Intervención Congreso de los Diputados. Proposición de Ley de Transparencia y Acceso a la información para los ciudadanos.

“Señorías, gobierno abierto, rendición de cuentas, transparencia, participación, mayor acceso a la información pública han pasado de ser conceptos positivos e importantes a ser una exigencia imprescindible para una democracia y una sociedad del siglo XXI. La mejora y la apuesta por una regulación del derecho de acceso a la información pública garantizarán elementos, a nuestro modo de ver, esenciales: más credibilidad para el sector público; hacer que sean mucho más difíciles situaciones de arbitrariedad e incluso de corrupción; ofrecer un marco de mayor libertad para los ciudadanos, cosa que al mismo tiempo ofrecerá que disminuya la desafección y la desconfianza; y un mejor funcionamiento y hábitos de las administraciones públicas, porque saber que su actividad va a ser controlada, transparente, que van a estar trabajando de alguna manera con una ventana abierta cara a la ciudadanía, va a provocar que sean más eficientes, que tengan una mejor y una mayor organización y que estén más incentivados a hacer un buen trabajo

Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos reconocer que no pudimos culminar con la regulación de esta proposición de ley en forma de proyecto de ley, que sí llegó a Consejo de Ministros, pero no por ello queríamos renunciar en este inicio de legislatura a traer un texto que nos parece prioritario, importante y relevante para la coyuntura actual. Presentando esta proposición de ley no pretendemos monopolizar el tema, al contrario; y tampoco pretendemos decir que pueda ser el mejor texto posible, pero pensamos que puede ser un buen elemento, un buen pretexto, para iniciar un debate para que entre todos busquemos las fórmulas más adecuadas. Señorías, hemos elegido esta primera proposición de ley porque, como ya he dicho, nos parece un tema de máxima prioridad y actualidad. Prueba de ello es que muchos gobiernos autonómicos, entre ellos el navarro y el extremeño, o incluso algunos informes importantes de instituciones públicas, como el Sindic de Greuges de Catalunya, han dado máxima prioridad a este tema y han presentado proyectos de ley o informes al respecto. Hemos presentado esta proposición de ley como la primera que queremos debatir en este Pleno porque hemos querido que la primera propuesta del Grupo Parlamentario Socialista sea una propuesta para el consenso, sabiendo que compartimos el objetivo con el resto de grupos parlamentarios, especialmente con el grupo mayoritario de la Cámara, que da soporte el Gobierno.

En tercer lugar, la hemos presentado porque estamos convencidos de que una ley de transparencia y de acceso a la información pública es uno de los grandes saltos cualitativos que nuestra democracia se merece, permitiendo además abordar algunos retos estructurales de nuestra Administración pública, como es la falta de rendición de cuentas o la descoordinación que existe; y en cuarto lugar, porque es una cuestión estrechamente ligada a la crisis económica. Precisamente uno de los peligros que se ha agravado con esta crisis ha sido el distanciamiento que se ha producido entre ciudadanía y política, y esta ley puede ser un instrumento que favorezca de nuevo el acercamiento, la confianza y el compromiso con las instituciones democráticas. Como dice el señor Jáuregui, una nueva ecuación entre política y economía y entre Estado y mercado está por hacer. En ese marco una democracia que no se aleje de los ciudadanos, que no acreciente la sensación de distanciamiento y que haga sentirse al margen a una parte de esta ciudadanía es fundamental, y para ello la transparencia va a ser uno de los instrumentos claves que tenemos en nuestras manos. Señorías, cuando hablamos de la necesidad de transparencia, querría, para profundizar un poco más en las cuestiones de fondo, hacer referencia al Libro Blanco de la gobernanza europea de la Unión Europea que se aprobó en 2001, en el que se decía literalmente que la necesidad de transparencia se producía con un objetivo claro: contribuir a un debate público informado. La idea kantiana del sapere aude, del piensa por ti mismo, requiere acceder la información de manera veraz para así poder hacer un análisis racional sobre cualquier cuestión, y eso conlleva irremediablemente a un ejercicio de responsabilidad; si no implica responsabilidad por parte del ciudadano se corre el peligro de convertirse en un instrumento al servicio del populismo o de la lectura e interpretación morbosa sin más. Esto no sirve ni al objetivo de fortalecer la democracia, que es uno de los que queremos resaltar en esta intervención, ni tampoco al debate público informado; al contrario. Por otro lado, esta nueva regulación implica una concepción en la relación entre administraciones públicas y ciudadanía distinta, en la que la Administración pública se desprende del paternalismo y asume que la información no le pertenece sino que la información pública pertenece a toda la ciudadanía. Está tendrá, es verdad, más información y más libertad, pero también, como decía, más responsabilidad; una responsabilidad que desde nuestro punto de vista deberá ejercerse con un compromiso activo de construir sociedad. Respecto del principal contenido que esta regulación presenta, querría destacar algunos puntos básicos. En primer lugar, apuesta por el principio de máxima publicidad, en el que la Administración pública debe ser proactiva, por tanto ofrecer el máximo de información posible sin necesidad de que el ciudadano se la reclame, y para eso será importante impulsar y desarrollar algunos elementos que ya tenemos aprobados como es la Ley de Acceso Electrónico, las páginas web de los ministerios o las redes 060 y SARA; en segundo lugar, la no exigencia de un interés legítimo por parte del peticionario, cosa que contempla la legislación actual; en tercer lugar, establecer que las excepciones a este derecho de acceso a la información se circunscriban, se limiten estrictamente a las constitucionalmente garantizadas. En este aspecto hemos avanzado mucho, prueba de ello es la Agencia de Protección de Datos que existe en el ámbito estatal y también las distintas agencias de protección de datos de las diferentes comunidades autónomas que vigilan el cumplimiento de esos límites. Ahora lo que debemos hacer es precisamente desarrollar el derecho de acceso a la información. En cuarto lugar, hay que dotar a la Administración pública de infraestructuras internas adecuadas para facilitar ese acceso y para cambiar esta relación con los ciudadanos. Les pondré un ejemplo. Ya hace mucho tiempo que desde el punto de vista legislativo se ha aprobado y se ha explicitado que la Administración no podrá requerir a ningún ciudadano un documento que ya esté en manos de esa misma Administración o de cualquier otra, en cambio no acaba de aplicarse esta normativa. Por tanto hay que dotar de instrumentos a las administraciones públicas para que también pueda haber esa comunicación necesaria, esa coordinación necesaria entre ellas. En quinto lugar, es importante también establecer la gratuidad o el precio de coste en la obtención de la información. Y, por último, seguramente será necesario establecer una autoridad independiente que actúe como garantía de revisión imparcial de la solicitud. Para ir terminando, señor presidente, señorías, quiero poner en valor la buena predisposición que ha mostrado el nuevo Gobierno a continuar participando en la iniciativa internacional del Open Government Partnership liderado por Estados Unidos, Brasil, Noruega, Reino Unido, México, entre otro países, y la predisposición que tiene que ir acompañada por el cumplimiento de algunos requisitos si queremos realmente apostar por esta iniciativa. Los requisitos que se solicitan a España y a todos aquellos países que quieran participar activamente en esta iniciativa son en primer lugar suscribir la declaración sobre Gobierno abierto, en segundo lugar presentar un plan de acción concreto y abierto a consulta pública y, finalmente, aceptar la evaluación externa de las medidas adoptadas. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, queremos mostrar el apoyo para que el Gobierno cumpla con estos requisitos, y creo que sería muy positivo involucrar desde ya a la sociedad civil en esa consulta pública que se prevé. Para terminar, querríamos pedir explícitamente el voto afirmativo a todos los grupos de la Cámara para su tramitación conjunta, en el caso de que llegara el proyecto de ley anunciado por el Gobierno, porque pensamos que compartimos objetivos —compartimos los objetivos que se recogen en esta proposición de ley—, porque es una iniciativa pensada para el consenso y porque sería una buena señal para la ciudadanía darle un mensaje de acuerdo en esta materia. Queremos pedir el voto afirmativo también porque pensamos que es bueno para nuestra democracia y, sobre todo, porque es bueno para acercar las instituciones públicas, el sector público, la política, a la ciudadanía, cosa que a todos nos debería preocupar. Muchas gracias".

La meitat del poder

Aquí us deixo l'article que avui ha sortit publicat a el Periodico i que signem 49 dones socialistes:


En aquests moments tan decisius per al socialisme català, a les portes del XIIè Congrés del PSC, declarem que som feministes perquè som socialistes, i perquè no volem ni podem viure d’esquenes a aquesta màxima que és tan nostra com de totes aquelles persones, dones i homes, que han lluitat per la igualtat de gènere al llarg de la història. El seu llegat és tan valuós que no pot caure en l’oblit, és un pilar ideològic de primer ordre al qual ens devem, tant en la reivindicació com en l’acció.

La nostra és una contribució a la igualtat entre tots els éssers humans, en tots els àmbits. Ho és ara i ho ha estat sempre. Noms imprescindibles per a la lluita pels drets de les dones però també per a l’emancipació de totes les persones com la Clara Zetkin o la Clara Campoamor en són un exemple, com també ho són els de les socialistes Mercè Sala, Marta Mata o Francesca Martin.


La batalla és discursiva, és argumentada, és dialogada, no busca vèncer però sí convèncer. La famosa afirmació de Kate Millet “allò que és personal és polític” dóna sentit a la nostra vocació política, i gràcies a aquesta tradició feminista hem plantejat en el passat qüestions de màxima importància com la vindicació del talent de les dones i de la seva capacitat de lideratge en els àmbits social, polític i econòmic; la necessitat de conciliació de la vida personal i laboral, tant la nostra com la d’ells, i la coresponsabilitat en l’àmbit privat; l’eliminació de la bretxa salarial; la defensa dels drets sexuals i reproductius; i l’eradicació total i definitiva de totes les manifestacions i formes de la violència masclista, entre d’altres. I és cert que hem cercat aliances i complicitats també amb els nostres companys. Per això, volem agrair l’empatia vers la causa que -insistim- ha de continuar essent comuna. Però el feminisme no és conformista, és valent. No volem escudar-nos en eufemismes. Ho diem clar: “La meitat del cel, la meitat de la terra, la meitat del poder”. Només així dones i homes podrem conviure en condicions de plena justícia social.


Ens erigim, doncs, en peu d’igualtat, per recordar que som la meitat i aspirem a una direcció plural, on la cúpula de la comissió executiva es conformi tenint en compte el principi d’equilibri de sexes, entre d’altres. És cert que les quotes ens han donat accés a l’assumpció de responsabilitats, però també s’ha demostrat que no són un instrument que garanteixi completament el repartiment paritari del poder. Per això, és necessari un acord polític que, en el marc del proper congrés, consolidi la democràcia paritària com un dels fonaments ideològics i estratègics del Partit dels Socialistes de Catalunya. Nosaltres jugarem aquest partit.

Signen:


Mònica Almiñana, Maria Badia, Montserrat Badia, Meritxell Batet, Maria Josep Beltran, Sara Berbel, Laia Bonet, Emilia Briones, Mertitxell Cabezón, Montserrat Capdevila, Magda Casamitjana, Rosa Mª Caselles, Cristina Cardenete, Carme Carmona, Carme Chacón, Aintzane Conesa, Tere Cunillera, Isabel Darder, Pilar Diaz, Esperança Esteve, Anna del Frago, Jordina Freixanet, Carme Garcia Lores, Marina Geli, Eva Granados, Mònica Lafuente, Isabel López, Raquel López, Manuela de Madre, Glòria Mans, Núria Marín, Eva Martínez, Rocío Martinez-Sempere, Caterina Mieras, Imma Moraleda, Lourdes Muñoz, Gisela Navarro, Teresa Padrós, Agnès Pardell, Núria Parlón, Josefa Peiró, Iolanda Pineda, Consol Prados, Esther Pujol, Lídia Santos, Núria Segú, Lucia Solis, Montserrat Tura i Núria Ventura.

El personal de la Administración Pública

Para finalizar la serie de post en los que, al hilo del debate organizado por la Asociación de antiguos alumnos del INAP, hemos analizado diversos aspectos relacionados con la Administración Pública, vamos a terminar atendiendo a aspectos relacionados con la convivencia en la Administración de directivos, políticos y altos funcionarios. ¿Ha de articularse mejor esa convivencia? ¿Tiene un efecto positivo sobre la calidad del Gobierno la profesionalidad de la función pública directiva?

Desde luego sí considero que una profesionalización de los titulares de órganos directivos redundaría en una mayor calidad de gobierno.

El principio meritocrático, la idea de selección de los mejores, debe estar presente para los nombramientos en este sector. Asimismo, parece pertinente exigir una motivación, en el sentido de una justificación racional de la decisión de dicho nombramiento, acabando así con la libre designación.

Entre la esfera de la política –reforzado o ayudado por el personal eventual− y la esfera de la gestión pura desarrollada por profesionales seleccionados única y exclusivamente por mérito debe existir un tipo de personal capaz de realizar funciones directivas. Para la elaboración de las políticas públicas que un gobierno quiera llevar a cabo será fundamental la participación de altos funcionarios si queremos que se articule bien (que se adapte a la realidad administrativa) y que se aplique posteriormente bien. Lo normal, por tanto, será que la mayoría de este personal directivo acabe procediendo de la función pública, aunque esa no deba ser una característica establecida como obligatoria.

El EBEP diseña con carácter general y abstracto el régimen jurídico de los directivos públicos, aunque no establece un marco normativo exhaustivo, dadas las propias características de la función, que no son homogéneas en el conjunto de las administraciones ni en los diferentes sectores que la componen.

El EBEP sí enfatiza los dos elementos esenciales para caracterizar este colectivo de manera precisa y rigurosa:

1. no es necesario ser funcionario.
2. configurar la condición de profesionalidad (se rompe con el puesto de libre designación por razones de confianza, que durante tanto tiempo ha imperado en la administración)

Así, la designación queda abierta a personas ajenas a la administración. No se reserva exclusivamente a los funcionarios, pero debe atender a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad en relación con el puesto concreto –esto es, valoración de la experiencia previa y de las habilidades concretas−, debiéndose llevar a cabo por procedimientos de selección competitiva.

Otro de los rasgos esenciales del directivo, recogido en esta norma, es su sujeción a la evaluación de su actividad, con control de sus resultados y la exigencia de responsabilidad por su gestión.

¿Responde Administración Pública en España a las expectativas de los ciudadanos?

Hablar en términos generales es muy complicado porque las encuestas de satisfacción son muy variables según servicios. Hay algunos servicios públicos que están muy bien valorados (p.e: sanidad). Sin embargo detecto dos fenómenos que cada vez se están mostrando más agudamente:

- Los ciudadanos ya no se ven a sí mismos como sujetos pasivos de la acción administrativa, reclaman cada vez con más fuerza una mayor participación en la toma de decisiones y exigen una mayor transparencia en la gestión y una verdadera rendición de cuentas. Cada vez con mayor intensidad son conscientes de su protagonismo como “contribuyentes” y a la vez clientes de los servicios públicos.
También reclaman las mínimas cargas administrativas, una mayor coordinación de las diferentes administraciones competentes que redunde en mayor claridad y facilidad de los trámites que tienen que realizar.

- Cierta deslegitimación de los políticos (y por extensión de los servidores públicos en general), a los que consideran lejanos, influidos por grupos de intereses o preocupados por sus problemas y, en cambio, no preocupados por las “auténticas” exigencias ciudadanas.

Intentar revertir esta tendencia debe ser uno de los objetivos principales de la acción pública en los próximos años

Los principales problemas a los que se enfrenta la Administración Pública en la actualidad (II)

En los debates organizados por la Asociación de antiguos alumnos del INAP también se planteó si tras los sucesivos procesos de modernización abordados en los últimos años y en el actual contexto de crisis económica e institucional era necesaria una nueva reforma de la Administración Pública en España. En caso de que creyésemos esto necesario se nos interpeló sobre deberían ser los principales elementos a tener en cuenta.

No me parece positivo plantearse reformas de gran calado para un contexto económico concreto. Creo que habría que revitalizar las “reformas” cuyas bases legales se aprobaron en la VIII legislatura.

En primer lugar, creo necesario impulsar e implantar el modelo de agencia estatal (ralentizado en los últimos años). Este modelo ha sido el último intento de superar el modelo weberiano de “ejecución burocrática de la ley” e implantar un nuevo modelo de Administración Pública que, más allá de la descentralización funcional, responda a los siguientes criterios:

a) una diferenciación nítida entre la dirección estratégica –nivel político−, que formula los objetivos, y la gestión operativa (función directiva);
b) una financiación de dichas unidades vinculadas al cumplimiento de los objetivos marcados;
c) control dirigido fundamentalmente a la evaluación de sus actividades y al cumplimiento de objetivos.

Esto es, implantar el modelo de Agencia que se caracteriza por la gestión por objetivos, previamente determinados y cuantificados, responsabilización por resultados, mayor nivel de autonomía –con capacidad de decisión sobre los recursos asignados− y reforzamiento de los mecanismos de control.

Vemos pues que no es sólo una cuestión de cambio de nombre, no es una operación cosmética mediante la que se pretende crear un tipo más de organismo público para añadir a la ya rica tipología presente en el paisaje institucional español. La apuesta por las agencias pretende cambiar las bases sobre las que tradicionalmente se ha estructurado la relación entre la instancia de elaboración de políticas y la instancia operativa. Por ello su instrumentación se formula mediante el contrato de gestión.

En este contrato se determinan los compromisos que asume la Agencia y los medios necesarios para cumplirlos; refleja el equilibrio entre las dos notas características del modelo organizativo: autonomía y responsabilidad. El contrato de gestión ha de contener: i) los objetivos, y los resultados que se han de obtener; ii) planes para desarrollar los objetivos con marcos temporales, y los proyectos que se han de desarrollar: iii) indicadores para evaluar los resultados obtenidos; iv) los efectos asociados al cumplimiento de objetivos así como los mecanismos que permitan la exigencia de responsabilidad.

La autonomía de gestión se manifiesta fundamentalmente en la gestión del personal -selección y remuneraciones- en el régimen presupuestario –carácter limitativo de la cuantía total y estimativo en su distribución interna−, y en el sistema de control –modelo de auditoría y no de control previo−.

Además la implantación de este modelo potenciará la evaluación de las políticas públicas y de los servicios públicos y el sistema de rendición de cuentas.

En segundo lugar, el desarrollo de aquellos aspectos del EBEP que tienen como finalidad fundamental una “optimización” de los recursos humanos existentes, la motivación del personal, la mejora de los objetivos asignados a cada organización, o lo que en definitiva podemos denominar “el compromiso del servidor público con la res pública”.

Vaya por delante el reconocimiento que los aspectos más novedosos del EBEP no se han implantado, en parte por la falta de la legislación de desarrollo tanto estatal como autonómica.

Para ello considero necesario hacer hincapié en algunos de estos aspectos más novedosos:

o Mejorar los sistemas de acceso a la función pública, adecuando el contenido de las pruebas selectivas y de los cursos y periodos de prácticas a las funciones que se han de desempeñar.
o Generalizar la evaluación del desempeño que será el criterio determinante para la carrera administrativa, la provisión de puestos de trabajo y la promoción interna. Determinará asimismo una parte sustancial de las retribuciones variables y será un instrumento esencial para el mantenimiento del puesto de trabajo e incluso de la condición de funcionario público.
o Implantar con carácter general de la carrera administrativa, incidiendo en la carrera horizontal como sistema de incentivación del funcionario sin necesidad de hipertrofiar la estructura administrativa.
o Profesionalizar la “función directiva pública”.

En tercer lugar, una mayor coordinación y cooperación entre las administraciones públicas, incluida la europea. La cooperación interadministrativa es un clamor. Eso permitiría al mismo tiempo su simplificación y su modernización. Se han hecho cosas importantes como la ley de acceso electrónico o el plan de reducción de cargas, pero sin duda queda mucho por hacer. Conseguir la lealtad institucional y aparcar la desconfianza entre las AAPP será uno de los elementos que más avances pueden aportar en esta dirección.

En cuarto lugar, la mejora de la administración electrónica y dar el paso a la Administración y Gobierno abierto. Para ello es imprescindible aplicar en toda su extensión la ley de acceso electrónico por parte de todas las AAPP, así como las leyes que transponen la directiva de servicios, las que conocemos como ley paraguas y ley ómnibus. Hay que aprovechar que ello sirva para cambiar las organizaciones y los procedimientos, porque lo que hay detrás es un cambio de paradigma, un cambio en la concepción de la relación que debe establecerse entre las AAPP y los ciudadanos. Podría decir que incluso es una relación más democrática. Me explico. La administración se desprende del paternalismo y la desconfianza hacia el ciudadano, otorgándole mayor libertad mediante menor control previo, cosa que acarrea necesariamente la asunción de más responsabilidad por parte del ciudadano. La proximidad y la transparencia que puede facilitar un gobierno abierto facilita la acción política y administrativa y eso hay que saber aprovecharlo.

En quinto lugar, hacer mención expresa de la necesidad de una Ley de transparencia y acceso a la información pública, cuyos principios generales básicos querría mencionar:

- Máxima publicidad (transparencia activa)
- Régimen de excepciones (que debe limitarse a los constitucionalmente establecidos)
- Ausencia de un interés legítimo
- Dotarse de infraestructuras internas adecuadas para facilitar el acceso a la información
- Órgano de garantía del cumplimiento de este derecho al acceso a la información
- Gratuidad o precio de coste en la obtención de la información

Los principales problemas a los que se enfrenta la Administración Pública en la actualidad

Otra de las cuestiones surgidas en el debate organizado por la Asociación de antiguos alumnos del INAP tiene que ver con los principales problemas a los que se enfrenta la Administración Pública en la actualidad.

Distinguiría entre los problemas de la Administración Pública derivados directamente de la actual crisis económica, y en concreto de la necesidad de reducción del déficit público, y aquellos otros de un carácter más estructural.

En todo caso hay uno que sobrevuela transversalmente y es la necesidad de revalorizar “lo público”. La desafección y el distanciamiento de la ciudadanía de los políticos pueden dar un salto adelante irreversible que es la desafección con la Política en sentido amplio. Para ello será fundamental que todos los que nos movemos en el sector público hagamos un esfuerzo de diálogo, de respeto y valoración mutua para sumar. No tiene sentido alimentar las reticencias o desconfianzas que puedan existir entre los empleados públicos y los políticos.

Adicionalmente creo que hay tres elementos que deberíamos enfatizar para mejorar esta relación con los ciudadanos:

Racionalidad: tratarlos de igual a igual, haciendo que la máxima kantiana de la lucha emancipadora para que los hombres alcancen una mayoría de edad crítica y autoconsciente sea interiorizada por el sector público. Huir del pim-pam-pum y la mercadotecnia.

Participación, como sinónimo de implicación y corresponsabilidad.

Desarrollo del vector republicano, de manera que el ciudadano se sienta implicado en la construcción de lo colectivo, más allá del desarrollo de los derechos individuales.

Entre los retos derivados de la actual crisis económica (o no) destaco los siguientes:

- Falta de recursos apropiados para llevar a cabo las políticas públicas que se quiere. (Cabría hablar en profundidad de: sistema fiscal, lucha contra el fraude y la corrupción).

- riesgo de privatización de la gestión de servicios públicos, fundamentalmente aquéllos que constituyen el núcleo duro del Estado de Bienestar, a partir del falso “dogma” de una mayor eficiencia de la gestión privada.

- pérdida de la consideración de la Administración como un elemento de cohesión social y consecuente falta de apoyo ciudadano.

- desmotivación de los empleados públicos causada tanto por unas menores perspectivas de progreso en su carrera profesional como por la reducción de sus retribuciones.

- desincentivación de posibles candidatos al acceso a la función pública como consecuencia de las exiguas ofertas de empleo público, lo que puede llevar también a un envejecimiento y descapitalización de la Administración si la situación de reducción de las ofertas de empleo público se mantiene largo tiempo.

En cuanto a los retos estructurales destaco:

- una falta de flexibilidad en la gestión administrativa, o lo que es lo mismo, la ausencia de criterios gerenciales.

- las deficiencias en cuanto a transparencia en la toma de decisiones y en la gestión,

- falta de rendición de cuentas de los administradores a los ciudadanos.

- determinadas descoordinaciones entre los cuatro niveles de administración pública (europea, española, autonómica y local)

- resolver bien la carrera funcionarial, potenciando la promoción horizontal como una vía de incentivación

- poner énfasis en la formación que permita adaptarse a los cambios de los nuevos tiempos. Se puede avanzar mucho legislativamente, pero después hay que pasar de lo jurídico a lo real y ese paso acostumbra a ser más difícil.

¿La Administración Pública española está sobredimensionada?

En el marco de un debate organizado por la Asociación de antiguos alumnos del INAP se nos permitió reflexionar sobre cuestiones de fondo absolutamente necesarias para las Administraciones Públicas y el futuro del sector público en general en nuestro país. Voy a ir colgando algunas de las cuestiones principales que se suscitaron. Hoy publico la primera de ellas, sobre la "dimensión" que una administración debe tener.

Para determinar si la administración está sobredimensionada, teniendo en cuenta que este término tiene una connotación comparativa, me plantearía dos cuestiones adicionales: a) comparada con qué y; b) para hacer qué. Si somos capaces de responder a estas preguntas podremos llegar a una conclusión.

Respecto a la sobredimensión comparada con otros países. Si nos atenemos a los datos del Registro de Personal que no incluyen trabajadores de sociedades estatales (como ya señaló el profesor Villoria) y a indicadores cuantitativos como son los porcentajes de empleo público sobre población ocupada y sobre población en general, observamos que España, en cuanto al tamaño del empleo público, es un país intermedio entre los desarrollados, que se sitúa por debajo de la media de la OCDE. Dicho de otra manera, hay países de nuestro entorno con más empleados públicos porcentualmente, por ejemplo: Francia, Reino Unido, Italia o Suecia, entre otros.

Diferente es que pueda existir sobredimensión de estructuras administrativas o duplicidad de organismos públicos pertenecientes a la misma o distinta administración realizando las mismas funciones o prestando similares servicios públicos. También cabría hacer un análisis sobre la eficiencia y la eficacia en la prestación de los servicios. Obviamente ya no estaríamos hablando de reducción de la Administración, sino de racionalización y reordenación.

En cualquier caso, sí creo conveniente un análisis riguroso y amplio sobre las diferentes administraciones públicas en España –estatal, autonómica y local− que permitiera tener una “fotografía” del número de estructuras, sus funciones, empleados públicos adscritos a cada una de ellas, etc. Serviría como base para cualquier racionalización o reordenación de funciones incluida la solución de eventuales duplicidades, racionalización de funciones de la que se podría derivar la reestructuración organizativa. En este sentido, quiero recordar que la Agencia de Evaluación de Políticas y Servicios Públicos está realizando un estudio que, a mi juicio, servirá para adoptar decisiones tanto de organización como de funcionamiento en las Administraciones Públicas.

En segundo lugar, habría que plantearse para qué queremos la Administración Pública. La dimensión de cualquier administración es cuestión también de valoración política e ideológica, esto es, del papel que se quiera otorgar al sector público como proveedor de servicios; qué servicios se quieren prestar y de qué modo se quiere hacer, así como considerarla elemento de cohesión social y garante de los derechos y libertades de los ciudadanos.

No creo que tenga sentido decir: sobran profesores o abogados del estado o policías. Dependerá de la configuración que queramos hacer de estos servicios públicos.

Por poner un ejemplo: con la aplicación de las leyes que transpusieron la directiva de servicios donde la regla general de autorización previa desaparece sería conveniente, quizás, que el servicio de licencias pasara progresivamente a inspectores de trabajo o inspectores de cada servicio

La immersió lingüística a l’escola és la millor garantia per al bilingüisme real

El Congrés dels Diputats avala avui el model català a l’escola

El Congrés aprova avui una iniciativa pactada pel PSC que avala el model d’immersió lingüística vigent en l’educació a Catalunya. La immersió és el model pel que va apostar Catalunya per unanimitat ja l’any 1983. És “curiós” que ara aquesta unanimitat es trenqui per part del PP o s’intenti ideologitzar un tema que no és ideològic. Els termes en els quals ens hem d’aproximar a aquesta qüestió són els pedagògics i els socials, els mateixos arguments que els socialistes que vam utilitzar des del primer moment per defensar aquest model.

El model d’immersió lingüística actual permet la cohesió social, no la segregació, i promou la igualtat d’oportunitats real, on no hi hagi diferència entre els que només parlen castellà i els que sí que han tingut accés a la llengua catalana i que per tant, són competents en ambdues llengües. És un model que garanteix el bilingüisme real: tots els nens i totes les nenes de Catalunya parlen, entenen, llegeixen i es poden relacionar tant en català com en castellà quan finalitzen els seus estudis. Aquest és el bilingüisme real, el que garanteix la llibertat de l’alumnat en el futur. El coneixement farà més lliures als ciutadans i ciutadanes de Catalunya del futur i aquest és el model educatiu que millor ho garanteix: això ho mostren els resultats i el reconeixement internacional obtinguts.

LA IMPORTANCIA DE PRESERVAR DERECHOS FUNDAMENTALES

Tener un buen debate de fondo, casi de historia política y democrática son oportunidades que no se dan tanto en sede parlamentaria. Este, por ejemplo, es un buen debate para hablar de Libertad positiva y Libertad negativa de los ciudadanos, entendida, esta última como la disposición de espacios personales donde el Estado no puede acceder y los límites, por tanto, a los que también los poderes públicos están sometidos. No hace falta que destaquemos en esta cámara la importancia de ello, asociándolo al reconocimiento de un catálogo de derechos fundamentales con el máximo de garantías y protección.

Uno de esos derechos en nuestra Constitución es el derecho a la intimidad, reconocido en el artículo 18 y en cierto modo una excepción que contempla nuestro ordenamiento jurídico a este derecho es la existencia precisamente del Padrón municipal donde constan los datos de todos los vecinos de un municipio. Es un elemento que se ha mostrado absolutamente necesario para:

- Acreditar la residencia habitual.
- Conocer el número de vecinos de un municipio.
- Conocer la participación en los tributos de un ayuntamiento dado que está basada en el número de habitantes.
- Calcular el número de concejales a las elecciones locales o
- Establecer los Servicios mínimos a prestar por los Ayuntamientos y, por tanto, poder dimensionar correctamente los servicios públicos que deben ofrecer.

Por ello se contempla la obligatoriedad de inscripción en el Padrón, porque es fundamental para los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía. Ahora bien, con la conciencia de excepcionalidad y teniendo muy bien definidas cuales son sus funciones se concibe también con muchas limitaciones:

· Solo tiene acceso a él la Administración Municipal y las otras Administraciones Públicas cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o domicilio sean relevantes o para efectos estadísticos (como puede ser el censo electoral). Es decir, que el padrón no ha sido diseñado, en ningún caso, para que accedan particulares.
· En segundo lugar, se recoge la regla general de la necesidad de consentimiento previo del interesado y solo excepcionalmente se pueden ceder datos sin ese consentimiento.

Me permitirán una reflexión previa antes de entrar en el contenido de la proposición de ley. Seguramente fue en 1890 la primera vez que se escribía sobre este “nuevo” derecho a la intimidad “The right to be let alone”. Warren y Brandeis introdujeron la necesidad de la privacidad y a partir de entonces la lucha por ella ha sido clave en la evolución de las sociedades democráticas. Por otro lado, muy anteriores son los primeros censos que conocemos y que se dieron, por ejemplo en el Egipto de los faraones o en la China de la dinastía Han donde se contó ya, hace unos 4.000 años, el número de habitantes.

Más recientemente, en 1967 se constituyó en el seno del Consejo de Europa una Comisión Consultiva de la que surgió la Resolución 509 “Sobre los Derechos Humanos y los nuevos logros científicos y técnicos”. Creo que no es exagerado afirmar que esta Resolución fue el detonante de la legislación que desde entonces ha ido desarrollando Europa en materia de protección de datos.

En este sentido, nos podríamos detener en la jurisprudencia del TEDH en la que considera indisoluble el derecho a la intimidad con el derecho a la protección de datos. Asimismo, quiero destacar el artículo 8 del CEDH porque ya su propia redacción nos indica como principal objetivo garantizar este derecho frente a los poderes públicos (en tanto que tenedores de información privilegiada) dando por supuesto que, por inaccesible, la intimidad ante otros particulares está garantizada.

Con todo lo expuesto no quería otra cosa que mostrar a la cámara y a la ciudadanía que no estamos hablando de una reforma menor, ni de una cuestión colateral de nuestro ordenamiento jurídico, sino de la columna vertebral de la configuración de un estado democrático de derecho, del catálogo de derechos fundamentales que todas las sociedades abiertas han tenido y siguen teniendo reconocidos, donde lo que está en juego es la dignidad de las personas.

Quizás está muy bien que tengamos 24 horas de Gran Hermano en TV (ese, en todo caso, sería otro debate), pero sería intolerable para todos el Gran hermano de Orwell que las administraciones públicas −en lo que calificaríamos de abuso de poder− aprovechara información nuestra para usos fuera de los tasados legalmente. Pero mucho peor sería poner a disposición de un particular esos datos. Abrir esa puerta no es una decisión que debamos tomar a la ligera.

La Proposición de Ley que hoy tratamos tiene por objeto reconocer a los propietarios de inmuebles el acceso a los datos del Padrón Municipal y ello con el objetivo de poder conocer las personas empadronadas en el mismo y controlar así el cumplimiento de los contratos de arrendamiento que hayan celebrado.

La intención del grupo catalán parece estar orientada a aumentar la protección y la seguridad de los propietarios que hayan decidido alquilar una vivienda.

Creemos que el objetivo es loable pero desproporcionado, porque se violarían datos protegidos del arrendatario.

Estamos pues ante una proposición de ley que queriendo arreglar un problema, que no negamos, se plantea cambiar las reglas del juego respecto a la protección de un derecho fundamental: el grupo parlamentario socialista considera errar la vía en la búsqueda de una solución.

Además, como ya he dicho, nos parece desproporcionado que para velar por el cumplimiento de un contrato entre privados se conculque o se cercene un derecho fundamental. Sería tanto como decir que aquellos que tienen propiedad tienen derecho a la intimidad, mientras que cualquiera que tiene un piso de alquiler su derecho a la intimidad es menor. No parece que una graduación de este tipo cuando se trata de en un derecho fundamental se justifique.

Pero es que además, el voto del grupo socialista será negativo a la toma en consideración de esta proposición de ley no solo por estas cuestiones de fondo: técnico-jurídicas, de concepción profunda del estado democrático y del imperio de ley, sino porque además estamos convencidos de que no ofrece solución al problema que se pretende abordar.

Señorías, utilizar el padrón municipal para otros objetivos más allá de los determinados hasta el momento puede tener consecuencias imprevisibles. No voy a detenerme en futuribles ni en disquisiciones sobre cosas que desconocemos, pero permítanme apuntar simplemente una reflexión que todos ustedes comprenderán.

Cualquier persona que sepa que el padrón puede ser utilizado por un particular, aunque sea simplemente para denunciar un contrato de arrendamiento el efecto que provocará inmediatamente es que los empadronamientos bajarán, que no el problema de fondo que se pretende solucionar.

Por todo ello pensamos que el análisis de la problemática existente, no la podemos abordar a través de esta proposición de ley,

. porque no es un instrumento válido para atajar ese problema
. porque el derecho a la propiedad, que defendemos sin fisuras, no puede prevalecer sobre un derecho fundamental, que es lo que CiU nos propone en esta iniciativa
. y porque supone cuestionar un sistema de garantías consolidado y necesario para preservar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, de todos los ciudadanos por igual.

ESTATUTO AVANZADO MARRUECOS-UNIÓN EUROPEA. Fundació Campalans, 5 de noviembre de 2010.

El Estatuto Avanzado que nace en octubre de 2008 es el embrión programático de un nuevo marco jurídico e institucional entre la UE y Marruecos, un instrumento para contribuir a la profundización de las relaciones entre ambos, sin convertirse en miembro propiamente de la UE.

El EA es un objetivo político a alcanzar, formulado como una declaración de voluntad, de intenciones de ambas partes de conseguir esos objetivos, pero carente de valor jurídico.

En esta dirección hay tres planos que quería destacara como introducción porque creo que nos interesan especialmente:

1. Papel de España como actor promotor de esta iniciativa en el seno de la UE:

España tiene el reto de consolidar ante la UE, pero muy especialmente ante Marruecos su papel de puente. Está claro que España tiene un interés especial por la cooperación en materia de seguridad y el control de flujos migratorios, debido, sobre todo, a la presión sobre las fronteras de Ceuta y Melilla. Aún así, los intereses comerciales y económicos en general también tienen un papel protagonista, así como el interés por el desarrollo de este país.

En este sentido, cabe destacar la Cumbre en Granada los días 6 y 7 de marzo de 2010 durante la presidencia española de la UE. Esta fue la primera cumbre con un país del sur del Mediterráneo y el primer país árabe que tiene una cumbre con la UE. Fue una magnífica ocasión para subrayar el compromiso de la UE a favor de la cooperación multilateral, encarnada hoy por la Unión por el Mediterráneo.

En esta cumbre se trataron muchos temas, (¿quizás demasiados?) principalmente enmarcados en los ejes de la democratización y el buen gobierno económico, la modernización y la cohesión social de Marruecos, así como el abordar los grandes desafíos globales, en los que inevitablemente, si queremos resultados, habrá que trabajar conjuntamente: el cambio climático, la crisis económica y financiera o las migraciones, por citar algunos aspectos.

Cabe destacar también que en paralelo se celebró la primera Cumbre Empresarial UE-Marruecos, auspiciada por el Ministerio de Exteriores, la Junta de Andalucía, Casa Árabe, al Confederación de empresarios de Andalucía y la Confederación General de empresarios de Marruecos.

Por tanto, España tiene que asumir la responsabilidad y el peso del impulso de este EA en el marco de la UE.


2. El estatuto avanzado supone un referente que puede ser interesante para otros países del sur y del este del Mediterráneo.

El éxito del estatuto avanzado sin duda provocará que otros estados vean con buenos ojos estrechar sus relaciones con la UE alcanzando una mayor integración y esa es una excelente oportunidad para que la UE consiga que estos estados lleven a cabo reformas institucionales y políticas más ambiciosas, donde la construcción de un Estado de Derecho y la protección de los DDHH deben estar en el frontispicio.

También es cierto que este trato diferenciado y “privilegiado” con Marruecos puede tener una lectura negativa por parte de los otros países del Magreb. ¿Cómo hay que trabajar para que surja una competición positiva entre ellos y no negativa, que acabe debilitando la Unión del Magreb Árabe?

3. Y en tercer lugar, lo más importante, es fundamental el Impacto interno que puede tener para la vida política y económica de Marruecos que puede también beneficiarse, al fin y al cabo, de la política de cohesión de la UE.

Ello ha de concretarse en acciones y avances determinados.


EL CAMINO HECHO

He hablado de la Cumbre celebrada en Granada el pasado mes de marzo, pero esta cumbre supone un paso más de un proceso de acercamiento entre Marruecos y la UE que viene de lejos. Por destacar los principales (no únicos) logros alcanzados:

1960 inicio de las relaciones diplomáticas entre CEE y Marruecos
1969 acuerdo comercial
1976 primer acuerdo de cooperación
1996 acuerdo de asociación, en vigor desde el 1 de marzo de 2000
2005-2010 Plan de acción de la política europea de vecindad que engarza y se refuerza con la Unión para el Mediterráneo. Este año justamente hay que renovar este Plan de Acción de Vecindad y es una oportunidad para establecer buenas bases en todos los sentidos para avanzar en la buena dirección.


CENTRARNOS EN EL FUTURO

Estamos en la mesa redonda que se va a ocupar de abordar las implicaciones económicas que para Marruecos tiene, ha tenido y sobre todo, puede tener el estatuto avanzado. Sin duda, esta dimensión económico-financiera y social es la de mayor calado.

En el capítulo económico financiero se establecen que las acciones conjuntas se centrarán en 4 ejes:

1. la adaptación de la legislación marroquí a las normas europeas (al acervo comunitario)
2.realizar un Acuerdo de libre cambio global y profundo, en el sentido que ya he apuntado
3.establecer una cooperación económica y social fluida
4.la Adhesión de Marruecos a las redes e infraestructuras transeuropeas de transporte y la cooperación sectorial en áreas como la energía, las tecnologías de la información y la comunicación, la agricultura, la pesca, las minas, el medio ambiente o el agua.

(1) Con la adaptación de la legislación marroquí a las normas europeas se pretende facilitar la integración de Marruecos en el mercado interior de la Unión. Además, se considera que contribuirá a estimular las reformas estructurales, el crecimiento económico y al mismo tiempo reducirá la pobreza y desarrollará la cohesión social y el empleo. Constituye pues un objetivo ambicioso que se desarrollará incorporando progresivamente el acervo comunitario a través de un mecanismo conjunto que sistematizará el encaje legislativo en todos los sectores.

(2) Un Acuerdo de Libre Comercio permitirá la libre circulación de mercancías, servicios y la presencia temporal de personas físicas con fines profesionales.

Las negociaciones actuales se centran en la liberalización del comercio de servicios y productos agrícolas, así como el derecho de establecimiento.

NOTA: tengamos en cuneta que los propios EEMM de la UE han tardado años en aprobar la directiva de servicios y a duras penas los 27 hemos realizado la transposición de esta directiva. En España se hizo principalmente a través de dos leyes conocidas como; la ley paraguas (donde se establecían los principios generales) y la ley ómnibus (de modificación de más de 40 leyes sectoriales)

En relación al futuro inmediato, las nuevas negociaciones se desarrollarán considerando las sensibilidades de los sectores económicos afectados e incluirán el intercambio de productos industriales, movimientos de capitales y patentes, medidas sanitarias y fitosanitarias, derechos de propiedad intelectual, protección del consumidor y aspectos medioambientales, entre otros.

(3) En el eje de la cooperación económica y social, se ha sugerido un grupo de trabajo compuesto por representantes de la patronal y emprendedores de la UE y Marruecos que ayude a detectar cualquier obstáculo. Se establece trabajar además en la normalización y reglamentación técnica y en la propiedad industrial. La intención de las medidas de este eje se orientan a facilitar las inversiones (para lo que la seguridad jurídica será primordial).

También se ha abierto un diálogo sobre empleo, trabajo y asuntos sociales que contempla la igualdad de géneros, adaptación de cualificaciones o el trabajo infantil.

(4) El último eje de actuación es la adhesión de Marruecos a las redes e infraestructuras transeuropeas de transporte y la cooperación sectorial en áreas como la energía, las tecnologías de la información y la comunicación, la agricultura, la pesca, las minas, el medio ambiente o el agua.

Como iniciativas más relevantes, se ha confirmado la voluntad de ambas partes de cooperar para mejorar las conexiones por todos los medios de transporte otorgando a Marruecos un estatus que les permita tomar parte en las decisiones y aproximando las reglamentaciones. Por ejemplo, el “Cielo Único”, las “Autopistas del Mar” o la posibilidad de construir una vía de alta velocidad sobre el estrecho de Gibraltar. También hay compromisos para reforzar la perspectiva medioambiental en las leyes marroquíes, la preservación de la calidad del agua, o la modernización de su agricultura en tanto que emplea a un 40% de la población activa.

Habiendo apuntado someramente las previsiones del EA en materia económica querría lanzar algunas preguntas para el debate.


ALGUNAS PREGUNTAS QUE TODAVÍA NO TIENEN RESPUESTA

¿Todos estos avances en materia económica serán sostenibles en el tiempo sin una auténtica democracia en Marruecos?

Lo digo porque el EA no incluye ningún tipo de condicionalidad democrática ni sobre la cuestión del Sáhara Occidental. De esta manera, se ha perdido la posibilidad de ejercer presión y exigir reformas a cambio de la concesión de un estatuto diferenciado en comparación con todo el Magreb y de recibir financiación. ¿Se trata realmente de una ocasión perdida o creen que el crecimiento y desarrollo de la sociedad y la economía alauí ejercerán por si solos de palanca de cambio hacia la democratización?

A pesar de los avances registrados en inversiones extranjeras, la inseguridad jurídica y la corrupción siguen siendo obstáculos importantes. Por ejemplo, Marruecos descendió 9 puestos en el índice de percepción de la Corrupción 2009 (puesto 89ª). ¿Los escollos de la inseguridad jurídica y de la corrupción pueden acabar debilitando este trayecto iniciado?

Más allá de los discursos es patente que la UE ha tratado los países del norte de África por separado y de manera diferenciada, nunca a nivel regional a través de la Unión del Magreb Árabe (UMA). ¿Creen que el modelo aplicado con Marruecos se convertirá en un modelo a imitar en el norte de África, es decir que generará una competencia beneficiosa entre países, o se tratará de una competición negativa contraria a la revitalización del UMA?

Una generalización de relaciones especiales ¿Desincentivará las reformas en regímenes inmovilistas? ¿Las políticas multilaterales continuarán teniendo sentido? ¿Cómo conjugaremos todas estas acciones que funcionan en paralelo?

SOLIDARIDAD Y COMPROMISO: ÁFRICA COMO PRIORIDAD

Por razones históricas (y seguramente justificadas) la África subsahariana no había sido una prioridad en la política exterior española. Nuestra relación especial con Iberoamérica y con los países Mediterráneos de la ribera sur parecía que centraban la acción exterior y de cooperación.

Sin dejar de lado en absoluto estas regiones, los gobiernos socialistas han tenido la voluntad de conceder a África una atención preferente.

Un primer paso importante fue la creación de la Casa África, resultado del primer Plan África 2006-2008, que supuso poder gozar de un instrumento esencial en la nueva política exterior española hacia el continente vecino. Un espacio abierto y global, por el que las respectivas sociedades civiles de España y de los países africanos puedan mejorar su conocimiento recíproco. Es importante, en este sentido, que no tengamos la concepción exclusiva de aportar cosas, sino que tengamos la humildad suficiente de pensar que también podemos aprender mucho, porque así es.

El II Plan África, aprobado para el período 2009-2012, implica un compromiso cumplido e incide en tres grandes ámbitos:

. El respeto de los derechos humanos,
. La promoción de la igualdad de género y
. La sostenibilidad medioambiental.

A estos ámbitos se unen, evidentemente, los objetivos generales como son:

. el apoyo a los procesos de consolidación de la democracia
. la construcción de la paz y la seguridad en África,
. la contribución a la lucha contra la pobreza o
. la promoción de las relaciones comerciales entre España y África y el desarrollo económico africano.

Está bien tener objetivos y tener un horizonte ambicioso trazado, porque es la única manera de avanzar, pero seamos también honestos con nosotros mismos: hablar de África hoy sigue siendo hablar en primer lugar y como prioridad absoluta de la lucha contra la pobreza y del desarrollo humano y sostenible, en definitiva, de la necesidad de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por Naciones Unidas.

Querría destacar, en todo caso, algunos datos que muestran este vuelco de la política exterior de nuestro país hacia África en algunos ejes concretos:

Las cifras de la Ayuda Oficial al Desarrollo reflejan el incremento progresivo y constante de los recursos destinados a nuestros vecinos: por ejemplo, de una media anual de 150 millones de 2000 a 2004, pasamos en 2007 a 1190 millones de euros.

El incremento exponencial de acuerdos bilaterales de protección recíproca de inversiones, fomentando las misiones comerciales y la participación en reuniones y foros, impulsando iniciativas y planes desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, como el Plan África de Infraestructuras o el Plan de impulso a la actividad empresarial en África Subsahariana.

En tercer lugar, nuestra presencia institucional se ha visto incrementada sustancialmente con seis nuevas embajadas, cinco de ellas en África occidental y otra en Sudán. Del mismo modo, se han creado representaciones en Gambia y en Liberia, y un consulado general en Dakar. Paralelamente, se ha impulsado la creación de nuevas oficinas técnicas de cooperación, consejerías económicas y comerciales y agregadurías sectoriales de los ministerios de Interior, Defensa y Trabajo y Asuntos Sociales, con el objetivo de reforzar el despliegue ya existente.

El compromiso de España con la paz y la seguridad en el continente ha sido especialmente notable en el Cuerno de África, región en la que España se ha comprometido con la estabilización de Somalia. Cabe destacar la participación de la armada española en la operación de lucha contra la piratería en el Océano Índico, lo que conocemos como Operación ATALANTA.

Sin duda, la vecindad y sobre todo los futuros retos globales han marcado la determinación del gobierno de España de dejar de mirar por el rabillo del ojo y mirar de frente al continente africano.

Hay intereses y objetivos imposibles de alcanzar si no es con mayor trabajo conjunto, buscando la cooperación y la coordinación de todos los países desarrollados. Se ha dicho en esta cámara en distintos debates cómo ha cambiado la dimensión de los problemas. Estaremos todos de acuerdo en que la promoción y la protección de los intereses comunes han pasado a ser algo que debe abordarse de manera global, porque los Estados individualmente cada vez tenemos menos peso, conseguir:

. La paz y la seguridad
. El respeto a los derechos humanos
. La calidad ambiental
. Un crecimiento económico equitativo
. Una estabilidad económica y financiera
. La justicia internacional,
. Un control de los flujos migratorios o
. El derecho a la alimentación y a recursos básicos como el agua o la energía para todas las personas del planeta

No son cuestiones que podamos abordar por separado, ni siquiera países de la dimensión de EEUU, sino que apremia el trabajo conjunto, en unidad de acción, apremia, en definitiva, el trabajo multilateral.

La Presidencia de turno española, así como la belga y la húngara, en el marco del trío de presidencias, se han concebido como una oportunidad más para reforzar las relaciones mutuas y para profundizar en los desafíos de la UE en África. Para ello, España ha liderado el diálogo político Unión Europea-África en el marco del Acuerdo de Cotonou. El papel de nuestro país va a ser importante para la preparación de la III Cumbre Unión Europea-África que tendrá lugar a finales de 2010.

Este es el reto más inmediato que tenemos por delante.

Es necesario, para concluir, situar a África en los debates parlamentarios y en consecuencia, en un tema importante para los españoles, porque lo es bajo muchos puntos de vista. Esta iniciativa tenía, este objetivo.

DEBAT SOBRE EL FUTUR DE LES ESQUERRES I LA DESAFECCIÓ POLÍTICA
Meritxell Batet, Barcelona, UPEC, 16 de juliol de 2010.


La institució de la política és una institució humana, com l’amistat, el matrimoni o la família... hi ha divorcis, baralles entre amics i separacions... però això no vol dir que haguem d’acabar amb la institució, de fet, cada dia es casa gent, cada dia fem amics, cada dia ens plantegem compartir la vida amb algú altre. Amb la política passa el mateix, no ens podem plantejar acabar amb la institució i ens equivoquem quan ens referim a ella com un ens abstracte aliè a nosaltres.

Ara parlem molt de desafecció, però honestament crec que no n’hi ha per tant. Vull dir que Catalunya està més o menys com tots els països del nostre entorn.

És important el fet que totes les enquestes també mostren una dada fonamental: el descrèdit i la crítica va dirigida, en tot cas, als polítics, en canvi, hi ha una mostra de confiança i suport a les institucions democràtiques. És clar que el perill, com apuntava Wolin, és acabar tenint una “democràcia sense ciutadans”, que funciona per inèrcia de les institucions existents... caldrà treballar, per tant, per evitar això.

Per tant, la primera conclusió que volia apuntar és que no hi ha tant cansament, és a dir, no hi ha tanta desafecció i, en tot cas, potser quelcom cíclic que canviï amb petits canvis circumstancials (com pot ser l’aparició d’un líder que entusiasmi o preses de decisions que motivin un vot massiu, etc).

Dues dades a tenir en compte

El respecte i la confiança en les institucions democràtiques no sempre és així
p.e: Iberoamèrica (veure llatinobaròmetre on apareix la preferència per un règim dictatorial si això comporta una millora directa de la meva vida)

També varia molt la confiança en les institucions democràtiques depenent de l’opció política (veure estadística del CIS): si 1 és molt d’esquerres i 10 és molt de dretes els percentatges tenen la següent distribució:

1-2 80%
3-4 88%
7- 8 72%
9-10 54%

En tot cas, el que no tenim (encara) i hem d’evitar és una crisi institucional: la desafecció, de moment, té a veure amb els actors i a més amb una ideologia. No deixa de ser una estratègia de les dretes, el parlar de desafecció. És a elles a qui més convé promoure el distanciament de la ciutadania amb allò públic.

Això vol dir que no ens hem de preocupar o que no hem d’abordar el tema? No. La mostra són debats com aquest. Són necessaris i útils per prendre consciència.

Forma part del nostre ideari, de l’ideari de l’esquerra, la millora de la qualitat democràtica i la participació ciutadana a la vida pública. Perquè sabem que res no és etern i malgrat pensar que som una democràcia consolidada (que ho som) no vol dir que no l’haguem de cuidar. Pensem en el llibre de Stefan Zweig El mundo de ayer quan ens explica com el seu món va desaparèixer pràcticament d’un dia per l’altre. Per això ho hem de cuidar i som precisament les formacions d’esquerres les que en tenim més consciència:

Perquè la democràcia i l’imperi de la llei és el més valuós que tenim i no podem prescindir d’ell en tant que és el que ens dóna la llibertat (Ciceró).
Per coherència amb el discurs de valors i principis que propugnem.
Per tenir més legitimitat front tercers.
Per evitar desafecció de la societat.

Permeteu-me que apunti que hi ha molts factors i molt complexes que ajuden als ciutadans a sentir-se més allunyats i és la confluència d’aquests diferents factors els que ho provoquen. Mai no és una resposta senzilla o simple (com per exemple el sistema electoral) i no és conjuntural, ni propi de Catalunya.

Però hi ha una combinació especialment nefasta perquè aquesta sensació de distanciament s’incrementi:

Manca de Transparència
Exemplaritat
Honestedat
Autenticitat
+
Partits polítics només preocupats pels vots
+
Mitjans de comunicació només preocupats pel compte de resultats

L’esquerra té una responsabilitat cívica per desenvolupar a les societats avançades del segle XXI. La seva, la Nostra principal tasca és la lluita contra la indiferència i la neutralització dels anhels de justícia i canvi social que pesen sobre el dia a dia de les nostres societats. Hem de ser capaços de traslladar l’èpica del treball per aquests valors.

És indubtable que la crisi econòmica és en aquests moments la principal preocupació de l’esquerra. Però cal tenir clar que aquesta prioritat, diguem-ne material, ha d’anar acompanyada d’una intensa tasca cívica. Davant les dificultats cal més i millor participació de les institucions públiques, precisament per impedir que la gravetat de la crisi provoqui:

1. una fractura social entre la política democràtica i els nous desafavorits per pèrdua de benestar.
2. que aquesta fractura no desemboqui en una escletxa abrupta degut a un patiment col·lectiu alineat amb un clima d’indiferència ciutadana que portem arrossegant a les espatlles les societats democràtiques des de fa molts anys, molt abans que es produís la crisi econòmica.

La suma d’aquests factors pot donar lloc a una equació política perillosa pel futur de la democràcia i el manteniment de l’estructura de justícia construït en les darreres dècades: la suma de la indiferència i la marginalitat econòmica i social pot donar lloc a la desafecció democràtica, o dit d’una altra manera, pot donar lloc a l’entrada als populismes. Aquest punt d’inflexió és el realment greu.

Ara bé, com deia, crec que sempre hi hagut desafecció o abstencionisme o desencís:

Quan els polítics han tingut millor opinió per part dels ciutadans?
Sempre hi hagut ciutadans sense interès en allò públic, en la res pública.

I també aquí hi ha diferències significatives en els posicionaments (hem vist l’enquesta del CIS sense anar més lluny).

Així,

Les esquerres: posem èmfasi en el compromís cívic, en l’assumpció de responsabilitat per part de les persones, en la qualitat de la ciutadania i la seva implicació en la societat més enllà dels individus.

Les dretes: no tenen aquesta preocupació o aquest objectiu com una de les polítiques a desenvolupar quan governen... el perill l’agreuja i per això potser ara en parlem més de desafecció, quan el fenomen sociològic passa a ser estratègia política, quan passa a ser un instrument en mans d’una opció política--> l’ultra o l’extrema dreta, que a més compta amb la complicitat de determinats mitjans de comunicació. La coneguda màxima neoliberal “l’Estat és el problema i el mercat la solució” té com objectiu exercir aquesta pluja fina de descrèdit d’allò públic: la idea neoliberal viu en una paradoxa: que sent una opció política és en realitat l’antipolítica i això és el populisme.

Podem fer una altra aproximació:

Vector liberal: que prima els drets civils dels individus i l’obligació de l’Estat de respectar-los i protegir-los. (Paradoxalment potenciat també per les esquerres, reconeixent nous drets civils com el matrimoni homosexual, o millorant la llei de l’avortament o accelerant el tràmit del divorci...)

Vector republicà: que posa l’accent en els drets polítics dels ciutadans, els quals, en l’exercici de la seva autonomia pública, estan cridats ha exercir aquests drets per així participar en el govern de la societat.

En el desenvolupament de les democràcies europees en general els individus s’han bolcat més en el desplegament i gaudi de la seva autonomia privada que en l’exercici compromès de la seva autonomia pública. Segurament des de les institucions públiques tampoc no s’ha potenciat el suficient el vector republicà.

A aquest desequilibri entre els components liberals i republicans de la democràcia se li afegeix el desprestigi alimentat d’allò públic i amb tot plegat ja tenim el caldo de cultiu de la desafecció política.

Els valors de racionalitat i participació vinculats a un discurs republicà d’afirmació virtuosa d’una idea de llibertat positiva, han de ser els elements de canvi i de transformació que reivindica l’esquerra en un context com el que he dibuixat.

Racionalitat, perquè la Il·lustració y la vella màxima kantiana de la lluita emancipadora per tal que els homes assolissin una majoria d’edat crítica y autoconscient ha de ser un instrument d’acció política irrenunciable.

Als homes els hem de seguir parlant en el segle XXI com a ciutadans i això significa invocar la raó (no les vísceres), apel·lar al millor d’ells mateixos (no als més baixos sentiments) i utilitzar una estructura narrativa racional en els relats que defensem políticament. No es tracta de dir o defensar el que la gent vol sentir, sinó allò que pensem que és millor per la defensa de l’interès general.

Els sentiments i la imatge no són un fi, sinó un instrument al servei d’un discurs racional amb finalitats racionals.

La indiferència i el populisme moltes vegades neixen del ressentiment amb el que la gent sent que és tractada, quan és objecte d’una espècie de pim-pam-pum emocional, que els manipula i utilitza com a objectes sensibles de consum i mercadotècnia política... quan es redueixen a ser clients o consumidors.

Participació, perquè relacionat amb el que he dit hem d’afegir que la democràcia es desenvolupa en el fòrum, en el debat públic, en la presència quotidiana en els afers que delimiten l’interès general. La democràcia és participació deliberativa (Habermas) i això significa llenguatge, intercanvi intel·ligent d’arguments i contrast dels mateixos mitjançant raonaments participats on la dignitat equiparable i igualitària dels participants és condició sine qua non del procés.

El respecte per l’altre; LA MESURA, que ens permet la convivència ha de ser present en els nostres debats. De fet, el Parlament és el temple de la llibertat d’expressió, de la paraula, del debat i, en canvi, determinades paraules poden ser tallades. És més, fins i tot poden desaparèixer del diari de sessions i ningú no pensa que això atempti a la llibertat d’expressió. Per què? Perquè sabem que la llibertat d’expressió no és il·limitada i hi ha altres valors, altres llibertats o altres drets que han de prevaldre.

És curiós quan intentem fer aquest exercici o aplicar aquests paràmetres a la majoria de tertúlies que es desenvolupen d’un temps cap a aquí a certs mitjans de comunicació: ni respecte, ni mesura, ni empatia, ni ànim d’acord: ser devastadors és l’objectiu.

Discurs republicà, això és, assumir que es governa per el poble i pel poble, sent aquest l’ens polític sobre el que es construeix la sobirania i al que es subordinen les institucions, que han de ser controlades pels ciutadans mitjançant una capacitat d’interlocució directa i transparent amb els governants. Tanmateix, aquests han de saber tractar al poble amb la dignitat que es mereix i, per això, res millor que ser exemplars en la defensa virtuosa de la seva pròpia representació: autoexigència, responsabilitat i racionalitat en l’ús dels arguments i en l’apel·lació a la ciutadania per tal que aquesta participi: que participi en llibertat i se senti tractada com una igual, com algú a qui s’escolta i atén.

Recuperació de la Utopia, les esquerres hauríem de recuperar la utopia entesa com l’exploració d’allò possible front l’acceptació del que ens és donat.

Davant les incerteses i les pors (de la crisi econòmica, els canvis constants, la heterogeneïtat de la societat...)

Davant la injustícia, la intolerància, la marginació, la violència, la fam...

Només hi ha un camí, un camí que tots els membres d’aquesta taula compartim: més política, més acció política d’esquerres.

DECISIONES DIFÍCILES TOMADAS CON RESPONSABILIDAD

La honradez es la mejor política: y no hay nada más honrado en un gobierno que asumir la responsabilidad de sus decisiones. Así, el gobierno de España ha tomado, frente a esta coyuntura difícil, medidas desde la ética de la responsabilidad. La misma responsabilidad y la misma convicción que ha llevado a este gobierno a plantear y abordar grandes reformas que nuestro país tenía y tiene que acometer. Hoy podemos aseverar que nos ampara la credibilidad, porque la hoja de servicios de este gobierno es larga. Por apuntar tan solo algunos puntos relevantes destacaré:

- la aprobación en 2005 de varias leyes para el impulso de la productividad.
- La ley del suelo de 2007 que puso las bases para frenar la burbuja inmobiliaria alimentada por las políticas populares de crecimiento fácil, cuando decían que España iba bien.
- La reestructuración del sistema financiero, la única reforma estructural pactada con el PP, por cierto, a pesar de que las reclaman cada día
- La liberalización del sector servicios, con la transposición de la Directiva europea (con una posición por parte del partido que se autodenomina liberal que parecía dispuesto a aprobar planes quinquenales)
- Una ley de puertos,
- Una Reforma laboral aprobada la semana pasada,
- O la persecución de un Pacto sobre la Educación, conscientes de lo que ello significaría para el futuro de nuestro país, lo que significaría tener un marco estable y consensuado para formar a los ciudadanos del mañana. Así, el gobierno acaba de aprobar un Plan de Acción con objetivos bien definidos y con una financiación adecuada. También en esto se han quedado fuera señorías del grupo popular.

En el sector estrictamente de las AAPP también podemos poner en valor el trabajo bien hecho, con la aprobación de:

- una ley de Agencias, que implica mayor flexibilidad organizativa y que supone un cambio en la concepción de la Administración Pública, pensando más en una búsqueda de resultados
- una nueva ley de contratos del sector público
- Estatuto Básico del Empleado Público, reclamado durante todos estos años de democracia
- Y una Ley de acceso electrónico, buscando la modernización de la Adm. pero también su eficiencia y su eficacia en su labor de servicio público y reducir las cargas para los ciudadanos y empresas

Y vamos a seguir aprobando y trayendo a la cámara otras reformas estructurales que se deben llevar a cabo, esperamos con el consenso del principal partido de la oposición, como la

. Reforma de la legislación de las cajas de ahorro (LORCA) para mejorar la profesionalización de sus órganos de gobierno y aumentar sus recursos propios.
. Reforma del sistema de pensiones, para afrontar el reto demográfico y garantizar así su sostenibilidad en el futuro.
. O la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado.

Por tanto, hemos trabajado desde el primer día en la buena dirección y lo seguiremos haciendo, conscientes de que la ejecución de estas reformas será decisiva para las próximas décadas.

MEDIDAS DIFÍCILES EN TODOS LOS PAÍSES EUROPEOS

En ese contexto, en un contexto de trabajo de fondo llevado a cabo durante 6 años de gobierno, −de los cuales los últimos han sido arrollados por una crisis económica fortísima− y en un contexto Europeo de apuesta por reforzar la coordinación económica para combatir más eficazmente esta crisis e impulsar la recuperación, llegamos a las medidas para la reducción del déficit público que afectan a los funcionarios públicos como medidas de choque.

Todas estas medidas tomadas, todas ellas, son medidas no impuestas, sino compartidas con otros Estados miembros de la Unión Europea. Todos los países han puesto en marcha un plan de austeridad entre mayo y junio de este año.

No sé qué mecanismo de razonamiento opera en aquellos que defienden que las medidas tomadas por Cameron (como la subida de impuestos, por cierto) son una decisión del gobierno británico; o que las decisiones tomadas por la Canciller alemana, Angela Merkel y anunciadas el pasado 7 de junio de reducir en 10.000 los empleados públicos y bajarles a los que quedan el salario un 2,5% de media es un plan de ajuste muy Alemán y muy adecuadas en el tiempo, o que Italia congele los salarios de los funcionarios durante 3 años es una decisión valiente y atinada de Berlusconi.

Decía que no sé qué razonamiento se sigue para decir esto y al mismo tiempo reiterar que las decisiones tomadas por el gobierno de España, por el Presidente Rodríguez Zapatero son fruto de una imposición europea a la vez que improvisada y tardía. Solo desde el complejo se puede pensar y defender esto. Solo desde la voluntad de desacreditar a nuestro país se puede defender.

Si hubiéramos comenzado el ajuste presupuestario hace 2 años, en plena recesión, como dice que hubiera hecho el Partido Popular, habríamos sido el único país del G-20 en no tomar medidas de estímulo fiscal para amortiguar la caída de la actividad. Si les hubiésemos hecho caso lo que habría pasado es fácil de predecir: caída libre del crecimiento y más desempleo. Por eso ahora hemos sido de los primeros países en iniciar y acelerar el proceso de consolidación fiscal.

La verdad es que no hay vez que se hable de política exterior o de relaciones de España con terceros países que la derecha no saque a relucir la palabra ridículo. El PP se avergüenza, pero con una vergüenza que solo tiene que ver con su inseguridad. La inseguridad de cuando eres adolescente y todo lo que hacen tus padres y la gente cercana te parece ridículo. No porque este sentimiento tenga que ver con las condiciones objetivas de la actitud de tus padres, igual que en política exterior no tiene que ver con la actitud objetiva que tiene el gobierno, sino por simple inseguridad, la inseguridad que da la inmadurez de la adolescencia. El PP es la derecha adolescente de Europa, por eso también les cuesta tanto asumir responsabilidades.

En definitiva, todos los países europeos, TODOS, han tomado medidas que van en la misma dirección y las han tomado además al mismo tiempo que el nuestro. Todas estas reformas son una parte clave para aumentar la confianza y la credibilidad de nuestra economía.

¿Quizás es que todos estamos dando bandazos o cambios de rumbo? No, yo creo que se trata de otra cosa.

COHERENCIA IDEOLÓGICA: COHERENCIA POLÍTICA Y DE VALORES.
MEDIDAS POR OBLIGACIÓN, NO POR DEVOCIÓN

Estas son medidas excepcionales para unas circunstancias excepcionales, por lo que no se trata de cambiar de criterio o mover la posición de uno, es que imperativamente hay que hacerlo porque los hechos lo exigen, porque eso es lo que se espera de los políticos, de los gobernantes: que sean capaces de afrontar las situaciones con determinación gusten o no gusten, sean previsibles o imprevisibles y en este último caso que seamos capaces de reaccionar. Debemos ser capaces de identificar el interés general y defenderlo y nuestra responsabilidad (la de todos) es ser capaces de explicárselo a los ciudadanos.

Hemos gastado hasta donde hemos podido para reactivar la economía. Hemos primado el mantenimiento de todas las políticas que estaban en marcha hasta que la deuda ha llegado a una cantidad que ya no se podía incrementar más. Si nuestro objetivo, como es, es el mantenimiento de la cohesión social y el impulso de las políticas del bienestar sabemos que es necesario no endeudarnos más, para que en un futuro la inversión en estas políticas sociales no se vea mermada por el pago de deuda.

En todo caso, las líneas políticas del gobierno socialista no han cambiado: la búsqueda de la justicia social y el tener un sector público y unas AAPP fuertes, al servicio del ciudadano, que puedan garantizar la igualdad de oportunidades son lo que perseguimos.

Nosotros los recortes los hacemos por obligación, otros los harían por devoción.

Nosotros los hacemos para salvar el estado del bienestar, otros lo harían para debilitarlo, porque son devotos del Estado mínimo y del mercado máximo. Por eso, el Sr. Rajoy hablaba la semana pasada de la sobredimensión del sector público.

Con esta voluntad de afrontar decisiones difíciles ahora, para que mañana podamos mantener las políticas sociales, el gobierno ha presentado el Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

EL DECRETO LEY COMO CULMINACIÓN DE UN PROCESO

Este Decreto ley no viene además de manera aislada, sino que se enmarca en un contexto de austeridad en las AAPP, de racionalización de las estructuras administrativas y de una contención severa del gasto:

En 2009 se aplicó a los Presupuestos un acuerdo de no disponibilidad que afectaba a todos los ministerios de 2.500 millones de euros.

Este año hemos aprobado el Plan de Acción Inmediata 2010 que supuso un recorte de gasto de 5.000 millones de euros adicional al recogido ya en los Presupuestos Generales del Estado y
El Plan de Austeridad de la AGE 2011-2013, que plantea un recorte generalizado del gasto con un impacto equivalente al 2,6% del PIB hasta 2013.

Hemos aplicado por tanto:

1. la reducción de la oferta del empleo público al 10%
2. la reducción de altos cargos en 33 y la congelación de sus sueldos durante 2 años consecutivos
3. la reducción de 29 empresas públicas
4. la racionalización de las fundaciones y las empresas públicas estatales y
5. en particular, la racionalización de las estructuras de las delegaciones del gobierno.

Así, junto a estas medidas que ya estaban en marcha, el Gobierno presentó el Decreto Ley 8/2010 con la necesidad de aplicar un recorte en los salarios de los empleados públicos, un decremento equitativo que distribuye los esfuerzos con un criterio de progresividad, de tal manera que, siendo el recorte medio de un 5%, en la Administración General del Estado la reducción de retribuciones oscila entre el 7% para los funcionarios del grupo A1 y el 0,56% para los funcionarios del grupo E (o 2,75% para los del grupo C2). Y recordemos que en un ejercicio de ejemplaridad, el recorte de las retribuciones de los miembros del Gobierno, que son inferiores a las que en muchos casos perciben altos funcionarios, ha sido del 15%.

EL VALOR DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS COMO SERVIDORES

Todas estas medidas no tienen nada que ver con no creer en los funcionarios públicos. Al contrario. Creemos y sabemos que hacen un gran trabajo, un trabajo cotidiano demasiadas veces poco reconocido, y lo hacen por compromiso con lo público, con vocación de servicio. De ahí nuestra apuesta por introducir todas las reformas que hemos introducido en estos años desde el gobierno para mejorar en profundidad las AAPP. No necesitamos decir que estamos al lado de los trabajadores y de los funcionarios, nuestras políticas, cuando ostentamos el gobierno, así lo acreditan.

Asimismo, también sabemos que no son la parte más débil: los más débiles son los que se han quedado (o ya estaban) en el paro con responsabilidades familiares, los que trabajan en condiciones precarias, con horarios y condiciones lamentables, los que no saben si el mes que viene van a poder continuar en este trabajo precario: los más débiles son los que viven de manera cruenta la incertidumbre, la inseguridad del día después… porque esa incertidumbre es lo que nos hace más vulnerables.

Porque sabemos todo esto, pensamos que la inamovilidad, la seguridad del puesto de trabajo y ese compromiso con lo público hace que la inmensa mayoría de los funcionarios entiendan esta petición de un esfuerzo extraordinario, porque su esfuerzo repercutirá en un beneficio colectivo, en que no se haya de pedir un sacrificio mayor a otros ciudadanos.

Por otro lado, honestamente, no creo que el principal partido de la oposición esté en condiciones de criticar esta medida. Durante el periodo de 8 años que gobernaron 1996-2004, hubo un incremento nominal acumulado del 15,3%, mientras que el IPC acumulado en ese mismo periodo tuvo un incremento del 22,8%: los empleados públicos perdieron 7,5 puntos porcentuales de poder adquisitivo durante los gobiernos del PP; mientras que entre 2005 y 2009 tuvo lugar un incremento nominal acumulado del 16%, con un IPC del 12,8%, por lo que los empleados públicos ganaron un poder adquisitivo de 3,2 puntos porcentuales.

Parece que si en situación de bonanza congelaron los salarios y no fueron capaces de al menos, mantener el poder adquisitivo de aquellos que ofrecen un servicio público a todos los ciudadanos, y mantuvieron una tasa de reposición del 25% casi todos los años, en una situación como la que estamos viviendo no sé qué decisiones hubiesen tomado en este ámbito.

En todo caso, lo que sí sé, es que la credibilidad del PP para defender al sector público está ciertamente mermada, más con su líder diciendo que la Administración Pública está sobredimensionada.

Pero esta es solo la punta del iceberg de la concepción que tiene el PP de las personas. El grueso del problema es que la única conclusión posible después de escuchar sus declaraciones e intervenciones es que no creen en las personas ni en el país: ¿acaso pensaban que los empleados públicos no iban a entender la petición de este esfuerzo? La derecha española tiene en poca estima el compromiso cívico de los funcionarios, su comprensión de los problemas de nuestra sociedad, su madurez, su razonabilidad. Además, jamás apelan a esta madurez y compromiso de los funcionarios, sino a su egoísmo más romo, hacen política de egoísmo.

Apelar al egoísmo, pensar que solo hay vicios privados… es una muestra de lo que piensan de la gente. Los ciudadanos son más virtuosos de lo que el PP cree. Los ciudadanos son capaces de comprender que un esfuerzo personal puede redundar en un beneficio colectivo. Esa es nuestra convicción y desde ella gobernamos… ¿el tema está en preguntarnos desde dónde pretenden gobernar ellos?

Nosotros gobernamos desde la confianza en las personas, gobernamos y les pedimos que saquen lo mejor de ellas mismas. No se puede pretender gobernar apelando a lo peor de las personas, alentando y esperando de ellas tan solo egoísmo, simplemente, porque los ciudadanos españoles no son así.

LA EUROPA DE LOS CIUDADANOS: MÁS GARANTÍAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa supone cambios de calado en el entramado institucional de la Unió Europea que habrá que ir desarrollando en los próximos años y que suponen un avance importante en el acercamiento de dichas instituciones a la ciudadanía europea.

La presidencia española de la UE quiso poner énfasis en algunos de estos aspectos (más allá de compartir por primera vez esta presidencia de turno con la figura de un Presidente de la Unión el Sr. Van Rompuy y una Alta representante de la Unión para asuntos exteriores y política de seguridad, la Sra. Ashton).

Precisamente uno de estos objetivos perseguidos por nuestra presidencia en relación a los aspectos institucionales era la adhesión de la UE al Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH). Estos 6 meses hemos avanzado significativamente en las negociaciones entre la propia UE y el Consejo de Europa, formado por 47 Estados miembros. Este proceso tendrá que culminarse en los próximos meses.

Desde el Parlamento y concretamente desde la Comisión Mixta para la UE hemos querido apoyar y poner de manifiesto la importancia de este paso, por lo que todos los grupos parlamentarios hemos suscrito una proposición no de ley.

La importancia política de este paso es indiscutible: la UE no es solo una unión económica o de intereses, sino que también es una unión de valores compartidos, como son los derechos humanos. En este sentido el nuevo Tratado avanza en paralelo con dos iniciativas recogidas en su articulado:

1º. El reconocimiento de la carta de derechos fundamentales como derecho primario europeo.

2º. La previsión de la adhesión de la UE al Convenio de derechos humanos reconociendo previamente personalidad jurídica a la Unión.

Nos centramos ahora en este segundo elemento. Me gustaría simplemente destacar los principales argumentos a favor de esta adhesión, así como sus principales consecuencias:

Supone un avance en el proceso de integración europea e implica un paso importante hacia la Unión política.
La UE será la parte contratante número 48 del Convenio, aunque no sea formalmente un miembro más del Consejo de Europa.
Da un mensaje de coherencia entre la Unión y los países pertenecientes al Consejo de Europa, otorgándole mayor credibilidad frente a países terceros, a los que constantemente les pedimos que respeten el CEDH.
Reconoce un nuevo recurso para los ciudadanos contra la UE si valoran vulneración de DDHH. Así, se reconoce para los ciudadanos europeos una protección frente a actos de la UE análoga a la protección que ya tienen frente a los actos de todos los EEMM.
Va a suponer el desarrollo de una cultura común en la UE en el ámbito de los derechos fundamentales, cosa que, como ya he apuntado, dará una imagen de coherencia y credibilidad frente a terceros países que la UE necesita más que nunca.
En sexto lugar, y más concretamente, se producirá el desarrollo armonioso de la legislación y la jurisprudencia en materia de derechos humanos entre los ordenamientos jurídicos. Sin duda el diálogo y una buena cooperación entre los tribunales será fundamental para garantizar esta sintonía.
Supone un control judicial adicional y externo de todas las actividades de la Unión en lo que hace referencia a la protección de los DDHH de los ciudadanos europeos.

Sabemos que esta adhesión no está exenta de complejidades técnicas que deben resolverse bien, para que no generen confusión, y por el contrario, que redunden en beneficio de los ciudadanos. Algunas de estas dificultades técnicas fueron apuntadas de manera pormenorizada por don Luis Romero, de la Comisión europea y Don Luis López Guerra, juez en el tribunal Europeo de Derechos Humanos y catedrático de derecho constitucional en las comparecencias realizadas en la propia Comisión Mixta para la UE. Podemos destacar algunas de estas cuestiones, por ejemplo: qué protocolos del CEDH va a ratificar la UE, dilucidar bien las competencias del TJUE y el TEDH, si procede la elección de un juez de la Unión (que parece claro que sí), designar miembros por parte del Parlamento europeo a la asamblea del Consejo de Europa cuando ésta tenga que votar entre los tres candidatos presentados a juez, el derecho a participar en el Comité de Ministros del Consejo de Europa a través de la Comisión europea, y un largo etc.

Pero al margen de los temas concretos que deberemos resolver sabemos también que lo más importante para que algo se haga es tener la voluntad política de hacerlo. El del gobierno de España con el apoyo de todos los grupos de las cámaras del Congreso y del Senado muestran esta voluntad política.

LA INDIA COMO HORIZONTE

Algunos analistas establecen una dicotomía, a la que parece los países emergentes deben enfrentarse: o desarrollarse económicamente o ser una democracia. Partimos de la no aceptación de esa premisa, dicho de otra manera, debemos trabajar para que el desarrollo y crecimiento en bienestar sea compatible con la consolidación de una democracia sostenida por un Estado de Derecho, el reconocimiento de libertades y el respeto a los derechos humanos.

Por eso hoy he querido hablar de La India: La India como paradigma de país emergente que no está dispuesto a renunciar ni al desarrollo ni a la democracia. Quizás su crecimiento será menos vertiginoso que el de otros países del grupo de los BRICs (que tampoco es cierto, si nos ceñimos a los datos), pero no abandonar la democracia multipartidista y laica por la que apostaron desde el inicio es lo fundamental y es lo que lo hace especial. Su primera Constitución de 26 de enero de 1950 ya encarnó la síntesis entre la modernidad y la tradición y con ella han alcanzado 60 años de historia democrática ininterrumpida. Con casi 1.200 millones de habitantes, India es la democracia más grande del mundo. Aunque llamada a menudo una “democracia ruidosa” sin duda, la solidez institucional de sus fuerzas armadas, cuerpos de seguridad o de algunos servicios públicos como el de correos, por ejemplo, hace que partan con mucha ventaja respecto de otros países.

No quiero decir con esto que su desarrollo haya estado o esté exento de severos retos. De hecho, afronta numerosos problemas internos, entre ellos la extendida pobreza (aunque ésta no deja de bajar), la falta de infraestructura básica (aunque tiene un sistema ferroviario que se debería potenciar), la corrupción, un alto grado de diferenciación social relacionado con el sistema de castas (aunque ha sido capaz de desafiar ese sistema abriendo la administración y la política a los llamados intocables), una difícil cohesión territorial, desequilibrios regionales, o incluso problemas de terrorismo interno.

Sin embargo, cabe destacar que, entre los países emergentes, India es el que tiene menor índice de desigualdad y una mayor clase media que cada día aumenta.

Además, cuenta con dos grandes recursos, dos grandes complicidades con Occidente que muestran el creciente papel global de India: su modelo democrático con una economía de mercado relativamente abierta, como ya he dicho; y el dominio del inglés, por tenerlo como lengua oficial, que facilita la difusión de su cultura y su influencia internacional.

La interculturalidad de India, la diversidad religiosa (hindúes, musulmanes, cristianos, budistas, zoroastristas o judíos, entre otros, conviven), la diversidad lingüística (con más de 400 lenguas reconocidas) o la gran diversidad étnica, ha potenciado una milenaria tradición de diálogo y tolerancia extraordinaria.

Pero la importancia de India es poliédrica; lo es por al menos, 5 cuestiones estratégicas a las que queremos referirnos:

En primer lugar, lo es por su posición geoestratégica.

El papel que desarrolle India en la región es crucial en las relaciones con Pakistán, Irán o Afganistán y para la seguridad internacional.

En segundo lugar, lo es por su potencia económica, comercial y turística.

Qué duda cabe de que en una coyuntura como la actual tiene más sentido que nunca abordar un debate sobre la ampliación y profundización de nuestras relaciones económicas y comerciales, especialmente con un país emergente.

El gobierno español ha puesto en funcionamiento el Plan Integral de Desarrollo del Mercado español en India con el fin de fomentar las relaciones económicas y comerciales.

Las empresas españolas empiezan a abrir brecha en el mercado indio, donde existen grandes oportunidades en determinados sectores como el de la energía solar o los trenes de alta velocidad.

El comercio bilateral se ha doblado respecto al 2004, pero sigue en niveles bajos para el potencial de ambos países. Tenemos que aprovechar la coyuntura difícil por la que pasamos para potenciar los intercambios.

Hay que tratar de aumentar el turismo que se dirige a España desde India. Mejorar el conocimiento de la imagen de España y de su oferta.

En tercer lugar por la potencial cooperación científica y tecnológica.

En este sentido, se tiene previsto la organización de reuniones científicas conjuntas para fortalecer las relaciones entre investigadores de India y España, que fructifiquen en el desarrollo de proyectos de investigación. El CSIC también ha firmado acuerdos para la investigación conjunta en los ámbitos de matemáticas y astronomía.

En cuarto lugar, por la potencia del intercambio cultural.

Es el momento de reforzar las relaciones culturales y académicas aprovechando la presencia del Instituto Cervantes en Nueva Delhi. De esta manera, se puede jugar un papel decisivo en el intercambio idiomático y laboral potenciando el español como segunda lengua occidental en la India. También es importante la recientemente creada Fundación Consejo España-India de mano de entidades privadas y públicas.

Asimismo, es relevante el papel de Casa de la India y de la propia Casa Asia.

Y en quinto lugar, hay que estrechar lazos para la lucha contra el terrorismo.

La cooperación en materia de lucha contra el terrorismo es apremiante, no solo por los ataques terroristas que ha sufrido ese país recientemente, sino también por el terrorismo interno de los naxalitas en algunos estados del norte.


CONCLUSIÓN

En definitiva, en la cotidianidad de India se hace palpable la posibilidad del entendimiento, de la convivencia y del respeto de oriente y occidente. India es aquel lugar donde la alianza de civilizaciones alcanza todo su sentido, toda su dimensión, un ejemplo de la capacidad de unir aquello que es diferente y encontrar así la posibilidad de construir un camino conjunto. Un infinito global irrumpe en India y éste se mezcla con su infinita riqueza y complejidad interior.

España y la UE deben virar la mirada y depositarla sobre Asia y sobre India con intensidad, tal y como ya lo ha hecho EEUU. Porque el futuro se discernirá en ese polo, incorporando a los países asiáticos en pie de igualdad con europeos y norteamericanos en la formulación de las reglas globales.

Estratégicamente para España es central potenciar unas relaciones bilaterales fuertes porque se trata:

. de nuestra seguridad exterior,
. del aumento de nuestras exportaciones,
. de la expansión de nuestras empresas
. de la creación de empleo,
. de la captación de inversiones,
. del desarrollo de la cooperación técnica y
. de fomentar el intercambio cultural y social

La dimensión asiática es, junto con la Iberoamericana y la Mediterránea, la clave para reforzar la posición internacional de España en el marco de la UE. Pero es que además el intercambio y el enriquecimiento a todos los niveles que puede suponer esta relación será clave para nuestro propio desarrollo futuro.