DERECHOS HUMANOS SIEMPRE


Esta vez quiero compartir con vosotros la intervención que hice en la Comisión de Política Exterior del Congreso de los Diputados a raíz de una iniciativa parlamentaria sobre el programa nuclear de Irán que fue aprobada unánimemente. En ella se planteaba la necesidad de que Irán se comprometa a colaborar con la comunidad internacional y, en especial, con el Organismo Internacional de la Energía Atómica, en todo lo relativo a la información sobre el uso exclusivamente pacífico de su programa nuclear. Estamos de acuerdo.

De todas maneras, me pareció adecuado que el Parlamento no sólo se pronunciara sobre la amenaza que podría suponer un Irán nuclearizado en la desestabilización del equilibrio estratégico de Oriente Medio o la obligación que tiene esta República Islámica en el cumplimiento del Tratado Internacional de No proliferación, sino sobre todo, que pusiéramos énfasis en la necesidad de exigir a todo país el respeto absoluto y escrupuloso de los Derechos Humanos. En este sentido, la enmienda del grupo parlamentario socialista aborda particularmente la preocupación por todos los menores de edad, mujeres y homosexuales que todavía ahora son asesinados por la aplicación de la pena de muerte en ese país. Los últimos acontecimientos exigía que nos pronunciáramos con cierta contundencia al respecto.

Os adjunto, pues, toda la intervención.


INTERVENCIÓN PNL de UPN sobre PROGRAMA NUCLEAR
Comisión de Exteriores, miércoles 25 de mayo de 2009



El Ministro Moratinos en su comparecencia de 22 de mayo de 2008 manifestó que urgía articular una propuesta diplomática para establecer una relación de nuevo cuño con Irán, cuyo papel es esencial en el proyecto de estabilización de la región.

Esta nueva relación entre Irán y la comunidad internacional (solo posible cuando se recupere la confianza en el carácter exclusivamente pacífico del programa nuclear iraní) deberá fundamentarse en los intereses compartidos de paz, seguridad, estabilidad y prosperidad de toda la región.

Desde el grupo parlamentario socialista compartimos y defendemos esta visión.

Ha habido aproximaciones distintas desde la confrontación y la dialéctica de amigo-enemigo (pensemos en la expresión del “eje del mal” introducida por el Presidente Bush, donde si incluía a Irán, además de Irak y Corea del Norte).

Esta estrategia no ha servido de mucho. Al contrario: la influencia regional de Irán se ha incrementado en los últimos tiempos sustancialmente en el área, es cierto, pero fundamentándose en su oposición contundente a la política estadounidense (todos sabemos que tener un enemigo común une mucho, y ese ha sido el caso).

Así, el aislamiento, las intimidaciones o las descalificaciones no han conducido a la mejora de situaciones internacionales delicadas, Irán es un buen ejemplo, no el único.

El nuevo presidente Obama parece que introduce una diferencia sustancial declarando su voluntad de mantener una relación con Irán basada en el diálogo. Seguro que esta es una oportunidad para avanzar en la misma dirección con el trabajo realizado hasta ahora por Europa.

Sin duda, Irán, preocupa a la comunidad internacional en asuntos estratégicos de primer orden:

terrorismo internacional.
proliferación nuclear.
seguridad energética.
respeto de los derechos humanos.

Esta PNL se centra en uno de estos puntos: el programa nuclear de Irán.

El avance acelerado de Irán en su programa nuclear y el anuncio a mediados de abril de 2009 del dominio del ciclo completo del combustible nuclear precipitó los movimientos de la comunidad internacional, cosa que supone la materialización de manera efectiva de ese cambio de postura de EEUU hacia Irán.

En este sentido es importante que se trabaje conjuntamente, teniendo una aproximación multilateral.

Irán es firmante del Tratado de NO proliferación y está obligado, por tanto, a cumplirlo. Al mismo tiempo, defiende su derecho de enriquecer uranio para propósitos civiles (proceso que parece además que ya ha concluido) y en eso está en lo cierto. Así, la conjunción del deber de establecer límites claros en su programa de enriquecimiento de uranio y al mismo tiempo el derecho de enriquecerlo debe ser la base sobre la que parta la negociación.

De esta manera, la estrategia que la troika europea (Alemania, Francia y Gran Bretaña) ha practicado: aplicar sanciones para convencer a Irán que cambiase de rumbo y, en paralelo, practicar el diálogo para conseguir las negociaciones completas si los iraníes suspendían o limitaban sus actividades relacionadas con el enriquecimiento, tiene que ser la base para el trabajo conjunto y de futuro de Unión Europea, Estados Unidos, China y Rusia. Pensemos todas la resoluciones que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado hasta la fecha: 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 y 1835 (2008) o en los informes adoptados en el marco del Organismo Internacional de Energía Atómica. España apoya plenamente todas esta resoluciones e informes.

La propuesta conjunta que seamos capaces de articular como comunidad internacional será más creíble y de mayor legitimación, por lo que sus probabilidades de éxito también serán mayores en un futuro. Seguro que de lo hecho con Corea del Norte podemos aprender mucho.

El grupo socialista ha querido aprovechar también esta oportunidad para volver a hablar de otro de los problemas fundamentales en Irán (y desgraciadamente se da en muchos otros países): la vulneración de los derechos humanos. Muy concretamente y dados los últimos acontecimientos, quiero destacar nuestra más firme condena a la aplicación de penas de muerte a menores de edad así como a las lapidaciones que todavía hoy padecen tantas mujeres iraníes.

En este sentido, hemos presentado una enmienda de adición para añadir un párrafo sobre este tema. El diálogo con el gobierno iraní, por tanto, sí, pero la connivencia o la laxidad en materia de derechos humanos no.


Finalmente, quiero acabar diciendo que este grupo parlamentario dará apoyo a esta iniciativa que además valoramos muy oportuna y por ello me gustaría felicitar al portavoz del grupo mixto, Sr. Salvador.

DEBAT DE L’ESTAT DE LA NACIÓ: DIAGNÓSTIC CLAR, PROPOSTES CONSTRUCTIVES I COMPROMESES AMB LA CIUTADANIA

Alguns s’aproximen a la política des del tacticisme, amb uns objectius: desgastar al govern (per a la qual cosa quan pitjor vagin les coses millor) i intentar fer perdre alguna votació al grup parlamentari socialista per sortir a corra cuita a fer declaracions als mitjans per dir: veieu què sols estan?. És igual el que he acabat votant i si és coherent amb el que he defensat alguna vegada, el cas és aprofitar l’oportunitat.

Amb tot, el que personalment vaig trobar més divertit del debat de l’Estat de la Nació, van ser les justificacions de manca de temps per presentar propostes que reiteradament va argüir el Sr. Rajoy. No sé, em va abocar als alumnes que en un examen deixen pel final la pregunta que no se saben i posen una nota al professor: “ho sento, no tenia temps de desenvolupar aquesta resposta”. És tendre, però inequívoc el perquè del buit.

D’altres s’aproximen a la política des de la responsabilitat i l’anàlisi. Un dels principals problemes que té Espanya i que s’ha posat de manifest en aquest moment de crisi econòmico-financera és la poca estabilitat en l’ocupació: en 15 mesos hem passat d’una taxa d’atur del 8% a una de més del 17%. És clar, per tant, que hi ha un problema estructural, més enllà del conjuntural. Ens cal un nou model de creixement econòmic, allunyat de la construcció i posant èmfasi en la producció d’energies renovables i la utilització més àmplia de les tecnologies de la informació, per retornar així a un creixement sostenible.

Hi ha unes bases importants que s’estan construint des de 2004 tot prioritzant inversions en determinats sectors a la recerca d’aquest objectiu: multiplicar per dos els recursos en matèria educativa; multiplicar per tres els recursos destinats a I+D+i; i destinar més de 6.300 milions d’euros a promoure les energies renovables són tres bons exemples.

Així, més enllà de les mesures immediates, que sens dubte també calen, per generar ocupació de manera accelerada: fons estatal d’inversió local, ajuts directes per a la compra d’automòbils, pla VIVE... també cal treballar per un horitzó de futur del nostre país que suposin un autèntic canvi de paradigma del nostre sistema econòmic: promoure la llei de lliure accés i exercici de les activitats de serveis; un pla per a la creació d’empreses en 24 hores; la reforma dels organismes reguladors sectorials; un sistema fiscal que afavoreixi el lloguer i no la compra d’habitatges, inversió en noves tecnologies, una economia sostenible, en definitiva urgeix.

Per a la posada en marxa de cadascuna de les mesures que el govern anuncia els ulls els tenim clavats en els ciutadans. Tot l’esforç serà per pal·liar els efectes immediats de la crisi i, en paral·lel, per construir un sistema més garant a llarg termini.

UN NUEVO RUMBO PARA EUROPA: LAS PERSONAS PRIMERO

Este es el lema de nuestra precampaña para las elecciones al Parlamento Europeo. Dibuja un punto de inflexión en la concepción que hasta hora se ha tenido de Europa y que urge cambiar: no se trata de hablar (más) de Europa como un ente abstracto, o de ser europeísta, sino de pensar en Europa como otra instancia más de poder que cada día decide cosas sobre nuestra cotidianidad, por lo que la correlación de fuerzas y las mayorías en el Parlamento Europeo son tan importantes como en cualquier otro legislativo.

Hasta ahora se trataba de construir unas instituciones con el máximo de consenso posible, con poca confrontación, pero cada vez más se perfilan las diferencias entre grupos políticos de izquierdas y de derechas, por lo que no es lo mismo una Europa u otra. Se trata de trabajar para Europa, sí, pero para la Europa que queremos, no para cualquiera.

El Partido Socialista Europeo, por poner algunos ejemplos, defiende la integridad de los servicios públicos, para ofrecer así, calidad al alcance de todos los ciudadanos. Asimismo se ha manifestado en contra de la directiva de las 65 horas de trabajo consiguiendo que la propuesta no siga adelante. Sin duda, el modelo energético, las políticas sanitarias o la apuesta por el transporte ferroviario que defendemos no son tampoco iguales que las posiciones sostenidas por el Partido Popular Europeo.

Se trata, pues, como en todos los comicios, de elegir entre unas ideas políticas u otras, un programa electoral y las políticas públicas que en éste se defienden. Se trata, de votar por unas personas que van a pertenecer a su grupo político europeo y que conjuntamente con el resto de parlamentarios elegidos en otros países defenderán normas de contenido progresista o conservador.

Cada vez es más palpable el alcance mundial de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Paradigmática es la crisis económico-financiera que vivimos, por lo que la necesidad de aunar esfuerzos y de construir estrategias comunes para enfrentarnos a retos globales es imprescindible. Las respuestas europeas al paro, a la política económica, industrial o a los retos sociales no van a ser las mismas si la mayoría del Parlamento Europeo es socialista o popular. Como ciudadanos tenemos esa responsabilidad y no podemos ser indiferentes a ello.

Intervención sobre las medidas qe va a adoptar el Gobierno para ayudar a las Administraciones Públicas a reducir los problemas de morosidad

“Señorías, uno de los principales problemas de la economía en estos momentos es el mantenimiento y la potenciación de nuestro tejido empresarial. Para ello el Gobierno ha puesto en marcha distintas medidas: la creación de liquidez mediante líneas de préstamos del ICO en buenas condiciones, con 37.900 millones de euros disponibles para 2009; la concesión desde la Agencia Tributaria de aplazamientos de 2008 a 2009 por importe de unos 1.200 millones de euros, y en lo que va de año hemos diferido de 2009 a 2010 otros 1.200 millones de euros; la puesta en marcha de la devolución mensual del IVA, lo que supone a estas alturas del año la devolución de 760 millones de euros que en otras circunstancias no hubiesen recibido las empresas hasta 2010. Así, la financiación y la liquidez de las empresas y en especial de los autónomos es una preocupación clara de este Gobierno y de este grupo parlamentario.

En paralelo a este problema hay otra cuestión, que es la financiación de los entes locales. Sobre el diseño de un nuevo modelo de financiación local está habiendo una negociación intensa entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias que estamos convencidos de que llegará a buen puerto. Además, el Gobierno socialista abrió en 2007 un fondo especial para municipios de menos de 20.000 habitantes, procediendo este año al adelanto de los pagos, lo que supone una cuantía de 60 millones de euros, un 50 por ciento superior a la cuantía del año anterior; ha procedido también al adelanto de los pagos de la liquidación correspondiente a 2007 para los municipios con población inferior a 75.000 habitantes, aportando una liquidez de 470 millones de euros, y aprobó, por cierto sin el apoyo del Grupo Popular, el Fondo estatal de inversión local de 8.000 millones de euros para la activación económica y el fomento del empleo, la mayor inversión en las corporaciones locales que se ha hecho en treinta años de democracia. De esta manera, la suficiencia financiera de las corporaciones locales ha sido y es una preocupación clara del Gobierno y de este grupo parlamentario y para su consecución se han tomado medidas importantes.

Pero no es este el debate que se suscita hoy aquí. De lo que estamos hablando es de cómo las corporaciones locales y las administraciones públicas en general pueden ayudar o, en todo caso, no perjudicar al tejido empresarial. La falta de liquidez de estas administraciones públicas hace que este objetivo sea a veces difícil de cumplir. Es en esta coyuntura excepcional, de problemas sobrevenidos por la crisis, en la que el Gobierno debe responder y así lo hace, no asumiendo una deuda que no es suya -lo que vulneraría la autonomía local y financiera reconocida en la propia Constitución-, pero sí ofreciendo fórmulas facilitadoras a administraciones públicas, a pymes y autónomos. No se trata pues de pagar la deuda, sino de facilitar liquidez y sobre todo de que terceros de buena fe, los proveedores, no sufran la morosidad en el pago. Nuestra enmienda en este sentido muestra que a los socialistas nos preocupan y nos ocupan tanto las pymes y los autónomos como las administraciones locales. Por eso defendemos en primer lugar el diálogo entre el Gobierno y la FEMP, como piedra angular de todas las decisiones que se deben tomar en torno a los entes locales; en segundo lugar, posibilitar un mayor endeudamiento para que todas las administraciones públicas garanticen cumplir con sus compromisos, y en tercer lugar, establecer la posibilidad de refinanciación de la deuda de las entidades locales por un lado y por otro abrir una línea de descuento para las empresas mediante garantía del ICO, todo ello priorizando, evidentemente, las deudas con PYMES y autónomos, con el objetivo de garantizar al mismo tiempo el mantenimiento o la generación de empleo.

En definitiva, hemos hecho un esfuerzo para trabajar en la dirección de la enmienda presentada por el Grupo Socialista para llegar a una transaccional orientada al pacto y el acuerdo, pensando que con el esfuerzo de todos y la asunción de las responsabilidades que cada Administración pública contrae en su toma de decisiones podamos avanzar juntos para superar los momentos de dificultad. Las administraciones públicas, todas, no van a ser un problema, sino que serán contribuyentes a una solución conjunta en una situación de dificultad.”

Intervención en Pleno sobre las actuaciones del Gobierno en el avance del uso de las lenguas cooficiales del Estado en el conjunto de la AGE

“Señorías, me parece especialmente oportuno que en un mismo día hayamos tenido la ocasión de realizar dos debates sobre el mismo tema desde ópticas, además, completamente contrapuestas. Sin duda, es una oportunidad para que el Grupo Parlamentario Socialista manifieste una vez más el apoyo a la realidad plurilingüe del Estado, al modelo del Estado de las autonomías que nos ofrece nuestra Constitución y a la legalidad vigente. Es una oportunidad para dejar constancia de cuál es nuestra concepción del Estado. Desde este grupo parlamentario queremos, una vez más, manifestar el orgullo que sentimos de vivir en un país plural, con distintas culturas y distintas lenguas. Para nosotros todas las lenguas españolas, como vehículo de comunicación, como identidad, como motor cultural y, en definitiva, como conocimiento, son importantes; son dignas de protección y de promoción; son parte de nuestra riqueza. Vivir en un territorio donde hay dos lenguas oficiales no es una condena, se lo aseguro. Al contrario, conocer y poder expresarse en dos lenguas en vez de una, o de tres en vez de dos, o de tantas como sea posible, sin duda, nos ayuda a ser más libres. Para los socialistas el conocimiento es garantía de libertad. Desde el inicio de la democracia y con la creación del Estado de las autonomías, cada comunidad autónoma ha ido creando su modelo lingüístico de acuerdo con sus competencias. De acuerdo con el artículo 3 de la Constitución, las distintas lenguas de España son patrimonio cultural de todos, por lo que deben ser objeto de especial respeto y protección. En otras palabras, todas las lenguas españolas son una cuestión de todos, no solo de algunas comunidades autónomas. Los que creemos de verdad en este patrimonio, que muy pocos países pueden exhibir, no nos podemos permitir el lujo de dejar de reiterarlo. Por eso, el traslado de esa sensibilidad a todos los pueblos de España es una labor también ineludible de las instituciones del Estado. Estas, en su quehacer, deben velar para que la existencia de esta diversidad no se transforme en un punto de desencuentro, sino en factor de cohesión y unión en la diferencia. Seguramente actitudes un poco más constructivas por parte de aquellos que supuestamente quieren lo mismo ayudaría.

El sistema autonómico implica diversidad y diferencias. Señorías, el Estado autonómico no genera desigualdad per se; permite la diferencia porque la diversidad es implícita a la autonomía. No entender esto es no entender nuestro modelo constitucional y, en realidad, es ir contra él.En este sentido, los Gobiernos socialistas y este grupo parlamentario han avanzado significativamente en la difusión, la promoción y el reconocimiento de todas las lenguas oficiales. Lo hemos hecho por convicción, no por oportunidad, y mucho menos por oportunismo. El compromiso socialista ha sido y continuará siendo ser exigentes para que nadie sea discriminado por razón de la lengua que utilice.

Conociendo y apoyando esta realidad, en la anterior legislatura nuestro Estado, concretamente el Gobierno, creó un órgano nuevo en el marco del Ministerio de Administraciones Públicas, como es el Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado y la Oficina de Lenguas Oficiales. La existencia de estos organismos supone un paso de gigante en la adaptación y en la concienciación de toda la Administración General del Estado, en la necesidad de ofrecer en los territorios con dos lenguas oficiales un servicio público auténticamente bilingüe a los ciudadanos, que garantice los derechos de opción lingüística de esta ciudadanía. En ese contexto pensamos, tal como proponemos en nuestra enmienda, en la necesidad de activar con celeridad los trabajos del Consejo y de la Oficina de las Lenguas. Hemos creado ese instrumento porque creemos en él y en el papel que puede desarrollar. Además la enmienda socialista centra su prioridad en los derechos de los ciudadanos, supone un avance en la garantía de los derechos de opción lingüística de la ciudadanía, no solo en su relación con la Administración General del Estado, sino también con los órganos constitucionales, tal como determina el artículo 33.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Señorías, con esta enmienda ofrecemos un texto para el acuerdo de avance hacia objetivos comunes. Hemos perdido esta oportunidad y nosotros lo lamentamos. No queremos hacer del tema lingüístico un tema de enfrentamiento. Nos conviene a todos hacer un tratamiento amable y a favor de la convivencia a la hora de abordar las políticas lingüísticas. Solo así será posible avanzar en positivo. Solo así se demuestra la voluntad de construir juntos un futuro.

La legítima acción parlamentaria de los grupos que dan prioridad a estos temas no la discuto, pero los invito a la siguiente reflexión. Parece que al final lo que nos debería importar es la eficacia de la aplicación de los avances en estos temas, y pensamos muy sinceramente que podemos encontrar de forma conjunta mecanismos que nos lleven a mejores conclusiones. Con la confrontación y posiciones maximalistas no serán posibles los acuerdos necesarios para impulsar el plurilingüísmo por el que apostamos. Tenemos una legislatura por delante y no vamos a dejar de trabajar con rigor y sensatez como hasta ahora.

Termino, señora presidenta, diciendo que el tratamiento de la realidad plurilingüe es también el tratamiento de la convivencia. Esa es nuestra apuesta. Como dije en su día, desde una óptica federalista la política lingüística es pedagogía de la pluralidad y con su actitud no ayudan a las otras lenguas oficiales distintas del castellano".

Intervención en la comisión de Administraciones Públicas, donde comparecía la Ministra de AAPP para informar sobre el Fondo de Inversión Municpal

“Bienvenida, señora ministra de Administraciones Públicas, aunque a tenor de algunas de las intervenciones podría llamarla ministra de Administraciones Públicas, Economía y Hacienda, Trabajo, Seguridad Social, Servicios Sociales, etcétera, porque han ido saliendo todos los temas a pesar de que no todos ellos son los que nos ocupan esta mañana. Quiero empezar agradeciéndole su comparecencia, agradeciéndole la información exhaustiva sobre el fondo y también que haya aprovechado esta intervención para avanzar las líneas generales de la futura ley de gobierno local, aunque parece que para el portavoz del Grupo Popular esto no toca o es una materia insustancial y, por tanto, no ha hecho referencia a ella. Una vez más, en la sesión de hoy este Gobierno -también este grupo parlamentario- ha dejado buena muestra de su apuesta por el municipalismo. Con la revitalización de un nuevo nexo de cooperación y de complicidad entre el Estado y las corporaciones locales esta apuesta ha quedado fehaciente. Algunos para hacer referencia al fondo hablan de un regalo o utilizan expresiones similares a esta en un tono más o menos despectivo, cuando lo que ha representado este Fondo Estatal de Inversión Local ha sido una muestra de confianza absoluta de este Gobierno en la labor y la capacidad de gestión de los ayuntamientos de nuestro país. Porque pensamos que la Administración local es una administración eficaz, además de ser la más cercana a los ciudadanos, ha sido por lo que hemos apostado por impulsar una medida como esta en una situación extrema de necesidad, de crisis económica como la que atraviesa nuestro país, conjuntamente con el resto de países de nuestro entorno.Precisamente este año en el que tenemos la celebración de los treinta años de ayuntamientos democráticos -treinta años, por tanto, de crecimiento y consolidación de las corporaciones locales-, celebramos que la ministra haya anunciado una vez más el compromiso del Gobierno de traer a esta Cámara dos proyectos legislativos que están pendientes y que son tan necesarios para las corporaciones locales. Evidentemente, me refiero al estatuto del gobierno local, por un lado, y a la nueva ley de financiación local, por otro. Es cierto que en el Grupo Socialista pensamos que el consenso en ambos proyectos de ley con todas las formaciones políticas es imprescindible. Por nosotros no va a quedar; vamos a poner empeño en ello, porque sabemos que el éxito de esta futura legislación depende en gran medida del grado de consenso que podamos alcanzar sobre ella.

Señorías, me gustaría hacer referencia a algunos de los comentarios que ha hecho el portavoz del Grupo Popular cuando, por ejemplo, ha hablado de la improvisación. La verdad es que escuchando sus intervenciones todas las personas que estamos en esta Comisión podemos constatar que la improvisación es la suya; improvisa constantemente sus intervenciones.

Pues bien, me gustaría decirle que si una cosa nos exigen los ciudadanos siempre, pero más especialmente en situaciones complicadas como en la que estamos, es que seamos rigurosos y trabajemos a fondo los temas y que no utilicemos un lenguaje demagógico o frases vacías de contenido; y lo que también nos piden los ciudadanos, sobre todo, es un respeto a nuestras instituciones. Quiero recordarle que los ministros no hacen tournées por el Estado sino que los ministros lo que hacen son viajes oficiales, acercamiento a los territorios y conocimiento de todo el país. Por tanto, les pido respeto a las instituciones y un poquito más de prudencia a la hora de hacer algunos comentarios.

Una de las medidas importantes que ha llevado a cabo este Gobierno -y sobre ella me centraré porque creo que es lo que ha ocupado más en la intervención de los otros portavoces- es precisamente la aprobación del Fondo Estatal de Inversión Local. No ha sido la única medida de impulso para intentar reactivar la economía del país pero sí que ha sido una de las más significativas y sin duda la que nos ocupa esta mañana. Quiero empezar, en este sentido, felicitando a todos los ayuntamientos de España y a las diputaciones provinciales también, que han cumplido una de sus funciones importantes, como es ayudar a los ayuntamientos más pequeños, por todo el trabajo hecho hasta ahora y sobre todo por el que van a realizar a lo largo de este año. Es una pena que el Grupo Popular no se haya podido sumar a esta felicitación, estoy segura de que sus alcaldes, los alcaldes del Partido Popular, lo hubiesen agradecido. Quiero felicitar a todos los alcaldes y a todos los concejales en nombre del Grupo Parlamentario Socialista por su compromiso con sus ciudadanos y por la capacidad de acción que han demostrado y sobre la que nosotros no hemos dudado en ningún momento. Han respondido masivamente a la medida y se han manifestado además muy positivamente a favor de ella, también lo ha hecho así la Federación Española de Municipios y Provincias.

Celebramos especialmente que los municipios gobernados por el Partido Popular no hayan sido coherentes con la posición de su partido político y no se hayan abstenido de presentar proyectos, a pesar de la abstención de su grupo parlamentario en la votación del decreto-ley. Asimismo, quiero destacar también que este Fondo de Inversión Local supone un refuerzo, a pesar de algunos comentarios que han hecho otros portavoces, precisamente de la autonomía local reconocida en la Constitución. Siendo la Administración más cercana a los ciudadanos era sin duda la que mejor podía actuar y reaccionar frente a las necesidades reales en un momento de dificultad como este. Han sido ellos, por tanto, los que han priorizado lo que debían hacer o no en cada uno de sus territorios, y así pensamos que debe ser. El señor Olabarría proponía un poco más de control o de algunas restricciones pero, en todo caso, nuestra apuesta ha sido la de la autonomía local, y eso evidentemente no causa ningún tipo de conflicto con la autonomía autonómica. El señor Canet hablaba sobre el miedo que le podía producir reforzar la autonomía local. Yo creo que no es un juego de suma cero, donde lo que uno gana lo pierde el otro. No, se puede reforzar la autonomía local y ser escrupulosamente respetuosos con las competencias autonómicas y con el papel que las comunidades autónomas desarrollan y tienen que desarrollar en nuestro país.

Quiero felicitar, en segundo lugar, también al Ministerio de Administraciones Públicas, a todo el Gobierno y a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, por el lanzamiento de la idea y sobre todo por la articulación y la gestión de este fondo. Creo que este ministerio, como gran sala de máquinas del Gobierno, ha estado a la altura de las circunstancias. Hay que tener en cuenta que la medida de creación de este fondo era algo novedoso -como la misma crisis económica- y el ministerio ha dado una muestra de capacidad de gestión de algo novedoso, que sin duda hay que reconocer.

Quería destacar también otro elemento que nuestro grupo considera importante -así lo ha señalado también la ministra-, como es el salto hacia la Administración electrónica. La Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, 11/2007, fijaba el 31 de diciembre de 2009 como la fecha en la cual las administraciones públicas debían poder ofrecer a los ciudadanos los procedimientos administrativos por vía telemática. Este fondo ha posibilitado, de entrada, que todos los municipios de España -todos excepto los cinco que no han pedido el fondo- tengan el certificado digital, como usted destacaba, paso fundamental desde nuestro punto de vista para culminar el siguiente reto. El hecho de que se haya podido resolver todo en pocas semanas y sin presentar un solo papel es una prueba de que cuando queremos, podemos. Tampoco aquí los pronósticos agoreros del Partido Popular se han demostrado verdaderos.Hablaban ustedes de dificultades insuperables. Ya ven que ningún municipio por pequeño que sea ha tenido ningún problema con el acceso electrónico; en el fondo lo que pasa es que ustedes, señorías del Grupo Popular, no conocen los ayuntamientos y no creen en los ayuntamientos.Algo parecido les pasa con el país: no conocen el país y tampoco creen en él. Sin duda, los principales objetivos de la creación del fondo, como ya se ha dicho, eran la activación o el estímulo de la economía y la generación de empleo, pero también es verdad que estas inversiones han implicado y van a implicar también otras cosas no menos importantes y, desde luego, desde nuestro punto de vista muy positivas: el aumento de la calidad de vida de los ciudadanos, la mejora del paisaje urbano y la posibilidad de que muchos ayuntamientos tiren adelante proyectos que de otra manera no hubiesen podido.

Aquí quiero detenerme también, como han hecho otros portavoces, en el tema de la financiación local. Evidentemente, nadie ha dicho que la creación de este fondo estatal de inversión local suponga dejar de lado la negociación de la financiación local, todo lo contrario. Yo quiero reiterar hoy aquí el compromiso total de los socialistas de mejorar un sistema de financiación local que somos los primeros en denunciar que es un mal modelo de financiación local -recuerdo que fue un modelo pactado precisamente por gobiernos del Partido Popular-, y por eso pensamos que la previsión de este fondo y el éxito del mismo no debe frenar en absoluto -como no lo ha hecho- el debate de fondo sobre el modelo de financiación. Sin embargo, este no es el debate de hoy porque estamos hablando precisamente de esta medida excepcional en un momento excepcional.

Quiero tratar ahora algunos de los temas que han ido saliendo a lo largo del debate, la ministra ya ha contestado a la mayoría de ellos, pero desde el Grupo Socialista no quiero dejar de hacer referencia a alguno de ellos. Quiero empezar refiriéndome a la distribución de los 8.000 millones que el portavoz del Grupo Popular nos presentaba en un gráfico circular, la distribución típica de quesitos de estos 8.000 millones. Me parece que este gráfico ha sido llegar al paroxismo de la ridiculez. No voy a ponerme a discutir la distribución que hacen de las cuantías, lo ha hecho la ministra ampliamente con mayor conocimiento y mayor criterio que el que yo pueda utilizar, me quedo simplemente con las partidas que las señorías del Grupo Popular destacaban en su gráfico. Ellos utilizaban el término de recursos de mano de obra como la única partida que les parecía justificada de toda la inversión que se hace y, por el contrario, los materiales, el margen empresarial, los medios auxiliares, el IVA, les parecía algo que sobraba. A mí me gustaría saber qué concepción tienen de inversión en obra si no van a utilizar materiales, porque, claro, hacer una obra sin materiales me parece ciertamente un poco dificultoso. O sin margen empresarial, ¿qué concepción tienen de la activación de la actividad económica? ¿Qué pretenden, que las empresas pierdan dinero? No sé, es otro de los conceptos que no me quedaba claro. O cuando hablan del IVA, quizá se están proponiendo no responder a las obligaciones tributarias. En fin, creo que no hace falta añadir gran cosa más.

Respecto al número de trabajadores, también se ha hablado ampliamente y la ministra ha señalado que la cifra de 278.000 es el número dado precisamente por los alcaldes de los ayuntamientos de España, por cada uno de los alcaldes de los ayuntamientos de España, gobernados por todas las fuerzas políticas. Por tanto, el número que está manejando, que está utilizando el Gobierno es el número objetivo que le vienen a ofrecer las corporaciones locales. A mí me gustaría saber de dónde sacan ellos su número o en razón de qué hacen los cálculos que hacen. Sobre esta cuestión tampoco quiero detenerme excesivamente, me gustaría simplemente utilizar una frase que me gustó, buena porque fue pronunciada por un buen político, eso es verdad, el alcalde de Madrid, que dijo: Detrás de cada obra, hay un puesto de trabajo. Me parece un buen resumen de lo que puede significar este fondo, de cuál era el objetivo de este fondo y de cuál va a ser por tanto el cumplimiento del objetivo de este fondo.

Respecto al tema de ANV, el señor Olabarría ha dado una explicación excelente sobre la materia y tampoco voy a ahondar excesivamente, pero sí quería poner encima de la mesa una reflexión que no ha salido en el debate de hoy, y es que tanto los Presupuestos Generales del Estado como toda la financiación proveniente de las administraciones autonómicas del País Vasco y de Navarra se distribuyen entre todos los ayuntamientos de este territorio, entre todos. No he oído en ningún momento ninguna voz que cuestione el dinero que viene de los Presupuestos Generales del Estado, para también esos ayuntamientos gobernados por personas que formaban parte de la lista de ANV, ni que cuestione los fondos económicos que vienen de las administraciones autonómicas. Supongo, señor Salvador, que el Gobierno de Navarra también hace un seguimiento y vigila cómo gastan el dinero esos ayuntamientos, doy por descontado que cumple con sus obligaciones y que no hace dejación de ellas. Este Fondo Estatal de Inversión Local no podía excluir los ayuntamientos gobernados por personas que habían pertenecido a listas de ANV simplemente porque hacer esto sería ilegal, y no solo sería ilegal, sino que además iría en contra de todos los ciudadanos de esos municipios. Lo que hay que hacer -y este Gobierno y este grupo parlamentario ya han asumido ese compromiso- es ser vigilantes y controlar que los fondos económicos que reciben esos ayuntamientos -todos, no solo los del Fondo de Inversión Local, sino todos los fondos económicos que reciben- van a tener una aplicación adecuada a la legislación actual.

Oyendo las declaraciones del concejal socialista de Mondragón, Francisco García, diciendo que van a estar vigilantes -porque también los concejales de esos ayuntamientos lo pueden hacer- y harán por tanto que se cumpla la ley respecto a los carteles -él hacía referencia a los del Gobierno de España por parte de ANV-, echo de menos la voz de los concejales del Partido Popular diciendo: me vas a tener al lado para poder vigilar mejor. En esto es en lo que se requiere la unidad. Yo recomendaría a las señorías del Grupo Popular que, en vez del modo amenazante que utilizan en sus intervenciones, estuvieran en este tema al lado del Gobierno para trabajar juntos por lo que es una causa común.Sería muy positivo que de una vez por todas supieran quiénes estamos en el mismo barco y quiénes están enfrente.

Con respecto a los carteles, no voy a extenderme excesivamente, pero sí me gustaría destacar una cuestión que curiosamente ha pasado desapercibida y por la que quiero felicitar al Ministerio de Administraciones Públicas, como es el caso de que los carteles se prevén en todas las lenguas de España. Es verdad que los grupos nacionalistas siempre sacan a relucir estas cuestiones en sentido negativo, y yo quería sacarlo hoy en sentido positivo, porque el compromiso del Gobierno y de este ministerio con el respeto de todas las lenguas españolas ha sido fehaciente también al contemplar que los carteles van a estar en todas las lenguas de España.Simplemente un reconocimiento explícito a esta cuestión. En cuanto a la idoneidad de la colocación de estos carteles, la verdad es que la cantidad de despropósitos que se han oído con relación a esta materia es digna de catálogo. Quizás en algún momento, más adelante, podríamos listar todos estos despropósitos y hacer un estudio sobre comunicación política y demagogia. De entrada es interesante que las señorías del Grupo Popular coincidan con Aralar en querer ridiculizar algo que por otro lado se da siempre -ya lo ha recordado la ministra-: la publicidad de una obra pública es obligatoria siempre, en cualquier nivel de Administración, sea Administración local, sea Administración autonómica, sea Administración estatal o sea Administración europea la que actúe. En ese sentido quiero simplemente citar algunas normas jurídicas para poner un poco de orden y de rigor en esta discusión. Lo que no voy a hacer es caer en los millones de ejemplos que podemos tener en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular o en ayuntamientos gobernados por el Partido Popular donde el tamaño de los carteles, más que carteles, parecen pantallas de cine. Por tanto, lo que voy a hacer es citar dos reglamentos europeos el 1159/2000 y el 621/2004, donde la Comisión establece que las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los fondos estructurales y de los fondos de cohesión tienen que estar publicitadas con vallas informativas en todas las zonas de intervención.Asimismo, en nuestra legislación interna -estos reglamentos también son legislación interna, por supuesto- tenemos la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de subvenciones, que establece la obligatoriedad en su artículo 18.4 de la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención en los términos reglamentarios establecidos. También prevé esta misma ley en el artículo 37 como causa de reintegro el incumplimiento de esta obligación. Por tanto, el decreto-ley lo que hace es adaptar perfectamente esta ley de subvenciones y reproducir de alguna manera esta regulación.

Para terminar quería decir que, de acuerdo con los argumentos utilizados por el portavoz del Grupo Popular, los grandes problemas de este Fondo Estatal de Inversión Local son los carteles del Gobierno de España. Esa es la conclusión. Por tanto, mi conclusión es que el Fondo Estatal de Inversión Local tiene pocos problemas, porque si ese es el único que ha sabido detectar y enfatizar el portavoz de la oposición, parece que no hay problemas. Alguno de los portavoces preguntaba qué criterios podemos utilizar para confirmar y para destacar que este fondo ha sido un éxito.Pues bien, los criterios que podemos utilizar son objetivos: La acogida, la recepción de los proyectos, la gestión hasta el momento de estos proyectos nos muestran que el Fondo Estatal de Inversión Local impulsado por este Gobierno ha sido un éxito. Por tanto, en esos criterios objetivos es en lo que nos basamos para valorar desde el Grupo Socialista que este fondo era necesario, que este fondo lo que ha hecho es apoyar a la Administración local, creer en el municipalismo español porque sabemos que es la Administración más cercana y la que mejor podía reaccionar, como decía al inicio de mi intervención, a los problemas y a las necesidades de los ciudadanos, y en esa línea vamos a seguir trabajando.

Quiero, de nuevo, felicitar al Ministerio de Administraciones Públicas y muy especialmente a su titular por esta iniciativa y por la gestión, y esperamos que dentro de unos meses podamos volverla a escuchar explicando ya, no conjeturando, qué ha supuesto este fondo para nuestras ciudades y nuestros pueblos".

Intervención en la Comisión de Justicia,sobre la revisión y denuncia de los acuerdos del Estado con la Santa Sede

“ Efectivamente hemos debatido esta misma proposición no de ley la legislatura pasada en términos idénticos, y la verdad es que es una lástima que el grupo proponente no haya aprovechado este gap en el tiempo para mejorar alguno de los planteamientos o incorporar algunas de las imperfecciones que, desde nuestro punto de vista, había y que señalamos en la anterior intervención. En cualquier caso el debate es pertinente. No creo que la crisis económica sea un pretexto para no debatir esto, y por la misma razón tampoco tendría sentido hablar sobre la proposición no de ley relativa a la creación de un laboratorio móvil para la isla de Ibiza, por ejemplo, proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, o con el mismo argumento tendríamos que cerrar todas las comisiones de este Parlamento y dejar simplemente abierta la Comisión de Economía. Este no es un argumento razonable ni sería bueno para nuestra democracia ni para el debate público ni para los intereses de los españoles.

Los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, como ustedes saben, constituyen un tratado internacional cuyo texto ha sido aprobado además por las Cortes Generales, y así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en varias sentencias, cito la 187/1991. Este tratado internacional, estos acuerdos suponen, nada más y nada menos, que el desarrollo del mandato constitucional recogido en el artículo 16.3 de la Constitución española, en donde se dispone precisamente que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica -y la cita explícitamente- y las demás confesiones. Sobre la base de este artículo, pues, nuestro texto constitucional y por ende los acuerdos no suponen, desde nuestro punto de vista, una situación de privilegio con la religión católica, sino que se limitan a desarrollar este texto constitucional, y además responden a una realidad social. Es verdad que la realidad social es cambiante, pero desde nuestro punto de vista no es sustancialmente cambiante. Es decir, la realidad del 78, cuando se aprobó la Constitución, y la realidad del 2009 se siguen traduciendo en que mayoritariamente la sociedad española se declara católica. Los datos del CIS así nos lo indican, tengo los datos de abril de 2008, en que el 76,7 por ciento de la población se declara católica, por ejemplo; el 20 por ciento se declara no creyente, el 1,6 creyente de otra religión, y el 1,7 no contesta. Por tanto, estamos hablando de porcentajes en cualquier caso elevados: 76,7 por ciento.

Me gustaría señalar también algo que no podemos olvidar, que también señala el artículo 16.3 de la Constitución, que es la necesaria cooperación que el Estado tiene que establecer con todas las confesiones, haciendo mención especial, como ya he dicho, a la religión católica. Esto viene amparado también por varias sentencias del Tribunal Constitucional, y me gustaría citar, por todas ellas, la sentencia 48/2001. Así, por tanto, el acuerdo constituido mediante este tratado internacional con la Santa Sede se desprende directamente de este artículo 16.3, y lo mismo pasa con los otros acuerdos firmados por el Estado con otras confesiones religiosas: la evangélica, la judía y la islámica.

Respecto a la cuestión educativa, al sistema educativo, señor Llamazares, creo que no hay una situación de privilegio en ningún caso de la Iglesia católica en el sistema educativo. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece el carácter voluntario para los alumnos de tomar clases de religión católica o no tomarlas, y así lo prevé también el Real Decreto 1630/2006, que desarrolla esta ley, en el que se reitera el carácter voluntario de la enseñanza religiosa, tanto la católica como el resto de religiones con las que el Estado español ha llegado a acuerdos de cooperación.

Con relación al segundo punto de la proposición no de ley se pide la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, aprobada en 1980, aduciendo un supuesto trato diferencial a la jerarquía católica en la misma. Efectivamente este Gobierno, por boca de su vicepresidenta, doña María Teresa Fernández de la Vega, ya ha anunciado la voluntad durante esta legislatura de modificar esta Ley Orgánica de Libertad Religiosa, por tanto ese será el trámite pertinente para presentar aquellas enmiendas que su grupo parlamentario considere oportunas para mejorar, desde su punto de vista, lo que contemple esta ley orgánica. Señor Nasarre, no se trata de reconocer nuevos derechos en la modificación de la ley orgánica, se trata de adaptar una ley aprobada en el año 80; han pasado muchos años y por tanto nos parece adecuado profundizar, por ejemplo, en la confesionalidad del Estado o en regular cosas que no constan en esta ley, por ejemplo la libertad de conciencia de aquellos que no son creyentes.Son lagunas evidentes que existen en la legislación actual que nos llevan a pensar que sería bueno perfeccionarla. En cualquier caso, no he encontrado en el articulado actual de la ley ningún precepto en el que se vislumbre un trato diferencial a la Iglesia católica. Es más, en su artículo 1.3 se dispone que ninguna confesión tendrá carácter estatal, y en su artículo 7 se recoge la posibilidad de la firma de acuerdos entre el Estado español y las distintas confesiones religiosas que hayan alcanzado un arraigo notorio en la sociedad española. Por tanto, no sé a qué se refiere el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida cuando habla de privilegios de esta ley.

El tercer punto pide la reforma de la Ley de Asociaciones, con el fin de que en su ámbito de aplicación la Iglesia católica no reciba, de nuevo, ningún privilegio respecto a otras confesiones religiosas. Aquí quiero señalar otra vez exactamente lo mismo. Leyendo el articulado de esta ley, no veo ninguna mención especial a la Iglesia católica y por tanto tampoco veo ningún privilegio explícito. En conclusión, creo que no hay privilegios objetivos en la legislación vigente; la regulación actual simplemente responde a una realidad social y a un reconocimiento constitucional expreso. En todo caso, no hay desatención de las otras confesiones religiosas, cosa que también me parece importante destacar en este momento. Además, a lo largo de estos años los acuerdos con la Santa Sede se han ido modulando, se han ido revisando, que es un poco lo que usted pide, y por tanto no han sido en absoluto estáticos. Saben que el Grupo Socialista no está ni ha estado cerrado a pensar cómo mejorar su regulación para que esta se adapte con más precisión a la realidad cambiante de nuestro país. En este sentido se han hecho avances significativos precisamente en la dirección que ustedes apuntan.Simplemente pensamos que hay que acertar en la oportunidad del cómo y del cuándo, y en eso parece que es en lo que a veces no coincidimos.

Ha hablado en su intervención, señor Llamazares -y con esto acabo-, de la ética civil. Creo que ningún Gobierno ha hecho más que este Gobierno socialista por la construcción de una ética pública. Este ha sido sin duda uno de los horizontes que ha marcado las iniciativas legislativas en la anterior legislatura, y que va a continuar marcando las de esta IX Legislatura. De forma paradigmática quiero destacar precisamente otro tema que ha salido en el debate, que es la previsión de la asignatura de educación para la ciudadanía. Eso es construcción de ética pública en positivo, y este Gobierno va a seguir trabajando en esa dirección”.

Intervención en el Pleno sobre el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos y sus posibles reformas.

“Quiero empezar diciendo que los objetivos de la ley que da lugar a esta moción son evitar los conflictos de intereses y garantizar en mayor medida la independencia, la imparcialidad y la objetividad de los altos cargos. También introducir una mayor transparencia en los mecanismos de control de bienes y derechos que posean los miembros del Gobierno y altos cargos, buscando controlar, por tanto, que los bienes patrimoniales, cuando entran y cuando salen no son sustancialmente distintos porque de eso es de lo que estamos hablando hoy aquí. Así, es importante establecer una separación estricta entre la actividad pública y la actividad privada. La Ley 5/2006 es contundente en este aspecto. Tenemos, señorías, y ustedes lo saben, una de las leyes más restrictivas de Europa en cuanto al régimen de incompatibilidades, ley promovida y aprobada por un Gobierno socialista.El Grupo Socialista ha llevado siempre sobre este tema la iniciativa porque es algo en lo que creemos profundamente. Aprobamos la Ley de 1983, la de 1995 y hemos aprobado también la Ley de 2006 derivada, por cierto, de una proposición no de ley de este grupo, que fue rechazada con mayoría absoluta del Grupo Popular. Le recomiendo la lectura del "Diario de Sesiones" de 23 de abril de 2002. Allí hay un listado real de opacidad que había en ese momento. No quiero hablar del caso Gescartera que es precisamente lo que provocó ese debate en ese momento.

Quiero decirle una cosa, señor Herrera. Este objetivo de mejora de la calidad democrática y de mejora de la transparencia y de la ética de los poderes públicos que se pretendía introducir precisamente con la ley de 2006, se cumple. Se cumple y usted sabe que se cumple. Introducir dudas sobre este cumplimiento es hasta cierto punto irresponsable. La prueba fehaciente de esa irresponsabilidad es la intervención que ha permitido por parte del Grupo Parlamentario Popular en boca de su portavoz. Esa ha sido la principal consecuencia de traer a esta Cámara esta moción.

Señor Merino, no me hable de incumplimiento de leyes. ¿Se refiere a la Ley del Tabaco? ¿Se refiere a la Ley de la Dependencia? El incumplimiento de las leyes que aprueba este Congreso es por parte de las comunidades autónomas gobernadas por su partido político. Nos acusan de no hacer el reglamento, cuando ni hicieron la Ley de Incompatibilidades, ni hicieron el reglamento que desarrollaba esta ley. Ni ley ni reglamento. Nosotros haremos la ley aprobada en 2006 y haremos el reglamento. Es cierto que la ley de 2006 requiere en algunos aspectos desarrollo reglamentario, pero no desestime con tanta fragilidad o displicencia las razones que la ministra le dio en esta tribuna. Cuando la ministra dice que la ley se cumple, insisto, es verdad que se cumple en la medida en que existe el registro de actividades y bienes y derechos patrimoniales de altos cargos, donde todos y cada uno de ellos hacen las declaraciones de patrimonio pertinentes. Hay una oficina que, de existir alguna irregularidad, emitiría el informe pertinente. Además, hay que tener en cuenta que disponemos del reglamento que desarrolla la Ley de 1995, el Real Decreto 1410/1995, que se puede aplicar en su mayoría, por lo que en realidad no estamos ante la nada o ante un marco desregulado, como se intenta trasladar a esta Cámara. En otras palabras, el control y la vigilancia que usted exige en la exposición de motivos, se da, y eso es lo más relevante desde nuestro punto de vista.

Es verdad, también, que desde que el Gobierno se plantea modificar la Ley del impuesto sobre el patrimonio parece lógico adaptar la legislación referente a los altos cargos a esta nueva realidad. Siempre es bueno tener un ordenamiento jurídico saneado. En definitiva, modificar la ley de 1995 era importante, dadas las interpretaciones laxas que los gobiernos populares hicieron de ella, y por eso aprobamos la ley de 2006 que da mayores garantías. El Gobierno, además de cumplir con la literalidad de esa ley y con ese articulado mejorado, usted sabe señor Herrera, y toda la Cámara también, cumple con el auténtico espíritu de la ley.

Quiero acabar diciendo que en todo caso habrá reglamento. El compromiso es que haya este nuevo reglamento en cuatro meses. Será un reglamento elaborado, de nuevo, por un gobierno socialista, así como la ley que se aprobó en 2006".

Intervención en el Pleno del día 11 de noviembre de 2008 sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009

“Las principales líneas de actuación de este departamento de Administraciones Públicas, tal y como ha presentado la ministra, son continuar con la mejora de la calidad y los servicios que se prestan a la ciudadanía a través de la Administración General del Estado, así como proseguir con la política de extensión de los servicios públicos telemáticos y con la modernización tecnológica de la Administración General del Estado. Por cierto, en este sentido, ya hemos territorializado los recursos del INAP para formación continúa con la aprobación de nuestra enmienda 1431.

Me centraré, en todo caso, en el tercer gran eje prioritario del presupuesto, que consiste en el apoyo económico-financiero a las corporaciones locales a través principalmente del programa 942.A, de cooperación económica local del Estado por parte del Ministerio de Administraciones Públicas. Como SS.SS. saben, la finalidad de este programa, según el Real Decreto 835/2003, es contribuir a la realización de las inversiones locales incluidas en los planes provinciales e insulares de cooperación, no para subvenciones directas, señor Canet. Sus enmiendas tienen un defecto de forma insalvable que hace imposible que las podamos apoyar. He querido recordar la literalidad del decreto para dejar muy claros los objetivos de los presupuestos. Los presupuestos instrumentan unas líneas de ayuda que no tienen nada que ver con el modelo de financiación local que ustedes pretenden modificar vía enmiendas a esta sección. Claro que hace falta un nuevo modelo de financiación, entre otras cosas, porque el modelo actual fue pactado e impulsado por el Partido Popular, por tanto garantía de tener un mal modelo de financiación local, y en ello precisamente es en lo que estamos trabajando los socialistas, para arreglar aquello que ustedes no fueron capaces de hacer. Estamos trabajando en el ámbito adecuado, no con enmiendas demagógicas sobre IVA, sobre devoluciones a cuenta y sobre no sé qué otras cosas que no tienen cabida en esta ley de presupuestos y que, por tanto, requieren un debate en paralelo que se está produciendo.

Llegamos en Comisión a un acuerdo con Izquierda Unida con una transaccional en relación con el Fondo especial para la financiación a favor de los municipios de población no superior a 20.000 habitantes para aumentar este en 20 millones de euros, quedando una partida total de 60 millones de euros. Este fondo es uno de los instrumentos -diría que el más significativo- que la sección 22 nos ofrece para mejorar la situación económica de los ayuntamientos, además de los más pequeños, que son los que más necesidades y dificultades tienen para encontrar ingresos por otras vías. Les recuerdo, señorías, que este fondo fue creado por un Gobierno socialista en el año 2007; antes no existía. El compromiso con el municipalismo se demuestra con medidas y acciones concretas no con discursos en la tribuna, no con datos falsos, no con mentiras y evidentemente no teniendo alcaldes, señor Macias, porque que me diga que su partido es municipalista por el hecho de tener alcaldes y concejales no me parece un argumento demasiado serio. Somos los socialistas los que estamos trabajando para este nuevo modelo de financiación, porque ese es el trabajo de fondo. El nuevo modelo deberá garantizar suficiencia financiera, autonomía local y consenso entre la Federación Española de Municipios y Provincias y las distintas fuerzas políticas. En este sentido, pactamos también una transaccional con Izquierda Unida en Comisión referida a una disposición adicional que nos parece fundamental, ya que es la base para una nueva y una buena financiación, objetivo último de este grupo parlamentario. Les pido, por tanto, que no traigan aquí debates que corresponden a otras leyes, la Ley de Financiación Autonómica y la Ley de Haciendas Locales. No me extraña que el señor Macias diga que le provoca extrañeza no tener acuerdo de financiación autonómica. Para hacerlo mal y deprisa, ellos fueron campeones, junto con el Partido Popular. Centrémonos en lo que estamos debatiendo aquí, que son los Presupuestos Generales del Estado. Mezclar discursos no arregla los retos que tenemos por delante, los retos de futuro, solo embrolla las cosas, se pierde rigor en la discusión y hace que la imagen de la política se degrade".

Pleno del día 10 de noviembre de 2008 sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009

“Señorías, respecto a este título III, gastos de personal, voy a hacer referencia a tres temas; en primer lugar, al incremento salarial de los funcionarios; en segundo lugar, a la congelación de los sueldos de los altos cargos; y, en tercer lugar, a la oferta de empleo público. En los tres temas los Presupuestos Generales del Estado que este Gobierno nos envía presentan, a nuestro entender, seriedad y rigor, responsabilidad ante la situación económica y austeridad. Respecto al incremento salarial de los funcionarios, este se fija en un 2 por ciento y además se prevé un incremento de un uno por ciento correspondiente a retribuciones complementarias, cosa que consigue que este año se acabe con la equiparación de las catorce pagas. Finalmente, se prevé un incremento adicional del 0,5 por ciento de la masa salarial para financiar las aportaciones a planes de pensiones de empleo. Este incremento se ha negociado y acordado con los sindicatos, tal y como recoge el acuerdo de la Mesa general de negociación de las administraciones públicas de 25 de septiembre de 2006, ratificado el 16 de septiembre de 2008. El incremento salarial de los funcionarios es una medida con carácter básico, y así debe ser, en aplicación del título competencial reconocido en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Además, así lo ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Las sentencias del Tribunal Constitucional 63/1986, 237/1992 y 171/1996, entre otras, dicen, acerca de imponer topes a las retribuciones de los funcionarios, que se trata de una medida económica general de carácter presupuestario dirigida a contener la expansión de uno de los componentes esenciales del gasto público, además de ayudar a la estabilidad económica y a la gradual recuperación del equilibrio presupuestario. Por tanto, el hilo argumental, al que el señor Ridao hacía referencia en su intervención, de las enmiendas de Convergència i Unió no se sostiene desde el punto de vista jurídico- constitucional y por ello no podremos, evidentemente, apoyar estas enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Respecto a la congelación de los sueldos de los altos cargos, supone un esfuerzo de austeridad y una muestra de coherencia y compromiso del Gobierno, y algo muy importante también como es el hecho de dar ejemplo, cosa fundamental siempre, pero especialmente en esta coyuntura en la que estamos. Este tipo de medidas ejemplarizantes contribuyen sin duda a paliar la desafección potencial que la ciudadanía puede sentir en relación con la política. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, no se pueden hacer en este sentido enmiendas demagógicas como la que su portavoz defendía hace unos minutos. Hay congelación de sueldos de los altos cargos porque así lo prevén los Presupuestos Generales del Estado.

En cuanto a la oferta de empleo público, como medida de contención del gasto público con carácter general, la tasa de reposición de este empleo en las administraciones públicas será como máximo del 30 por ciento. A ello se reconocen algunas excepciones como el personal de la Administración de Justicia, el personal educativo, el personal sanitario, el de inspección de trabajo, el de servicios públicos de empleo y el de instituciones penitenciarias. El Grupo Parlamentario Socialista ha considerado en esta misma dirección presentar la enmienda número 67 que amplíe los casos de excepción del 30 por ciento. ¿A qué servicios? A los servicios de prevención y extinción de incendios y a los efectivos para municipios de menos de 50.000 habitantes. De esa manera, cubrimos aquellos entes locales que más podrían notar la reducción de efectivos, garantizando que no se vean perjudicados sus ciudadanos a la hora de recibir los servicios públicos imprescindibles. Esta es una muestra más del compromiso del Grupo Parlamentario Socialista con el municipalismo.

Asimismo, en la enmienda 67 se propone que el 30 por ciento de la tasa deberá centrarse en aquellos sectores que ofrezcan servicios públicos esenciales, en especial los destinados a desarrollar la Ley 39/2009, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Así, además de destinar en estos Presupuestos Generales del Estado para 2009 un incremento de la partida para financiar la Ley de la Dependencia del 33 por ciento, también cuando hablamos de los efectivos públicos que deben destinarse a este objetivo prioritario el compromiso del Grupo Parlamentario Socialista es palpable. Esta enmienda número 67 mantiene un buen equilibrio entre la necesidad indiscutible de contención del gasto público y ofrecer en todo momento los servicios que los ciudadanos más reclaman, por ser los más esenciales. Dos temas son básicos en este punto para mi grupo: el compromiso con los ayuntamientos y sus necesidades, y el compromiso con las políticas sociales. Por ello el Grupo Parlamentario Socialista apoyará este título III, ya que consideramos que consigue, como decía, un equilibrio entre la contención del gasto y el trato que merecen los trabajadores que ofrecen servicios públicos a los ciudadanos.Gracias".

Intervención en la Comisión de Presupuestos del día 5 de noviembre de 2008

“Las principales líneas de actuación del departamento de Administraciones Públicas que el Grupo Socialista considera necesarias y por las que efectivamente estos Presupuestos Generales del Estado apuestan son, en primer lugar, continuar con la mejora de la calidad y los servicios que se prestan a la ciudadanía a través de la Administración General del Estado. En este sentido es de vital importancia el programa 921.P, referido a la Administración periférica del Estado. El incremento de este programa se debe fundamentalmente al refuerzo de las oficinas y unidades de extranjería, a las unidades de violencia de género y a la aplicación del Plan de mejora de los servicios de sanidad exterior, con el refuerzo de los puestos de inspección fronterizos. Es un aumento de las partidas destinadas a infraestructuras, a personal y a innovación tecnológica, por lo que las enmiendas 1.040 y 1.041 del Grupo Popular no nos parecen adecuadas, en la medida en que el presupuesto ya cubre las necesidades en este campo.

El segundo gran objetivo de este departamento es proseguir con la política de extensión de los servicios públicos telemáticos y con la modernización tecnológica de la Administración General del Estado. Así, el programa 467.G, de investigación y desarrollo de la sociedad de la información, mantiene una dotación suficiente, a nuestro entender, para seguir apostando por este desarrollo tecnológico, tan necesario, de la Administración pública si queremos que esta ofrezca los servicios a los ciudadanos y a las empresas con el nivel de calidad adecuado. Esta fue una apuesta durante toda la anterior legislatura y se mantiene en esta. A simple vista, podría parecer que hay una disminución respecto a los Presupuestos Generales del Estado del 2008; sin embargo, en términos homogéneos no se produce tal reducción, ya que esta se explica con la reducción de 5 millones que en 2008 se destinaban a ventanilla única I+D+i, que ha dejado de ser competencia de este ministerio, así como de los fondos destinados a las medidas de activación del Plan Jaén XXI, que finaliza su vigencia y que tenía una dotación de 1,09 millones de euros.En conclusión, el programa 467.G experimenta en realidad una ligera subida, por lo que las enmiendas 1037, 1038, 1039 y 1042 del Grupo Popular, así como las enmiendas 2363, 2371 y 2377 de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, no nos parece que tengan sentido suficiente como para aceptarlas.

Quiero referirme también al Instituto Nacional de Administración Pública, antes de abordar el tercer gran objetivo, que es el de continuar con el apoyo económico-financiero a las corporaciones locales, sobre las cuales han centrado las intervenciones que me han precedido. En relación a este organismo autónomo el Grupo Socialista ha presentado una enmienda, la 1431, para adecuar los estados de gastos del INAP a la nueva cantidad que se destinará a la formación continua en el ámbito de las comunidades autónomas en 2009, derivadas precisamente del acuerdo de 10 de octubre de 2008, tomado por la Comisión general para la formación continua. Así, la inversión en formación continua queda, de alguna manera, territorializada. En parte, las enmiendas 2359 y 2360 del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, así como las enmiendas 1035 y 1036 del Grupo Popular, van en la misma dirección, por lo que pediríamos a estos grupos parlamentarios que apoyen nuestra enmienda porque entendemos que subsume o podría subsumir las suyas, y que responde además al acuerdo tomado por la Comisión general para la formación continua.

Entro a hablar del tercer gran eje prioritario del presupuesto de 2009, que consiste en el apoyo económico-financiero a las corporaciones locales a través, principalmente, del programa 942.A, de cooperación económica local del Estado por parte del Ministerio de Administraciones Públicas.Como SS.SS. saben, la finalidad de este programa según el Real Decreto 835/2003 es, en primer lugar, contribuir a la realización de las inversiones locales incluidas en los planes provinciales e insulares de cooperación; en segundo lugar, contribuir a la modernización de la Administración local a través de la utilización de tecnologías de la información y, en tercer lugar, contribuir a impulsar la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales. Para ello, los Presupuestos Generales del Estado que nos presenta el Gobierno instrumentan unas líneas de ayuda que no tienen nada que ver con el modelo de financiación local, que ustedes pretenden modificar vía enmiendas a esta sección. Ustedes mismos han citado algunas de ellas, por ejemplo, la 1033 del Partido Popular o la 2966 de Convergència i Unió, que necesariamente tenemos que rechazar. Compartimos el diagnóstico de que hay un problema de financiación local, y por eso precisamente estamos trabajando en los foros adecuados para intentar llegar a un acuerdo lo antes posible. El problema de la financiación local, por otro lado, no lo ha generado ni el Partido Socialista ni el Gobierno socialista ni este grupo parlamentario, sino que es un problema que ya existe y que fue agravado por las decisiones tomadas por los gobiernos populares.

Hay otro grupo de enmiendas que vamos a rechazar porque confunden este programa con unas asignaciones nominativas a corporaciones locales para la realización de ciertas obras o proyectos concretos, cuando las ayudas a obras o servicios municipales tienen que instrumentarse necesariamente a través de los planes provinciales e insulares, y estos deben cumplir, además, determinados requisitos. En otras palabras, el presupuesto no puede territorializar o asignar créditos directos a corporaciones locales concretas a través de este programa, sino que la legislación prevé que sea a lo largo del ejercicio presupuestario cuando se presenten proyectos concretos. Léanse, por favor, el artículo 10, entre otros, del real decreto citado. Por tanto, estas enmiendas que el Grupo Socialista rechazará son la 2328, la 2347, la 2348, la 2349, la 2351, la 2380 y la 2394 de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Pediríamos, de hecho, que las retiraran por ser insalvables e inviables desde el punto de vista técnico.

A continuación, quiero defender las enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario, la 1429 y 1430, referidas a una compensación económica para aquellos municipios con instalaciones militares en su territorio -concretamente, hacen referencia a los municipios de San Fernando, Rota, Barbate, El Arahal, Ferrol y Cartagena-, y a su vez otra enmienda referida a los municipios con servidumbres militares, tales como El Coronil, Paradas y Obejo. En caso de que se aceptara esta enmienda, carecerían de sentido la enmienda 1034, del Grupo Popular, y la 1928, del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Pedimos a estos grupos parlamentarios que apoyen nuestra enmienda, pues pensamos que la partida que nosotros proponemos es más ajustada y está más en coherencia con la que recibieron el año anterior, y es más justa en la medida en que distingue aquellos municipios con bases en su territorio y aquellos municipios que sufren simplemente servidumbres referidas a las instalaciones militares.

Finalmente, hemos llegado a un acuerdo -y lo quiero poner en valor- con una enmienda transaccional en relación con el fondo especial para la financiación a favor de los municipios de población no superior a 20.000 habitantes. Esta transaccional se basa en la enmienda 1929 y ha sido concertada por parte del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida.Este es uno de los instrumentos -el más significativo- que la sección 22 nos ofrece para mejorar la situación económica de los ayuntamientos.Hemos querido, pues, aprovechar esta oportunidad para apostar paliar la coyuntura desfavorable de los municipios, siendo conscientes de que el trabajo de fondo, como decía antes, debe llegar pronto con un nuevo modelo de financiación local que garantice, en primer lugar, la suficiencia financiera; en segundo lugar, que respete la autonomía local y, en tercer lugar, que sea un pacto entre todas las fuerzas políticas; por tanto, que sea un modelo de consenso. En este sentido, hemos pactado también una transaccional con Izquierda Unida referida a una disposición adicional votada ayer que nos parece fundamental, ya que es la base precisamente para una nueva y buena financiación, objetivo último de este grupo parlamentario

La sección 32 es el reflejo contable del título VII, que a su vez refleja el modelo de financiación de las comunidades autónomas y de las haciendas locales, por lo que el discurso de fondo y defensa de esta parte del presupuesto ya se hizo ayer en boca de nuestra portavoz, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro. En cualquier caso, cabe recordar hoy cuatro puntos fundamentales a nuestro entender. En primer lugar, la Ley de Presupuestos Generales del Estado no es el ámbito adecuado para introducir modificaciones al sistema actual de financiación local y autonómica. Por ganas evidentemente no queda. Nosotros somos los primeros que tenemos ganas de resolver estos dos grandes retos, como son mejorar y pactar un nuevo modelo de financiación tanto autonómica como local, pero no es la Ley de Presupuestos Generales del Estado el lugar para poder hacerlo. En segundo término, ha sido el Gobierno socialista el que ha tenido desde el Estado una política municipalista, compensando el impuesto de actividades económicas suprimido por el Partido Popular y creando los anticipos a cuenta de los ayuntamientos en 2006 para mejorar su financiación. En tercero, están empezando a negociar en comisión conjunta el Ministerio de Economía y Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias, y es en este ámbito y además con todas las fuerzas políticas en el que hay que llegar a acuerdos y mejoras en la financiación. A su vez, el Estado está negociando con las comunidades autónomas, como SS.SS. saben, para llegar a un nuevo modelo de financiación autonómica. Cuando defendemos la participación de los entes locales y de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado tenemos que ser coherentes y saber que eso quiere decir participación en los ingresos del Estado. Por tanto, si estos aumentan los ingresos, la cantidad que les corresponderá será mayor, pero si disminuyen dichos ingresos también la cantidad a percibir va a disminuir.

Dicho esto, entro brevemente a hablar de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. La enmienda 1560, presentada por nuestro grupo, propone una mejora al transporte regular de viajeros de las distintas islas Canarias, así como supone cubrir necesidades puntuales del servicio. En este sentido, las enmiendas 1228 y 1323 del Grupo Popular y de Coalición Canaria respectivamente buscan el mismo objetivo, por lo que pediríamos a estos grupos parlamentarios que retiraran las suyas y apoyaran la nuestra, puesto que por cuantía y por distribución de las partidas nos parece la más ajustada y la más adecuada para estos presupuestos.

No vamos a apoyar el resto de enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios a esta sección 32 por distintas razones, algunas porque son el reflejo numérico de un nuevo artículo o disposición que se ha presentado al articulado, concretamente al título VII, y que ya se han rechazado -por tanto, carecen de sentido-, otras porque presentan una deficiencia técnica que imposibilita su aprobación. Sus señorías saben perfectamente que, de acuerdo con el artículo 133 del Reglamento de la Cámara, no se puede dar de baja partidas de otras secciones referidas al alta, a no ser que se haga referencia a la sección 31. Por tanto, no podemos aceptar todas aquellas enmiendas que técnicamente presentan este defecto de forma. Por fin, otras financian el alta con una baja que afecta a la liquidación definitiva de la participación en los ingresos correspondientes a ejercicios anteriores, lo que de aprobarse supondría una grave alteración del sistema de financiación local. Pongo por ejemplo las enmiendas 1236 y 1237 del Grupo Popular.

Finalmente, con relación a la sección 33, como ustedes saben, es una sección que hace referencia al Fondo de Compensación Interterritorial, y es donde se recogen los créditos de este fondo, que está perfectamente regulado por la Ley 22/2001. Es decir, señorías del Grupo Popular, presentar una enmienda a la totalidad a esta sección, como han hecho, supone dos cosas: en primer lugar, presentar una enmienda a la totalidad a la Ley 22/2001, aprobada precisamente por un Gobierno del Partido Popular y, en segundo lugar, acabar con el Fondo de Compensación Interterritorial. Las enmiendas a la totalidad de las otras secciones pueden más o menos entenderse. La de esta sección 33 nos parece que es absolutamente incoherente. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista rechazará todas las enmiendas presentadas a esta sección, también las de Coalición Canaria, ya que aceptarlas supondría incumplir la Ley del fondo, algo a lo que, como ustedes comprenderán, no estamos dispuestos".

Intervención en la Comisión de Presupuestos del día 4 de noviembre de 2008

“Mi intervención se va a centrar en el contenido del título III de este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y haré referencia a los gastos de personal. Quiero centrar mi intervención en tres aspectos. En primer lugar, el incremento salarial para los funcionarios; en segundo lugar, la congelación de los sueldos de los altos cargos y en tercer lugar, la oferta de empleo público. El Grupo Socialista cree que en los tres aspectos que he señalado los Presupuestos Generales del Estado presentan seriedad, rigor y responsabilidad ante la situación económica coyuntural que estamos viviendo y, también, austeridad. Curiosamente las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios que están tan preocupados por la situación de crisis no hacen más que intentar incrementar los gastos de estos presupuestos. En relación con el incremento de los sueldos de los funcionarios se prevé, en principio, del 2 por ciento junto a un aumento del 1 por ciento en relación con las retribuciones complementarias en términos de masa salarial -cosa que consigue que este año se acabe con la equiparación de las catorce pagas- y un 0,5 por ciento para financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo. Por tanto, en realidad estamos hablando no de un 2 por ciento, sino de un 3,5 por ciento. Los funcionarios no pagan la crisis económica, como decía el portavoz de Esquerra Republicana.Estos incrementos salariales han sido negociados con los sindicatos, y hemos llegado a acuerdos con ellos en la mesa general de negociación de las administraciones públicas de 25 de septiembre de 2006, cosa que fue ratificada por la mesa general de negociación de 16 de septiembre de 2008. Este incremento es una medida con carácter básico y a ello haré referencia seguidamente En el contexto actual las administraciones públicas tienen que tener presente la repercusión de las cláusulas de revisión salarial sobre otras variables económicas, como la inflación o el desempleo. La revisión salarial debe vincularse fundamentalmente a la evolución de la productividad, lo que en el sector público tiene que traducirse en la mejora de los servicios que se prestan a los ciudadanos.Por ello, no nos parecen procedentes las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds 2066, 2067, 2068, 2069 y 2070.

En relación con el carácter básico de esta medida, reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional han puesto en evidencia que el artículo 149.1.13.ª de la Constitución sirve de título competencial para que el Estado pueda regular sobre esta materia basándose en las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica.Quiero señalar especialmente la sentencia del Tribunal Constitucional 171/1996, así como la sentencia 63/1986, que señala que imponer los topes a la retribuciones de los funcionarios es una medida económica general de carácter presupuestario dirigida a contener la expansión de uno de los componentes esenciales del gasto público. Además, la sentencia 237/1992, también del Tribunal Constitucional, añade que ayuda a la estabilidad económica y a la gradual recuperación del equilibrio presupuestario. Por estos motivos no podemos aceptar las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) 2563, 2564 y 2565, prácticamente todas las que ha presentado a este título III. Le recuerdo al portavoz de Convergència i Unió que las comunidades autónomas no están constreñidas al 2 por ciento, como decía al inicio de mi intervención, sino que también pueden añadir los complementos previstos del 1 por ciento y del 0,5 por ciento sobre aportaciones a planes de pensiones de empleo.

Respecto a la congelación de los sueldos de los altos cargos, mi grupo parlamentario valora muy positivamente esta medida porque supone un esfuerzo de austeridad y muestra la coherencia y el compromiso del Gobierno con la situación coyuntural de crisis económica. Además de esta austeridad y de esta coherencia, es una manera de dar ejemplo, cosa fundamental siempre pero especialmente en esta coyuntura en la que estamos, ya que este tipo de medidas ejemplarizantes contribuyen a paliar la desafección potencial que la ciudadanía puede sentir en relación con la política. Algunas de las enmiendas presentadas a este punto caen en algún aspecto demagógico, como puede ser la número 121 presentada por el Grupo Parlamentario Popular, ya que proponen eliminar el criterio de la productividad que nos parece positivo a la hora de realizar un servicio público.

En relación con la oferta de empleo público, quiero empezar diciendo que la previsión en estos Presupuestos Generales del Estado para 2009 es una medida de contención del gasto público, ya que la tasa de reposición de empleo en las administraciones públicas será, como máximo, del 30 por ciento, lo que quiere decir que efectivamente dejarán de convocarse al menos un 70 por ciento de las plazas que queden vacantes. Sin embargo, esta medida de contención del crecimiento del empleo público se conjuga con el necesario mantenimiento de algunas políticas esenciales y prioritarias para los ciudadanos. La limitación de la tasa de reposición, por tanto, no se aplica a determinados sectores: al personal de la justicia, al de la educación, al personal sanitario, al personal de la Inspección de Trabajo, al de los servicios públicos de empleo y al personal de Instituciones Penitenciarias.

El Grupo Socialista, en esta misma dirección, ha presentado una enmienda que amplíe, en cierto modo, algunos de los casos de excepción a esta limitación del 30 por ciento de tasa de reposición. Esta enmienda número 67 propone aplicar una tasa de reposición del cien por cien también a servicios de prevención y extinción de incendios y a efectivos para municipios de menos de 50.000 habitantes. Asimismo, esta enmienda número 67 pretende concentrar la tasa de reposición del 30 por ciento en aquellos sectores que ofrezcan servicios públicos esenciales, en especial los destinados a desarrollar la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, porque este es un elemento fundamental para nuestro grupo parlamentario. Por cierto, el señor Merino dice que el Estado no hace ningún esfuerzo y que no ha puesto dinero precisamente para desarrollar esta ley, peor sabe S.S. que no es cierto; en el año 2008 hubo un incremento del 26 por ciento y en 2009, con la crisis económica que hay, con el esfuerzo de austeridad que está llevando a cabo este Gobierno, ha habido un incremento del 33 por ciento. Me parece que es muestra suficiente como para que sus palabras no se ajusten para nada a la realidad. Esta enmienda 67 mantiene un buen equilibrio entre la necesidad indiscutible de contención del gasto público y el ofrecer en todo momento los servicios que los ciudadanos más reclaman por ser los más esenciales; sin duda, en este caso está el despliegue, el desarrollo de la Ley de Dependencia. Las enmiendas 114, 115 y 116 del Partido Popular, la 1628 de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa Per Catalunya Verds, y las enmiendas 1258 y 1259, de Coalición Canaria, van en esta misma dirección, por lo que pediría a estos grupos parlamentarios que apoyaran nuestra enmienda, ya que de alguna manera subsume lo que proponen en sus iniciativas".

Intervención en la Comisión de Administraciones Públicas donde comparecía el Secretario de estado de Cooperación Territorial .

“ En primer lugar, le doy la bienvenida en nombre del Grupo Socialista al secretario de Estado de Cooperación Territorial, don Fernando Puig de la Bellacasa. Gracias por la información exhaustiva y amplia que nos ha ofrecido en su comparecencia. Yo haré referencia a algunos de los temas a los que nuestro grupo quiere dar una mayor importancia y, por tanto, no hablaré de todos y cada uno de los que ha expuesto.

Quiero empezar señalando la satisfacción del Grupo Socialista al comprobar que el modelo territorial constitucional que nos propone el Ministerio de Administraciones Públicas, en definitiva el Gobierno de España, y la concepción que tienen de esta organización territorial se ajusta perfectamente a aquello que este grupo defiende y a aquello que la Constitución determina. Yo no creo que, como decía el portavoz del Partido Popular, esto sobre de su comparecencia, ni mucho menos. Creo que es una de las piedras angulares que el Gobierno -y usted, dado que esta es su primera comparecencia en esta nueva legislatura- debe trasladar a las Cortes Generales y a esta Cámara porque sobre este modelo es sobre el que vamos a construir y vamos a desarrollar o a perfeccionar este modelo de organización territorial que nos ha dado nuestra Constitución. En este sentido, creo que es importante que el Gobierno deje claro que todo el desarrollo se va a fundamentar en principios tan importantes como son los de colaboración, cooperación y lealtad institucional. Me parece que es la única manera de trabajar, en un país descentralizado como el nuestro, entre administraciones públicas que tienen que servir en todo momento al ciudadano, y por tanto velar por que este ciudadano reciba los mejores servicios posibles, al mismo tiempo que también es un gobierno que va a respetar al máximo el hecho de estar en un país descentralizado, que en el bloque de constitucionalidad se marque una distribución de competencias determinada y al principio general de servicio que deben tener todos los poderes públicos hacia los ciudadanos.Creo que hay que poner en valor el esfuerzo que está haciendo este ministerio para desarrollar los nuevos estatutos de autonomía y también, como decía la portavoz del Grupo Mixto del Partido BNG, los que son más antiguos pero que continúan teniendo necesidad de ser desarrollados.

Sin duda, los mecanismos formales que ha habido hasta ahora para establecer las vías de comunicación entre las administraciones públicas o entre los distintos gobiernos, me refiero al estatal y al autonómico, eran pocos o los que había no se usaban o se utilizaban de una manera muy debilitada. Yo creo que la apuesta de potenciar estos mecanismos formales de cooperación y de colaboración es uno de los elementos esenciales del Gobierno socialista, y desde este grupo pensamos que es algo muy positivo. Seguramente era una de las asignaturas pendientes del desarrollo del modelo autonómico. Estábamos acostumbrados a la reivindicación constante por parte de las comunidades autónomas pero, en cambio, no se habían potenciado suficientemente todos los mecanismos formales de relación entre Estado y comunidades autónomas que ya existen.En ese sentido me gustaría destacar la Conferencia de Presidentes y el hecho de que el ministerio esté haciendo un desarrollo reglamentario para establecer normativamente esta Conferencia de Presidentes, también las conferencias sectoriales y todos los convenios de colaboración que ha citado el secretario de Estado, así como el gran esfuerzo que se ha hecho durante la anterior legislatura -esfuerzo que se mantendrá en esta legislatura- para intentar disminuir la conflictividad entre Estado y comunidades autónomas. El informe que este ministerio ha remitido a los demás ministerios del Gobierno de España para dar claves en relación con la jurisprudencia constitucional y para dejar muy claro cuáles pueden ser los límites de la distribución competencial, así como haber incorporado en las comisiones bilaterales de cooperación la negociación de lo que prevé el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para intentar llegar a acuerdos y así no tener que interponer recursos frente al Tribunal Constitucional, pensamos que son instrumentos que han sido de gran utilidad y que vale la pena destacar y poner en valor.

En relación con estos temas formales, quería hacer referencia a tres cuestiones que de alguna manera son más novedosas. La incorporación del estudio de impacto autonómico para reducir la conflictividad ha sido una propuesta por parte del Gobierno de España muy interesante, muy importante y que seguro va a dar sus frutos en breve. La creación del Consejo de las Lenguas -la portavoz del BNG ha hecho referencia a ello- también es importante para el Grupo Socialista. Sería bueno que el secretario de Estado pudiera informar a esta Cámara de las conclusiones de este informe que está elaborando el Consejo de Estado, porque creo que sería interesante que supiéramos cuál es el uso de las lenguas cooficiales por parte de la Administración General del Estado en las comunidades bilingües. En tercer lugar, nos parece destacable la puesta en marcha de los instrumentos de bilateralidad. Como usted ha dicho, siempre se habla del Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero no solo es un instrumento que se prevea en el texto estatutario de Cataluña, sino que estos instrumentos se han puesto en marcha tanto para Andalucía, Aragón, Castilla y León como para Cataluña. Estos elementos, desde la Conferencia de Presidentes hasta este último que ha anunciado, son pasos de gigante para conseguir esta relación fluida, necesaria, leal, entre los diferentes niveles de gobierno.

Este año se cumplen treinta años de Constitución española. Por tanto, estamos en un momento en el que valdría la pena apostar por algunos cambios pendientes de nuestra democracia, algunos tan importantes como puede ser, por ejemplo, abordar la mejora de relación entre las administraciones públicas y los ciudadanos y las empresas. Yo creo que este Gobierno -como el anterior Gobierno socialista, el de la VIII Legislatura- ha apostado claramente por una modernización de las administraciones públicas, por una mejora de su eficacia y de su eficiencia, por una mejora también en la transparencia, una mayor accesibilidad, por tanto, a la información pública y también a la cooperación inter administrativa de los distintos niveles de administraciones públicas que tenemos en nuestro país. Seguramente, también sería el momento -aunque este no es el foro adecuado para plantearlo- de adaptar el texto constitucional a la realidad autonómica existente. Estoy pensando, claro está, en la reforma del Senado. Este sería un instrumento fundamental para acabar de potenciar un sistema de país descentralizado, una organización territorial como es el sistema autonómico que nos dota la Constitución, por tanto, un instrumento que nos parece que está pendiente dentro de nuestro sistema constitucional.En definitiva, creo que sería el momento para iniciar debates en profundidad sobre el perfeccionamiento y la mejora de este Estado autonómico, siempre evidentemente bajo los principios de cooperación, de entendimiento, de diálogo, de lealtad institucional, a los que usted mismo hacía referencia y a los que este grupo parlamentario da una especial importancia.

Respecto a las corporaciones locales, yo quería destacar que para el Grupo Socialista uno de los grandes objetivos de la legislatura -seguro que esto no le sorprenderá- es precisamente la necesidad de dotarnos de una nueva ley de gobierno local. Por tanto, celebramos que este haya sido uno de los anuncios que el secretario de Estado ha traído hoy a esta Comisión, porque para nuestro grupo este proyecto va a ser muy importante. Evidentemente es un proyecto que entendemos que tiene que ir en paralelo o más o menos a caballo con el proyecto de ley de reforma de las haciendas locales, pero a la financiación me referiré un poquito más adelante.

Respecto a la ley de gobierno local, desde nuestro punto de vista, precisamente por su gran importancia, por el gran impacto que va a suponer y por la gran expectativa que hay sobre este proyecto, es fundamental e imprescindible el consenso entre las fuerzas políticas.Pensamos que si no conseguimos ese consenso en este proyecto de gobierno local, en esta ley o en este estatuto de gobierno local, sería un fracaso por parte de las fuerzas políticas. Para ello, evidentemente el Gobierno y el grupo mayoritario que da soporte al Gobierno tendremos que poner el máximo de nuestra parte, pero también la responsabilidad, las ganas y la voluntad de llegar a acuerdo por parte de los otros grupos políticos va a ser importante. Indudablemente si dos no quieren no se llega a un acuerdo. Pero el consenso al que me estaba refiriendo no solo se tiene que dar entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria sino que el consenso, y por encima de todos los demás, tiene que llegar de manos de la Federación Española de Municipios y Provincias. El diálogo con la Federación Española de Municipios y Provincias para la elaboración de este texto y para marcar las líneas generales que tendrían que incluirse en este texto se considera que va a ser imprescindible en nuestro grupo parlamentario. Para nuestro grupo este texto tendría que tener algunas líneas básicas importantes. Tendría que ser un texto que respetara evidentemente las competencias de las comunidades autónomas y que respetara escrupulosamente la autonomía local reconocida en el Constitución. Tendría que ser también, como ya decía, un texto de consenso y de acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias. Y tendría que ser un texto que buscara la cooperación y la colaboración entre las corporaciones locales, el Estado y también las comunidades autónomas para ofrecer los mejores servicios a los ciudadanos y una mayor transparencia a la hora de hacer cumplir o de ofrecer estos servicios a los ciudadanos.

Respecto al tema de la financiación al que hacía referencia el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y sabiendo que una de las peticiones que había sobre la mesa para su comparecencia era tratar precisamente la financiación autonómica y local, queríamos empezar diciendo que es una materia importante para este ministerio, pero también es evidente que desde el punto de vista organizativo esta materia recae directamente sobre el Ministerio de Economía y Hacienda. De hecho, hay una secretaría general creada expresamente sobre financiación territorial que es la directamente responsable para tratar sobre la materia de financiación autonómica y financiación local. En cualquier caso, quería hacer referencia a algunas cosas. El Grupo Parlamentario Socialista cree que efectivamente hay una necesidad imperiosa de llegar a acuerdos para diseñar un nuevo modelo de financiación autonómica. Creemos que el modelo actual no es bueno. Celebro que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular tampoco esté satisfecho con el actual modelo. Él fue uno de los artífices de este modelo; un modelo pactado, como todos recordamos, por el Partido Popular y por Convergència i Unió. Celebro que no les guste y celebro que lo quieran cambiar. Además, también es importante llegar a un acuerdo porque hay estatutos de autonomía que establecen una obligación legal para llegar a un acuerdo sobre la financiación autonómica. Celebro también que el señor Merino defienda con tanto énfasis el Estatuto de Autonomía de Cataluña que le recuerdo que lo recurrió su grupo parlamentario ante el Tribunal Constitucional. Está bien que ahora defienda la aplicación y el cumplimiento de este Estatuto de Autonomía de Cataluña. En cualquier caso, el acuerdo de financiación autonómica sí que tiene que ser un acuerdo justo para todas las comunidades autónomas; tiene que ser un acuerdo solidario, porque la solidaridad es uno de los elementos imprescindibles de nuestro modelo de organización territorial; y, evidentemente, tendría que ser un acuerdo que garantizara la suficiencia financiera y que no supusiera una disminución de ingresos para ninguna de las comunidades autónomas tal como está en estos momentos. En ningún caso nos parece que sea demasiado inteligente dar cifras cuando se habla de la financiación autonómica, porque hablar de un modelo es incompatible con dar unas cifras o unas cuantías concretas.

Antes de entrar en la financiación local quería destacar la habilidad política del portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Es algo que a él siempre le gusta destacar de los otros intervinientes en esta Comisión, nuestra habilidad política, pero él sí que creo que realmente tiene una gran habilidad política como portavoz porque responsabilizar al Gobierno del Estado de los presupuestos o de las previsiones de los presupuestos que hace cada una de las comunidades autónomas ha sido notabilísimo. Creo que esto ha sido algo de tecnología punta en el parlamentarismo, porque evidentemente cada Administración, cada institución, es responsable de aquellos presupuestos que aprueba no solo el Gobierno sino los parlamentos autonómicos de cada comunidad autónoma. Refiriéndome a la financiación local, estoy de acuerdo en que efectivamente también es necesario repensar un nuevo modelo para la financiación local. Es evidente que los ingresos para las corporaciones locales en estos momentos son insuficientes para llevar a cabo todas aquellas competencias que están desarrollando y es cierto que es una vieja reivindicación de la Federación Española de Municipios y Provincias y, como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, es algo que durante veinticinco o treinta años se ha estado esperando. Veo que tuvo poco éxito durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular para llegar a un acuerdo y para cambiar y pactar un buen modelo de financiación local. En cualquier caso, este Gobierno lo hará. Será el Gobierno socialista el que consiga -espero que de la mano de ustedes también y de los demás grupos parlamentarios- perfilar, definir y diseñar un buen modelo de financiación local. Lo más importante a nuestro entender es que haya una negociación permanente e intensa con la Federación Española de Municipios y Provincias. Ya hay de hecho una comisión entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias que se reúne periódicamente, que está trabajando con unos documentos básicos sobre los cuales se está discutiendo y nos parece que ese es el camino. Por tanto, creemos que lo que tenemos que hacer desde el Congreso de los Diputados es apoyar este diálogo, apoyar estas relaciones, intentar que sean lo más fluidas y ágiles posibles para que se llegue a acuerdos con cierta rapidez, pero no exigirle al secretario de Estado de Cooperación Territorial que nos detalle toda esta información; entre otras cosas, porque, como decía, recae en la competencia directa del Ministerio de Economía y Hacienda.

Quería acabar diciendo simplemente que en el caso de la financiación local también el Grupo Parlamentario Socialista piensa que hay algunos elementos importantes de los que queremos dejar constancia. En primer lugar, para llegar a un acuerdo sobre este nuevo modelo de financiación local será fundamental hablar de la suficiencia financiera. Por tanto, este modelo tiene que garantizar en cualquier caso que las corporaciones locales tengan suficiencia financiera para abordar todos aquellos servicios que tienen que ofrecer a los ciudadanos. En segundo lugar, tiene que ser una financiación que se dé de forma coordinada y en paralelo también con la financiación autonómica; y quiero dejar muy claro que tanto la financiación local como la financiación autonómica son dos modelos importantes. Desde el Grupo Parlamentario Socialista no establecemos ningún tipo de gradación, sino que las dos -por decirlo de forma gráfica- nos parece que son financiaciones de primera división y que requieren un tratamiento pormenorizado, serio y riguroso para llegar a un acuerdo. En todo caso, lo dejaría aquí. Si luego hay un segundo turno, haré referencia a otras cuestiones".

SEGUNDO TURNO

El señor PRESIDENTE: Señora Batet.

" Respecto a la política social de este Gobierno, quería empezar diciéndole al señor Merino que el"Diario de Sesiones" recoge palabras, no verdades. Aunque reitere una falsedad, por exagerada o reiterada que sea, no se convierte en verdad. Constará en el"Diario de Sesiones" dos, tres o cien veces, pero la política social de este Gobierno me parece que es incontrastable, más si la comparamos con la política social de los gobiernos populares. En segundo lugar, creo que se siguen confundiendo los Presupuestos Generales del Estado y el modelo de financiación local. Usted habla indistintamente de uno y de otro.Respecto a los Presupuestos Generales del Estado, me quedo con un dato significativo, y es que ha habido un aumento respecto al año 2004 de un 34 por ciento en la aportación a las corporaciones locales por parte de los gobiernos socialistas. Ese es el dato relevante de los Presupuestos Generales del Estado. En cuanto al modelo de financiación, me gustaría preguntarle al portavoz del Grupo Popular si su gran aportación al modelo de financiación local ha sido la supresión del IAE. Esa fue su gran aportación. Dice: No hablemos de pasado. Pero es que a veces los precedentes son necesarios. ¿Cuáles son los precedentes? Un modelo de financiación autonómico malísimo, nefasto, injusto, arbitrario en determinados casos y una ausencia total de modelo de financiación que realmente cubra las necesidades de los ayuntamientos. Usted dice que quiere hablar de futuro; hablemos de futuro. Este Gobierno socialista traerá a esta Cámara un nuevo modelo de financiación autonómico, un nuevo modelo de financiación local y una nueva ley del gobierno local. Ese es el futuro de esta Comisión y de las administraciones públicas de este país; y por supuesto que los partidos políticos tienen que entrar en la negociación. Yo no decía que tuviéramos que someternos al acuerdo del Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias, ni mucho menos. Cuando he hablado de consenso, tanto para la financiación como para la ley del gobierno local, me refería también de la necesidad del consenso con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en esta Cámara. Ha hablado usted también de falta de liderazgo. El liderazgo no es hacer grandes declaraciones oportunistas o mediáticas; el liderazgo es trabajar codo con codo con el Ministerio de Economía y Hacienda para llegar al mejor objetivo, al mejor modelo tanto para la financiación autonómica como para la financiación local, y eso es lo que está haciendo el Ministerio de Administraciones Públicas. No se preocupe por mi papel como portavoz y porque crea que estoy escenificando alguna cosa en la que no creo. Le aseguro que hablo con convicción, no por obligación, como catalana y como española también".