recaerá en el ciudadano) y
Control de este cumplimiento (este es el papel reservado para la Administración)
Es una relación más equilibrada, donde la ciudadanía obtiene el protagonismo de uno de sus vértices.
La Administración deja de ser el centro sobre el que pivota toda acción, pasando a ser un instrumento al servicio de la ciudadanía. Es, pues, el ciudadano el centro de la economía y de su dinamización; y el Estado, instrumento favorecedor de esta actividad.
Señoras y señores diputados: hoy debatimos este proyecto de ley en el pleno de la cámara porque como país miembro de la UE se nos exige la trasposición de la directiva antes del 28 de diciembre, pero no solo por eso. Hoy debatimos este proyecto de ley, porque el gobierno y el grupo parlamentario socialista están convencidos de que el futuro de España pasa por la transformación de las AAPP como elemento potenciador de la actividad económica, la mejora de la productividad y como elemento primordial para garantizar la eficiencia y la eficacia de nuestra economía.
Prueba de ello son todas las iniciativas que en la misma dirección el gobierno socialista ha llevado a cabo durante las dos últimas legislaturas. Paradigmática es la ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos que proclamó por primera vez en nuestro país el derecho de los ciudadanos a comunicarse con las AAPP por medios electrónicos, lo que supuso la instauración de una nueva manera de entender las relaciones entre la sociedad y la administración. Se trata, como decía el Ministro Sevilla, de que la información y la documentación fluyan entre las Administraciones en vez de que sea el ciudadano el que vaya de ventanilla en ventanilla moviendo los papeles.
En la misma dirección debemos destacar también el Programa de mejora de la reglamentación, reducción de cargas y simplificación de los procedimientos que supone un avance en la modernización de las AAPP reduciendo los costes administrativos e incidiendo así en el aumento de la competitividad de las empresas. O la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios dando un paso en la consecución de la transparencia, la calidad y la eficiencia en la gestión de los servicios públicos.
Con todo ello, buscamos fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo, también, desde el sector público.
Señorías, el proceso de Modernización de España ha sido imparable durante los 30 años de democracia. Este proceso, permítanme que lo diga, ha estado caracterizado por dos elementos:
por un lado, hacer reformas estructurales, reformas profundas (como la que hoy traemos a debate). Muchas de ellas, así debemos reconocerlo, han venido de Europa, sin duda, un factor determinante para la modernización de un país que salía de 40 años de dictadura y de ausencia de libertades.
por otro lado, todas las reformas estructurales han tenido como hilo conductor la liberalización, la liberalización como factor de potenciación de la competencia, de potenciación y reconocimiento de derechos y libertades.
Este proyecto de ley, conocido como ley paraguas, es una primera fase de la trasposición de la directiva de servicios. Supone el marco general y el establecimiento de los principios básicos sobre los que deberemos desarrollar las futuras modificaciones del ordenamiento jurídico de adaptación a la normativa comunitaria. Así, este proyecto de ley, va a estar complementado por otro proyecto de ley llamado “ómnibus” que aborda las reformas sectoriales de 47 leyes estatales.
ENTRANDO EN EL CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.
Señorías, una de las bases sobre las que se sostiene la construcción de la Unión Europea son las 4 libertades ya aprobadas como tales en el Acta Única Europea de 1986: libertad de circulación de bienes, de capitales, de servicios y de personas. Este proyecto de ley que debatimos hoy aquí supone el avance y la plasmación de una de estas libertades fundamentales: la libertad de establecimiento y la libre prestación de los servicios con el objetivo de establecer un auténtico mercado interior.
El reconocimiento de esta libertad, en ningún caso, supone afectar a ningún otro derecho, ni derechos sociales, ni derecho de los trabajadores, ni derechos lingüísticos, ni derechos fundamentales. Éstos están ya regulados en otras normas de nuestro ordenamiento jurídico.
Para ser gráficos en lo que va a significar esta nueva regulación: si una norma establece que para abrir un taller de reparación de coches debo cumplir medidas sobre recogida del aceite o sobre el tratamiento de residuos tóxicos, ¿por qué hay que dar una licencia que diga que efectivamente se cumplen estas normas? El ciudadano conoce la ley y, por tanto, la debe cumplir. Aquí no hay autorregulación, la regulación existe y todos sabemos que debemos cumplirla. Además, hay después un control posterior por parte de la Administración que nos da seguridad.
Ahora bien, para esto, será necesario que todas las AAPP, las empresas, las organizaciones de consumidores y usuarios trabajemos conjuntamente haciendo un esfuerzo enorme de sistematización, de transparencia y de garantías de lo que se debe cumplir. Sólo así seremos capaces de crear un marco de seguridad que realmente potencie la actividad económica.
En paralelo, hay un eje clave que hay que abordar en serio: la modernización de las AAPP; esto es, simplificación de procedimientos, posibilidad de realizar todos los trámites electrónicamente o eliminación de trabas y barreras procedimentales. Como ya he comentado, tenemos buenos ejemplos en España de medidas en marcha como la red 060 y la creación en el Ministerio de industria de los Puntos de asesoramiento e inicio de tramitación (los llamados PAIT).
Asimismo, para alcanzar el objetivo de potenciación de la economía se suprimen los regímenes de autorización previa y también se suprimen los procedimientos y formalidades onerosos, que obstaculizan la libertad de establecimiento y la creación de nuevas empresas de servicios.
Esta ley va a suponer una pieza clave en pro de la lealtad institucional y la COOPERACIÓN interadministrativa. En primer lugar, una cooperación entre todos los Estados miembros que favorezca la mejora de la calidad de los servicios y la simplificación administrativa, pero también, en segundo lugar, una estrecha cooperación entre las Administraciones españolas. En la medida en que habrá una Administración (una ventanilla única electrónica o de acceso a distancia) responsable frente al ciudadano, más que nunca tendrá que haber un trabajo de colaboración estrecha puertas adentro, una relación de confianza entre AAPP con vocación de servicio.
Finalmente, el proyecto de ley se ocupa de garantizar la calidad de los servicios, comprometiéndose a elaborar políticas que garanticen esta calidad.
SOBRE LAS ENMIENDAS A LA TOTALIDAD PRESENTADAS POR IU Y BNG
Desde el grupo parlamentario socialista pensamos que las enmiendas a la totalidad presentadas no suponen un rechazo de plano de la iniciativa legislativa. No estamos ante la trasposición de la Directiva de Servicios Bolkestien neoliberal, sino ante una trasposición de una directiva Gebhardt socialdemócrata y liberal, que sufrió muchos cambios en la tramitación del Parlamento Europeo gracias al grupo socialista, potenciando la competitividad, pero al mismo tiempo la cohesión social, introduciendo elementos de protección del consumidor, excluyendo varios sectores como el derecho laboral, o eliminando el principio del país de origen. No hay desregulación, sino mejora de la regulación.
Asimismo, tampoco creemos que presentar este proyecto de ley como norma que invade competencias de las CCAA sea ajustado a la realidad. De hecho, las afirmaciones que se recogen son una presunción, casi un prejuicio político diría, a no ser que pensemos que la Unión Europea está invadiendo competencias, debate que escapa a esta intervención.
Por el contrario, se ha sido especialmente riguroso en el establecimiento de las bases, y el proyecto de ley no impide en absoluto que cada administración haga la correspondiente trasposición de acuerdo con sus propias competencias.
Pensamos, por todo lo dicho, que en estas enmiendas a la totalidad que hoy debatimos se plantean temas concretos que seguro pueden ser reconducidos en el trámite de enmiendas parciales.
Para finalizar, desde el grupo parlamentario socialista queremos aprovechar este trámite para:
en primer lugar, expresar nuestra satisfacción con la llegada de este proyecto de ley a la cámara por su contenido ambicioso, las ventajas que inspiran sus principios, que vienen entre otras cosas a reforzar el mercado comunitario, mejorar la productividad, el crecimiento y la competitividad, reducir las cargas administrativas, impulsar la modernización de las administraciones públicas o garantizar una mejor protección de los derechos de los consumidores y usuarios de servicios.
en segundo lugar, mostrar la satisfacción de estar construyendo Europa, una Europa que ha sido capaz de ponerse de acuerdo y que está dispuesta a armonizar sus respectivas legislaciones en esta materia, a cooperar y a colaborar a favor del ciudadano.
en tercer lugar, me gustaría que este trámite sirviera para poner las bases de inicio del trabajo parlamentario, de un proceso legislativo a la búsqueda del máximo consenso entre todos los grupos de la cámara.
y finalmente, para afirmar que estamos seguros de que con el trabajo conjunto y a la luz de todas las enmiendas presentadas, mejoraremos el texto.
Solo me gustaría pedirles a todos los grupos de la cámara que en esta tramitación aparquemos los miedos: el miedo al cambio, el miedo a la libertad y el miedo a la asunción de responsabilidad.
Muchas gracias.
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